Eduardo Manuel Escobedo Villalón

Expediente 304/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
304/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Manuel Escobedo Villalón

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 304/2020, promovido por Eduardo Manuel Escobedo Villalón contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Morelia y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. En escrito presentado vía electrónica el veinte de mayo de dos mil veinte, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, Eduardo Manuel Escobedo Villalón por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra el Ayuntamiento Constitucional de Morelia y otras autoridades. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los reconocidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante auto de veinte de mayo de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo respecto de los actos reclamados y por la autoridad señalada como responsable, registrándose la misma como expediente 304/2020; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos omisivos de tracto sucesivo. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de emitir las autoridades responsables un acuerdo recaído a la petición recibida los días seis y ocho de mayo del año en curso, en esencia, que se le brinde tranquilidad y seguridad en la tenencia de Capula, así como la negativa a proporcionarle el servicio público de agua potable que le fue privado en su domicilio. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir sus informes justificados las autoridades responsables Director de Asuntos Jurídicos Civiles y Penales del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, en representación del Presidente Municipal de Morelia, así como el Encargado del Orden de la Comunidad de San Bernabé, tenencia de Capula, municipio de Morelia, Michoacán, negaron la existencia del acto que la parte quejosa les atribuyó. Lo anterior, sin que el solicitante del amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de dichas autoridades señaladas como responsables. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la materia, debe sobreseerse en este juicio de garantías, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó de las referidas autoridades responsables. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia número 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otra parte, del contenido del informe justificado rendido por el Jefe de Tenencia de Capula, municipio de Morelia, Michoacán, se advierte que aceptó la existencia del acto reclamado. QUINTO. IMPROCEDENCIA. Ahora bien, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente al fondo del asunto, como se dispone el artículo 62 de Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto reclamado, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Así, de dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En el presente asunto, la parte quejosa, como ya se precisó, reclama de la autoridad responsable la omisión de emitir contestación a la petición recibida los días seis y ocho de mayo del año en curso, en esencia, que se le brinde seguridad y tranquilidad así como proporcionarle el servicio público de agua potable que le fue privado en su domicilio. Sin embargo, dicha autoridad, señaló en su informe que mediante acuerdo de ocho de junio de dos mil veinte (notificado al quejoso el diez de junio último), emitió contestación a las peticiones formuladas por el quejoso. Para acreditar su dicho, adjuntó a su informe, copia del acuerdo que recayó a la petición del quejoso, del que entre otras cuestiones, se desprende que le hizo del conocimiento que respecto a brindarle tranquilidad y seguridad, frecuentemente en la localidad de Capula, se realizan operativos de vigilancia en atención a la prevención del delito. Por otra parte, respecto a que se le provea del servicio público de agua potable, se le hizo saber que la Jefa de Tenencia de Capula, se encuentra impedida para atender su solicitud, ya que ese pozo se rige por usos o costumbres del Comité de Agua Potable de la Comunidad de San Bernabé, por lo que sería e Comité de dicha población quien pudiera tomar la determinación correspondiente para dar solución a lo peticionado. En tal virtud, al haber dado contestación a las solicitudes formuladas por la parte quejosa y haberse notificado el diez de junio próximo pasado al quejoso el acuerdo recaído a su petición, tal y como se advierte de la documental allegada por la responsable al rendir su informe justificado, misma que adquiere pleno valor probatorio, de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, queda demostrado que se destruyeron los efectos que se le reclamaban en la demanda de amparo, así como sus consecuencias. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea la peticionaria de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Eduardo Manuel Escobedo Villalón, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en los considerandos considerando tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veinte. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Como de la certificación de cuenta se advierte que se encontraban señaladas nueve horas con treinta minutos diecisiete de julio de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo II-304/2020; misma que no fue llevada a cabo debido al fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Por otro lado, como del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acordó reanudar los términos procesales, aunado a ello el artículo 2, fracciones I y II del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece que todas las partes deben quedar notificadas de la nueva fecha en que tendrá verificativo la audiencia señalada dentro del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia a efecto de dar margen a lo anterior, se señalan para las ONCE HORAS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. Requerimiento a la parte quejosa. En otro orden de ideas, tomando en consideración que en la presente instancia constitucional se reclama la falta de contestación a sus escritos del seis y ocho de mayo del año en curso y toda vez que de las constancias que remite la autoridad responsable Jefe de Tenencia de Capula, Municipio de Morelia, se advierte que en acuerdo de ocho de junio del año en curso, en atención a su solicitud se dio respuesta a la omisión reclamada; en tal virtud, en términos del octavo párrafo, del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo ampliar el libelo constitucional por lo que ve a la referida contestación l, bajo apercibimiento que de no hacer uso de ese derecho, se continuará con el trámite del presente juicio tomando consideración únicamente el acto y las autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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