Eduardo Guzmán Regalado
Expediente 1069/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1069/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Guzmán Regalado
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de febrero de dos mil dieciocho. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de tres de enero de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo en que se actúa, promovido por Eduardo Guzmán Regalado; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones autorizadas al titular mediante oficio CCJ/ST/6674/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; autorización que fue notificada mediante oficio número CR./CJD./011/6411/2017, signado por el Secretario de la Comisión de Receso; declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. SECRETARIA: Juicio de amparo 1069/2017, promovido por Eduardo Guzmán Regalado, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en autos del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Se da cuenta con la circunstancia que ninguna de las partes se encuentra presente; asimimo, certifico: que el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a la inexistencia de las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán y Coordinador Regional de la Policía Michoacán con sede en La Piedad, Michoacán, transcurrió del veintiséis al veintiocho de diciembre pasado, sin que haya hecho manifestación al respecto. De igual manera, la omisión de la autoridad responsable ejecutora Director de Seguridad Pública de La Piedad, Michoacán, de rendir su informe previo, no obstante de estar debidamente notificada del oficio 17563, que contienen el auto de catorce de noviembre del año en curso, a través del cual se le solicitó, según se advierte del acuse de recibo que obra en autos. ENCARGADA DEL DESPACHO: Téngase por realizada la relación de hechos que antecede, en consideración a la certificación que antecede de la que se advierte que a la fecha han fenecido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de catorce de diciembre pasado para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a la inexistencia de las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán y Coordinador Regional de la Policía Michoacán con sede en La Piedad, Michoacán, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se tienen como inexistentes a las autoridades de referencia, ordenándose suspender toda comunicación con éstas, por lo que no se realizará pronunciamiento alguno en torno a dichas autoridades. Se tiene a la autoridad responsable Director de Seguridad Pública de La Piedad, Michoacán, omisa en rendir su informe justificado. SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: Director de Amparos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en representación del Procurador. Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en representación del Secretario. ENCARGADA DEL DESPACHO: Enseguida, se declara abierto el período probatorio. SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes ofertó medios de convicción. ENCARGADA DEL DESPACHO: Al no existir pruebas por desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. SECRETARIA: Se hace constar que únicamente hizo manifestaciones en esta vía el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, a través del pedimento 396/2017. ENCARGADA DEL DESPACHO: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 1069/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado en la secretaría de este Juzgado el diez de noviembre de dos mil diecisiete, Rodrigo Calderón Lobato, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en favor del quejoso directo Eduardo Guzmán Regalado, contra la autoridades responsables que precisó en su demanda, a quienes les reclamó en el ámbito de sus respectivas atribuciones la privación de la libertad del quejoso directo, incomunicación y actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Una vez ratificada la demanda, por auto de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito admitió la citada demanda de garantías; seguido el juicio por todos sus trámites legales, hoy tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues los actos reclamados se plantearon como de imposible reparación y con ejecución material dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El quejoso reclamó de las autoridades responsables ordenadoras Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, la privación de la libertad del quejoso directo, incomunicación y actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como su ejecución por parte de la autoridad ejecutora Director de Seguridad Pública Municipal de La Piedad, Michoacán. TERCERO: INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables ordenadoras Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, consistentes en la incomunicación y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; ya que dichas autoridades negaron categóricamente su existencia al rendir su informe justificado y pese a sus negativas la parte quejosa no aportó al presente juicio prueba alguna tendente a desvirtuarlas, ni objetó la autenticidad de los mencionados informes. Asimismo, no obstante la omisión de la autoridad responsable Director de Seguridad Pública de La Piedad, Michoacán, en rendir su informe justificado, no ha lugar a presumirse ciertos los actos de ejecución que a ésta atribuye el quejoso, en virtud a que la autoridades ordenadoras negaron la existencia de los actos reclamados, máxime si se tiene en consideración que al momento de ratificar la demanda el quejoso manifestó que no había sido golpeado ni maltratado por autoridad alguna; y si bien refirió haber estado incomunicado, el supuesto estado de incomunicación fue roto por la actuaria auxiliar con motivo de la suspensión de plano decretada por este juzgado, sin que obre evidencia de lo contrario, esto es, de que ese estado existió en algún momento durante la privación de su libertad, pues para ello no basta la mera manifestación del quejoso. Por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Máxime que ante la negativa de las autoridades responsables, a la parte quejosa correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia de los actos reclamados y no satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Por ilustrativa, es aplicable la tesis, que literalmente dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Los criterios que anteceden se invocan no obstante haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En torno al acto reclamado consistente en la privación de la libertad, el Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, al rendir el informe justificado relativo precisó que el diez de noviembre de dos mil diecisiete, el quejoso fue detenido por elementos de la Policía Michoacán, quedando a disposición del Agente Tercero del Ministerio Público de La Piedad, Michoacán, para que resolviera su situación jurídica. Manifestación con la que se acredita la existencia del aludido acto reclamado. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. No obstante la certeza del acto reclamado a la autoridad señala en el considerando que antecede, no se estudiará el fondo del asunto, toda vez que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, cuyo análisis debe realizarse de manera preferente al fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, según se establece en el diverso 62. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica..." Por regla general, la causa de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; Que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De manera que por el cambio de situación jurídica resultan consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Del informe justificado rendido por el Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, y de las constancias que al efecto se allegaran a los autos, mismas que tienen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se advierte que efectivamente el quejoso fue detenido el diez de noviembre de dos mil diecisiete y puesto a disposición del Agente Tercero del Ministerio Público de La Piedad, Michoacán. Lo anterior demuestra que, en su oportunidad, el quejoso fue puesto a disposición de la autoridad ministerial de referencia, con lo que operó un cambio de situación jurídica en el quejoso, con el que las violaciones reclamadas a las autoridades responsables, se han consumado irreparablemente, por ello, no son susceptibles de estudiarse sin afectarse la nueva situación jurídica que prevalece. Por tanto, es inconcuso que en el caso debe sobreseerse en el juicio constitucional al actualizarse la causal de improcedencia que establece la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por virtud de un cambio de situación jurídica. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1069/2017, promovido por Eduardo Guzmán Regalado, por los actos y contra las autoridades responsable precisadas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones autorizadas al titular mediante oficio CCJ/ST/6674/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; autorización que fue notificada mediante oficio número CR./CJD./011/6411/2017, signado por el Secretario de la Comisión de Receso, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, secretaria que autoriza. Doy fe.
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