Eduardo Ramírez Ibarra

Expediente 347/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
347/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Ramírez Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se aprecia que se concedió a Eduardo Ramírez Ibarra, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, realizara lo siguiente: Deje insubsistente la medida cautelar de reinstalación de la demandada -aquí tercera interesada-, en el hogar conyugal ubicado en la calle Pirekua, número noventa y siete, fraccionamiento Santa Bárbara, en Uruapan, Michoacán de Ocampo y la separación de persona del aquí quejoso de dicho domicilio, dictada en auto de dos de junio de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario oral familiar, con número de expediente 101/2022; y, En su lugar, emita otra en la que con libertad de jurisdicción, resuelva de manera fundada y motivada respecto de la medida cautelar solicitada consistente en la reintegración de la aquí tercera interesada en el hogar conyugal ubicado en la calle Pirekua, número noventa y siete, fraccionamiento Santa Bárbara, en Uruapan, Michoacán de Ocampo y la separación de persona del aquí quejoso de dicho domicilio. 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. La autoridad responsable realizó lo siguiente: En proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dejó insubsistente la medida cautelar de reinstalación de la demandada, en el hogar conyugal ubicado en la calle Pirekua, número noventa y siete, fraccionamiento Santa Bárbara, de esta ciudad, y la separación de persona del quejoso de dicho domicilio, dictada en auto de dos de junio de dos mil veintidós, dentro del juicio de origen; y, En su lugar, emitió otra, en el que con libertad de jurisdicción, de manera motivada y fundada, resolvió respecto de la medida cautelar solicitada. Ello es así, ya que en primer término citó y transcribió los preceptos legales que sirvieron de fundamento a su determinación, luego expuso los hechos de violencia a los que hizo alusión la promovente; asimismo, relacionó las pruebas que ésta ofreció para acreditar dicha circunstancia, y en base a ello, resolvió negar la medida cautelar solicitada por María del Carmen Urtiz Aguilar, en los siguientes términos: "Ahora, de la interpretación de los referidos numerales se concluye que, para que proceda conceder una medida cautelar (cualquiera de ellas), es necesario que la parte solicitante acredite la urgencia y necesidad de la misma, lo cual no aconteció en el caso que nos ocupa. Sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia de que, las pruebas que se precisaron en los incisos a) y b), la segunda de las cuales tiene valor probatorio en términos de los artículos 1008, fracción III, 1020, fracción III, 1021, 1042 y 1043 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, como documento público, mientras que la primera, tiene valor probatorio en términos de los numerales 1008, fracción VII, 1042 y 1043 de dicho ordenamiento. Lo anterior, ya que las mismas no son suficientes para acreditar la necesidad y urgencia de la medida. Es así, pues con tales medios de convicción únicamente se pone de manifiesto que antes de la presentación de la demanda familiar que nos ocupa, se ejerció violencia contra la demandada por parte de su cónyuge aquí actor; sin embargo, con esas pruebas no se demuestra que los actos de violencia continuaron con posterioridad a la presentación de dicha demanda. Por otra parte, la prueba testimonial que se precisó en el inciso c), misma que tiene valor probatorio en términos de los artículos 1008, fracción II, 1010, 1011, 1042 y 1043 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, tampoco es suficiente para demostrar la necesidad y urgencia de la medida, pues de la misma se desprende que previamente a la presentación de la demanda familiar, la demandada había salido del domicilio conyugal, y que una vez que ello ocurrió, ésta ya no había tenido contacto con el actor, por lo que no continuaron los actos de violencia. Máxime que, como la propia demandada lo manifestó al dar contestación a la demanda, se encontraba viviendo en la casa de su primo Salvador Fierros Aguilar. En ese sentido, tomando en consideración que los cónyuges no se encuentran viviendo en el mismo domicilio; que no se han ejercido actos de violencia contra la solicitante de la medida con posterioridad a la presentación de la demanda familiar; y, que ésta se encuentra viviendo con unos parientes cercanos, no se advierte ningún tipo de riesgo en la integridad o vida de la demandada que amerite el otorgamiento de la medida cautelar solicitada; esto es, no se encuentra demostrada la necesidad y urgencia de la misma. En consecuencia, se niega la medida cautelar solicitada por María del Carmen Urtiz Aguilar, sobre reinstalación de ésta al hogar conyugal y separación del actor, por los motivos ya precisados." 4. Conclusión. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos fundamentales del quejoso, por cuya infracción se concedió el amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA, ya que en ello no existe exceso ni defecto. 5. Manifestaciones. No obsta para llegar a la determinación anterior, el hecho de que la parte tercera interesada haya manifestado que la autoridad no cumplió con lo ordenado en la sentencia protectora, en razón de que la medida cautelar solicitada no está condicionada a que se acredite que la presencia del probable responsable pueda dañar la integridad física o emocional del sujeto pasivo, pues la sola manifestación de María del Carmen Urtiz Aguilar, de solicitar dicha medida provisional, bajo el argumento de que está sufriendo violencia familiar, es suficiente para que se le conceda la medida cautelar. Es decir, que no es necesaria la existencia de pruebas plenas que acrediten la existencia de las agresiones; empero, si es necesario que la juez responsable expusiera los actos de violencia narrados por los solicitantes y justificara porque estos son de tal gravedad que hacen necesaria la imposición de la medida. Asimismo, refirió que la concesión del amparo no fue para que la juzgadora de origen se pronunciara en sentido opuesto, pues debió reiterar la concesión de la medida provisional de que se trata, y únicamente fundar y motivar los motivos que tuvo para emitir la resolución que fue motivo de la impugnación. De igual forma, aduce que omitió analizar otros aspectos de violencia invocados, consistentes en violencia económica y patrimonial; además, debió haber hecho uso de la presunción legal y humana en el sentido de que existen hechos notorios, conocido socialmente y culturalmente que en la mayoría de los casos afectan principalmente a las mujeres, quienes en muchas ocasiones están en desventaja en cuestiones patrimoniales. Sin embargo, dichos aspectos de inconformidad que vierte la parte tercera interesada, son cuestiones de fondo respecto de los cuales no se ocupó la sentencia concesoria de amparo, pues de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de referencia, se advierte que la juez responsable sí se ajustó a los lineamientos trazados en el fallo protector. Ello es así, ya que con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, resolvió la solicitud planteada por la tercera interesada, pues expuso en que consistían los hechos de violencia señalados por ésta; asimismo, señaló las pruebas que ofreció para acreditar la necesidad de la medida. Sin embargo, determinó que dichas pruebas no son suficientes para acreditar la necesidad y urgencia de la medida, y concluyó que no se han ejercido actos de violencia contra la solicitante de la medida con posterioridad a la presentación de la demanda familiar; máxime, que ésta se encuentra viviendo con unos parientes cercanos, y no se advierte ningún tipo de riesgo en la integridad o vida que amerite el otorgamiento de la medida cautelar solicitada. En ese sentido, los alcances de la ejecutoria de amparo impiden que el Juez de Distrito en la resolución que tenga por cumplida, pueda examinar los motivos o fundamentos que la sustenten, puesto que éstos no fueron objeto de examen en la ejecutoria, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad; por lo que al haberlo hecho así la responsable, el cumplimiento de la sentencia protectora se trata de un acto diverso, susceptible, en todo caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de amparo, al no ser jurídicamente posible analizar en el presente, si los fundamentos y motivos que dieron las responsables son o no los correctos. Por otra parte, toda vez que se dio vista al quejoso, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestara lo que a su interés conviniera, sin que lo haya hecho; atento a ello se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 8. Incidente de suspensión. Virtud a que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio y el cuaderno original del incidente, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 8.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 8.2. Constancia. Toda vez que no se glosarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 9. Devolución del cuaderno de pruebas. Por otra parte, resulta innecesaria la permanencia en autos del cuaderno de pruebas, formado con la copia certificada del juicio ordinario oral familiar 101/2022, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad; por tanto, devuélvase dicho cuaderno a su lugar de origen, solicítese el acuse de recibo. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Cuenta. En veintiséis de agosto de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con un escrito recibido en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, mismo que se registró con el folio 11342, dentro del juicio de amparo indirecto número 347/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Desahoga vista. Agréguese a los autos el escrito de Ma. Guadalupe Camacho Núñez, autorizada de la tercera interesada Ma. del Carmen Urtiz Aguilar; en atención a su contenido, téngasele desahogando la vista ordenada en proveído de veintidós de agosto del año en curso, y formulando diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la autoridad responsable Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, a la ejecutoria de amparo, lo cual será tomado en consideración al momento de calificar dicho cumplimiento. Por otra parte, en relación a que se autorice el usuario que indica, dígasele que deberá estarse a lo acordado en de seis de julio del año en curso, en el que proveyó lo conducente. Por otro lado, respecto a su petición de que autoriza a Yadira Barrientos Santiago, Julio Cesar Damián Aburto, Marcos Martínez Rauda, Jennifer García Ramírez, Julio Cesar Bárcenas Herrera y Pedro Martínez Cardoso, para oír y recibir notificaciones, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, en razón de que el artículo 12 de la Ley de Amparo, no la faculta para que delegue o sustituya sus facultades a favor de terceros. No obstante a lo anterior, las referidas personas, en auto de seis de julio de dos mil veintidós, fueron autorizadas en el presente asunto para oír y recibir notificaciones, en términos del citado auto. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuenta. En veintidós de agosto de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con un oficio y anexo, mismo que se registró con el folio 11136, dentro del juicio de amparo indirecto 347/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de agosto de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Informa cumplimiento. Visto lo de cuenta, téngase a la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, informando el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuenta. En trece de julio de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un escrito recibido en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mismo que se registró con el folio 9628, dentro del juicio de amparo indirecto 347/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Tercera formula alegatos. Agréguese a los autos el escrito de Ma. Guadalupe Camacho Núñez, autorizada de la parte tercera interesada María del Carmen Urtiz Aguilar; en atención a su contenido, se tiene por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, respecto a que señala domicilio para oír y recibir notificaciones, dígasele que deberá estarse a lo acordado en auto de seis de julio del año en curso. Notifíquese.

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