Eduardo Montalban Garcia

Expediente 978/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
978/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Montalban Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de la presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, atento que mediante acuerdo de veintiocho de julio del presente año, causó estado el auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa, ordenándose el archivo del mismo, por tanto, agréguese a los autos el oficio de cuenta únicamente para que obre como corresponda.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su numeral 2°, se declara que dicho auto (que sobreseyó en el juicio) ha causado estado, para todos los fines legales correspondientes. En tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con un auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Asimismo, se considera que este expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda".

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el que remite copia debidamente certificada de las constancias de notificación a las partes respecto del proveído de treinta de junio del año en curso, dictado dentro del expediente laboral D-3/166/2018. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que ******, acude a esta instancia constitucional a reclamar de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, la omisión de señalar fecha y hora para que los peritos emitan su dictamen dentro del juicio laboral D-3/166/2018 y la omisión de notificarles la fecha de mérito a través de la Fiscalía General del Estado. Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causal de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que el quejoso acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra, la omisión de señalar fecha y hora para que los peritos emitan su dictamen dentro del juicio laboral D-3/166/2018 y la omisión de notificarles la fecha de mérito a través de la Fiscalía General del Estado. Así, de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el treinta de junio de dos mil veintidós, señalo las diez horas con treinta minutos del ocho de julio de dos mil veintidós, para que los peritos emitan su dictamen; asimismo remitió copia certificada del acuse de recibo del oficio 1753/2022 dirigido al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través del cual les notificó a los peritos de la fecha y hora señaladas para el desahogo de la diligencia aludida. Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber señalar fecha y hora para que los peritos emitan su dictamen dentro del juicio laboral D-3/166/2018 y notificado dicha data por conducto del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, cesaron los efectos de la omisión de la que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas condiciones, como se dijo, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que reclamó de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.

  4. Principal

    AVISO QUEJOSO Visto el oficio de cuenta signado por el Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Puebla, por medio del cual comparece a hacer del conocimiento de este órgano jurisdiccional la posible causa de sobreseimiento que a su consideración se actualiza, consistente en la prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues refiere que a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrió el pre-registro para niñas y niños de cinco a doce años, a fin de que reciban la vacuna contra el virus SARS-CoV2. De ahí que, los efectos del acto reclamado en esta instancia constitucional han cesado, puesto que el menor quejoso que se encuentra en un rango de edad de entre cinco y diecisiete años, ya se encuentra incluido dentro del parámetro para poder ser inoculado con la vacuna contra el COVID-19. Al respecto, a fin de estar en posibilidad de dilucidar si es que efectivamente han cesado los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo deviene necesario precisar que Mariana Alejandra Camarillo Quevedo en representación de la menor A.M.C., ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar: - La omisión de aplicar a la brevedad posible la vacuna contra el SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, a la menor con identidad reservada de iniciales A.M.C. quien actualmente cuentan con la edad de siete años, como se acredita con la acta de nacimiento, que anexo al escrito de demanda. Ahora bien, atento al estado procesal que guardan los autos, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que ya se contempla en el plan de vacunación la aplicación del biológico a los menores de edad que oscilan entre 5 a 12 años, esto es, dentro del rango de edad en el que se ubica la menor quejosa de iniciales A.M.C. [7 años]; puesto que, dentro de la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, se desprende lo siguiente: Cierto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El precepto en cita establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo o negativo, o bien, se realice la acción que se reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. En esas circunstancias, se tiene que con posterioridad a la presentación de la demanda, se previó dentro de la política de vacunación contra el virus SARS-COV-2, a las personas de 5 a 11 años, puesto que, la Secretaría de Salud Federal publicó el jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, el plan para vacunación de los menores que se ubiquen dentro del citado rango de edad, además abrió la plataforma para el registro de dichas personas mediante la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/. Por otro lado, es un hecho notorio que diversos medios de comunicación nacional a través de sus páginas de internet han hecho saber a la población el plan de vacunación para menores de edad de 5 a 11 años, una de esas páginas es la siguiente: Vacuna covid-19 para niños de 5 a 11 años en México: cómo registrarse y cómo se distribuirá (cnn.com). Por tanto, si la menor quejosa en la fecha actual cuenta con una edad de siete años, se puede afirmar que se encuentra dentro del rango de edad para vacunarse contra el virus COVID-19, de acuerdo al plan de vacunación al que se ha hecho referencia. Así, con la implementación del plan de vacunación contra el virus COVID-19 a menores de edad de 5 a 11 años, es evidente que las autoridades de salud se encuentran obligadas a inocular a los menores que se ubiquen en el rango de edad citado, para lo cual, los interesados deberán registrarse a efecto de que calendaricen su aplicación. De ahí que tal como lo invoca la autoridad oficiante en su ocurso de referencia han cesado los efectos del acto reclamado consistente en omisión de aplicar a favor del menor quejoso la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, ya que con la emisión del plan de vacunación a menores de edad de 5 a 11 años, ya se contempla a las personas dentro del rango de edad de la menor de identidad reservada A.M.C. [7 años). En esas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en relación con la omisión reclamada. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con treinta y siete minutos del veintisiete de julio de dos mil veintidós, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno.

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