Eduardo Naya Vidal

Expediente 749/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
749/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
01/08/2018

Partes del expediente

  • Eduardo Naya Vidal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tepic, Nayarit, uno de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que, según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa a efecto de realizar manifestaciones respecto del cumplimiento efectuado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000. Además, con apoyo de lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En virtud de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse respecto del cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El doce de junio de dos mil dieciocho (fojas 27 a 33), se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio, que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Eduardo Naya Vidal, contra el acto que reclamaron al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para los efectos siguientes: ".la autoridad responsable Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad en el ámbito de su competencia, acuerde el escrito que le fue presentado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho y, por ende, emita respuesta congruente, así como fundada y motivada a la solicitud planteada por el peticionario del amparo en el mismo, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, de conformidad con los lineamientos contenidos en la presente sentencia de garantías; en el entendido que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a resolver en determinado sentido. De igual forma, deberá notificarle el sentido del acuerdo que pronuncie, levantando sobre el particular la constancia conducente, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado..." Por lo que en auto de veintinueve de junio del año en curso (foja 49), causó ejecutoria dicho fallo protector y se requirió a la autoridad responsable, para que en el término de cinco días lo acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento; sin embargo, antes de dicha ejecutoria, la autoridad responsable por comunicado recibido el veinte de junio de este año (fojas 38 a 41), informó de manera anticipada los trámites realizados con la finalidad de dar cumplimiento al fallo protector concedido en autos; por lo que en el proveído en el que se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio, también se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la responsable con anterioridad. Luego, de la respuesta dada por la autoridad responsable Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, se advierte, en esencia, lo siguiente: Mediante escrito recibido por la autoridad responsable el 16 (dieciséis) de febrero de 2018 (dos mil dieciocho), la parte quejosa solicitó la cantidad de $52,747.71 (cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y siete pesos con setenta y un centavos 71/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de las aportaciones que realizó al Fondo de Pensiones, a lo que, la responsable en comento respondió que dicha petición era improcedente. Dicha respuesta, argumentando que la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y el Reglamento Interior del Fondo de Pensiones, no prevén la posibilidad de reintegrar las aportaciones hechas a dicho fondo en el supuesto en el cual las solicita el quejoso. Consecuentemente, manifiesta que el articulo 43 (cuarenta y tres) de dicho ordenamiento, establece únicamente que al trabajador activo que sin tener derecho a pensión por jubilación, vejez, retiro por edad y tiempo de servicio, invalidez, fallezca o se incapacite total o parcialmente, por causas ajenas al servicio, el comité le entregara al trabajador o al beneficiario de éste un importe de indemnización global, conforme al monto total de las cuotas que este hubiese contribuido, si tuviese de uno a cuatro años de servicio. Lo manifestado con anterioridad, con el propósito de expresarle conforme al ordenamiento por el que se rige la autoridad responsable, que dicho quejoso no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos, por lo que no es posible reintegrarle la cantidad que solicita. De igual manera, expone los requisitos necesarios que marca la Ley de Pensiones en su arábigo 19 (diecinueve), para tener derecho a una pensión. Finalmente, en las constancias remitidas por la responsable se encuentra la notificación respectiva de dicha respuesta. De lo anterior destaca que el director responsable declaró improcedente la petición formulada por el quejoso, pues dicha solicitud, no se encuentra prevista por el ordenamiento legal por el cual se rige la responsable, este es, la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y el Reglamento interior del Fondo de Pensiones, asimismo, señaló los supuestos en los cuales, la responsable puede devolver las contribuciones que el quejoso solicita. Lo que resulta congruente con lo planteado por la actora, pues la materia de la petición realizada es en cuanto a que ese director le devuelva la cantidad $52,747.71 (cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y siete pesos con setenta y un centavos 71/100 moneda nacional), por diversas aportaciones al Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. Por tanto, es evidente que la contestación en análisis contiene el argumento mínimo pero suficiente para conocer las razones que determinaron su sentido. Entonces, atendiendo a que la ejecutoria de amparo se concedió para el efecto de que: La autoridad responsable diera respuesta, la cual podía ser o no favorable a sus intereses según fuera procedente conforme a derecho, debiendo fundar y motivar adecuadamente ésta, congruente con la petición que le fue formulada por la parte quejosa por medio del escrito recibido por la responsable el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Máxime que, en la concesión del amparo no se obligó a la responsable a resolver en ningún sentido, si no únicamente conforme a derecho y de manera congruente. Ahora, la parte quejosa, mediante escritos recibidos en la oficialía de partes de este juzgado federal el veintiocho de junio y cinco de julio, ambos de este año, manifestó su inconformidad con el cumplimiento dado por la autoridad, argumentando que la respuesta dada no es congruente y es improcedente. En ese contexto, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en relación con el cumplimiento en análisis resultan inoperantes, porque se dirigen a controvertir el fondo del asunto, lo anterior, pues la falta de congruencia y motivación que alega descansa en el argumento de que, a su juicio, el director responsable resolvió de manera incongruente la respuesta de donde emana el acto reclamado. De ahí que, se reitera, al no haberse limitado la jurisdicción de la autoridad responsable en cuanto al fondo del asunto, basta que en el acuerdo correspondiente se resolviera de manera congruente explicando por qué dicha solicitud no es procedente, asimismo, funda dicha respuesta; lo que, en conformidad con lo expuesto, acontece en la especie. Aunado a lo anterior, notificó personalmente tal determinación a la parte quejosa; por tanto, este juzgado, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes el libelo de cuenta suscrito por el quejoso ********************, mediante el cual formula manifestaciones en relación con la vista otorgada en auto de veintinueve de junio del año actual, respecto del acatamiento dado a la sentencia protectora, las cuales serán tomadas en consideración al emitirse el proveído relativo a la calificación de dicho cumplimiento.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que el presente juicio de amparo 779/2017, del índice de este Juzgado, se encuentra debidamente integrado y como está ordenado en auto de cinco de junio de dos mil dieciocho (foja 404), remítase el mismo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, junto con el original del escrito de agravios, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la autorizada de la quejosa Miriam Isela Castañeda Ávalos, en contra de la sentencia emitida el once de mayo de dos mil dieciocho (fojas 378 a 385).

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo en vigor, no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de doce de junio del año en curso (fojas 27 a 33). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que de las constancias de autos, se advierte que por acuerdo de veintiuno de junio del presente año (foja 42), se tuvo por recibido el oficio y anexo suscrito por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través de los cuales manifestó que se dio cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de manera anticipada; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el ocurso y anexos de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés legal convenga, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obren en el presente sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Finalmente, agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Eduardo Naya Vidal, mediante el cual realizada manifestaciones en relación a la ejecutoria de amparo, sin perjuicio de tomarlas en consideración una vez que se provea sobre el cumplimiento al fallo protector.

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