Eduardo Ponce González
Expediente 1148/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1148/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Eduardo Ponce González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Audiencia constitucional En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con cuarenta minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Marco Antonio García Cortez, secretario con quien legalmente actúa y da fe, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1148/2023, promovido por******************** sin asistencia de las partes. Acto continuo, el secretario procede a hacer relación de las constancias que integran el expediente, entre las que destacan por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida, la Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación, se abre el periodo probatorio, en el cual con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales aportadas por la parte quejosa, así como por las autoridades responsables; mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda, se cierra el presente período. Luego, la Jueza declara abierto el período de alegatos, en el que, se hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo, se hace constar que la Agente del Ministerio Pública adscrita, no formuló pedimento alguno; se cierra el periodo de alegatos. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia procediéndose a dictar la resolución correspondiente. S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1148/2023, y R E S U L T A N D O ...C O N S I D E R A N D O I. Competencia. ... II. Fijación del acto reclamado... III. Existencia... IV. Improcedencia. En el caso, de oficio se aprecia que, respecto del acto consistente en la falta de realización del "********************", se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Precisamente, la parte quejosa en su demanda reclamó a las autoridades responsables la omisión de realizar el estudio de "resonancia magnética de cráneo contraste", el cual no le fue brindado por parte de la respectiva autoridad responsable. Ahora, para demostrar la cesación de esa omisión en los términos en que fue reclamada, debemos partir de que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, se incorporó el derecho humano a la protección de la salud en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el cual, en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 4º.- (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. (.)" Así, la protección a la salud es una obligación por parte del Estado que debe atenderse no en sentido abstracto, sino individualmente y que se cumple contando con sistemas de salud a disposición de las personas y que se individualiza siempre que exista una necesidad y, ante ella, una solicitud por parte del gobernado. Ello es así, porque sobre el derecho a la protección de la salud, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la protección en comento se trata de un derecho fundamental reconocido por la Carta Magna, el cual, en lo individual, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general, integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad física-psicológica. Lo anterior está contenido en la tesis 1a. CCLXVII/2016 (10a.), con registro 2013137, publicada el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que legítimamente puede perseguir el Estado, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras". Nótese que, en relación con la protección a la salud, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la conceptualizó como la obtención de un determinado bienestar, lo cual, al tratarse de obtener algo, por definición, requiere de presupuestos lógicos que tengan por objeto la búsqueda de ese satisfactor, como puede ser la necesidad que de ello se tenga. Con base en lo anterior, la protección a la salud como disponibilidad de los servicios médicos debe tener un sustento racional, pues atendiendo a la abstracción del significado de esos conceptos por los que se patentiza el derecho a la salud, se requiere acotar los supuestos en los cuales debe responder la autoridad a fin de garantizarlos en cada caso en concreto. En este sentido, cuando se sostenga que existe una omisión por parte del Estado -autoridades de la salud- de proporcionar protección de la salud, ese tipo de omisiones no debe entenderse en términos materiales, esto es, sólo desde la perspectiva de que la autoridad no haga algo abstracto, sino que la existencia debe ser jurídica, en la medida en que la obligación de actuar garantizando disponibilidad y acceso de atención médica surge por parte de la autoridad cuando exista la necesidad de la persona de recibirla. En ese contexto, en el caso, como ya se expuso, la parte quejosa en su demanda reclamó, en específico, la omisión de realizar el estudio de "********************"; la necesidad de dicho estudio la demostró con las constancias exhibidas en el escrito de demanda, documentales que, además, fueron corroboradas con el informe justificado rendido por el [1] Director del Hospital General Regional con Medicina Familiar número 1 de Cuernavaca, Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de las que se advierte que exhibió la nota médica de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, en la cual se valoró el estudio clínico referido para dar continuación en el seguimiento y tratamiento del aquí quejoso, por lo que, el médico tratante indicó lo siguiente: "[.] COMENTARIO. (sic)." De lo anterior se desprende que a la parte quejosa se le realizó el estudio requerido, y se brindó atención médica acorde a su condición clínica, cuya omisión reclamaba en el presente juicio de amparo, por lo que con tal proceder, cesaron los efectos del acto reclamado. Ello, ya que el quejoso recibió la atención médica requerida para su padecimiento indicado en su escrito inicial de demanda [realización del estudio respectivo], sin que al momento de esa valoración el solicitante del amparo se inconformara con el tratamiento médico decidido por la autoridad respectiva, ni manifestara una sintomatología diversa a la que se le atendió, que hiciera necesaria una intervención urgente adicional; aunado a que el médico tratante no sugirió una valoración o tratamientos distintos a la intervención médica que se decidió proporcionar [aunado a que determinó que el plan de tratamiento estaría pendiente, acorde a evolución clínica]; por lo que en tales términos, ya le fue otorgada la valoración que requería conforme al padecimiento que presentó, cuya omisión era la materia del reclamo en el presente juicio. Además, con posterioridad al otorgamiento de dicha atención médica no está acreditada una diversa necesidad del amparista para inferir que esa atención no era la adecuada y que era necesaria una diversa, puesto que no existe prueba en autos que contradiga lo idóneo de las valoraciones médicas que se le realizaron, ni lo adecuado del tratamiento médico que le fue proporcionado, o la calidad del personal médico que lo realizó, máxime que la parte quejosa no se inconformó en su contra en el presente juicio de amparo. Cabe precisar que esta juzgadora se encuentra imposibilitada para sustituirse a la valoración médica que realizó en este caso la respectiva persona especialista tratante que atiende sus padecimientos, pues sólo puede ser aquella la que determine qué tratamiento médico y hospitalario específico es el que se requiere para atender los padecimientos que presentaba la persona solicitante del amparo; resultando ilustrativa al respecto por su contenido la jurisprudencia 2a./J. 40/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 202223, del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE PARA QUE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE, DE INMEDIATO, ANALICE Y CERTIFIQUE EL MEJOR MEDICAMENTO PARA EL PADECIMIENTO DEL QUEJOSO, EN COMPARACIÓN CON LOS MEDICAMENTOS PREVISTOS EN EL CUADRO BÁSICO O COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron recursos de queja en los que se impugnaron los efectos de la suspensión provisional concedida por los Jueces de Distrito, ante demandas de amparo, en las que un derechohabiente o beneficiario de instituciones de seguridad social solicitó que se le suministrara gratuitamente un medicamento, que fue prescrito por un médico ajeno a esos organismos, y que además no se encontraba incluido en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud regulado en los artículos 28 y 29 de la Ley General de Salud. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el Juez de Distrito debe conceder la suspensión provisional para el efecto de que los médicos de la Institución responsable, de inmediato, revisen la solicitud del promovente y certifiquen si el medicamento es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del quejoso, comparado con otras alternativas que sí están incluidas en el Cuadro Básico o Compendio Nacional de Insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales, y si la conclusión de ese análisis es que el medicamento solicitado es el mejor tratamiento para el paciente-quejoso, la Institución debe otorgarlo de inmediato, y para ello debe realizar los trámites correspondientes; de no ser así, comunicará su dictamen al paciente para que éste decida, de manera informada, sobre su tratamiento, en el entendido que de subsistir la controversia, ésta sólo podrá decidirse en la resolución sobre la suspensión definitiva o el fondo del amparo, según sea el caso. Lo anterior, con la condición de que esté demostrado que el medicamento cuenta con el registro sanitario que exige el artículo 222 de la Ley General de Salud, que compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sea porque se acreditó con los documentos anexos a la demanda, porque el secretario certificó esa información en los sitios oficiales correspondientes, o en su defecto, y para el caso de no existir información confiable al respecto, se ordenará que la verificación sea realizada por los médicos de la Institución responsable en cumplimiento de la suspensión. Justificación: Lo anterior, porque conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 147 de la Ley de Amparo, aplicable en lo conducente a la suspensión provisional conforme al artículo 157 de esa ley reglamentaria, es posible ordenar el restablecimiento del derecho o garantía afectado por el acto reclamado. Tomando en cuenta la urgencia de la medida y que el quejoso tiene derecho a recibir los medicamentos de calidad que sean necesarios para su padecimiento, como parte de la atención médica integral que se encuentra obligada a otorgar la Institución de seguridad social, como efecto de la suspensión provisional el Juez de Distrito debe ordenar las medidas que se especifican en esta decisión, las cuales tienden a verificar la existencia del registro sanitario exigido por la ley, así como la evaluación previa y confiable de los médicos de la Institución responsable, ya que sin esos elementos determinantes el Juez de Distrito no puede sustituirse en la valoración médica y ordenar directamente en la suspensión provisional el suministro o aplicación del medicamento en cuestión. Por tanto, con ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto al acto atribuido a las autoridades responsables, consistente en la omisión de realizar el estudio de "********************", para tratar la condición clínica que presentaba al momento de la presentación de la demanda de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *************** contra el acto reclamado a las autoridades responsables respectivas, por las razones precisadas en el punto considerativo IV de esta resolución. Notifíquese, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Marco Antonio García Cortez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
...Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que por acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes con el informe rendido por la autoridad responsable, por lo que entre la fecha de notificación de ese acuerdo a la parte quejosa y el día de hoy -señalado para la audiencia constitucional- no media un plazo de al menos ocho días. En consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional para LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. ...Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el INFORME JUSTIFICADO rendido por el Jefe de la División de Asuntos Jurídicos y Jefe de Oficina de lo Consultivo, ambos de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades "Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez" del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México; con su contenido, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Ahora, en relación a que la solicitud de que se reformule oficio a UMAE -Hospital de Oncología-, para el debido cumplimiento del mandamiento judicial en atención a la regionalización para la atención medica de tercer nivel, como autoridad vinculada al cumplimiento; una vez que se dicte la sentencia correspondiente, en su caso, se tomará en consideración la vinculación de la autoridad que refiere. Por otro lado, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el segundo de los oficios suscrito por el Jefe de la División de Asuntos Jurídicos y Jefe de Oficina de lo Consultivo, ambos de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades "Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez" del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual remiten copia certificada de las constancias que justifican el acto reclamado en el presente juicio de amparo; visto su contenido, se tiene a las autoridades oficiantes, dando cumplimiento con el requerimiento formulado en proveído de diecinueve de septiembre del presente año; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta y anexo que remite, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Ahora, en relación a las manifestaciones que vierte la autoridad informante, en el sentido de que los datos personales proporcionados contenidos en el informe de cuenta y anexos, están protegidos, dígase que en cumplimiento a lo ordenado en al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha seis de febrero de dos mil catorce, que en términos de los artículos 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 6 y 8 de su Reglamento, las resoluciones y sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, deberán hacerse públicas. Por tanto, la publicación regular de las listas de los asuntos ventilados ante los órganos jurisdiccionales, en las que se indica el nombre o denominación de las partes, y que tiene como objeto dar a conocer a los interesados que en el expediente de que se trata se emitió una resolución, no implica la divulgación de información confidencial ni precisa, por ende, de la anuencia de aquéllas, porque no involucra aspectos relacionados con su vida privada, ni datos personales que ameriten un manejo diferenciado al general. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. ...Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que no obra el informe justificado solicitado a la autoridad responsable Director del Hospital de Especialidades del Centro Médico del Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México; no obstante de encontrarse debidamente notificado desde el veintiuno de agosto del presente año, del oficio por el que se le requirió dicho informe, tal y como se desprende del acuse de recibo del rastreo realizado a la guía número 1477839941, en la página oficial de la empresa "Estafeta". En mérito de lo que antecede, como se ordenó en proveído de dieciocho de agosto del presente año, mediante oficio que al efecto se genere, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director del Hospital de Especialidades del Centro Médico del Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita a este Juzgado Federal, copia debidamente certificada de las constancias que dieron origen al acto reclamado, toda vez que las mismas resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tenga para ello, se le hará efectiva la multa con que fue conminada en auto admisorio, es decir, se le impondrá una multa de cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 260, fracción II de la Ley de la Materia. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional para LAS ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, para su celebración. Notifíquese.
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