Eduardo Robles Martínez

Expediente 2299/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2299/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Eduardo Robles Martínez
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado; entonces, como se ordenó por proveído de dieciséis de diciembre de la presente anualidad (foja 210), remítase el original del presente juicio de amparo, así como el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia pronunciada en autos (fojas 176 a 189). CÚMPLASE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE DICIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la razón actuarial asentada por el fedatario judicial adscrito a este juzgado, de la cual se desprende que no ha sido posible notificar a las partes la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de noviembre de este año en el juicio de amparo 2299/2019, dentro del término establecido en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en razón de las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. En consecuencia, considerando la imposibilidad que tuvo el actuario de la adscripción para realizar la diligencia encomendada, con fundamento el arábigo 26, fracción I, inciso e, de la ley de la materia, instrúyase nuevamente al servidor público mencionado a efecto de que realice las notificaciones de la sentencia en comento, en los términos indicados en dicho precepto legal. CÚMPLASE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el catorce de octubre del año que transcurre (fojas 203-204), el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de quince de octubre del año en cita (foja 205), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con el referido oficio y anexo, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa y tercera interesada el dieciséis y veintiuno de octubre del año que transcurre, respectivamente (fojas 206 y 209); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió en exceso. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ....". En ese sentido, mediante resolución terminada de engrosar el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 143-147), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".lo conducente es conceder la protección federal solicitada por la quejosa a efecto de que la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit: -De forma inmediata, señale fecha para el desahogo de las pruebas de cotejo y compulsa ofertadas dentro del término que establece el artículo 884, fracción II, de la Ley Federal de Trabajo, notifique lo anterior a las partes y desahogue las pruebas de cotejo y compulsa ofrecidas bajo los números siete, nueve y diez, admitidas en auto de nueve de septiembre de dos mil dieciséis dentro del juicio laboral ********************." Esto es, lo que la junta debe de realizar es ordenar la diligenciación del desahogo de compulsa de documentos y que ésta se lleve a cabo. Luego, en diverso proveído de seis de mayo de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de mérito (foja 162). Entonces, a través del oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veintiséis de agosto, seis de septiembre y catorce de octubre de dos mil diecinueve (fojas 179-182, 187-189 y 203-204, respectivamente), el presidente de la junta responsable, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, en el sentido siguiente: Remitió en originales los acuses de los oficios 367/2019, 368/2019 y 369/2019 de veinte de agosto de dos mil diecinueve, por el que les hizo del conocimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social, Institución Bancaria BBVA Bancomer y Agencia del Ministerio Público, todos con residencia en La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela, Nayarit, que señaló el día cinco de septiembre de dos mil diecinueve para que tuviera verificativo las diligencias de las pruebas de cotejo y compulsa ofertadas en autos (fojas 179-182). Acompañó a su oficio 389/2019 las actas levantadas por la Actuaria adscrita a la junta responsable, en las cuales en la primera de ellas, se constituyó en el domicilio del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela, Nayarit y requirió al encargado de las unidades médicas 14 y 16 para que le exhibiera el original de la alta ante dicho instituto de la parte demandada a favor de la actora, y manifestó su imposibilidad de exhibirla toda vez que se requieren datos específicos del asegurado y del patrón. Por otro lado, en la segunda acta levantada, se advierte que dicha fedataria compareció a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público, con sede en la municipalidad referida, en donde requirió el original de la denuncia que originó el expediente PEÑ/EXP/0222016, la cual es exhibida y hace constar y da fe que las copias simples si cotejan con la original que obra en la Agencia del Ministerio Público (fojas 188-189). Además, por oficio presentado el catorce de octubre de dos mil diecinueve, el presidente de la junta responsable remitió en copia certificada el acta levantada por la actuaria adscrita, en la cual se advierte que el diez de octubre de este año, compareció al domicilio de la institución bancaria BBVA Bancomer, residente en La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela, Nayarit, en la cual fue atendida por el gerente de dicha institución y lo requiere para que le exhiba el original del finiquito que se le efectuó a la parte trabajadora el veinticuatro de febrero de dos mil catorce, por lo que manifiesta que en esa institución no cuentan con tal información, ya que todo lo referente a lo legal corresponde al área de jurídico, misma que se encuentra en Tepic, Nayarit. Por tanto, al llevarse a cabo las diligencias ordenadas en el juicio laboral, con independencia de su resultado, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos humanos violados, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado, pues la junta responsable proveyó lo que en derecho correspondió a efecto de diligenciar las pruebas de cotejo y compulsa ofertadas en autos del juicio de origen. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, por conducto de su autorizada (foja 210), en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida cabalmente, pues a su dicho, no se ha llevado a cabo el desahogo de la prueba de cotejo y compulsa de la documental pública consistente en la denuncia PEÑ/EXP/0222026, presentada ante la Agencia del Ministerio Público, residente en La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela, Nayarit; sin embargo, como ya se precisó anteriormente, ésta fue diligenciada por la actuaria adscrita a la junta responsable el diez de octubre de este año. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el archivo definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por oficios números 49767/2019 al 49779/2019, de ocho de noviembre del año en curso (fojas 2548 y 2549), se requirió a las autoridades denominadas Presidenta, Síndico, Tesorera y Regidores, todos del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, para que dentro del término de diez días, contados a partir de su notificación, remitieran copia certificada de la nueva solicitud que se realizaría ante el Congreso del Estado de Nayarit, respecto al préstamo financiero para lograr el cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo; así como el acuse de recepción del mismo, por parte de la citada autoridad legislativa; o bien, manifestaran la imposibilidad que tuvieran para ello; luego, si se observa que aquellas fueron notificadas el diecinueve del referido mes y año, dicho plazo al día de hoy ya transcurrió, sin que nada se haya informado al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a dichas autoridades, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, se sirvan remitir la información anteriormente precisada; en la inteligencia de que dicho lapso comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que reciba el oficio de notificación correspondiente. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, se harán efectivas las medidas de apremio a que fueron conminadas mediante auto de ocho de noviembre del año en curso (fojas 2546 y 2547). Por otro lado, téngase por recibido el escrito presentado por Eduardo Benítez Moreno, en su carácter de apoderado legal de los quejosos, por medio del cual, refiere que al ser omisas las responsables en acatar lo requerido en el auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, se hagan efectivas las medidas de apremio impuestas. Consecuentemente, por el momento sólo agréguese a sus autos el ocurso de referencia y dígasele al promovente que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. NOTIFÍQUESE.

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