Eduardo González Colín

Expediente 562/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
562/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Eduardo González Colín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    MESA III. Toluca, Estado de México, trece de julio de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 20 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó. c) El cuaderno del incidente de suspensión, es conservable, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva. d) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 23 del multicitado Acuerdo, se proceda a su destrucción. Se comunica a las partes que, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 17, del Acuerdo en comento, el cuaderno incidental será transferido una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Por otra parte, devuélvase al Jueza Sexto Civil de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, como complemento a su informe justificado, constantes de: Copias certificadas de todo lo actuado en el expediente 179/2016 de su índice Finalmente, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; mediante el cual ********************, autorizada del quejoso ********************, solicita se expida copia certificada de la sentencia de amparo dictada el veintitrés de los corrientes y autoriza a ********************, para su correspondiente entrega. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, expídase a su costa las copias certificadas que pide, previa razón y firma que por su recepción obre en autos para debida constancia legal, teniéndose por autorizada a la persona que menciona para recibirlas, quien deberá de comparecer debidamente con identificación oficial

  3. Principal

    SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ********************62/2023-III, promovido por ********************, contra actos del Juez Sexto de lo Civil de Cuantía Mayor de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el catorce de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "III.- QUE LAS AUTORIDADES QUE SE SEÑALAN COMO RESPONSABLES SON: EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA: C. Juez Sexto de lo Civil de Cuantía Mayor de Primera Instancia de Toluca, Estado de México con Residencia en Metepec, Estado de México. EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS: A).- C. Notificadora O Notificador del Juzgado Sexto de lo Civil de Toluca con Residencia en Metepec, Estado de México con domicilio en Avenida Tecnológico S/N, San Salvador Tizaltlali Metepec, Estado de México. B).- C. Ejecutora o Ejecutor del Juzgado Sexto de lo Civil de Toluca con Residencia en Metepec, Estado de México con domicilio en Avenida Tecnológico S/N, San Salvador Tizaltlali Metepec, Estado de México." "IV.- QUE LOS ACTOS QUE SE RECLAMAN SEÑALADAS COMO RESPONSABLES SON: Se les reclama: A la Responsable en su carácter de ordenadora, C. Juez Sexto de lo Civil de Cuantía Mayor de Primera Instancia de Toluca, Estado de México con Residencia en Metepec, Estado de México: Lo siguiente: En el Juicio promovido por el tercero interesado ********************, en contra de la igual tercera interesada, en esta misma demanda señora ********************, todo lo actuado en el Juicio Ordinario Civil número ********************, comprendiendo las razones, decretos, acuerdos desposesorios y de lanzamiento, diligencias, promociones, la sentencia pronunciada en el citado juicio, los acuerdos de ejecución y cumplimiento del fallo respectivo que se traduce en el lanzamiento del suscrito de la vivienda en que habito que se encuentra en la Colonia ********************, en la calle ********************, Metepec, Estado de México; y, en general, todo lo que forme parte o se refiera a aquél proceso, en el que el suscrito no fui emplazado a juicio para deducir mis derechos, pese a que previo a la emisión de cualquiera acto de carácter privativo de derechos se halla el preponderante contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se les reclama: De las Autoridades Responsables en su carácter de Ejecutoras: Lo siguiente: La falta de notificación y emplazamiento al juicio Ordinario Civil número ********************, del índice del Juez Sexto de lo Civil De Cuantía Mayor de Primera Instancia de Toluca, Estado de México con Residencia en Metepec, Estado de México, promovido por el tercero interesado ********************, en contra de la igual tercera interesada, en esta misma demanda señora ********************, no obstante que tal acto procesal es de orden público. A todas las Autoridades señaladas como Responsables Se les Reclama lo siguiente: Los efectos y consecuencias que se deriven de los actos reclamados, cuya restitución se reclama en los términos previstos por el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, que se traducen en la inminente desposesión y lanzamiento en mi perjuicio en relación con la vivienda que tengo establecida en la Colonia ********************, en la calle de ********************, Metepec, Estado de México." Actos reclamados que el promovente del amparo señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión. En acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo en términos del acta que antecede, y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 3********************, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, en virtud de que el acto reclamado emana de un juicio tramitado ante autoridad del orden civil que reside en el ámbito territorial donde este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 7******************** de la Ley de Amparo, los actos reclamados se hacen consistir en: 1. La falta de emplazamiento y todo lo actuado dentro del expediente ********************del índice del Juez responsable, y; 2. Su ejecución, que hace consistir en la orden de desalojo y/o lanzamiento del inmueble defendido. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Jueza, la Ejecutora Judicial y la Notificadora, todos del Juzgado Sexto Civil de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Consecuentemente, deben tenerse por ciertos los actos que se reclaman a dichas autoridades; siendo aplicable a lo anterior la jurisprudencia 30********************, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-199********************, Tomo VI, Quinta Época, página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Para corroborar lo anterior, la Jueza responsable remitió copia certificada del expediente ********************de su índice; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, al tratarse de documentales públicas expedidas por funcionario en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, publicada en la página 143, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-199********************, Tomo VI, Materia Común, que establece lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. El estudio de las causas de improcedencia es de orden público y deben ser analizadas de manera preferente, sea que las partes lo aleguen o se adviertan de oficio, atento lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinación que, además, encuentra sustento en la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada con el número 814, visible en la página ****************************************3, del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-199********************, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y en ese sentido, del análisis de las constancias de autos, se estima que, como acertadamente lo hicieron valer las responsables, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral ********************, fracción I, de la Ley de Amparo; preceptos legales que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo ********************o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo ********************. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" Los cuales establecen, como presupuesto para el examen de la controversia constitucional, la justificación del interés jurídico de quien promueve el amparo, es decir, la demostración plena de que existe un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del juicio de amparo, pues para que tal situación acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. De esta forma, el interés jurídico del gobernado sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que le asisten; razón por la cual, si los actos reclamados no se refieren a algún derecho perteneciente a esa esfera jurídica, entonces al acudir a la vía de amparo carece de interés jurídico para impugnarlos y, de ser así, debe declararse la improcedencia del juicio de amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis, ha sostenido que el interés jurídico es aquél reconocido por la ley y que no es otra cosa, sino lo que la doctrina llama derecho subjetivo, es decir, aquella facultad o potestad de exigencia, establecida en una norma del derecho objetivo, que supone la existencia de dos elementos inseparables, una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Sobre el particular, por las razones que informa, se inserta la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXX, visible en la página ********************68, que establece: "INTERÉS JURÍDICO, NATURALEZA DEL. Aunque manifieste el quejoso que el acto reclamado afecta a su interés económico, éste es diverso del interés jurídico y si bien es cierto que toda situación favorable a la satisfacción de una necesidad resulta un interés, éste no siempre puede calificarse de jurídico, pues para que tenga este carácter es menester que el derecho objetivo lo tutele a través de alguna de sus normas y si no lo hace así, el puro interés material no puede ser protegido por el juicio de garantías." Conforme a lo anterior, es válido extraer los siguientes elementos del interés jurídico, a saber: a) la existencia de un derecho establecido en una norma jurídica (derecho objetivo); b) la titularidad de ese derecho por parte de una persona; c) la facultad de exigencia para el respeto de ese derecho; y d) la obligación correlativa a esa facultad de exigencia. De ahí que el interés jurídico es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, es decir, el interés y legitimación procesal, están íntimamente ligados con el elemento perjuicio, como se desprende de lo establecido por el artículo ********************, inciso I, de la ley de la materia, que regula que son partes en el juicio amparo, entre otros, el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados, violan los derechos previstos en el artículo 1 de la citada legislación, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; asimismo, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Inclusive, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, sea en su persona, patrimonio o derechos, y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada, a través del juicio de amparo. Al caso, se invoca la jurisprudencia emitida por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 72, Séptima Época, página ****************************************, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 196********************, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: 'El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona'. Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, 'no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados' (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Sentado lo anterior, debe decirse ahora que el ahora quejoso acude a ejercitar la acción constitucional, ostentándose como tercero extraño al juicio de origen, reclamando la omisión del emplazamiento en el juicio ********************del índice del Juzgado Sexto Civil de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, lo que refiere tiene como consecuencia la privación de sus derechos posesorios respecto del bien inmueble parte de la controversia en el juicio aludido, donde se aprecia que el ahora quejoso no es parte en el mismo, esto es, que es tercero extraño al juicio natural, dado que el juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria se advierte como actor a ********************, y como demandados a ******************** y ********************. Siendo que, en el presente caso, del análisis de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que no se afecta algún derecho subjetivo del ahora quejoso, en razón de que no se acreditó la identidad del inmueble motivo del procedimiento de origen respecto del defendido por el ahora quejoso en el presente sumario constitucional. Esto es así, al tomarse en consideración, conforme a la sentencia definitiva de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, así como de la resolución de apelación de trece de enero de dos mil veintidós, emitida en el toca ********************, y su auto aclaratorio de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, que el inmueble que pretende defender el solicitante del amparo, corresponde al descrito en el contrato privado de comodato, de veintiuno de septiembre de mil doce, respecto de un inmueble ubicado en la colonia ********************, en la calle de ********************, Metepec, Estado de México; mientras que, conforme a las constancias remitidas por la responsable, dentro de los autos de juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria ********************, promovido por ********************, contra ******************** y ********************, se advierte que el predio motivo de la litis corresponde al ubicado en el Lote ********************, de la manzana ********************, y casa en el construida del fraccionamiento ********************, ubicado en el municipio de Metepec, Estado de México. Ante lo cual, dado que el ahora quejoso, quien tiene la carga de demostrar su interés jurídico para promover el juicio de amparo, lo pretendió realizar con: la credencial para votar original del quejoso ********************; con el contrato de comodato original, de veintiuno de septiembre de dos mil doce, celebrado entre ********************como representante del comodante, y el quejoso ******************** como comodatario; con la copia simple del contrato de compraventa, de veintiséis de enero de dos mil seis, celebrado por ********************, como vendedor y ********************como comprador; con copia simple del poder general para pleitos y cobranzas que otorga ********************a ********************; con copia certificada del acta de defunción de la señora ********************; y con constancia de la Clave Única de Registro de Población de la señora ********************. Sin embargo, del material probatorio que obra en autos, no se acredita que, como lo manifiesta la parte solicitante del amparo, el predio que ahora defiende, se vea afectado en alguna forma por el acto reclamado. Y es que, el bien inmueble objeto de la litis en el juicio de origen, se hizo consistir en un predio ubicado en Lote ********************, de la manzana ********************, y casa en el construida del fraccionamiento ********************, ubicado en el municipio de Metepec, Estado de México; mientras que las documentales que anexó, en su caso, y sin prejuzgar sobre su calidad y alcances, acreditan derechos posesorios derivados (comodato) sobre el inmueble ubicado en la colonia ********************, en la calle de ********************, Metepec, Estado de México. De donde se observa, en forma clara, que se trata de dos predios discrepantes respecto de la dirección en que se ubican, pues aunque ambos se encuentran en el municipio de Metepec, Estado de México, mientras uno se localiza como Lote ********************, de la manzana ********************, y casa en él construida, del fraccionamiento ********************, el otro corresponde al número ********************, de la calle de ********************, en la colonia ********************, discrepando calle, número, mientras que el otro es lote de una manzana, y localidad, pues una es colonia y el otro es fraccionamiento, sin que con ello pueda advertirse fehacientemente la afectación que reclama el ahora quejoso; pues, aunque el solicitante del amparo manifiesta que se trata del mismo predio, en el caso no allegó prueba idónea para demostrar fehacientemente la afectación que aduce le causa agravio; en tanto que los medios de prueba ofrecidos por el aquí quejoso, resultan insuficientes, por sí mismos, para probar que efectivamente se trata del predio que aquí defiende, ni son los medios idóneos para acreditar tal extremo. Sobre todo que, para estar en aptitud de determinar si efectivamente el inmueble que fue materia del juicio de origen afectaba el defendido por el amparista, era necesario que existieran estudios técnicos especializados que reflejaran a través de un dictamen pericial la afectación o no de que se trata; el cual no fue ofrecido por el ahora quejoso, y las que ofreció son idóneas, en todo caso, para acreditar indirectamente la posesión y/o propiedad del predio que defiende, no así para demostrar que se trata del mismo inmueble materia de la litis en el en el juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria ********************del índice de la autoridad responsable. Por consiguiente, al no resultar suficientes las probanzas ofertadas por el accionante del amparo, para demostrar la identidad del inmueble materia del juicio de donde deriva el acto reclamado, con respecto a aquél cuya posesión ostenta, es evidente que dichos actos no le causan perjuicio y, por ende, cabe concluir que los mismos no afectan su interés jurídico, pues, se insiste, en las condiciones reseñadas, era necesario adminicular tales probanzas documentales, con la prueba pericial, por ser ésta, la idónea para acreditar que el inmueble que defiende, fue afectado en el juicio natural. Corrobora lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o. J/340, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 84, Diciembre de 1994, Octava Época, visible en la página ********************3, que refiere: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. El artículo 4 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable." Así como la tesis aislada VIII.2o.14 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 199********************, Novena Época, página ************************************************************, con el rubro y texto que literalmente dicen: "PROPIEDAD Y POSESIÓN DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACIÓN CUANDO SE RECLAMA PRIVACIÓN DE LA. Si la parte quejosa que se ostenta como tercera extraña en el juicio natural, no aporta al juicio de garantías los elementos de convicción conducentes que demuestran de manera fehaciente la identidad del bien materia del juicio ordinario del cual emana el acto reclamado, patente resulta que, en dicho supuesto, no puede sostenerse válidamente que tal acto le irrogue perjuicio, siendo evidente, por ende, que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de probar que hubo afectación al interés jurídico de la quejosa. Y también, por analogía, la Jurisprudencia VI.3o. J/2, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Novena Época, página 327, con el rubro y texto que dicen: "POSESIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACIÓN. Si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad del inmueble materia del juicio de usucapión de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble cuya posesión ostenta, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que resulta literalmente aplicable la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo lo cual conduce al sobreseimiento del juicio de garantías." Con lo cual, se hace patente la falta de interés jurídico del ahora quejoso en el presente juicio de amparo, pues era menester acreditar fehacientemente que éste afecta los derechos subjetivos públicos que le son otorgados por la ley, lo cual no acontece en la especie; pues si se reclaman actos de privación de la posesión, el supuesto básico en que descansa tal motivo de inconformidad es el derecho relativo, entonces si no se prueba ese derecho medular respecto del bien inmueble que fue materia de la litis en el juicio natural, tampoco se acredita la afectación al interés jurídico del promovente del amparo. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia 848, publicada en la página ********************78, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-199********************, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse de forma fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral ********************, fracción I, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la ley referida, procede sobreseer en el presente sumario constitucional por lo que hace al acto reclamado y autoridad responsable de que se trata. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados de la Ejecutora y de la Notificadora, ambas del Juzgado Sexto Civil de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Al caso es aplicable la jurisprudencia número ********************16, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 339, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-199********************, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Cabe señalar que lo anterior no implica una denegación de la justicia o una afectación a los derechos fundamentales del solicitante del amparo, pues no es la obligación de este tribunal de amparo tramitar y resolver en el fondo el asunto sometido a su consideración en forma favorable a sus intereses, sino que se circunscribe a que a su demanda debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento, a las cuales debe apegarse el accionante de amparo, y entre las que se encuentran la causa de improcedencia advertida en el presente fallo. Es aplicable sobre el tema, la jurisprudencia VII.2o.C.J/23, publicada en la página 921, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2006, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Y, en lo conducente, la jurisprudencia III.2o.C.3 K (10ª), publicada en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Enero de 2013, Libro XVI, Tomo 3, Décima Época, que establece: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Finalmente, dado el sentido de la presente resolución, no se permite a este juzgador el análisis de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo; lo que encuentra apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia ********************9, publicada en la página 33******************** del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-199********************, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, los mismos resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, y en el presente el caso no se advierte oposición alguna al respecto. SEXTO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 6, apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior en atención al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 7********************, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos y autoridades precisados en los Considerandos Segundo y Tercero de este fallo, en atención a los motivos expuestos en el Considerando Cuarto del mismo.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito (con seis anexos) de cuenta; a través del cual el quejoso ******************** ofrece las siguientes pruebas: La instrumental pública de actuaciones. Copia certificada del acta de defunción de la señora ********************. Constancia de la Clave Única de Registro de Población de la señora ********************. La compulsa de documentos que en original se adjuntaron con el escrito inicial de demanda. La testimonial de ********************. La presuncional legal y humana. Atento a lo anterior, por cuanto hace a las pruebas reseñadas en los arábigos 2, 3 y 6, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, sin perjuicio de hacer relación de éstas en la celebración de la audiencia constitucional. Además, respecto a la prueba ofrecida en el número 1, se reserva acordar sobre su admisión hasta en tanto se encuentre debidamente integrado el presente sumario. Ahora, por cuanto hace a la prueba identificada con el número 4, no ha lugar a realizar la compulsa solicitada, toda vez que del estado de autos se aprecia que en el escrito de demanda se presentaron las documentales en cuestión en original, de ahí que resultaría ociosa su compulsa. Luego, respecto a la testimonial de ********************, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha por extemporánea en atención a las consideraciones siguientes. El artículo 119 de la ley de la materia señala que: "Artículo 119. [.] Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. [.]." (Lo resaltado es propio). De una interpretación de tal precepto, pone de manifiesto una característica fundamental para verificar el requisito de admisibilidad de las pruebas que requieren preparación, a saber, que deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; y que este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento; es decir, el lapso para anunciar las pruebas de que se trata, corre desde que se admite la demanda y vence el sexto día hábil anterior al señalado para la celebración de la audiencia constitucional señalada primigeniamente, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, en que el plazo para su ofrecimiento será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Al respecto, es menester destacar que la prueba ofrecida requiere preparación, es decir, el juzgador deberá emplear los medios necesarios para que se lleve a cabo tal probanza. Por tanto, en el caso que nos ocupa, de los autos que integran el presente expediente se aprecia que la prueba de mérito se encuentra ofrecida fuera del término señalado en la ley de la materia, pues en auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, previa recepción de los informes de ley de las responsables, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, a saber, las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de mayo de este año, y según se desprende del sello que obra en la promoción de cuenta, ésta se presentó en la Oficina de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales el diecisiete de mayo del año en curso, lo que evidencia que el lapso para anunciarla es extemporáneo, pues entre la fecha de presentación (diecisiete de mayo de este año) y la de audiencia (veintitrés de mayo de la presente anualidad), sin contar tales días, únicamente transcurren tres días hábiles. Por tanto, es inconcuso que ha precluído tal derecho, puesto que resulta por demás claro que dicho ofrecimiento no se presentó con la inmediatez a que hace referencia el artículo 119 de la Ley de Amparo, a pesar de que tuvo la oportunidad de ofrecerlas dentro del término señalado para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número VI.2o. J/33, en la página 431, del Tomo II, Noviembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO. OPORTUNIDAD PARA ANUNCIARLAS. Una correcta interpretación del artículo 151 de la Ley de Amparo, conduce a determinar que las partes pueden anunciar las pruebas testimonial y pericial a partir de que surta efectos la notificación del auto admisorio de la demanda, hasta antes de que venza el plazo de cinco días que como mínimo establece la ley, es decir, el lapso para anunciar las pruebas de que se trata, corre desde que se admite la demanda y vence el sexto día hábil anterior al señalado para la celebración de la audiencia constitucional." No constituye un obstáculo a lo anterior, que la jurisprudencia invocada interprete la legislación de amparo abrogada, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo, tal como lo establece el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. De igual manera, la Jurisprudencia 2a./J. 79/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, Décima Época consultable en la página 1198 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, que establece: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO. De la interpretación de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se advierten las reglas de los párrafos tercero y cuarto del numeral citado en primer término, que indican que las pruebas que ameritan un desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y que este plazo no podrá ampliarse con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos novedosos; de ahí que, son aplicables a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el numeral 121 aludido, pues en este caso, el desahogo de la prueba documental requiere preparación, ya que el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas y se incorporen materialmente al juicio de amparo. Ello, porque considerar que cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente fijada, las partes cuentan con una nueva oportunidad para ofrecer documentales que no tienen a su disposición, contravendría los principios de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que delinean el carácter sumario del juicio de amparo indirecto. Por tanto, la solicitud de las partes al Juez de Distrito en términos del artículo 121 mencionado, para que requiera a algún servidor público una prueba documental que, pese a haberla solicitado no han obtenido, debe realizarse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia."

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