Eduardo Méndez Pérez

Expediente 1670/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1670/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
12/12/2017

Partes del expediente

  • Eduardo Méndez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de DESTRUCCIÓN, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Eduardo Méndez Pérez acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en la omisión de acordar su escrito de uno de agosto de dos mil diecisiete, en el que solicita se requiera a la parte demandada de todas las prestaciones a las que fue condenada dentro del expediente D-256/2012, de su estadística. Ahora bien, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante oficio recibido el treinta de octubre de dos mil diecisiete, remitió copia certificada del acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete en el que acordó el escrito presentado por el quejoso el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (fechado el uno de agosto del año en curso) dentro del expediente laboral D-256/2012. Para corroborar lo anterior, el tribunal responsable remitió copia certificada del acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete en el que acordó el escrito presentado por el quejoso el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (fechado el uno de agosto del año en curso) dentro del expediente laboral D-256/2012, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla acordara el escrito del quejoso fechado el uno de agosto del año en curso y presentado ante la autoridad el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete dentro del expediente laboral D-256/2012 de su estadística, aquélla se vio satisfecha en la medida en que mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete se acordó dicho escrito dentro del expediente laboral D-256/2012. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas del seis de diciembre de dos mil diecisiete, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Eduardo Méndez Pérez acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en la omisión de acordar su escrito de uno de agosto de dos mil diecisiete, en el que solicita se requiera a la parte demandada de todas las prestaciones a las que fue condenada dentro del expediente D-256/2012, de su estadística. Ahora bien, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante oficio recibido el treinta de octubre de dos mil diecisiete, remitió copia certificada del acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete en el que acordó el escrito presentado por el quejoso el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (fechado el uno de agosto del año en curso) dentro del expediente laboral D-256/2012. Para corroborar lo anterior, el tribunal responsable remitió copia certificada del acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete en el que acordó el escrito presentado por el quejoso el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (fechado el uno de agosto del año en curso) dentro del expediente laboral D-256/2012, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla acordara el escrito del quejoso fechado el uno de agosto del año en curso y presentado ante la autoridad el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete dentro del expediente laboral D-256/2012 de su estadística, aquélla se vio satisfecha en la medida en que mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete se acordó dicho escrito dentro del expediente laboral D-256/2012. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas del seis de diciembre de dos mil diecisiete, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se puedan imponer con la oportunidad debida del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, para que manifiesten, si lo consideran necesario, lo que a su derecho importe; en tal virtud, difiérase la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

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