Eduardo Ramos Alfaro
Expediente 541/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 541/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Ramos Alfaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: CAUSA EJECUTORIA En virtud a que no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ORDEN DE ARCHIVO Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento toda vez que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, dado que resulta innecesaria la permanencia de las constancias que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, como justificante de su informe justificado, se ordena su devolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 541/2021, promovido por Eduardo Ramos Alfaro, contra actos del Presidente de la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnado el veintinueve siguiente a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, Eduardo Ramos Alfaro, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de la autoridad que hizo consistir en: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. LA H. JUNTA LOCAL NÚMERO 7 DE LA CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACAN, quien tiene su domicilio para los efectos legales el ubicado en la calle Michoacán 819, segundo piso, colonia Ramón Farías C.P. 60050, de la ciudad de Uruapan, Michoacán. IV. EL ACTO RECLAMADO. Lo constituye la denegación de justicia al NO DICTAR EL LAUDO CORRESPONDIENTE, a pesar de haber transcurrido con mucho el término legal conferido para ello, así como continuar con la secuencia hasta su total solución, ello dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo vigente". El promovente del amparo expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se radicó con el número 541/2021, se solicitó el informe justificado, se ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en esta misma data al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente determinación. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto omisivo a un autoridad dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Presidente de la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad de Uruapan de Michoacán de Ocampo: La omisión de emitir laudo dentro del juicio laboral J-VII-169/2021. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El cierto el acto reclamado al Presidente de la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir su informe de ley. Además, su certeza se corrobora con las constancias que adjuntó la responsable a su informe con justificación, consistente en copias certificadas del juicio laboral número J-VII-169/2021, así como, las enviadas mediante oficio numero J-VII-177/2021, de trece de octubre de dos mil veintiuno, la cual tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º., atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece. "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En el caso, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." En principio, previo al estudio de la citada causa de improcedencia, se estima oportuno precisar que el acto reclamado en esta sede constitucional, consiste en la omisión de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dictar el laudo respectivo en el expediente laboral J-VII-228/2017, de su índice. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. A fin, de que se actualice dicha causa de improcedencia, es necesario que se destruyan todos los efectos en forma total e incondicional, para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invalidado la esfera jurídica del impetrante de garantías. Se cita en apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Sobre esas bases, se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones siguientes: Como se precisó el acto reclamado en esta instancia, se hizo consistir en la omisión de la Junta responsable de emitir el laudo correspondiente en el expediente laboral número J-VII-228/2017, de su índice. Luego, la mencionada causa de improcedencia se actualiza en este asunto en razón a que, de las constancias que la autoridad responsable remitió en alcance a su informe justificado, mediante oficio numero J-VII-177/2021, de trece de octubre de dos mil veintiuno, las cuales merecen plena eficacia probatoria al tratarse de documentos públicos, en términos de lo establecido por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2º, se advierte que la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, el ocho de octubre de la presente anualidad, emitió el laudo respectivo en el expediente laboral J-VII-228/2017, de su índice. En esas circunstancias, se tiene que al haberse satisfecho la pretensión de la parte quejosa; esto es, que se haya emitido el laudo en el expediente laboral de origen, del índice de la citada responsable, se considera que han cesado los efectos del acto aquí reclamado, al ser destruido por completo de forma total e incondicional; además, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el efecto que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Cobra puntual aplicación, la tesis CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sin que sea óbice que no exista constancia alguna se la notificación al aquí quejoso el laudo dictado por la Junta responsable, dado que la omisión reclamada atañe a la garantía prevista en el artículo 17 Constitucional, no al derecho de petición contenido en el ordinal 8° del propio ordenamiento. Es ilustrativa, la tesis visible en la página 187, del Volumen 157-162, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL, TRATANDOSE DE LA OMISIÓN DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna". En conclusión, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Al resultar improcedente el juicio de amparo y ante el sobreseimiento decretado, por cuestión prioritaria, acorde con la técnica que rige dicho juicio, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Es aplicable, la jurisprudencia sin número, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época de título siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Sin que pase inadvertido que en el presente asunto a la presente data, no obre constancia de emplazamiento a la parte tercera interesada, pues se considera que la circunstancia de que, en este caso, se haya sobreseído no causa ningún agravio a dicha parte, puesto que, como ya se analizó, la causa de improcedencia que se actualiza en el presente asunto es manifiesta e indudable, máxime que la parte demandada, aquí tercero interesada, no comparecieron al juicio laboral de origen. Finalmente, cabe precisar que los criterios citados en la presente determinación, no son contrarios al actual texto de la Ley de Amparo, y pueden ser aplicables al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 541/2021, promovido por Eduardo Ramos Alfaro, contra los actos reclamados al Presidente de la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por las razones y efectos precisados en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto lo de cuenta, téngase a la Fiscal de la Federación adscrita, formulando alegatos; por tanto, se tienen por formulados para el efecto legal conducente, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de octubre de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: INFORME JUSTIFICADO Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Presidente de la Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado; con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que adjuntan a su ocurso de cuenta; con las documentales de mérito, dese nueva cuenta en la audiencia constitucional. Fórmese por separado un cuaderno de pruebas con las constancias en comento, el cual queda bajo resguardo en la secretaría de acuerdos de este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza.
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