Eduardo Javier LLanos Luis

Expediente 109/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
109/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Javier LLanos Luis

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de abril de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21 de dicho Acuerdo. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 21 de tal ordenamiento; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. De igual forma, dado que en el presente asunto obran cuatro anexos que adjunto la parte quejosa a du demanda de amparo, consistentes en: 1. El citatorio para levantamiento de acta administrativa, con número de oficio SP/VMHO/0315/2021. 2. Cuatro oficios dirigidos a Francisco López Valdés, de cuatro de mayo de dos mil veinte, uno de julio de dos mil veinte, dos de julio de dos mil veinte y tres de agosto de dos mil veinte. 3. Oficio de medidas referentes de contingencia. 4. Expediente clínico. Por tanto, con fundamento en el artículo 21 del citado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca para recoger los mismos; apercibida que de no hacerlo así se procederá a su destrucción; quien a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias y tomar las providencias atinentes para tal efecto, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días concedido al quejoso, para desahogar la prevención realizada en auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, sin que se recibiera promoción al respecto dentro de esa temporalidad; en consecuencia, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia, y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los escritos de cuenta; a través de los cuales, con el primero, el quejoso Eduardo Javier Llanos Luis, pretende desahogar la prevención realizada mediante proveído de cuatro de marzo del año en curso; y con el segundo, formula manifestaciones a manera de alegatos. En consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, relativo a que se tuvo por no presentada la demanda.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (todos con anexo); a través del cual, el Jefe de Área de Registro "B" del Registro Agrario Nacional, en el Estado de México, en cumplimiento al presente requerimiento (sic), comunica que mediante oficio RAN-EM/ST/0060/2021, de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, remitió la información solicitada mediante oficio 13461/2020 (sic), referente al reiterativo enviado a las oficinas centrales (superior jerárquico), solicitando el apoyo para la modificación del mosaico catastral referente al expediente del juicio agrario 689/2018, perteneciente al ejido de Santiago Analco, segunda sección, municipio de Lerma, Estado de México, y consecuentemente estar en aptitud de dar cumplimiento a la presente (sic). Atento a lo anterior, es de puntualizarse que el requerimiento más inmediato que se formuló al Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, en el presente juicio de amparo, fue mediante proveído de veintiséis de febrero del presente año, a través del oficio 6008/2021 de este registro, en el que en atención a la ampliación de la demanda de los terceros interesados José Felipe León, Christian Felipe Antonio y Oscar Hernández Huerta, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente del Ejido de Santiago Analco, segunda sección, municipio de Lerma, Estado de México, se decretó la suspensión de oficio y de plano, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no se les prive total o parcialmente, en forma temporal o definitivamente de sus derechos agrarios que por esta vía se reclaman, hasta en tanto se cuenten con mayores datos y se dicte sentencia ejecutoria en el presente juicio, siempre y cuando las parcelas que refieren no se encuentren asignadas de forma individual. Asimismo, para que rindiera sus informes en cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano decretada en favor de los citados terceros interesados, así como su informe justificado en los términos solicitados. Por tanto, lo anterior hágase del conocimiento al Jefe de Área de Registro "B" del Registro Agrario Nacional, en el Estado de México, para su conocimiento y efectos procedentes; así como para que en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de que tenga conocimiento de la presente determinación, rinda su informe de la suspensión de oficio y de plano otorgada en favor de los terceros interesados José Felipe León, Christian Felipe Antonio y Oscar Hernández Huerta, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente del Ejido de Santiago Analco, segunda sección, municipio de Lerma, Estado de México; en el entendido que de ser omiso al respecto o no informar el impedimento legal que para ello tenga, se hará efectiva la medida de apremio decretada en autos por esta autoridad jurisdiccional.

  4. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que las partes del presente juicio de amparo no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de once de marzo de dos mil veinte, en la cual se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En esa virtud, con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo requiérase al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días den total cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y remitan copia certificada de las constancias que así lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos artículos 237, fracción I, y 258 de la ley de la materia y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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