Eduardo Núñez Padilla
Expediente 488/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 488/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Núñez Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse a la autoridad responsable dos tomos de prueba que adjuntó a si informe justificado. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, incisos b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de haberse NEGADO el amparo y protección de la justicia federal, resolución que fue confirmada por el Tribunal de Alzada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. DESTINO DE INCIDENTES Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 488/2022-II, promovido por Eduardo Núñez Padilla, por su propio derecho, contra actos del: Juez Segundo Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Eduardo Núñez Padilla, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y la autoridad responsable que precisó en los siguientes términos: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como autoridades responsables al CIUDADANO JUEZ SEGUNDO MENOR EN MATERIA CIVIL, ello en cuanto Autoridad Responsable y Ordenadora; con domicilio oficial bien conocido en dicha Ciudad de Morelia, Michoacán. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Reclamo de la autoridad señalada como responsables en contra de la Sentencia Interlocutoria de fecha 06 seis de Abril del año 2022 dos mil veintidós, que fue dictado dentro de los autos del presente Juicio Ejecutivo Mercantil número 38/2021, que sobre pago de pesos sigue en mi contra por conducto de las endosatarias en procuración de a persona moral denominada CAJA MORELIA VALLADOLID SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, ante el Juzgado Segundo Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial. (.)." Actos que la promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de diez de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de garantías que se atiende; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento fue celebrada el quince de junio de dos mil veintidós, en los términos del acta levantada al efecto y que precede a esta determinación. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 9/2022 del propio Pleno. Ello porque se trata de una demanda de amparo promovida contra actos emitidos dentro de un (Juicio Ejecutivo Mercantil), con ejecución y provenientes de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado ejerce su jurisdicción y competencia mixta; esto es, en esta ciudad de Morelia, Michoacán. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: La interlocutoria dictada el seis de abril de dos mil veintidós, dictado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 38/2021, del índice del Juzgado Segundo Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, que sobre pago de pesos se sigue en contra del quejoso por las endosatarias en procuración de la persona moral denominada CAJA MORELIA VALLADOLID, SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. Tal afirmación se corrobora con las constancias consistentes en copia fotostática debidamente certificada del Juicio Ejecutivo Mercantil número 38/2021, que sobre pago de pesos, promovió la moral denominada CAJA POPULAR MORELIA VALLADOLID SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de sus endosatarias en procuración en contra del ahora quejoso Eduardo Núñez Padilla, ante el Juez Segundo Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, en las que obra la interlocutoria dictada el seis de abril de dos mil veintidós, que la referida autoridad responsable acompañó a su informe justificado. Medio de convicción que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo tanto, se tiene probada la existencia del acto que en esta vía constitucional es reclamado a la autoridad señalada. CUARTO. Inexistencia de causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En ese sentido, al no haberse hecho valer alguna causal de improcedencia que deba ser analizada por el suscrito; y, considerando que este juzgador no advierte de manera oficiosa la actualización de alguna hipótesis que torne improcedente el presente juicio, lo que se impone es realizar el examen del fondo del asunto, dando respuesta a los conceptos de violación formulados. QUINTO. Transcripción innecesaria de los conceptos de violación. De inicio, este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerarse que para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad exigidos por la Ley de Amparo, basta cumplir con tales requisitos al realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Estudio del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que el promovente de la protección constitucional aduce medularmente que la interlocutoria de seis de abril de dos mil veintidós, emitida por el juez responsable, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 38/2021, que sobre pago de pesos promovió la moral denominada CAJA POPULAR MORELIA VALLADOLID, SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de sus apoderadas en contra del ahora quejoso Eduardo Núñez Padilla, ante el Juez Segundo Menor de este Distrito Judicial, es contraria a derecho por los siguientes motivos: La responsable omitió ser exhaustiva porque no dio respuesta a la contestación del incidente de liquidación planteado. Que transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica porque no desglosó a detalle los motivos por los que aprobó las cantidades que le fueron solicitadas. La responsable debía argumentar jurídicamente los motivos por los que se aprobaba la planilla de liquidación y no limitarse a realizar simples operaciones aritméticas. Es ilegal que se le reclame el pago de un interés ordinario moratorio porque se accionó con un pagaré y no con un contrato de apertura de crédito, situación que soslayó la autoridad responsable. De ahí que se persigue un ilegal doble cobro de tales intereses. Anteriores circunstancias por las cuales el promovente de amparo, solicita a este juzgado que conceda el amparo y protección de la justicia de la unión. También es menester señalar que para un correcto examen de los argumentos vertidos por el quejoso serán analizados en un orden distinto al en que fueron formulados, en tanto que algunos lo serán de manera conjunta, debido a la estrecha vinculación existente entre ellos, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. Para un correcto entendimiento del asunto, conviene señalar que de la revisión de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtienen los siguientes antecedentes: A través del escrito presentado el seis de enero de dos mil veintiuno, los endosatarios en procuración de CAJA MORELIA VALLADOLID, SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa al ahora quejoso Eduardo Núñez Padilla, lo que por turno correspondió conocer al Juez Segundo Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, el que en proveído pronunciado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, admitió a trámite la petición realizada y ordenó su registro con el número 38/2021. Seguida la secuela procesal, mediante sentencia pronunciada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, la responsable resolvió el controvertido sometido a su jurisdicción y al efecto determinó: "(.) SEGUNDO. La parte actora acreditó los elementos constitutivos de la acción cambiaria directa, que ejercitó en la vía ejecutiva mercantil frente a EDUARDO NÚÑEZ PADILLA, a quien no le prosperó ninguna de sus excepciones y defensas opuestas, en consecuencia, TERCERO. Se declara procedente la acción referida, y se condena a la parte demandada, a pagar a su contraria la cantidad de $79,978.52 (SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.) por concepto de suerte principal, así como, al pago de intereses ordinarios y moratorios, en los términos señalados en la presente resolución. CUARTO. Se condena a la parte demandada al pago de costas y gastos que hubiere erogado la parte actora con motivo de la tramitación del presente juicio. QUINTO. Hágase trance y remate de los bienes que se lleguen a embargar al demandado y con su producto pago al acreedor de las prestaciones materia de condenación. SEXTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes. (.)." En proveído dictado el quince de septiembre de dos mil veintiuno, la responsable señaló que atendiendo a que la sentencia de veinticuatro de agosto de ese año causa ejecutoria por Ministerio de Ley, elevándose a la categoría de cosa juzgada, a petición de la apoderada de la actora, requirió al demandado hoy quejoso, a fin de que dentro del término de tres días, cumpliera voluntariamente con la sentencia definitiva señalada, con el apercibimiento que de no hacerlo, procedería a su ejecución forzosa. Por lo anterior, a través del escrito presentado el quince de septiembre de dos mil veintiuno, la apoderada de la actora promovió el incidente de liquidación de sentencian, lo que fue admitido en sus términos por la responsable en auto de veintidós de septiembre en cita, en el que se ordenó dar vista al demandado con lo solicitado a fin de que dentro del término de tres días manifestara lo que a sus intereses conviniera, lo que así realizó en escrito de uno de octubre del año señalado. El siete de octubre de dos mil veintiuno, se tomó conocimiento de la demanda de garantías promovida por el demandado en la que se concedió la suspensión del acto reclamado hasta que se resolviera el juicio constitucional promovido, lo que tuvo lugar a través de ejecutoria pronunciada el nueve de marzo de dos mil veintidós, en la que se negó al quejoso el amparo y protección de la justicia federal. Así, el seis de abril de dos mil veintidós, la responsable pronunció la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de sentencia, en los siguientes términos: "(.) El incidentista reclama el pago de la cantidad de $27,396.59 (veintisiete mil trescientos noventa y seis pesos 59/100), por concepto de intereses ordinarios, a razón de la tasa mensual del 2.55% dos punto cincuenta y cinco por ciento, a partir del 2 dos de agosto de 2020 dos mil veinte y hasta el 15 quince de septiembre de 2021 dos mil veintiuno. Reclamación esta que se regula en este apartado, por la cantidad de $25,425.12 (veinticinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 12/100 moneda nacional), toda vez que al aplicar el interés del 2.55% dos punto cincuenta y cinco por ciento mensual, sobre la cantidad de $79,978.52 (setenta y nueve mil novecientos setenta y ocho pesos 52/100 moneda nacional), que por concepto de suerte principal fue condenada la demandada, a partir del día 1° primero de septiembre de 2020 dos mil veinte, en cuanto día siguiente al cual el demandado debió haber realizado el primer abono, y no a partir de la fecha que solicita el incidentista; y, hasta el 15 quince de septiembre de 2021 dos mil veintiuno por así solicitarlo la incidentista; entre las referidas fechas transcurrieron 12 doce meses 14 catorce días, por lo que al realizar las operaciones aritméticas consistentes en obtener el 2.55% dos punto cincuenta y cinco por ciento mensual a la cantidad en cita, da como resultado por cada mes se generó la suma de $2,039.45 (dos mil treinta y nueve pesos 45/100 moneda nacional), mientras que por cada día corresponde el monto de $67.98 (sesenta y siete pesos 98/100 moneda nacional), cantidades éstas que aplicadas y multiplicadas congruentemente por el número de meses y días antes referidos, nos da como resultado la cantidad regulada que asciende a la suma de $25,425.12 (veinticinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 12/100 moneda nacional), cubrir la parte demandada a favor de la actora por concepto de intereses ordinarios, calculados hasta el 15 quince de septiembre de 2021 dos mil veintiuno. En segundo término, la incidentista reclama el pago de la cantidad de $32,231.16 (treinta y dos mil doscientos treinta y un pesos 16/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios, a razón de la tasa mensual del 3% tres por ciento, a partir del 2 dos de agosto de 2020 dos mil veinte y hasta el 15 quince de septiembre de 2021 dos mil veintiuno. Reclamación está que se regula en este apartado, por la cantidad de $29,831.81 (veintinueve mil ochocientos treinta y un pesos 81/100 moneda nacional), toda vez que al aplicar el interés del 3% tres por ciento mensual, sobre la cantidad de $79,978.52 (setenta y nueve mil novecientos setenta y ocho pesos 52/100 moneda nacional), que por concepto de suerte principal fue condenada la demandada, a partir del día 2 dos de septiembre de 2020 dos mil veinte, en cuanto día siguiente al cual el demandado debió haber realizado el primer abono al capital, y no a partir de la fecha que solicita el incidentista; y, hasta el 15 quince de septiembre de 2021 dos mil veintiuno por así solicitarlo la incidentista; entre las referidas fechas transcurrieron 12 doce meses 13 trece días, por lo que al realizar las operaciones aritméticas consistentes en obtener el 3% tres por ciento mensual a la cantidad en cita, da como resultado por cada mes se generó la suma de $2,399.35 (dos mil trescientos noventa y nueve pesos 35/100 moneda nacional), mientras que por cada día corresponde el monto de $79.97 (setenta y nueve pesos 97/100 moneda nacional), cantidades éstas que aplicadas y multiplicadas congruentemente por el número de meses y días antes referidos, nos da como resultado la cantidad regulada que asciende a la suma de $29,831.81 (veintinueve mil ochocientos treinta y un pesos 81/100 moneda nacional), cubrir la parte demandada a favor de la actora por concepto de intereses moratorios, cuantificados hasta el día 15 quince de septiembre de 2021 dos mil veintiuno. Por lo antes expuesto, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos . tomando en cuenta las partidas formuladas, aprobadas y reguladas, en consecuencia se declara parcialmente procedente el incidente de liquidación de sentencia, gastos y costas, por lo que se condena a la parte demandada, a pagar a favor de la parte actora la cantidad total de $55,256.93 (cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y seis pesos 93/100 moneda nacional), en concepto de intereses ordinarios y moratorios, cuantificados hasta el día 15 quince de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, no así la suma total que solicita la incidentista. Por lo anteriormente expuesto, fundado . PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente Incidente. SEGUNDO. Resultó parcialmente procedente el incidente de planilla de liquidación de sentencia, formulado por CELIA VERÓNICA MARTÍNEZ NEGRETE, en cuanto endosataria en procuración de la parte actora. TERCERO. Se condena a la parte demandada a pagar a favor de la parte actora, la cantidad de $55,256.93 (cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y seis pesos 93/100 moneda nacional), en concepto de intereses ordinarios y moratorios, cuantificados hasta el día 15 quince de septiembre de 2021 dos mil veintiuno. CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes. (.)." (Anterior determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional). Resultan infundados los conceptos de violación ubicados en los puntos II y III, relativos a que la resolución reclamada transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica porque no desglosó a detalle los motivos por los que aprobó las cantidades que le fueron solicitadas; y, que la responsable debía argumentar jurídicamente los motivos por los que se aprobaba la planilla de liquidación y no limitarse a realizar simples operaciones aritméticas. Para evidenciar tal aserto es necesario precisar que el artículo 16 de nuestra Carta Magna, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento ." El precepto constitucional citado establece la garantía de legalidad consistente en que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, que deberá encontrarse fundado y motivado, a efecto de colmar los extremos ahí consignados. Además, resulta importante hacer una distinción entre indebida y falta de fundamentación y motivación; la indebida fundamentación y motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se exponen motivos, pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto; en cambio, la falta de motivación consiste en la ausencia total de expresión de razonamientos y fundamentos del caso en particular. Asimismo, cabe destacar que la garantía de legalidad, en lo relativo a la fundamentación, impone a las autoridades el deber de precisar las disposiciones jurídicas que aplican a los hechos concretos de que se trate, así como de manifestar los razonamientos que demuestren la aplicabilidad de dichas disposiciones, todo lo cual se debe traducir en una argumentación o juicio de derecho; de igual manera, la garantía de motivación exige que las autoridades expongan los razonamientos con base en los cuales llegaron a la conclusión que se plasma en los actos que se emiten, lo que debe exteriorizarse en una argumentación o juicio de hecho. En suma, tanto fundar como motivar consisten en la exposición de los argumentos o razonamientos de la autoridad, dirigidos a demostrar la aplicabilidad de los preceptos jurídicos invocados y la certeza de los hechos a los que tales disposiciones rigen. En ese mismo sentido, conviene precisar que el cumplimiento de la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales, en lo que aquí interesa, tratándose de resoluciones jurisdiccionales la garantía constitucional de referencia se satisface sin necesidad de que necesariamente se invoquen de manera expresa los preceptos que las funden, siempre que de la misma se pueda advertir con claridad el precepto normativo en que se sustente, esto porque los actos jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos materia del debate. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la tesis que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se cita a continuación: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." (Lo subrayado es propio). De manera que bastaba con que la autoridad expresara con claridad las razones por las cuales resolvió en la forma en que lo hizo, para que pudiera hacer del conocimiento de las partes los preceptos legales que sirvieron de sustento para la resolución combatida. En este sentido, lo cierto es que, en la especie, la autoridad responsable sí cumplió con las garantías de legalidad y seguridad jurídica en la medida que fundó y motivó su resolución, porque expresó las razones que la llevaron a resolver en la forma en que lo hizo, pues en principio señaló que la incidencia que resolvió es una consecuencia inmediata para ejecutar la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, que dirimió el juicio ejecutivo mercantil en lo principal. Que en esa sentencia se condenó al ahora quejoso Eduardo Núñez Padilla, al pago de la suma de $79,978.52 (setenta y nueve mil novecientos setenta y ocho pesos con cincuenta y dos centavos, moneda nacional), por concepto de suerte principal, así como al pago de intereses ordinarios a razón de una tasa mensual del 2.55% dos punto cincuenta y cinco por ciento, a partir del día uno de septiembre de dos mil veinte en cuanto día en el que el demandado debió realizar el primer pago a capital y, hasta el uno de mayo de dos mil veintitrés; así como al pago de intereses moratorios a razón de la tasa mensual del 3% tres por ciento, a partir del dos de septiembre de dos mil veinte día siguiente al cual debió haber efectuado el primer abono a capital y hasta la total liquidación del adeudo, así como al pago de gastos y costas judiciales. Que además la incidencia señalada abarcaba prestaciones que siendo materia de condena en el fallo que se ejecutaba, no habían quedado líquidamente determinadas y en esa interlocutoria serían aprobadas y reguladas mediante la liquidación correspondiente por la pare a cuyo favor fue la sentencia, Ahora bien, según se observa en la interlocutoria de que se habla, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, la responsable no aprobó, como dice, las cantidades que le fueron solicitadas por la actora en el juicio de origen, pues basta ver que realizó la regulación de las sumas pedidas por concepto de intereses ordinarios e intereses moratorios, a partir de la fecha en que se condenó a su pago, toda vez que respecto de éstas el incidentista reclamaba sumas mayores al haber tomado en consideración un periodo diferente (a partir del dos de agosto de dos mil veinte), por lo que la autoridad responsable expresó los argumentos por los que procedía emprender tal regulación, de acuerdo a los lineamientos que fueron fijados en la condena. De forma que las operaciones aritméticas que realizó, si bien no las desglosó a detalle como lo precisa la quejosa, son idóneas para expresar los motivos por los que llegó a los montos que aprobó, pues basta con realizar la lectura de la interlocutoria para advertir que tales operaciones aritméticas se ajustan a los parámetros aprobados en la sentencia definitiva, los cuales se dejaron para cuantificación en la etapa correspondiente -en planilla de liquidación-. Además, la responsable precisó acertadamente que los montos reclamados no se aprobaban como se pedía (dos de agosto de dos mil veinte), porque éstos debían computarse a partir del uno de septiembre de dos mil veinte, día siguiente al en que el demandado debió hacer el primer abono al adeudo y hasta el quince de septiembre de dos mil veintiuno. De ahí lo infundado del concepto de violación hecho valer. Por otra parte resulta inoperante el concepto de violación ubicado en el punto IV, consistente en que la quejosa manifiesta que es ilegal que se le reclame el pago de un interés ordinario y moratorio, porque se accionó con un pagaré y no con un contrato de apertura de crédito, pretendiendo un doble cobro, situación que soslayó la autoridad responsable. Esto es así, dado que en todo caso ello constituye un concepto de agravio que debió hacer valer en el juicio principal y no en esta vía constitucional, pues no se debe perder de vista que a la fecha, en ese Juicio Ejecutivo Mercantil, existe una sentencia firme y no es jurídicamente posible que se pretenda controvertir mediante la vía incidental circunstancias que fueron materia de la condena en el juicio principal y que adquirieron la calidad de cosa juzgada. Esto es, la determinación de condena al pago de ambos conceptos fue objeto de pronunciamiento en la sentencia ejecutoria cuya cuantificación, en los términos allí plasmados, únicamente se colmó en la interlocutoria aquí reclamada. Máxime que dicho argumento ya fue desestimado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, al resolver el Amparo Directo Civil número 533/2021, en sesión de nueve de marzo de dos mil veintidós, que se promovió contra la sentencia de fondo. De ahí que resulte inoperante. Finalmente, se estima infundado en una parte y, fundado, pero inoperante en otra, el concepto de violación ubicado en el punto I, en el que se ubicó la manifestación de la quejosa en el sentido de que la responsable omitió ser exhaustiva porque no dio respuesta a la contestación del incidente de liquidación plateado. Para demostrar lo anterior, conviene señalar que el contenido del artículo 17 Constitucional, es el siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...". Tal dispositivo constitucional establece de forma explícita el principio de exhaustividad, así como implícito el de congruencia, ésta última atendiendo a sus dos concepciones interna y externa. La primera, atinente a que los actos de autoridad deben ser congruentes consigo mismos, es decir, no contener consideraciones contradictorias, además de que dichas consideraciones deben ser claras y accesibles para el justiciable. La segunda, relativa a que el acto debe ser congruente con las constancias o con las pretensiones que se persigan en la contienda de que se trate. Además que la exhaustividad consiste en que se debe resolver sobre todos y cada uno de los aspectos sometidos a la consideración del órgano jurisdiccional, sin añadir ni excluir alguno de los tópicos que se hayan externado ante el órgano jurisdiccional y que puedan dejar sin defensa a alguna de las partes. En relación con el tema, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sustentó la tesis que dice: "EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos. Para cumplir cabalmente con la completitud exigida por la Constitución, se impone a los tribunales la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio. El vocablo exhaustivo es un adjetivo para expresar algo que se agota o apura por completo. El vocablo agotar hace referencia a llevar una acción de la manera más completa y total, sin dejarla inconclusa ni en la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario de la Lengua Española: "Extraer todo el líquido que hay en una capacidad cualquiera; gastar del todo, consumir, agotar el caudal de las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse una edición; cansar extremadamente". Sobre el verbo apurar, el diccionario expone, entre otros, los siguientes conceptos: "Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; purificar o reducir algo al estado de pureza separando lo impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación de los significados destacados, con miras a su aplicación al documento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia una exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tópico, despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias en su discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que tenga en la asunción de un criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o una consideración de las autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad se orienta, pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de consistencia argumentativa. (Lo subrayado es propio). El artículo y tesis transcritos revelan que la garantía de exhaustividad obliga al tribunal competente a decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos, de tal forma que se resuelva sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos materia del debate; de suerte que si al dictar la sentencia el órgano jurisdiccional omite el análisis y resolución de alguna de ellas, o incluye una no planteada por las partes, viola el referido principio y, en consecuencia, las garantías de legalidad y seguridad que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, como lo señala la quejosa, en el escrito de contestación del incidente de liquidación de la sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en esencia hizo valer tres cuestiones: Que era cierto el concepto reclamado por suerte principal; Que los intereses ordinarios y moratorios reclamados a partir del dos de agosto de dos mil veinte y hasta el quince de septiembre de dos mil veintiuno, no fueron autorizados como los sancionó la responsable en la sentencia. De ahí que eran indebidos y excesivos; y, Que dentro del pagaré lo único que podía reclamarse es un interés mensual y o uno ordinario; de forma que se viola en su perjuicio el artículo 362 del Código de Comercio, porque se pretende un doble cobro. Ahora, contra lo afirmado por el quejoso, la responsable, al momento de emitir la interlocutoria materia del reclamo en esta vía constitucional, implícitamente se ocupó de las manifestaciones realizadas por el quejoso -allá demandado- precisadas en el inciso b), vinculadas al inciso del periodo de pago de los intereses ordinarios y moratorios, desde el uno de septiembre de dos mil veinte, como ya se precisó; en relación con la planilla de liquidación con que se le dio vista. Con tal circunstancia es suficiente para considerar colmado el principio de exhaustividad de que se duele por esta vía constitucional, sobre el tema indicado. En ese sentido, válidamente puede afirmarse, que en ese aspecto la responsable cumplió con las garantías de legalidad y seguridad que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se ocupó de tales puntos litigiosos materia de ese debate. En relación con el inciso a), la responsable no realizó pronunciamiento, ni era necesario, porque lo aceptó el demandado y fue materia de la sentencia firme. Finalmente, aunque es verdad que la responsable no hizo pronunciamiento expreso del argumento precisado como c), es innecesario conceder la protección constitucional para que lo haga, en demérito del principio de justicia pronta y expedita. Ello porque, como ya se resolvió previamente al dar respuesta al concepto de violación IV, aún así no prosperaría su argumento, porque en la sentencia firme ya se resolvió sobre la procedencia del pago de intereses ordinarios y moratorios. Además que el Tribunal Colegiado relativo ya desestimó el mismo argumento, al negar la protección constitucional al quejoso, en el Amparo Directo Civil 533/2021. De ahí que aunque fundado, es inoperante lo referido. Apoya lo anterior el criterio sustentado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión, esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable y en su caso la Corte, por la vía de un nuevo amparo, que en su caso y oportunidad se promoviera, tendrían que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar el amparo." En ese sentido, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Finalmente, no pasa inadvertido que en el caso no fue realizado algún análisis sobre la usura en los intereses condenados. Sin embargo, al haber adquirido firmeza dicha determinación, no es factible realizar el análisis respectivo. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal." En suma, lo procedente es negar la protección constitucional instada por Eduardo Núñez Padilla, por su propio derecho, contra el acto que reclamó de la autoridad aquí señalada como responsable. Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eduardo Núñez Padilla, respecto del acto reclamado al Juez Segundo Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, por los motivos señalados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy veintiuno de julio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.Mrc*
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA CAJA MORELIA VALLADOLID SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE SUS ENDOSATARIOS EN PROCURACIÓN SERGIO ANDRADE VILLASEÑOR, CECILIA VERÓNICA MARTÍNEZ NEGRETE Y FRANCISCO EDGAR MARTÍNEZ NEGRETE, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 488/2022-II, promovido por Eduardo Núñez Padilla, por su propio derecho, contra actos del: Juez Segundo Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán. ... Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eduardo Núñez Padilla, respecto del acto reclamado al Juez Segundo Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, por los motivos señalados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy veintiuno de julio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.Mrc*
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintidós. Informa trámites Visto el oficio de cuenta que suscribe el Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual exhibe copia autógrafa del Acuerdo Resolutorio Numero 148 de uno de junio de este año, donde se autoriza en favor del quejoso, la inscripción catastral del inmueble materia del juicio de amparo; con lo que pretende acreditar los trámites que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Precisión de los efectos del amparo En consecuencia, se estima necesario puntualizar que las obligaciones impuestas en la sentencia de amparo a la autoridad responsable, son las siguientes: "Para el caso de la que a la fecha de que cause ejecutoria esta resolución, no se haya dado respuesta y notificado ésta a la quejosa, respecto a la solicitud presentada el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se emita la contestación correspondiente a la petición planteada y se le notifique la determinación que se emita, sin que ello implique que le deban resolver de conformidad las solicitudes." Se requiere a la responsable En consecuencia, a fin de que la sentencia de amparo, quede cumplida sin excesos ni defectos, como lo establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que, realice lo siguiente: 1) Dentro del término de tres días siguientes, al en que cuente con la constancia de notificación respecto del Acuerdo Resolutorio Número 148 de uno de junio de este año, la remita de inmediato a este órgano jurisdiccional. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2006541 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 60/2014 (10a.) Página: 741 "INCONFORMIDAD. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA." Subsisten apercibimientos Finalmente, se hace del conocimiento de la responsable que subsisten los apercibimientos que le fueron formulados en auto de once de septiembre de dos mil veinte. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Eduardo Manuel Escobedo Villalón906/2023
- Eduardo Mendoza Cerda219/2019
- Eduardo Mendoza Cerda580/2022
- Eduardo Naranjo Ruiz901/2021
- Eduardo Naranjo Ruiz1094/2022
- Eduardo Navarro Contreras185/2017
- Eduardo Ortiz Arroyo518/2020
- Eduardo Ortiz Arroyo949/2023
- Eduardo Ramirez Alcántar842/2023
- Eduardo Ramírez De la T249/2018
- Eduardo Rios Ortega338/2018
- Eduardo Rodríguez Morales52/2021