Eduardo Pineda Bermudez
Expediente 1978/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1978/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Eduardo Pineda Bermudez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en el que tuvo por desechada la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo intentada; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil dieciocho; quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio suscrito por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1989/2018-9, toda vez que dicho Juzgado no aceptó el conocimiento del asunto, por los motivos que refiere. Acúsese recibo de estilo y hágase del conocimiento del juzgado oficiante que Juzgado de Distrito, no insiste en declinar competencia. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Congreso del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. 1).- Registro de demanda. Regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado bajo el número que le corresponda y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, dado que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contra actos que no provengan de autoridades, prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo 1 y fracción II del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior porque la autoridad Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, al emitir el acto señalado como primer acto de aplicación de la norma general reclamada, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el acto que se le atribuye versa sobre la omisión de pagar la parte proporcional de aguinaldo, lo que tiene su origen en una relación jurídica de esa institución como patrón con sus trabajadores en la que ambos actúan en un mismo plano de igualdad, respecto de prestaciones de seguridad social, en la que entre ambas partes existe una relación de coordinación y, por ende, los conflictos que entre ambas partes se susciten deben resolverse por los tribunales laborales establecidos para ello, concretamente a través del juicio laboral burocrático previsto en el artículo 114, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y dicha improcedencia necesariamente debe hacerse extensiva en cuanto a la norma general reclamada. Véase. Acorde al fundamento señalado, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino sólo aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad que suponga el ejercicio de facultades sustentados en el orden público e interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación; pero también los entes de la administración pública pueden actuar como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios, conocidos comúnmente como relaciones de coordinación que son entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, y para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales. En el caso, el acto de aplicación de las normas generales reclamadas -artículos 2 y 42 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos- consiste en el convenio celebrado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el que excluyó el concepto del aguinaldo, es decir, el pago proporcional. Así, el acto de aplicación de las normas generales reclamadas versa sobre la negativa de otorgamiento al quejoso de una prestación laboral como lo es la exclusión de la parte proporcional de aguinaldo por parte de su patrón el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, por lo que dada su naturaleza deja en evidencia que entre el quejoso que se ostenta como trabajador y el ente patronal aquí señalado, existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación, de modo que el juicio de amparo en improcedente contra el acto de aplicación de la norma general reclamada en cita. En efecto, al negar el pago de la parte proporcional de aguinaldo, el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, actuó como patrón respecto de una prestación de seguridad social, por lo que dicha relación es de coordinación y no de supra a subordinación, es decir, el Estado-patrón, no actúa frente el trabajador burócrata como autoridad sino como particular. Y tal relación de índole laboral tiene su fundamento en el artículo 114, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de acuerdo al cual, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores. En apoyo a lo anterior, es orientador el criterio contenido en la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con registro 2014236 y rubro y texto siguientes: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado". Sin que obste que se haya reclamado la Ley del Servicio Civil, pues dicha circunstancia no da lugar a que las autoridades señaladas como responsables la emisora del primer acto de aplicación de las normas generales reclamadas les asista ese carácter o dejen de tener el de patrón. En apoyo a lo anterior se cita la tesis I.13o.T.207 L (10a.), del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con registro 2018679 y rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA CUANDO SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A ENTES QUE EN REALIDAD TIENEN EL CARÁCTER DE PATRÓN, AUNQUE SE PLANTEE LA INCONSTITUCIONALIDAD O APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO). Uno de los requisitos indispensables para la procedencia del juicio de amparo es que se señalen a entes o funcionarios de los organismos públicos que actúen con las características de unilateralidad y coercitividad, de manera que si en el amparo indirecto se especifican a ciertos funcionarios como autoridades responsables, pero se deduce que en realidad tienen el carácter de patrón, es decir, que están vinculados con el quejoso por una relación de trabajo, el juicio de amparo indirecto es improcedente, y no es impedimento para considerarlo así, el hecho de que se reclame la inconstitucionalidad o aplicación de los Lineamientos de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en atención a que son dos situaciones íntimamente relacionadas (autoridad responsable y acto reclamado), por lo que, al no ser autoridades para los efectos del juicio de amparo, no se actualiza el supuesto de admisión de la demanda, aun cuando se precise que se reclama la inconstitucionalidad de una ley u ordenamiento jurídico". Y dicha causal de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiarían el hecho de que en el caso las autoridades señaladas como las que emitieron el primer acto de aplicación de las normas generales reclamadas no tienen ese carácter; de ahí que resulte innecesario substanciarse el juicio para actualizar la referida causa de improcedencia. Y, para arribar a esta conclusión, no se requieren sesudas reflexiones ni un estudio interpretativo de las normas que lo prevén, sino tan sólo la aplicación directa de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que expresamente establece que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un municipio y sus trabajadores. Ahora bien, como se actualiza la causal de improcedencia en estudio respecto del acto de aplicación de las normas generales reclamadas, dicha improcedencia se hace extensiva en cuanto a la Ley del Servicio Civil que se reclama, dado que al ser improcedente el juicio de amparo en cuanto a su acto de aplicación en los términos antes referidos, dicha improcedencia debe hacerse extensiva en cuanto a la norma general en la que se apoya. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 191311 y rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". 3).- Autorización de copias En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos 4).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 5).- De las sanciones Por otro lado, se hace saber al promovente que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que debe observar en el juicio de amparo, el artículo 261 de la Ley de Amparo tipifica como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y es del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Por último, glósese a los presentes autos el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de tres de diciembre de dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Por recibido el oficio signado por el Director General de Recurso Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Morelos, por medio del cual informa acerca del cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. En atención a lo anterior, dese vista a la parte quejosa... Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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