Eduardo Guerrero Durán
Expediente 960/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 960/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/06/2023
Partes del expediente
- Eduardo Guerrero Durán
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio (con anexo) de cuenta, a través del cual el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, comunica el proveído de veintidós de junio del año en curso, dictado en el juicio de amparo ********************de su registro, mediante el cual solicita se vincule el presente juicio de amparo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se comisiona a la Oficial Judicial A adscrita, para que vincule el presente expediente electrónico a efecto de que el referido Juzgado de Distrito, esté en posibilidad de consultar las constancias que requiera.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, comunica que por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se avocó al conocimiento de la incompetencia; circunstancias de las que se toma conocimiento.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de febrero de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la secretaria del juzgado entabló comunicación con el técnico de enlace administrativo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a efecto de solicitar información respecto de a qué juzgado le tocó conocer la competencia planteada por este órgano jurisdiccional; motivo por el cual, el servidor público de referencia le informó que fue al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a quien le turnaron con registro de papeleta 191/2021 la demanda y sus anexos del presente juicio de amparo, misma que se remitió mediante oficio 32259/2021 del propio registro. En consecuencia, solicítese al homólogo federal, vía interconexión que, de no tener inconveniente, acuse de recibo de la citada comunicación, a fin de proveer lo conducente en el presente juicio de amparo.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Eduardo Guerrero Duran, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en el municipio de Almoloya de Juárez y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 960/2021-III. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que para conocer de la demanda de garantías será competente el juez de distrito: Que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. El del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material. Que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el quejoso Eduardo Guerrero Durán, reclama la orden de detención, aprehensión, reaprehensión, arraigo y cualquier otra tendiente a privarlo de su libertad, girada por la autoridad ordenadora, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y otras autoridades, así como la ejecución de dicho mandato captura. Aunado a lo anterior, del análisis integral de la demanda, se advierte que señala como autoridades responsables a las siguientes: Autoridades responsables ordenadoras: Gregorio Salazar Hernández, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Almoloya de Juárez, Estado de México. Iván Aarón Zeferín Hernández, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Almoloya de Juárez, Estado de México. Rogelio Lean Díaz Villarreal, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Almoloya de Juárez, Estado de México. Rodolfo Martínez Abarca, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Almoloya de Juárez, Estado de México. Daniel Ramírez Pena, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Almoloya de Juárez Estado de México. Juan Morales Nieves, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. Marco Antonio Beltrán Moreno, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. Marco Tulio Muñoz Amezcua, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. Saúl Cota Murillo, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Estado de México, con Residencia en Nezahualcóyotl. Joanna Karina Perea Cano, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Estado de México, con Residencia en Nezahualcóyotl. José Antonio Acevedo Castro, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Estado de México, con Residencia en Nezahualcóyotl. Así como la autoridad responsable ejecutora: I) Fiscal General de la Republica. En ese sentido, se logra interpretar que las autoridades antes mencionadas, indicadas en los incisos a) a la e), tienen ámbito de ejecución en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, en tanto que las restantes están fuera de la plaza territorial de la cual este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; es decir, son autoridades residentes del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, localidad de la cual, este órgano Jurisdiccional carece de competencia territorial. En diversa tesitura, de la demanda de amparo de cuenta, no consta dato alguno que ponga de manifiesto o aporte algún indicio de que el acto reclamado pudiera tener ejecución en este territorio jurisdiccional; aunado a que, el domicilio que el quejoso refiere donde lo buscaron es en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; esto, en virtud de que en el apartado de antecedentes del acto reclamado hace mención de lo siguiente: " El día 30 de septiembre del año en curso, se presentaron en las oficinas de mis abogados que se encuentran ubicadas en Calle Paseos del Alba Edificio H4-4, Departamento 302, Colonia Bosques del Alba, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México". (Sic). En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado tendrá ejecución en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Sobre lo expuesto, por las razones que la informan, sirve de apoyo por identidad jurídica la tesis II.1o.P.152 P, publicada en la página 1925 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2010, Tomo XXXII, Materia Penal, Noventa Época, número de registro 164371, que establece: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. CRITERIOS PARA DETERMINARLA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. Para establecer la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, una vez que se sustanció un juicio de garantías promovido contra una orden de aprehensión, en términos del artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, debe atenderse, en principio, como dato determinante, a la aceptación que realice la autoridad ejecutora acerca de que tratará de cumplir la orden en una localidad concreta y si la competencia territorial corresponde a un solo Distrito Judicial del Poder Judicial de la Federación, con absoluta independencia del sitio donde la ejecutora tenga su residencia oficial, caso en el cual, corresponderá conocer del amparo a un Juez de Distrito de esa localidad. Sin embargo, cuando no se cuente con ese dato deberá obtenerse de los indicios que se deduzcan de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo, incluidas, desde luego, las correspondientes a la averiguación previa o al proceso penal instruido contra el quejoso, y que sean indicativos del lugar donde, objetiva y lógicamente, puede ejecutarse la orden de aprehensión, pues si ésta consiste en la privación de la libertad deambulatoria del probable responsable, resulta inconcuso que deben considerarse los datos que permitan establecer su ubicación personal, por ejemplo, su domicilio actual o más reciente, el lugar de trabajo, el principal asiento de sus negocios, entre otros. Sin que este criterio riña con la jurisprudencia 1a./J. 12/95 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de rubro: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA.", toda vez que en ésta se establece que para fijar la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, no debe atenderse al domicilio que hubiese señalado el quejoso en su demanda de garantías, pues ello equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar el domicilio donde quisiera promover; lo anterior es así, toda vez que dicho criterio no impide que para conocer el lugar donde tratará de ejecutarse la orden de aprehensión, pueda tomarse en consideración el domicilio que realmente aparezca probado en autos, una vez sustanciado el juicio de garantías y obtenido mediante la valoración de los indicios que deriven de la totalidad de las constancias existentes en él, incluidas claro está, aquellas que hubiese allegado la autoridad o autoridades que hayan aceptado la existencia de ese acto en concreto." Así también, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En las relatadas condiciones, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia para conocer del presente asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, ya que dentro de su jurisdicción se podría ejecutar el acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde produciría sus efectos el acto reclamado. Por lo cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar inmediatamente a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), con el uso de su firma electrónica. Al mismo tiempo, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Luego, toda vez que la parte quejosa proporciona los usuarios "drosales94" y "cgrivera73"; y de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se encontró registro de dichos usuarios; conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva de este asunto y se le tiene esa vía como medio para oír y recibir notificaciones. Además, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Galván Rivera, Llohtli Demian Lozano Montoya, Diego Leonardo Rosales Álvarez y Axel Castellanos Mares, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; asimismo, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas restantes, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la Secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.
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