Eduardo Pellegrini Araujo
Expediente 456/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 456/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 20/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Eduardo Pellegrini Araujo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y de acuerdo a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que, en proveído de trece de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente juicio por estar definitivamente concluido. Por tanto, al resultar innecesario seguir conservando los discos relativos a la carpeta administrativa 345/2020, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado, actuando en la Región Norte, con residencia en Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, mismos que fueron remitidos por la Juez del mencionado Juzgado, como anexo a su informe justificado y a sus informes sobre el cumplimiento de la ejecutoria; remítanse dichos discos de audio y video al Juzgado en cita, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra el auto de dieciséis de abril del presente año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primero de los Cuerpos de Leyes citados, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De igual modo, acorde al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que mediante acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio 1156/2021 de cuenta, el cual contiene un disco, que suscribe la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado, actuando en Región Norte, con sede en Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, mediante el cual informa que en audiencia de veintisiete de enero del presente año, se autorizó una salida alterna al procedimiento consistente en suspensión condicional del proceso, ordenándose suspender el procedimiento, y el imputado ?aquí quejoso?, se obligó a cumplir con las obligaciones establecidas en el numeral 195, fracciones I y XIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto por el plazo de dos años. Ahora bien, del estado de autos, se aprecia que por resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno, se dictó resolución en el presente juicio de amparo, concediendo al quejoso Eduardo Pellegrini Araujo, el amparo y protección de la Justicia Federal, que aún no queda firme, por encontrase pendiente de causar ejecutoria. En efecto, el suscrito juzgador advierte la actualización de una causal de improcedencia en este juicio de amparo, derivada del oficio 1156/2021, y un disco, que contiene la audiencia de veintisiete de enero del presente año, donde se autorizó una salida alterna al procedimiento consistente en suspensión condicional del proceso, ordenándose suspender el procedimiento por el plazo de dos años, cuyo análisis se hace valer de manera oficiosa por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, acorde con el numeral 62 de la Ley de Amparo. Tiene observancia la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En ese tenor, el quejoso en la demanda de amparo el acto reclamado lo hizo consistir en: ".El ilegal e inconstitucional auto de vinculación a proceso dictado en contra del suscrito quejoso por el delito de Incumplimiento de las Obligaciones de la Asistencia Familiar, de fecha 08 de Octubre del 2020, recaído dentro de la causa penal número 345/2020, radicada ante el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Pena del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, región Norte con asiento en esta ciudad."; en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la ley de la materia, en la medida de que el quejoso consintió el acto aquí reclamado, esto es, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el delito de incumplimiento de las obligaciones de la asistencia familiar, de fecha ocho de octubre de dos mil veinte, en la causa penal número 345/2020, cometido en agravio del orden de la familia a la que pertenece, la víctima menor de edad con resguardo de identidad M.A.P.A., previsto y sancionado por el artículo 240 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, lo que origina el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia en conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" La fracción anterior señala que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento que, de conformidad con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe entenderse como el acatamiento consiente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. Al respecto, el Máximo Tribunal señala que el consentimiento a que se refiere dicho numeral debe ser el de un acto emitido por una autoridad respecto del cual el quejoso exprese de manera clara e indiscutible estar de acuerdo con él, que lo aprueba o que da su anuencia, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. De ahí que se actualiza la causal de improcedencia examinada, toda vez que el quejoso al expresar su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado. Situación que pone de manifiesto la aceptación de los hechos materia de la imputación y de las bases jurídicas del auto de vinculación a proceso o que, al menos, no las cuestionó, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito, a cambio de evitar la imposición de una pena privativa de la libertad personal. Lo anterior es así, pues como ya se precisó, la parte quejosa esencialmente se duele de la resolución de auto de vinculación a proceso de ocho de octubre de dos mil veinte, dictado en la causa penal 345/2020, por el delito de Incumplimiento de las Obligaciones de la Asistencia Familiar, cometido en agravio del orden de la familia a la que pertenece, la víctima menor de edad con resguardo de identidad M.A.P.A. Por consiguiente, resulta palmario que en el particular se actualiza la causal de improcedencia citada en supra líneas, en la medida de que al haber accedido el ahora impetrante a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio de la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos moneda nacional) en pago diferidos de veinticuatro meses por la cantidad de $2,916.66 (dos mil novecientos dieciséis pesos 66/100 moneda nacional), mensuales (11:03.25 de audio), dentro de la causa penal 345/2020, dicha manifestación entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso de que ahora se duele, ya que su voluntad de concluir la referida causa penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Al respecto, deviene exactamente aplicable lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), visible a página 461, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I. Décima Época de registro 2014495, que dice: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." En tal virtud, lo procedente es dictar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la invocada ley.
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES TERCERO INTERESADO MARICELA ARMENTA GUZMAN Y QUEJOSA EDUARDO PELLEGRINI ARAUJO, EL AUTO DE DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 456/2020, QUE EN LA PARTE ESENCIAL INDICA: "...En tal virtud, lo procedente es dictar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la invocada ley...".
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