Eduardo Méndez Pérez

Expediente 639/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
639/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
20/10/2015

Partes del expediente

  • Eduardo Méndez Pérez
  • Procurador General de Justicia del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a los autos el escrito signado por Luis Alonso Berriel Sabinas, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, y atento a su contenido se le tiene desahogando la vista que se le dio en proveído de nueve de octubre del año que transcurre, concerniente al cumplimiento de la ejecutoria dado por las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que por resolución de veintiuno de enero de dos mil quince (fojas 124 a 150), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia federal a Eduardo Méndez Pérez. Inconforme con dicha determinación el Director General Jurídico, en representación del Procurador General de Justicia del Estado de Puebla interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada, misma que fue revocada y se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (fojas 283 a 358) para que el Procurador General de Justicia del Estado de Puebla realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución reclamada de ocho de julio de dos mil catorce. 2. En su lugar, emitiera otra en la que reiterara las consideraciones que no son materia de concesión de amparo y con plenitud de jurisdicción, reexaminara nuevamente el cuarto agravio que el quejoso formuló en su recurso de revocación, en la parte en que desatacó que la individualización de la sanción era desproporcionada e inequitativa, y si es procedente tomara en cuenta el lapso en que estuvo suspendido provisionalmente. En ese entendido, por oficio recibido el ocho de septiembre de dos mil quince se tuvo al Fiscal General Jurídico, de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito, Encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla remitiendo copia certificada de la resolución dictada el cuatro de septiembre de dos mil quince, dentro del expediente de determinación de responsabilidad administrativa 150/2010 y su acumulado 176/2010, en la que determinó dejar insubsistente la resolución dictada el ocho de julio de dos mil catorce, y en su lugar dictar otra en la que confirmó la sanción impuesta al quejoso Eduardo Méndez Pérez. Consecuentemente, mediante proveído de diez de septiembre del año en curso (foja 414), se dio vista a las partes con tales documentos, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y datos aportados por la autoridad responsable. Sin embargo, por acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil quince se determinó que el fallo protector no se encontraba cumplido y se requirió nuevamente al Procurador General de Justicia del Estado de Puebla para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos. En consecuencia, mediante oficio presentado el veintinueve de septiembre de dos mil quince la Fiscal General Jurídico, de derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla por ausencia temporal del Titular remitió copia de la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil quince, dictada en el expediente de determinación de responsabilidad administrativa número 150/2010 y su acumulado 176/2010, empero por acuerdo de uno de octubre de dos mil quince se requirió nuevamente a la autoridad responsable, ya que a consideración de este juzgado la resolución referida se excedió en los efectos del fallo protector. Consecuentemente, por comunicado recibido el ocho de octubre del presente año se tuvo al Fiscal General Jurídico, de derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla por ausencia temporal del Titular remitiendo la resolución de cinco de octubre de dos mil quince dentro del expediente de responsabilidad administrativa 150/2010 y su acumulado 176/2010, y en proveído de nueve de octubre siguiente se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. Con el escrito de cuenta, Luis Alonso Berriel Sabinas, autorizado en términos amplios de la parte quejosa desahogó la vista que se le dio en auto de nueve de octubre de dos mil quince. El proveído de nueve de octubre del año en curso fue notificado a la última de las partes el trece de octubre siguiente, por lo que el plazo transcurrió del quince al diecinueve de octubre de dos mil quince. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En consecuencia, del examen de las documentales remitidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo, en virtud de que, tal como se requirió a la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio, mediante resolución de cinco de octubre de dos mil quince, dictada por el Fiscal General Jurídico, de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito Encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla en el expediente de determinación de responsabilidad administrativa 150/2010 y su acumulado 176/2010 dejó insubsistente la resolución de ocho de julio de dos mil catorce, y en su lugar emitió otra en la que reiteró las consideraciones que no fueron materia de concesión de amparo y con plenitud de jurisdicción, reexaminó el cuarto agravio que el quejoso formuló en su recurso de revocación, en la parte que destacó que la individualización de la sanción era desproporcionada e inequitativa, y especificó que si fue procedente tomar en cuenta el lapso en que estuvo suspendido provisionalmente. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia, y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Sin que pasen desapercibidas las consideraciones de la parte quejosa que realizó por ocurso presentado el diecinueve de octubre de dos mil quince, en el que indica que la autoridad responsable está dando cumplimiento defectuoso a la resolución de amparo dictada porque considera que la individualización de la sanción sigue estando desproporcionada con relación a la conducta atribuida y considera que tampoco se advierte en qué términos quedará su situación laboral; sin embargo, no ha lugar a requerir nuevamente el cumplimiento del fallo protector, pues, los efectos de concesión del amparo no fueron los que pretende hacer valer, ya que la autoridad responsable debía únicamente dejar insubsistente la resolución reclamada de ocho de julio de dos mil catorce, y en su lugar, emitir otra en la que reiterara las consideraciones que no fueron materia de concesión de amparo y con plenitud de jurisdicción, reexaminara nuevamente el cuarto agravio que el quejoso formuló en su recurso de revocación, en la parte en que desatacó que la individualización de la sanción era desproporcionada e inequitativa, y si era procedente tomara en cuenta el lapso en que estuvo suspendido provisionalmente, lo que ya aconteció como se advierte de las constancias que obran en autos. Cierto, los alcances para los que se concedió la protección constitucional no constreñían a la autoridad responsable a que actuara de determinada manera, sino únicamente a que dejara sin efectos la resolución reclamada, y con plenitud de jurisdicción reexaminara nuevamente el cuarto agravio que formuló el impetrante en el recurso de revocación en el expediente de origen, y si era procedente tomara en consideración el lapso que estuvo suspendido provisionalmente, a lo que la autoridad responsable indicó que sí fue procedente tomar en cuenta el lapso que estuvo suspendido provisionalmente el quejoso para el cumplimiento de la sanción administrativa impuesta, por lo que la pretensión del impetrante en el sentido de constreñir a la autoridad a que resuelva su situación laboral extralimita los alcances para los que se concedió el fallo protector, ya que esto no fue una situación planteada en la litis inicial en su demanda de amparo. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; archívese por separado el duplicado del incidente de suspensión, para su posterior destrucción en el término de seis meses a partir del presente proveído. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, uno de octubre de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguense a los autos los oficios signados por el Fiscal General Jurídico, de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito, Encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla por ausencia temporal del Titular y el Director General Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos, a través de los cuales manifiestan que dan cumplimiento a la ejecutoria dictada en este sumario, y al efecto remiten la resolución dictada el veintiocho de septiembre de dos mil quince, dentro del expediente de responsabilidad administrativa número 150/2010 y su acumulado 176/2010 y sus constancias de notificación. Sin embargo, de las constancias remitidas, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que el fallo protector no se encuentra cumplido. Se sostiene lo anterior, porque aun cuando la autoridad responsable por resolución dictada el veintiocho de septiembre de dos mil quince, dentro del expediente de determinación de responsabilidad administrativa 150/2010 y su acumulado 176/2010, concluyó dejar insubsistente la diversa dictada el ocho de julio de dos mil catorce; sin embargo, introdujo nuevas cuestiones a la litis inicialmente planteada, las cuales no estaban previstas al momento dictarse la sentencia. Cierto, de las constancias enviadas, se advierte que la responsable indicó al final de la resolución con la que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria dictada que no ordena la reinstalación al cargo que venía desempeñando Eduardo Méndez Pérez, en virtud de que dicha persona había suscrito con esa dependencia un contrato individual de trabajo por tiempo determinado, celebrado el uno de enero de dos mil diez, con vigencia de doce meses, el cual feneció el treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por lo que, al darse la terminación de la vigencia del contrato en comento, esa dependencia no está obligada a renovar dicho contrato. Sin embargo, los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal al quejoso, fueron los siguientes, el Procurador General de Justicia del Estado de Puebla deberá "1. Dejar insubsistente la resolución reclamada de ocho de julio de dos mil catorce. 2. En su lugar, emitir otra en la que reitere las consideraciones que no son materia de concesión de amparo y con plenitud de jurisdicción, reexamine nuevamente el cuarto agravio que el quejoso formuló en su recurso de revocación, en la parte en que desatacó que la individualización de la sanción era desproporcionada e inequitativa, y si es procedente tomar en cuenta el lapso en que estuvo suspendido provisionalmente." De lo anterior se advierte que la autoridad responsable obligada a dar cumplimiento no se constriñe a los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Eduardo Méndez Pérez, pues en la resolución dictada en cumplimiento a dicha ejecutoria introduce nuevas cuestiones que no fueron planteadas en la litis inicial. En efecto, conforme a lo expuesto por la responsable el contrato del quejoso concluyó el treinta y uno de diciembre de dos mil diez, es decir, con anterioridad a la emisión del acto reclamado en la presente instancia constitucional, a saber, la resolución de ocho de julio de dos mil catorce, en la que al igual que la diversa a través de la cual la responsable pretende acatar el fallo protector, se confirmó la resolución recurrida, en la cual se impuso al impetrante una sanción consistente en una suspensión sin goce de sueldo de seis meses. Por tanto, al ser la fecha de conclusión del contrato relacionado por la responsable anterior a la emisión del acto reclamado, la autoridad de que se trata estuvo en aptitud de traer a contexto los argumentos que ahora pretende introducir con relación a la terminación de aquél; sin embargo, no lo hizo así, ya que en aquélla resolución se limitó a analizar el recurso de revocación hecho valer por el peticionario de amparo y confirmó la resolución recurrida en sus términos. De tal forma que al no ser un efecto del fallo protector lo relativo a la terminación del contrato de trabajo del impetrante, se estima que la determinación de la responsable sobre ese aspecto en el recurso de revocación de que se trata, excedió los efectos del fallo protector. Lo anterior con mayor razón si se toma en cuenta que en la propia resolución a través de la cual se pretende cumplir la sentencia protectora, la responsable reconoce que la sanción impuesta al impetrante habría concluido el tres de diciembre de dos mil diez, es decir con anterioridad a la fecha en que aduce concluyó el contrato de trabajo del peticionario de amparo. En consecuencia, en razón de que la responsable no acata debidamente todos los lineamientos de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual deberá 1. Dejar insubsistente la resolución reclamada de ocho de julio de dos mil catorce y las diversas de cuatro y veintiocho de septiembre de dos mil quince a través de las cuales pretendió dar cumplimiento al fallo protector. 2. En su lugar, emitir otra en la que reitere las consideraciones que no son materia de concesión de amparo y con plenitud de jurisdicción, reexamine nuevamente el cuarto agravio que el quejoso formuló en su recurso de revocación, en la parte en que desatacó que la individualización de la sanción era desproporcionada e inequitativa (para lo cual deberá aportar elementos objetivos a las razones en que base su determinación), y si es procedente tomara en cuenta el lapso en que estuvo suspendido provisionalmente. En ese sentido, se indica a la responsable que la resolución a través de la cual pretenda dar cumplimiento al fallo protector, deberá acatar todos los lineamientos de la ejecutoria de amparo; sin excesos ni defectos, esto es, no podrá introducir nuevos aspectos a la Litis planteada que no fueron materia del acto reclamado y tampoco son una consecuencia del fallo protector. Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento con el que se le previno en auto de dos de septiembre de dos mil quince, esto es, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo y, en caso de incumplimiento, se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, con residencia en esta ciudad, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la nueva Ley de Amparo, se les hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la nueva Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se les comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la nueva Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a los autos el escrito signado por Luis Alonso Berriel Sabinas, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, y atento a su contenido se le tiene desahogando la vista que se le dio en proveído de diez de septiembre del año que transcurre, concerniente al cumplimiento de la ejecutoria dado por las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que por resolución de veintiuno de enero de dos mil quince (fojas 124 a 150), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia federal a Eduardo Méndez Pérez. Inconforme con dicha determinación el Director General Jurídico, en representación del Procurador General de Justicia del Estado de Puebla interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada, misma que fue revocada y se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (fojas 283 a 358), para que el Procurador General de Justicia del Estado de Puebla realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución reclamada de ocho de julio de dos mil catorce. 2. En su lugar, emitiera otra en la que reiterara las consideraciones que no son materia de concesión de amparo y con plenitud de jurisdicción, reexaminara nuevamente el cuarto agravio que el quejoso formuló en su recurso de revocación, en la parte en que desatacó que la individualización de la sanción era desproporcionada e inequitativa, y si es procedente tomara en cuenta el lapso en que estuvo suspendido provisionalmente. En ese entendido, por oficio recibido el ocho de septiembre de dos mil quince se tuvo al Fiscal General Jurídico, de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito, Encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla remitiendo copia certificada de la resolución dictada el cuatro de septiembre de dos mil quince, dentro del expediente de determinación de responsabilidad administrativa 150/2010 y su acumulado 176/2010, en la que determinó dejar insubsistente la resolución dictada el ocho de julio de dos mil catorce, y en su lugar dictar otra en la que confirmó la sanción impuesta al quejoso Eduardo Méndez Pérez. Consecuentemente, mediante proveído de diez de septiembre del año en curso (foja 414), se dio vista a las partes con tales documentos, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y datos aportados por la autoridad responsable. Con el escrito de cuenta, Luis Alonso Berriel Sabinas, autorizado en términos amplios de la parte quejosa desahogó la vista que se le dio en auto de diez de septiembre de dos mil quince. Tal acuerdo fue notificado a la última de las partes el once de septiembre de dos mil quince, por lo que el plazo transcurrió del quince al dieciocho de septiembre de dos mil quince. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En consecuencia, del examen de las documentales remitidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que el fallo protector no se encuentra cumplido. Se sostiene lo anterior, porque si bien la autoridad responsable por resolución dictada el cuatro de septiembre de dos mil quince, dentro del expediente de determinación de responsabilidad administrativa 150/2010 y su acumulado 176/2010, determinó dejar insubsistente la diversa dictada en fecha ocho de julio de dos mil catorce, y en su lugar dictar otra en la que confirmó la sanción impuesta al quejoso Eduardo Méndez Pérez, lo cierto es que la responsable no acató los lineamientos que se le indicaron en la ejecutoria dictada en los autos de este sumario, ya que no explicó con elementos objetivos porqué la sanción es proporcional a la conducta atribuida, es decir porqué estimó que de todos los supuestos previstos en el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos una suspensión hasta por seis meses es acorde a la conducta atribuida y a las condiciones especiales del quejoso. En efecto en el fallo protector, se determinó medularmente que no bastaba que la responsable afirmara que la sanción impuesta era proporcional a la conducta atribuida al impetrante; en realidad, se destacó que para estimar que la autoridad responsable actuaba dentro del marco constitucional era necesario que atendiera al argumento de la parte quejosa en el sentido de que la sanción impuesta era desproporcional e inequitativa; además de que debía explicar con elementos objetivos y no simplemente a través de afirmaciones dogmáticas las razones de su determinación. Incluso, en el fallo protector, se expuso que se debía considerar lo aseverado por el quejoso en el sentido de que para la individualización de la sanción, se debía tomar en cuenta el lapso en que estuvo suspendido provisionalmente. Sin embargo, la resolución de cuatro de septiembre de dos mil quince que exhibió la responsable no cumple con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, pues en ella la responsable se limitó a indicar que la conducta realizada por el quejoso revestía de cierta gravedad al traer consigo el incumplimiento de las funciones constitucionalmente encomendadas a la Institución del Ministerio Público y que el impetrante no cuenta con antecedentes de sanciones administrativas o actas de expedientes, razón por la cual indicó que no procedía imponerle la sanción máxima consistente en destitución del cargo; empero, sí debía imponerse una suspensión de seis meses. Afirmaciones que reiteran la falta de exposición detallada de los elementos objetivos en que basa su proceder la responsable, ya que aun cuando trae a contexto la falta de antecedentes del quejoso únicamente invoca ese elemento para justificar por qué no le impone la sanción máxima consistente en suspensión del cargo, sin tomar en consideración que en la ejecutoria de amparo, se especificó que la suspensión temporal podía ser de un día hasta seis meses e incluso, conforme al numeral 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla también existen otro tipo de sanciones, por lo que es necesario que indique de forma precisa las razones particulares que tomó en consideración para imponer la sanción que corresponda al impetrante. De tal modo que no basta que la responsable justifique por qué no impone la sanción máxima, sino que es necesario que explique las razones por las cuales establece determinada sanción para el peticionario de amparo. Además, a pesar de que en una parte de la resolución de cuatro de septiembre de dos mil quince, la responsable refirió que era procedente tomar en cuenta el lapso que el quejoso estuvo suspendido provisionalmente, por lo que debía considerarse que la sanción de seis meses transcurrió del tres de junio al tres de diciembre de dos mil diez, con posterioridad, estableció que no era procedente reinstalarlo porque su contrato terminó el treinta y uno de diciembre de dos mil diez; circunstancia que no había sido considerada por la responsable en la resolución reclamada de ocho de julio de dos mil catorce. En consecuencia, en razón de que la responsable no acata debidamente todos los lineamientos de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual deberá 1. Dejar insubsistente la resolución reclamada de ocho de julio de dos mil catorce y la diversa de cuatro de septiembre de dos mil quince a través de la cual pretendió dar cumplimiento al fallo protector. 2. En su lugar, emitir otra en la que reitere las consideraciones que no son materia de concesión de amparo y con plenitud de jurisdicción, reexamine nuevamente el cuarto agravio que el quejoso formuló en su recurso de revocación, en la parte en que desatacó que la individualización de la sanción era desproporcionada e inequitativa (para lo cual deberá aportar elementos objetivos a las razones en que base su determinación), y si es procedente tomara en cuenta el lapso en que estuvo suspendido provisionalmente. En ese sentido, se indica a la responsable que la resolución a través de la cual pretenda dar cumplimiento al fallo protector, deberá acatar todos los lineamientos de la ejecutoria de amparo; sin excesos ni defectos. Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento con el que se le previno en auto de dos de septiembre de dos mil quince, esto es, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo y, en caso de incumplimiento, se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, con residencia en esta ciudad, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la nueva Ley de Amparo, se les hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la nueva Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se les comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la nueva Ley de Amparo. Finalmente, con relación al ocurso de cuenta, comuníquese a la parte quejosa que deberá estarse a lo acordado en los párrafos precedentes, en los que se requirió nuevamente a la responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Fiscal General Jurídico, de derechos Humanos y Atención a Víctimas del delito Encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, por ausencia temporal del Titular, en atención al requerimiento de dos de septiembre de la presente anualidad, en el que manifiesta que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo y a efecto de corroborar su dicho adjunta copia certificada de la resolución dictada el cuatro de septiembre de dos mil quince, dentro del expediente de determinación de responsabilidad administrativa número 150/2010 y su acumulado 176/2010 sus constancias de notificación. En consecuencia, con las referidas documentales, dése vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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