Eduardo Orozco Avendaño
Expediente 806/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 806/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Eduardo Orozco Avendaño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
INC. 806/2022. MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. 1. Se deja sin efectos medida cautelar. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, por auto de esta misma fecha, causó ejecutoria la sentencia ahí emitida, y se ordenó su archivo definitivo. En consecuencia, deja de surtir efectos la suspensión definitiva que se concedió a la parte quejosa en resolución interlocutoria de veintinueve de julio de dos mil veintidós. 2. Archivo del expediente. Por tanto, toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Destino del original del expediente (depurable). Comuníquese a las partes que, por haberse concedido la suspensión definitiva a la parte quejosa, el original de este expediente será DEPURABLE, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo general; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; una vez fenecido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional depurará el expediente y posteriormente se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.1. Destino del duplicado del expediente (destruible). Con la precisión que, por lo que hace al duplicado de este incidente, se proveyó lo relativo a su destrucción en la resolución interlocutoria de veintinueve de julio de dos mil veintidós. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la(s) carátula(s) obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable) y b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 4. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 806/2022. MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia engrosada el veintitrés de septiembre del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Plazo de diversas autoridades. Resulta innecesario jurídicamente hacer pronunciamiento y esperar a que transcurra el plazo respectivo para las autoridades responsables y para la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. 3. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; por tanto, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 4.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 5. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Incidente de suspensión. Finalmente, en la certificación de cuenta se precisó que este juicio de amparo se tramitó con incidente de suspensión; por tanto, provéase lo correspondiente en esa pieza incidental. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.806/2022.MESA-6 Visto para resolver el juicio de amparo 806/2022, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y remitido a este Juzgado por razón de turno, en la misma fecha, Eduardo Orozco Avendaño, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la ciudad de Oaxaca y de otras autoridades; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de ocho de julio de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo con el expediente 806/2022, se admitió a trámite la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de veintinueve de julio del año en curso, previa vista otorgada a la parte quejosa, se tuvo por inexistente a la autoridad que señaló como titular de los Servicios Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Oaxaca, por lo que cesó toda comunicación con la misma. Finalmente, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: Del 1) director de la Unidad Médica Familiar Sesenta y Cinco en Oaxaca y 2) titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez: La orden verbal y/o escrita para causar baja en los registros afiliatorios del Instituto Mexicano del Seguro Social y, como consecuencia, dejar de ser derechohabiente, lo que implica que ya no se le siga proporcionando el servicio médico en ese instituto. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado solicitado, la autoridad responsable, director de la Unidad Médica Familiar Sesenta y Cinco en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, negó la existencia del acto que se le atribuye, pues refirió que la unidad a su cargo solo brinda atención médica de primer nivel a los derechohabientes, por lo cual no tiene facultad de ordenar o dar de baja a los asegurados en los sistemas afiliatorios del Instituto Mexicano del Seguro Social; además, mencionó que se le ha otorgado la atención médica al quejoso y se le ha suministrado los medicamentos que requiere para tratar sus patologías, incluso, que en el sistema respectivo se encuentra reactivado sus derechos para recibir la atención médica. Sin que las pruebas aportadas por la parte quejosa desvirtúen dicha negativa, pues de las mismas no se aprecia que esa autoridad haya emitido la orden reclamada por la parte quejosa; máxime que las documentales que exhibió tiene un valor indiciario al tratarse de copia simple. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto a la autoridad responsable, director de la Unidad Médica Familiar Sesenta y Cinco en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, página 236, tomo VI, registro 917818, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado solicitado, la autoridad responsable, jefe Delegacional de Servicios Jurídicos, en ausencia del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, negó la existencia del acto que se le atribuye. Al respecto, refirió que la orden de dar de baja al quejoso Eduardo Orozco Avendaño como asegurado del Instituto Mexicano del Seguro Social, no fue dada por esa autoridad, sino que la misma obedeció a la emisión del dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo S1-3 de veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el cual se dictaminó una incapacidad permanente provisional del cincuenta por ciento, con inicio de pensión a partir de dieciséis de marzo de este año, por lo cual con esa fecha fue dada de baja la parte quejosa. Circunstancia que se corrobora con las documentales que remitió mediante oficio de uno de septiembre de este año (folio 11926); a las cuales se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documento público de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado; por ser expedido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. De ahí que dicha negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto que se le reclama. QUINTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis de las constancias que integran el juicio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado, se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si ésta nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Como ya se precisó, la parte quejosa señaló como acto reclamado la orden verbal y/o escrita para causar de baja en los registros afiliatorios del Instituto Mexicano del Seguro Social y, como consecuencia, dejar de ser derechohabiente, lo que implica que ya no se le siga proporcionando el servicio médico en ese instituto. Por otro lado, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, jefe Delegacional de Servicios Jurídicos, en ausencia del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, se advierte que la orden de baja del quejoso Eduardo Orozco Avendaño obedeció a la emisión del dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo S1-3 de veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el cual se dictaminó una incapacidad permanente provisional del cincuenta por ciento, con inicio de pensión a partir de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, por lo cual con esa fecha fue dada de baja la parte quejosa para poder emitir la resolución correspondiente. Sin embargo, el veintiséis de julio de dos mil veintidós se emitió la resolución 22/285096 para el otorgamiento de pensión de incapacidad permanente parcial con folio 0314775578302 y vigencia hasta el quince de marzo de dos mil veinticuatro, con la cual se reactivaron los derechos del quejoso para recibir el servicio médico con el estatus de pensionado; servicio médico que había sido suspendido derivado del trámite de la pensión ya mencionada, pero, como ya se dijo, el mismo volvió a reactivarse; circunstancia que le fue notificada al quejoso Eduardo Orozco Avendaño el veintinueve de julio de dos mil veintidós. Por consiguiente, al momento en el que se emitió la resolución 22/285096 por el que se otorgó la pensión de incapacidad permanente parcial con folio 0314775578302 con vigencia hasta el quince de marzo de dos mil veinticuatro, volvieron las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, es decir, se reactivaron los derechos del quejoso para recibir el servicio médico como pensionado, por lo que cesaron los efectos de los actos reclamados, y se dejó de afectar la esfera jurídica de la parte promovente del juicio de amparo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por ende, sus efectos; por ello, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. No pasa desapercibido que la parte quejosa reclamó la orden verbal y/o escrita para causar baja en los registros afiliatorios del Instituto Mexicano del Seguro Social y, como consecuencia, dejar de ser un derechohabiente; sin embargo, este último aspecto no es obstáculo para concluir en los términos ya referidos, pues la parte quejosa se dolía, esencialmente, que con motivo de la orden emitida para su baja en los registros afiliatorios del Instituto Mexicano del Seguro Social ya no se le seguiría proporcionando a) el servicio médico, b) la realización de estudios clínicos de segundo y tercer nivel, así como c) el suministro de medicamentos necesarios y controlados para el diagnóstico de cefalea postraumática más trastorno de ansiedad y diagnóstico principal cefalea postraumática crónica; de ahí que no es impedimento que ahora reciba esa atención como pensionado ni que en este momento tenga ese carácter, pues, se reitera, se dolía toralmente que con motivo de su baja en los registros afiliatorios, ya no se le seguiría proporcionando la atención médica y no así el que haya sido dado de baja para, ahora, tener la calidad de pensionado. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, con registro 197367, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eduardo Orozco Avendaño, contra la orden verbal y/o escrita para causar baja en los registros afiliatorios del Instituto Mexicano del Seguro Social y, como consecuencia, dejar de ser derechohabiente, lo que implica que ya no se le siga proporcionando el servicio médico en ese instituto, que le atribuyó al 1) director de la Unidad Médica Familiar Sesenta y Cinco en Oaxaca y 2) titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta hoy, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (AVISO) PRAL.806/2022.MESA-6 Visto para resolver el juicio de amparo 806/2022, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y remitido a este Juzgado por razón de turno, en la misma fecha, Eduardo Orozco Avendaño, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la ciudad de Oaxaca y de otras autoridades; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de ocho de julio de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo con el expediente 806/2022, se admitió a trámite la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de veintinueve de julio del año en curso, previa vista otorgada a la parte quejosa, se tuvo por inexistente a la autoridad que señaló como titular de los Servicios Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Oaxaca, por lo que cesó toda comunicación con la misma. Finalmente, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: Del 1) director de la Unidad Médica Familiar Sesenta y Cinco en Oaxaca y 2) titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez: La orden verbal y/o escrita para causar baja en los registros afiliatorios del Instituto Mexicano del Seguro Social y, como consecuencia, dejar de ser derechohabiente, lo que implica que ya no se le siga proporcionando el servicio médico en ese instituto. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado solicitado, la autoridad responsable, director de la Unidad Médica Familiar Sesenta y Cinco en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, negó la existencia del acto que se le atribuye, pues refirió que la unidad a su cargo solo brinda atención médica de primer nivel a los derechohabientes, por lo cual no tiene facultad de ordenar o dar de baja a los asegurados en los sistemas afiliatorios del Instituto Mexicano del Seguro Social; además, mencionó que se le ha otorgado la atención médica al quejoso y se le ha suministrado los medicamentos que requiere para tratar sus patologías, incluso, que en el sistema respectivo se encuentra reactivado sus derechos para recibir la atención médica. Sin que las pruebas aportadas por la parte quejosa desvirtúen dicha negativa, pues de las mismas no se aprecia que esa autoridad haya emitido la orden reclamada por la parte quejosa; máxime que las documentales que exhibió tiene un valor indiciario al tratarse de copia simple. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto a la autoridad responsable, director de la Unidad Médica Familiar Sesenta y Cinco en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, página 236, tomo VI, registro 917818, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado solicitado, la autoridad responsable, jefe Delegacional de Servicios Jurídicos, en ausencia del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, negó la existencia del acto que se le atribuye. Al respecto, refirió que la orden de dar de baja al quejoso Eduardo Orozco Avendaño como asegurado del Instituto Mexicano del Seguro Social, no fue dada por esa autoridad, sino que la misma obedeció a la emisión del dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo S1-3 de veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el cual se dictaminó una incapacidad permanente provisional del cincuenta por ciento, con inicio de pensión a partir de dieciséis de marzo de este año, por lo cual con esa fecha fue dada de baja la parte quejosa. Circunstancia que se corrobora con las documentales que remitió mediante oficio de uno de septiembre de este año (folio 11926); a las cuales se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documento público de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado; por ser expedido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. De ahí que dicha negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto que se le reclama. QUINTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis de las constancias que integran el juicio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado, se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si ésta nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Como ya se precisó, la parte quejosa señaló como acto reclamado la orden verbal y/o escrita para causar de baja en los registros afiliatorios del Instituto Mexicano del Seguro Social y, como consecuencia, dejar de ser derechohabiente, lo que implica que ya no se le siga proporcionando el servicio médico en ese instituto. Por otro lado, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, jefe Delegacional de Servicios Jurídicos, en ausencia del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, se advierte que la orden de baja del quejoso Eduardo Orozco Avendaño obedeció a la emisión del dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo S1-3 de veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el cual se dictaminó una incapacidad permanente provisional del cincuenta por ciento, con inicio de pensión a partir de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, por lo cual con esa fecha fue dada de baja la parte quejosa para poder emitir la resolución correspondiente. Sin embargo, el veintiséis de julio de dos mil veintidós se emitió la resolución 22/285096 para el otorgamiento de pensión de incapacidad permanente parcial con folio 0314775578302 y vigencia hasta el quince de marzo de dos mil veinticuatro, con la cual se reactivaron los derechos del quejoso para recibir el servicio médico con el estatus de pensionado; servicio médico que había sido suspendido derivado del trámite de la pensión ya mencionada, pero, como ya se dijo, el mismo volvió a reactivarse; circunstancia que le fue notificada al quejoso Eduardo Orozco Avendaño el veintinueve de julio de dos mil veintidós. Por consiguiente, al momento en el que se emitió la resolución 22/285096 por el que se otorgó la pensión de incapacidad permanente parcial con folio 0314775578302 con vigencia hasta el quince de marzo de dos mil veinticuatro, volvieron las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, es decir, se reactivaron los derechos del quejoso para recibir el servicio médico como pensionado, por lo que cesaron los efectos de los actos reclamados, y se dejó de afectar la esfera jurídica de la parte promovente del juicio de amparo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por ende, sus efectos; por ello, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. No pasa desapercibido que la parte quejosa reclamó la orden verbal y/o escrita para causar baja en los registros afiliatorios del Instituto Mexicano del Seguro Social y, como consecuencia, dejar de ser un derechohabiente; sin embargo, este último aspecto no es obstáculo para concluir en los términos ya referidos, pues la parte quejosa se dolía, esencialmente, que con motivo de la orden emitida para su baja en los registros afiliatorios del Instituto Mexicano del Seguro Social ya no se le seguiría proporcionando a) el servicio médico, b) la realización de estudios clínicos de segundo y tercer nivel, así como c) el suministro de medicamentos necesarios y controlados para el diagnóstico de cefalea postraumática más trastorno de ansiedad y diagnóstico principal cefalea postraumática crónica; de ahí que no es impedimento que ahora reciba esa atención como pensionado ni que en este momento tenga ese carácter, pues, se reitera, se dolía toralmente que con motivo de su baja en los registros afiliatorios, ya no se le seguiría proporcionando la atención médica y no así el que haya sido dado de baja para, ahora, tener la calidad de pensionado. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, con registro 197367, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eduardo Orozco Avendaño, contra la orden verbal y/o escrita para causar baja en los registros afiliatorios del Instituto Mexicano del Seguro Social y, como consecuencia, dejar de ser derechohabiente, lo que implica que ya no se le siga proporcionando el servicio médico en ese instituto, que le atribuyó al 1) director de la Unidad Médica Familiar Sesenta y Cinco en Oaxaca y 2) titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta hoy, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.
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