Eduardo Mendoza Cerda

Expediente 580/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
580/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Mendoza Cerda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el veinte de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a ********************contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Así, en auto de siete de julio de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Por oficio presentado el doce de julio de dos mil veintidós, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, allegó las constancias para acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "Para el caso de que a la fecha de que cause ejecutoria la presente resolución, no haya emitido el laudo correspondiente, deberá de emitir por escrito dicha resolución dentro del juicio laboral ********************." - Con fecha treinta de junio de dos mil veintidós, se dictó el laudo dentro del juicio laboral número ********************. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintidós. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del laudo de treinta de junio de este año, emitido en el juicio laboral número 761/2015. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de veinte de junio de dos mil veintiuno, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Edaurdo Mendoza Cerda. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO. Se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remitan copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia en vigor. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es la siguiente: "Para el caso de que a la fecha de que cause ejecutoria la presente resolución, no haya emitido el laudo correspondiente, deberá de emitir por escrito dicha resolución dentro del juicio laboral 761/2015.". RESPECTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO Tomando en consideración que las Juntas y Tribunales Laborales son organismos jurisdiccionales con competencia definida para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, y por ello las determinaciones de su titular gozan de plena autonomía e independencia; de modo que, en la especie no es factible requerir a una autoridad diversa en términos artículo 194, de la Ley de Amparo, pues dada su envestidura no tiene superior jerárquico que tenga poder o mando que pueda obligarla a actuar o dejar de actuar en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en este controvertido constitucional. Cobra aplicación sobre el particular, la jurisprudencia 2a./J.36/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto que sigue. "Época: Décima Época Registro: 2000099 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.) Página: 3515 JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. . De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 580/2022, promovido por Eduardo Mendoza Cerda, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno ese mismo día, Eduardo Mendoza Cerda, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra la autoridad responsable y por el acto que a continuación se trascribe: ". IV.- ACTO RECLAMADO.-La OMISIÓN de la Responsable TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, de emitir LAUDO, con lo que se actualiza la violación a mis derechos Fundamentales de ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA y el ACCESP A LA JUSTICIA...". SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose la misma con el número de expediente 580/2022; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La omisión de la responsable de emitir el laudo dentro del juicio laboral 761/2015. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia de la omisión que se le reclama. En esos términos, en razón de que la responsable aceptó la omisión que se le reclama, lo procedente es considerar ciertos los datos asentados por la parte quejosa en su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, dicha existencia de la omisión reclamada se corrobora con la constancia que la autoridad responsable exhibió entre otras, en apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada de diversas actuaciones en el expediente laboral número 761/2015, del índice de la responsable. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de la que se desprende la existencia de la omisión reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. Por lo que respecta al acto que por esta vía se reclama, debe decirse, que no hay término para la presentación de la demanda de amparo, pues se trata de un acto de abstención por parte de la autoridad responsable, el cual puede reclamarse en cualquier tiempo, además, el término razonable de que habla el precepto Constitucional no está definido en forma precisa, por lo que, no puede tomarse como base ningún día para iniciar el término para computar la oportunidad de la demanda, ni puede obligarse a nadie, tratándose de abstenciones, a que promueva el amparo antes de que estime que hacerlo conviene a su derecho; por tanto, la demanda se encuentra presentada en tiempo, sin encontrarse sujeta al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis del texto literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 178476 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005 Materia(s): Común Tesis: III.5o.C.21 K Página: 1451 DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia.". QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto las partes no hicieron valer causas de improcedencia, y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, por lo que procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Es fundado el único concepto de violación expuesto por la parte quejosa. En esencia, el requirente de protección de garantías alude que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, ha omitido dictar el laudo respectivo, vulnera en su perjuicio la pronta y expedita impartición de justicia, prerrogativa consagrada en el artículo 17 Constitucional, la cual impone a los tribunales a impartir justicia en los términos establecidos en las leyes que rige el acto. No obstante, que de las constancias que la responsable remitió con su informe justiciado, se aprecia que en el juicio natural desde el tres de marzo de dos mil veintiuno, se pronunció decretando el cierre de instrucción y ordenando poner a la vista los autos para el dictado del laudo, sin que se hubiese emitido al menos no hasta la fecha en que se rindió el informe con justificación, por lo que desde su perspectiva, no se le imparte justicia en los lapsos de tiempo establecidos en la Ley Federal del Trabajo, toda vez que no se ha dictado el laudo correspondiente en dicho juicio laboral Al respecto asiste razón al demandante de amparo al referir que se viola en su perjuicio el derecho consagrado en artículo 17 Constitucional. Ello es así, porque el justiciable goza de los derechos fundamentales que otorga a su favor la Constitución Federal, entre los que destaca la impartición de justicia pronta. Efectivamente, el tribunal responsable como órgano de administración de justicia en el ramo del derecho del trabajo, está compelido por disposición constitucional a tramitar las controversias que son de su conocimiento, dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo o en las legislaciones aplicables de manera supletoria, a efecto de que pronuncie el laudo con que dirima la litis en la temporalidad que para tal efecto previene el citado ordenamiento legal. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" De la interpretación literal de la invocada disposición primaria permite advertir una obligación dirigida a los órganos de impartición de justicia (como en el caso acontece con el tribunal responsable), que de suyo los constriñe a resolver las controversias sujetas a su potestad dentro de los lapsos de tiempo establecidos en los ordenamientos legales que regulan su función, con el objeto de que emitan sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Como se anticipó, tales argumentos resultan fundados, toda vez que de la constancia aportada por la responsable se conoce que la parte aquí quejosa demandó ante la responsable al Ayuntamiento de Zamora, Michoacán y otras, dependientes de ese ayuntamiento, radicándose el juicio laboral 761/2015, que tramitado en sus etapas, por acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno, se pronunció decretando el cierre de instrucción y ordenando poner a la vista los autos para el dictado del laudo, sin que se hubiese emitido hasta antes de que la responsable rindiera su informe justificado esto es, hasta el dieciséis de junio del año en curso. Luego, como ya se mencionó los actos que por esta vía reclama el quejoso consisten en la omisión de dictar el laudo respectivo en el expediente laboral 761/2015, del índice de la responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Como se señaló, la parte quejosa en su demanda de amparo se duele de la dilación en que incurre la junta responsable al no emitir el laudo respectivo, puesto que ha transcurrido con exceso el término de diez días a que hace referencia el artículo 885, segundo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, considerando que tal proceder es atentatorio de su derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Federal. Tal argumento como se anunció, es fundado y suficiente para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, como se verá a continuación: El artículo 17 de la Constitución Federal, dice lo siguiente: "...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial..." El precepto constitucional citado establece en favor de los gobernados la garantía individual de acceso a la jurisdicción, mediante la cual el Estado se hace cargo de la función jurisdiccional, que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de dicha garantía, son la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza para acceder a la jurisdicción, "en los plazos y términos que fijen las leyes"; de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. En atención a la pretensión planteada por el promovente del amparo, resulta necesario determinar el contenido de la calidad de la garantía individual de acceso a la jurisdicción, relativa a la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", para lo cual debe precisarse el significado de dicha expresión, empleada en la redacción del artículo 17 constitucional. De las discusiones que las Cámaras del Congreso de la Unión han hecho a lo largo de la institución del artículo 17 y las reformas que ha sufrido, se desprende que el propósito del Constituyente Permanente, al incluir en el texto constitucional la expresión "en los plazos y términos que fijen las leyes", fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos, conforme a las cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo, al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. La interpretación directa del artículo 17 constitucional, en relación con el tema a examen, tiene apoyo en la doctrina jurisprudencial, pues el Tribunal en Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su integración durante la Quinta Época, sostuvieron las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 604, Tomo XXII, y 1013, Tomo XLVIII, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 280219 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXII Materia(s): Común Tesis: Página: 605 ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. Este precepto manda que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley, y no se refiere a las violaciones que puedan cometer los tribunales, al administrar justicia.". "Época: Quinta Época Registro: 358559 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLVIII Materia(s): Común Tesis: Página: 1014 ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EXPEDICION DE LA. El artículo 17 de la Constitución Federal, al elevar a la categoría de garantía individual la expedita administración de justicia, limitó esa garantía a los términos y plazos que fijen las leyes correspondientes; lo que quiere decir que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de la República, han de fijarse las normas que regulan las actividades de las partes y de los Jueces, para obtener la intervención de éstos, para que decidan sobre las cuestiones surgidas entre particulares; por lo que desde este punto de vista la mayor o menor amplitud de acción en el tiempo, concedida a los litigantes, no debe considerarse sino como una forma procesal más o menos técnica o jurídica, pero nunca contraria a la disposición constitucional citada.". En conclusión, el artículo 17 constitucional, tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas respectivas. Precisado lo anterior, conviene señalar el contenido de los artículos 685, 686, 750, 771, 871, 872 y 873, de la vigente Ley Federal del Trabajo de aplicación. "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley." "Artículo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. Las Juntas ordenarán que se corrija irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente Ley.". "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario.." "Artículo 871. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, ante la Oficialía de Partes o la Unidad Receptora de la Junta competente, la cual lo turnará al Pleno o a la Junta Especial que corresponda, el mismo día antes de que concluyan las labores de la Junta." "Artículo 872. La demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias de la misma, como demandado haya. El actor en su escrito inicial de demanda expresará los hechos en que funde sus peticiones, pudiendo acompañar las pruebas que considere pertinentes, para demostrar sus pretensiones." "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." Del contenido de los artículos trascritos, se colige que el trámite del derecho laboral es inmediato, teniendo la autoridad la obligación de lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, en modo tal que se cumpla con el imperativo de dar celeridad a los juicios, ya que en su defecto se alargarían indefinidamente. Asimismo, que el procedimiento laboral inicia con la presentación del escrito de demanda, la cual se turna al Pleno o a la Junta que corresponda el mismo día, antes de que concluyan las labores, y dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento de su recepción, se dictará el acuerdo en el que se señale hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda; acuerdo que debe notificarse personalmente a las partes con diez días de anticipación a la audiencia, cuando menos. Lo anterior, particularmente, para que el demandado prepare sus defensas y pruebas. Una vez concluido el periodo de pruebas, formulados los alegatos de las partes y desahogadas las pruebas pendientes, el auxiliar, de oficio declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de la ley en cita. Sin embargo, en el caso a estudio, la junta responsable, desde el tres de marzo de dos mil veintiuno, se pronunció decretando el cierre de instrucción y ordenando poner a la vista los autos para el dictado del laudo; sin embargo, hasta antes de rendir su informe justificado (dieciséis de junio del año en curso), la responsable no dictó dicho laudo no obstante que haber transcurrido más un año y tres meses desde que decretó el cierre de instrucción en el juicio de origen. De ahí que el tribunal responsable pasó por alto el contenido del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, dado que ha sido omisa en formular por escrito el proyecto de laudo dentro de los diez días siguientes a que se refiere la ley, lo que evidencia su actuar de manera contraria a los términos previstos por la ley, generando una violación en perjuicio del gobernado. Así, es claro que la actuación de la responsable violenta derechos humanos de las quejosas, específicamente, el derecho humano a una tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 constitucional, el cual entre otros aspectos, como ya se dijo, conlleva la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales, a ministrar justicia en los plazos establecidos en la ley según se expuso previamente, circunstancia que como se acaba de demostrar no aconteció en el caso a estudio. Consecuentemente lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado a la parte quejosa. Ahora, a fin de establecer cuáles son los efectos para los que se habrá de conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, es necesario precisar lo siguiente: El artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional, tratándose de actos de carácter negativo, produce el doble efecto de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Por lo tanto, si el artículo 17 constitucional, en la parte que interesa, permite al gobernado acceder a la impartición de justicia expedita en los plazos y términos que fijen las leyes y la autoridad omite cumplir ese deber, debe otorgarse el amparo para que respete y cumpla lo que exige dicho precepto constitucional. Sin embargo, los alcances de dicha protección federal deben limitarse a la etapa procesal específica donde ocurrió la violación, pues así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número CV/2013 (10ª.) de rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2005150 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Página: 732 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". De ahí, que si se tiene en cuenta que la parte quejosa compareció a reclamar en la presente instancia constitucional, substancialmente, la omisión de la junta laboral responsable de dictar el laudo correspondiente, considerando la etapa procesal en que se encuentra el controvertido de origen, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Eduardo Mendoza Cerda, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para el efecto de que dicha autoridad, en el ámbito de su competencia, realice lo siguiente: "Para el caso de que a la fecha de que cause ejecutoria la presente resolución, no haya emitido el laudo correspondiente, deberá de emitir por escrito dicha resolución dentro del juicio laboral 761/2015.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción II de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Eduardo Mendoza Cerda, respecto de la omisión reprochada al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones y para los efectos precisados en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Rcl

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