Eduardo Perez Olvera

Expediente 861/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
861/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/08/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Perez Olvera

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de agosto de dos mil veintitrés. ...Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el veinte de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, se declara firme dicho proveído, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido asunto totalmente concluido. ...Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veinte de julio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veinte de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que el término de cinco días concedido a la parte quejosa, a fin de que subsanara la prevención que se le hizo mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, transcurrió del treinta de junio al seis de julio de dos mil veintitrés; sin que dentro del plazo concedido cumpliera con lo ordenado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto y por tanto, se tiene como única autoridad responsable a la señalada en el escrito inicial de demanda y como acto reclamado el que indica en la misma. Desechamiento. De conformidad con en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia, contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo por falta de integración de la relación jurídica procesal, en tanto que la parte quejosa omitió señalar como autoridad responsable a los Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, quienes tienen intervención en el acto reclamado. Precisamente, de la integridad del escrito de demanda del quejoso, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la omisión de turnar a alguna de las Salas del del Tribunal Superior de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, el escrito de demanda que presentó. Lo anterior puesto que de sus antecedentes, y conforme a sus conceptos de violación, se tiene que únicamente señala que su demanda fue recibida el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, por los "Magistrados Titulares de Sala en turno, del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos en el Estado de Morelos", sin que precise que la misma ya se hubiese turnado a alguna sala en específico -pues incluso aun cuando se le previno para que indicara que acto en concreto le atribuía a la sala que señaló como responsable, no precisó alguno de forma particular, de donde se colige que su reclamó quedó planteado como en su demanda inicial, conforme al apercibimiento que se le hizo efectivo, y que por ello su acto reclamado sea considerado como el genérico (omisión de turnar) en mención-. De allí que atendiendo al acto reclamado tal como fue planteado, y el estado procesal que el quejoso mencionó bajo protesta de decir verdad del asunto, la omisión de turnar su escrito es la que reclama, al ser esta la que actualmente causa sus efectos de forma particular sobre el quejoso, y la cual debe ser delimitada conforme a la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 2005150, que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Lo expuesto, máxime que no puede analizarse como acto reclamado la omisión en que podría incurrir el secretario de acuerdos de la sala respectiva una vez que recibe la demanda que le fue turnada -lo cual no fue precisado ni reclamado por el quejoso-, pues en todo caso, de tenerse el mismo como acto reclamado, se actualizaría la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en su contra procedería el recurso de queja previsto en el artículo 99 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En esos términos, debe de tenerse en cuenta que conforme al artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dicho tribunal cuenta con cinco salas de instrucción y dos especializadas, cada una de las cuales tiene un magistrado titular. Luego, es que al ser el acto reclamado la omisión de turnar el escrito del quejoso a una de las salas aludidas, es que este juzgado por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, lo previno a fin de que señalara como autoridades responsables a los magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos aludido, al advertir que los mismos tienen intervención en el acto reclamado, pues tal omisión implica que el escrito de demanda tiene que ser turnado a la sala de uno de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de allí que los mismos tienen injerencia en dicha cuestión, pues para analizar la mencionada omisión se tendría que definir a la sala -de las siete- que le corresponde el conocimiento del asunto, de allí que no podría revisarse ese acto de forma aislada sólo respecto de uno de dichos magistrados en lo particular, pues existe imposibilidad para determinar a priori a quien le corresponde el conocimiento del asunto, y por ello su turno, lo cual, eventualmente, en caso de ser procedente, constituye parte del fondo del asunto, o del cumplimiento que se le dé al fallo protector que pueda emitirse eventualmente. Sin embargo, a pesar de la prevención aludida, el quejoso no realizó manifestación alguna con relación al requerimiento que le fue efectuado -como se advierte de la certificación que contiene el presente acuerdo-, no obstante que, el auto indicado en el párrafo que antecede le fue notificado por lista el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, previo aviso de notificación que se le dejó en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, en el que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, la Fedataria adscrita a este Juzgado de Distrito le requirió para que dentro de los dos días hábiles siguientes, acudiera a este órgano jurisdiccional a notificarse, por lo que, al transcurrir el término indicado sin que la parte quejosa lo hiciera, el Actuario en cuestión procedió a notificarle por lista y en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Po lo que ante el incumplimiento de mérito, en párrafos precedentes, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se determinó tenerse como única autoridad responsable a la señalada en el escrito inicial de demanda, esto es al Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos. En consecuencia, si la quejosa no señaló como autoridades responsables a aquellas que tuvieron intervención respecto de la omisión que reclama, a pesar de que fue prevenido para tal efecto, se tiene que ello produce que se actualice la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en su interpretación en sentido contrario, ante la falta de señalamiento de las personas morales oficiales que les asiste el carácter de autoridades responsables, tal como apoya la tesis 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 194684 de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Consideraciones que resultan obligatorias para este juzgado, al haber sido aprobado dicho precedente por unanimidad, conforme al artículo 223 de la Ley de Amparo. Ello además, porque en este caso en específico, atendiendo a la naturaleza de la omisión reclamada, y al contexto particular, sí existe la certeza de las autoridades que les asiste el carácter de responsables, pues por disposición legal, atendiendo al artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, son las siete salas de dicho tribunal, las que tienen injerencia en dicha omisión. Aunado a que este juzgado se encuentra impedido para estudiar la constitucionalidad de dicha omisión, en tanto que de hacerlo de esa forma sin tener como autoridades responsables a aquellas que tienen intervención en la misma, se les dejaría en estado de indefensión, al no permitírseles pronunciarse respecto a la constitucionalidad del acto, puesto que para ello pueden aducir cuestiones para justificar la omisión en cuestión, o plantear que la demanda conforme a las disposiciones aplicables, no les corresponde su turno a una sala en particular, o bien que ya fue turnada a diversa autoridad, entre otras cuestiones. De allí que no pueda analizarse dicha omisión de forma exclusiva respecto de la magistrada de una de las salas aludidas, pues al no tener la certeza de a cuál de ellas deberá turnarse la demanda -lo que eventualmente constituiría parte del fondo del asunto-, es que no podría analizarse tal actuación, por lo que al no poder revisar los actos de las demás autoridades que tienen intervención en esa omisión genérica, es que este juzgado está imposibilitado para definir o determinar que la demanda le sea turnada a una autoridad que no fue parte en el presente juicio de amparo, y por ello es que resulta improcedente la demanda en cuestión, tal como apoya al respecto la jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Tomo II, Octubre de 1995, página 468, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que la parte quejosa no señaló como autoridad responsable a aquellas que tienen intervención en la omisión que reclama, a pesar de que ya fue prevenido para ello, y que por ello precluyó la posibilidad de regularizar su demanda en el presente juicio de amparo, es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causal de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda y los autos del presente juicio, se aprecia la improcedencia de análisis. Lo que además no lo deja en estado de indefensión, pues lo que aquí se sostiene es que el presente juicio de amparo no resulta procedente al no haber señalado como autoridades responsables a aquellas que tuvieron intervención, lo que no impide la presentación de una nueva demanda de amparo en donde se subsane tal cuestión -en la que se señalen como responsables a las autoridades responsables que tuvieron intervención-, a fin de que sea revisada de nueva cuenta, a fin de acordar lo que en derecho proceda. Cabe señalar que lo anterior aunado a que, en todo caso, también se advierte que a la fecha se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Lo anterior pues si bien la existencia de los actos debe analizarse con relación a la fecha de en que se presentó la demanda de amparo conforme a la jurisprudencia 1a./J. 36/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 19607, de rubro "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", lo que también acontece tratándose de actos omisivos, como evidenció la Segunda Sala de nuestro mismo máximo tribunal, en la jurisprudencia 2a./J. 63/2022 (11a.), con registro 2025625, de rubro "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO." Y en el caso a la fecha de la presentación de la demanda conforme a lo manifestado bajo protesta de decir verdad, y el apercibimiento que se le hizo efectivo al no cumplir su prevención, su demanda no había sido turnada a algún magistrado del tribunal de referencia, no obstante, actualmente la misma ya se encuentra turnada, e incluso se proveyó sobre ella, como se advierte del portal web oficial del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el apartado de las listas de acuerdos de la Tercera Sala de dicho tribunal, de la que se desprende que los días veintiuno de junio, cuatro de julio y diez de julio, todos de dos mil veintitrés, se emitieron acuerdos respecto del juicio promovido por el aquí quejoso, en contra de la autoridad que demandó. Lo que constituye un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme al numeral 2º de esta última, tal como robustece la jurisprudencia XX.2º.J/24, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con registro 168124, aplicable la aludida jurisprudencia de rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo antes aludida SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ********************Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo. Captura completa del expediente en el sistema electrónico del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintiuno de junio del dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la demanda de amparo promovida por Eduardo Pérez Olvera, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; se provee como sigue. Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020 Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación1, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Prevención. Antes de proveer sobre la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción III así como 114 fracciones I y II, de la Ley de la Materia, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo según lo previsto por la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes: 1 Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación - Consejo de la Judicatura Federal (pjf.gob.mx) Deberá precisar específicamente, que acto le reclama al Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, que señala como responsable, puesto que en el apartado de acto reclamado señala lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la ordenadora reclamo: A) LA DENEGACION DE JUSTICIA CONSISTENTE EN LA OMISION DE PUBLICAR EL AUTO DE ADMISION DE LA DEMANDA Y RADICAR LA DEMANDA DE FECHA VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE SE PRESENTÓ ANTE LOS MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, QUE ORDENA LA NULIDAD DE LA ILEGALIDAD DE LA BOLETA DE INFRACCIÒN promovido por la ahora quejoso (sic) en contra del OFICIAL DE POLICIA VIAL CON CLAVE DE IDENTIFICACIÓN 14134 MARTINEZ OCAMPO, DE LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN Y AUXILIO CIUDADANO DE CUERNAVACA DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICIA VIAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA." De lo anterior, se advierte que la autoridad que tiene participación en el acto reclamado son los Magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, sin embargo al señalar la autoridad responsable, destaca como tal al Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por lo tanto, como se adelantó deberá precisar específicamente, que acto le reclama al Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos o en su caso si es su deseo señalar como autoridad responsable a los Magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos. Se apercibe a la parte quejosa de que en caso de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo indicado, únicamente se tendrá como autoridad responsable a la señalada en el apartado correspondiente y como acto reclamado el que indica en su demandada de amparo. Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el ubicado el que indica y por autorizados para los mismos efectos a las personas que propone y en términos del amplios artículo 12 de la Ley de Amparo a Rubén Gutiérrez Hernández, no así al otro profesionista que designa, en razón que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; por tanto, se le tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos del presente juicio. Autorización de copias. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del citado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del aludido Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Captura completa del expediente en el sistema electrónico del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

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