Eduardo Gaytán Martínez
Expediente 172/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Gaytán Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: Que el plazo de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio trascurrió de veintisiete de abril al doce de mayo de dos mil veintitrés, toda vez que fue notificada por lista de acuerdos el veinticinco de abril del año en curso, sin que lo hubiese hecho;********************Que los autos y promociones que integran el expediente han sido incorporadas al expediente electrónico y coinciden en su totalidad.********************Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe.********************Con la certificación anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.********************1. CAUSA ESTADO. De la certificación de cuenta, se desprende que, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA.********************2. ARCHIVO. Tomando en consideración que de la certificación secretarial que antecede, se advierte en esencia que el presente expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico; por tanto, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, motivo por el cual, se deberá entregar en su oportunidad al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.********************3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés y turnado a este Juzgado por la Oficina de Correspondencia Común al día siguiente Brasil Cuadra Duarte, como defensor particular del quejoso EDUARDO GAYTÁN MARTÍNEZ, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal del acto y autoridad siguiente: "(.) Señalo como autoridad ordenadora al ciudadano Juez de Control y Enjuiciamiento del sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo. Reclamo de la autoridad responsable la resolución emitida el 01 de marzo de 2023, que resuelve el recurso de revocación, dictado dentro de la causa penal número 284/2022, instruida en contra del señor EDUARDO GAYTÁN MARTÍNEZ, por el delito de tentativa de feminicidio y violencia familiar, en agravio de las víctimas señaladas como terceros con interés, proceso penal que se ventila ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región de Uruapan, Michoacán; señalado como autoridad responsable. (.)." La parte quejosa expuso que el acto reclamado vulnera sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 16° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló como terceros interesados a Brenda Alejandra Rojas Rodríguez, víctima directa y representante de los menores de iniciales A. D. R.R., A. D. R.R. y D. A. R.R. , así como a Leonardo Bonaparte Isidro, adscrito a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Citlaly Guadalupe Tapia Díaz, Agente del Ministerio Público Litigante, adscrita al Centro de Justicia Integral para las Mujeres, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito en Estado de Michoacán de Ocampo, el día veintidós de marzo de dos mil veintitrés; y, en auto de esa misma fecha, se ordenó registrarla con el expediente 172/2023; y se procedió a la admisión a trámite de la acción de amparo, solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención que legalmente le compete al Fiscal de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que procede, en virtud de que la parte quejosa reclama actos de autoridad judicial, dentro de juicio, con ejecución dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo: La resolución dictada el uno de marzo de dos mil veintitrés, en la causa penal 284/2022, en la que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintitrés de febrero del mismo año, que desechó de plano la solicitud de fijar fecha y hora para la celebración de audiencia de revisión de medida cautelar. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo; lo anterior, porque así lo reconoció al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las documentales que exhibió relativas a la causa penal número 284/2022, así como con los discos compactos que acompañó a su informe con justificación, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Es así, porque la información contenida en los discos compactos digitales tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. IMPROCEDENCIA. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A manera de preámbulo, es preciso señalar la circunstancia que la legislación reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, establezca diversas hipótesis que motivan la improcedencia del juicio, no implica, per se, una violación del derecho humano al recurso efectivo. Bajo esa tesitura, este órgano de control constitucional estima que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que operó un cambio de situación jurídica en el contexto en que se emitió el acto reclamado. En efecto, el citado precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)". De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causal de improcedencia son: A. Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; B. Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; C. Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; D. Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis 205, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, del tomo VI, de la octava época del Apéndice 2000, con número de registro 918368, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda". Por tanto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva y autónoma, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. En suma, la característica fundamental de la causal en comento se basa en la existencia de una etapa o estadio procesal diferente que impide decidir sobre el acto reclamado al pertenecer a una fase anterior y autónoma. De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de amparo concurren los anteriores requisitos, resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sin número, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, del tomo LXIX, de la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 353701, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable". Expuesto lo anterior, conviene resaltar que en el caso que nos ocupa, el peticionario de amparo se duele de la determinación del Juez responsable que declara infundado el recurso de revocación hecho valer contra el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, que desechó de plano la solicitud de fijar fecha y hora para la celebración de audiencia de revisión de medida cautelar, dentro de la causa penal 284/2022, impuesta en audiencia de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. De las constancias que remitió el Juez de Control responsable, con su oficio número 1729/2023, de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se aprecia que el Tribunal de Alzada, Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, de Ocampo, revocó el auto de vinculación a proceso, emitido el treinta y uno de enero del año en curso, dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, por los hechos señalados por la ley como violencia familiar y feminicidio en grado de tentativa, declarándose la nulidad de todo lo actuado en la audiencia inicial, para ahora ordenar la reposición del procedimiento, a partir de la audiencia inicial en la fase que comprende la oportunidad del imputado de responder los cargos de la imputación, de ejercer el derecho a declarar o guardar silencio y las restantes que llegaran a presentarse propias de dicha audiencia inicial (fojas 45 a 47 del sumario). Asimismo, consta que en acta de audiencia celebrada el veintinueve de marzo del dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia inicial a la que asistieron las partes, y una vez seguidas sus fases procesales, el defensor solicitó se impusieran otras medidas cautelares por lo que dure el proceso hasta que se reanude la audiencia de vinculación a proceso, y se hizo constar la petición del Ministerio Público de que se impusiera la prisión preventiva justificada, para lo cual, afirma el Juez, tomó en consideración el riesgo de la víctima y que no hay otra medida que pueda garantizar la seguridad de la víctima, por lo que a las dieciocho horas con treinta minutos de la misma fecha, se impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (fojas 56 a 57 del sumario). Por otra parte, mediante oficio 1755/2023, recibido el cuatro de abril en curso, el juez responsable informó que en la audiencia celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, determinó vincular a proceso al ahora quejoso EDUARDO GAYTÁN MARTÍNEZ, por los delitos que la ley señala como feminicidio en grado de consumación de tentativa y violencia familiar, asimismo, le impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada, misma que cumplirá en el Centro penitenciario "Licenciado Eduardo Ruíz", cuya duración será el tiempo del proceso, sin que pueda exceder de dos años. Lo anterior, se corrobora con el registro digital de audio y video que remitió en el disco compacto y que adjunto la autoridad responsable al oficio número 1755/2023. De lo expuesto, es evidente que el acto que por esta vía se combate ha sido substituido procesalmente por lo determinado en la audiencia de treinta y uno de marzo pasado, en la que vinculó a proceso en el mismo procedimiento judicial y en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, del cual deriva el acto reclamado -causa penal 284/2022-. Lo anterior, es así, pues la resolución que declaró infundado el recurso de revocación contra la determinación de veintitrés de febrero del mismo año, que desechó de plano la solicitud de fijar fecha y hora para la celebración de audiencia de revisión de medida cautelar, deriva originariamente de lo resuelto en una audiencia inicial de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en la que se le impuso medida cautelar de prisión preventiva al haberse decretado auto de vinculación a proceso por los hechos con apariencia de los delitos de violencia familiar y feminicidio en grado de tentativa, la cual fue nulificada por el Tribunal de Alzada, quien ordenó reponer el procedimiento y llevar de nueva cuenta la audiencia inicial. Por tanto, es inconcuso que ha operado un cambio de situación jurídica, que conduce a considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la determinación reclamada, sin afectar la nueva situación de derecho existente. Asimismo, lo cierto es que, el acto aquí tildado de inconstitucional ya no puede ser materia de examen en este juicio de amparo indirecto, dado que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, al haber sido sustituido por la referida determinación que vinculó a proceso e impuso la prisión preventiva justificada al impetrante del amparo. En ese tenor, este juzgado se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar el acto combatido, ya que existe una diversa determinación que la sustituyó (audiencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en la que impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa), la cual no es materia de litis en el presente constitucional; de ahí que se surta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo. Al caso, sirve de orientación la tesis: XXIII.1o.4 P (10a.), publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 2989, Undécima Época, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE REVOCA EL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO Y ORDENA LA REPOSICIÓN DE LA AUDIENCIA INICIAL, Y EN SU CUMPLIMIENTO EL JUEZ DE CONTROL DICTA UNA NUEVA RESOLUCIÓN QUE VINCULA A PROCESO AL QUEJOSO. Conforme al párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuando se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones cometidas en las etapas previas del proceso penal; sin embargo, esa cuestión se refiere a las resoluciones que atienden a las diversas etapas o fases del procedimiento y no cuando se trata de aquellas que resuelven la situación jurídica del inculpado, caso en el cual, la nueva resolución sustituye procesalmente a la anterior. Así, la emisión del auto de vinculación a proceso origina un cambio de situación jurídica en relación con la resolución del Tribunal de Alzada que revoca el auto de no vinculación a proceso y ordena la reposición de la audiencia inicial, pues la circunstancia de que el imputado sea vinculado a proceso lo posibilita para que impugne las violaciones que tal acto le generó. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la resolución del Tribunal de Alzada que revoca el auto de no vinculación a proceso y ordena la reposición de la audiencia inicial, y en cumplimiento a esa ejecutoria de apelación, el Juez de Control dicta una nueva resolución que vincula a proceso al quejoso, se actualiza un cambio de situación jurídica respecto de aquella resolución, pues su análisis mediante el juicio de amparo indirecto no permitirá el estudio de alguna violación en esa misma etapa de la investigación, además de que los efectos de la sentencia del recurso de apelación contra la resolución de no vinculación a proceso se anulan en su totalidad con el dictado del auto de vinculación a proceso, por lo que no subsiste la posibilidad de examinar la constitucionalidad del acto reclamado". Asimismo, cobra aplicación al caso la tesis 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diecinueve, del Tomo IV, Diciembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". De igual manera se cita por analogía, la tesis con número de registro 230948, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 91, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN. Del texto de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo se aprecia que la causa de improcedencia a que alude se surte cuando dentro de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se producen los siguientes supuestos: a) que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b) que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c) que esta resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que éstas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de garantías de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, estos es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. Para que el tercero de estos supuestos se actualice, es preciso que entre las actuaciones procesales que generaron una y otra situaciones jurídicas, no exista un vínculo de subordinación, sino que sean autónomas entre sí, que una no derive ni sea consecuencia necesaria de la otra, pues de lo contrario, la segunda de ellas no podría subsistir si la primera adolece de vicios que pudieran determinar su ineficacia jurídica sólo así la nueva situación podría permanecer incólume aunque la primera se invalidara. Por esa razón se habla, en estos casos, de una consumación irreparable de las violaciones que pudieran derivar del acto reclamado, ya que al no apoyarse la nueva situación jurídica en él, el amparo no podría conducir a un resultado práctico, porque incluso en el supuesto de que llegara a concederse, no se modificaría la nueva situación jurídica". Por lo tanto, es ocioso examinar la constitucionalidad y/o inconstitucionalidad de dichos actos, los cuales, como se dijo, quedaron substituidos. En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley antes invocada, lo que impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por EDUARDO GAYTÁN MARTÍNEZ, contra el acto atribuido al Juez de Control y Enjuiciamiento del sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, precisado en el considerando segundo, en términos del correlativo cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.". FIRMADO.
- Principal
En diez de abril de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio, anexo y un disco compacto recibidos físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrados bajo el folio 4444. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de abril de dos mil veintitrés.********************SE RECIBE OFICIO. Visto lo de cuenta, incorpórese a los autos el oficio signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, en atención a su contenido, téngasele remitiendo un disco compacto que contiene el registro de audio y video de la audiencia inicial de treinta y uno de marzo del año en curso, celebrada en la causa penal 284/2022, así como copia de la versión escrita, con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente y nueva cuenta en la audiencia constitucional.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
En tres de abril de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y un disco compacto recibidos físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrados bajo el folio 4267. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de abril de dos mil veintitrés.********************SE RECIBE OFICIO. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias solicitadas mediante proveído de treinta de marzo pasado, asimismo, remite un disco compacto que contiene audio y video de las audiencias de fecha veintiocho y veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente y nueva cuenta en la audiencia constitucional.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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