Eduardo Muñoz Rodríguez
Expediente 2329/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2329/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 31/10/2019
Partes del expediente
- Eduardo Muñoz Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, signado por el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la resolución emitida en el presente juicio de garantías, remite copia del oficio número 1163/2019, dirigido a la quejosa y recibido por ésta, mediante el cual se le informa que se llevará a cabo el procedimiento a efecto de determinar la procedencia o no de su pensión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el oficio de cuenta junto con su anexo certificado y téngase por hechas las manifestaciones que refiere la autoridad oficiante en vías de cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Con independencia de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 192 de la señalada Ley, requiérase a la autoridad responsable de mérito, para efecto de que dentro de los CINCO días siguientes al en que reciba el oficio correspondiente de acatamiento total al fallo protector emitido en autos Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo Constitucional, en relación con el segundo y tercero transitorios del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", mismo que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, acorde con los dispositivos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. Luego, se le hace del conocimiento a la referida autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 94-95), la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de trece de septiembre del año en curso (foja 96), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el diecisiete de septiembre del presente año (foja 96); por tanto, el plazo de tres días otorgado a la fecha en que se actúa ya transcurrió en exceso, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ...." Por sentencia terminada de engrosar dentro del presente sumario constitucional, el once de julio de dos mil diecinueve (fojas 60-72), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los artículos 22, fracciones I y II, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y por inscripción de préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, por pago de concepto de inscripción de documento público, realizados con sustento el artículo 22, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. [.] 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, calculados respecto del pago de derechos por inscripción de documento; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa, sólo respecto de lo que erogó por los conceptos de inscripción de documento público o privado así como por inscripción de préstamo hipotecario. [.] 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. Luego, en diverso proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió al recaudador responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 84-85). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el doce de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 94-95), la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de ******************** a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria el seis de septiembre de dos mil diecinueve. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $13,144.03 (trece mil ciento cuarenta y cuatro pesos 03/100 moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta el monto de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional), monto mínimo a pagar, así como $2,659.39 (dos mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 39/100 moneda nacional), por inscripción de crédito hipotecario que no fueron materia de concesión, más sus respectivos impuestos adicionales, equivalente a $1,382.88 (mil trescientos ochenta y dos pesos 88/100 moneda nacional), se obtiene el monto de $8,810.76 (ocho mil ochocientos diez pesos 76/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el nueve de abril del año en curso, y el seis de septiembre del mismo año se efectúo la devolución mediante cheque a la peticionaria del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo a julio de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo del presente año fue 103.476; y para el mes de julio del año en curso 103.687. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0020. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de ********************; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de ******************** (diecisiete pesos 62/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de ********************. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de ********************; sin embargo, éste reintegró la diversa de ********************, es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de ********************; no obstante, ello no lleva a considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera al peticionario de amparo la cantidad que solicitó; en todo caso, se dejan a salvo los derechos de la responsable recaudadora para que gestione con la parte quejosa la devolución del excedente descrito, a través de los mecanismos legales conducentes. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el primero de los ocursos de cuenta, presentado por Petronilo Ramírez Carrillo, del que se observa aparece al calce del mismo, su huella dactilar, así como el nombre y firma de la persona que firma a su ruego; de lo que resulta innecesario requerir su ratificación, acorde al siguiente criterio jurisprudencia, que por analogía se invoca al caso en particular, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO". A través del cual, manifiesta que actualmente ha terminado su periodo como autoridad de la Comunidad de Bancos de Calítique y/o San Hipólito, Municipio de Mezquital, Estado de Durango, aun así refiere ratificar su escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil dieciocho (foja 1468, Tomo III). A lo anterior, dígasele al promovente que deberá estarse a lo acordado en proveído de cuatro del presente mes y año (foja 2085 a 2086 de autos del tomo IV), donde al no haber ratificado el líbelo de referencia dentro del lapso que le fue otorgado para tal efecto, se hizo efectivo el apercibimiento de que fue objeto y no se le tuvo por presentado el escrito que ante este Juzgado exhibió el diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Máxime, que del propio ocurso que se atiende, se advierte que quien promueve ha culminado su periodo como autoridad de la Comunidad de Bancos de Calítique y/o San Hipólito, Municipio de Mezquital, Estado de Durango; siendo, sustituido por diversa persona. Por otro lado, se toma nota de los nombres de las nuevas autoridades que refiere actualmente representan a la citada comunidad. En otro contexto, del segundo de los escritos de referencia, de conformidad con la fracción I del número 5 de la Ley de Amparo, se tiene a Remigio de la Cruz Navarrete y Gaudencio de la Cruz Ramos, en su carácter de Gobernador Tradicional y Juez Auxiliar de la Comunidad de Bancos de Calítique y/o San Hipólito, Municipio de Mezquital, Estado de Durango, respectivamente, apersonándose a esta instancia constitucional, calidad que se les tiene por acreditada con las copias certificadas del otorgamiento de sus nombramientos con el que comparecen, expedida por el Presidente Municipal de San Francisco de Mezquital, Durango. Así como, por ratificado el domicilio y autorizados reconocidos en autos. Luego, como de autos se aprecia que se tuvieron por emitidos y ratificados los dictámenes periciales por parte de Eva María Bastida Soto y Eduardo Adolfo Oropeza Villavicencio, peritos en materia de antropología social (fojas 1325 a 1392, 1394, 1661 a 1798 y 1800, del Tomo III, del presente sumario constitucional); por tal razón, a fin de no incurrir en alguna violación procesal, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, dése vista con los mismos al Gobernador Tradicional y Juez Auxiliar de la Comunidad de Bancos de Calítique y/o San Hipólito, Municipio de Mezquital, Estado de Durango, en el domicilio señalado por la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación respectiva, manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, en relación con los citados dictámenes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE EN LOS TÉRMINOS INDICADOS.
- Incidental
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso ***, mediante el cual realiza manifestaciones de sobre el cumplimiento que hizo la responsable de la ejecutoria de amparo; consecuentemente, téngase por hechas las manifestaciones que vierte, en relación con el cumplimiento de la sentencia realizado por parte de la autoridad responsable, sin perjuicio de tomarse en cuenta en el momento en que se emita pronunciamiento respecto al cumplimiento dado al fallo protector dictado en autos, una vez que transcurra el término de tres días otorgado mediante proveído de treinta de septiembre del presente año (foja 84). NOTIFÍQUESE.
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