Eduardo Emmert Cruz
Expediente 515/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 515/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Emmert Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y tercero interesada, para que manifestaran lo que sus intereses conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector, sin que hayan hecho manifestación alguna. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Efectos de la concesión En sentencia dictada el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a EDUARDO EMMERT CRUZ, para el efecto de que el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1.- El Magistrado responsable deje insubsistente la sentencia constitutiva del acto reclamado dictada el veinticuatro de abril del dos mil dieciocho dentro del toca penal I-10/2018; y 2.- Con plenitud de jurisdicción dicte otra resolución, que incluso puede ser en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales que la afectan, motivando los siguientes aspectos: a) Exponga de manera fundada y motivada, si en efecto como lo afirma la Juez de primer grado, cada una de las pruebas ordenadas desahogar conforme al protocolo de Estambul dentro de proceso 64/2014-I, en la persona de EDUARDO EMMER CRUZ, se realizaron o no conforme a los lineamientos que para la investigación de la tortura establece dicho Protocolo; b) De llegar a la conclusión que las aludidas pruebas no se desahogaron conforme a dicho Protocolo, precise cuáles de los requisitos previstos por el mismo se dejaron de observar para su desahogo y analice si en realidad ello impide en efecto otorgarles valor y eficacia a las conclusiones; de manera que de no ser así, proceda como en derecho corresponda; haciendo el estudio respectivo; o, c) Si considerara que la ineficacia de tales experticias deriva de la discrepancia de las versiones que el propio inculpado comunicó a los expertos, así como con sus declaraciones emitidas en la causa penal de origen, de manera que dicha ineficacia sólo fuera atribuible al inculpado; la responsable deberá desestimar los dictámenes respectivos y examinar el resto de las pruebas y los agravios hechos valer por las partes". Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, mediante proveído de diez de diciembre de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y se requirió al magistrado responsable, para que cumpliera con el fallo protector. Mediante oficio presentado el doce de diciembre de dos mil dieciocho, el magistrado responsable informó que en acuerdo de once de ese mismo mes y año, dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de abril de ese año, dictada en el toca de apelación número I-10/2018. Por auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, atendiendo la solicitud formulada por el magistrado responsable, se remitieron los tres tomos del duplicado de la causa penal de origen y por tal motivo, se amplió el término concedido para cumplir con el fallo protector Mediante oficio presentado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución de esa propia fecha, dictada en el toca de apelación número I-10/2018, de la que se advierte que, para cumplir con el fallo protector, realizó lo siguiente: 1) Procedió a analizar los dictámenes médico, psicológico y psiquiátrico practicados al aquí quejoso Eduardo Emmert Cruz. 2) Señaló que dichos dictámenes, no obstante que no se ajustan a la totalidad de los artículos 74 al 140, 163, 212, 214, 240, 252, 253 al 309 y relativos del Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), cumplen con las exigencias de los artículos 289, 290, 296, 302 y 333 del Código de Procedimientos Penales del Estado, al haber sido emitidos por personas con conocimientos especiales en la materia en que cada uno versa, además que el doctor Leni Reyes Durán es perito oficial, por laborar en el Departamento Médico de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado; carácter que también tiene la psicóloga Susana Tapia Ramírez, al laborar en el Centro Michoacano de Salud, en tanto que, el psiquiatra Álvaro Castillo Navarro, no tiene ese carácter oficial, por haber sido propuesto por la defensa. 3) Sin embargo, pese al valor probatorio de los referidos dictámenes, estimo que no son suficientes para acreditar la tortura alegada por Eduardo Emmert Cruz, ya que no existe correspondencia entre la historia que narró el presunto torturado al médico, a la psicóloga y al psiquiatra y lo que declaró en vía preparatoria y en sus ampliaciones posteriores, señalando en que consistieron esas discrepancias y por lo cual, no concuerdan con la verdad histórica; aunado a que de los certificados médicos practicados al quejoso no se encontraron lesiones externas o golpes al momento en que rindió su declaración. 4) Consecuentemente, desestimó tales dictámenes al ser ineficaces para acreditar los actos de tortura que dice sufrió el quejoso, por parte de sus captores, motivo por el cual, procedió a examinar el resto de las pruebas y los agravios hechos valer. 5) Hecho lo anterior, con la plenitud de jurisdicción que le fue reservada, declaró infundados los agravios vertidos por la defensa, advirtiendo la necesidad de suplir su deficiencia, por cuanto ve al capítulo de la individualización de la pena y por tanto, modificó la sentencia condenatoria dictada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, para ahora disminuir la pena impuesta al acusado en primera instancia, para fijarle veintiséis años de prisión, una multa y el tiempo de suspensión de sus derechos políticos, por igual lapso que la nueve pena corporal. Con dicha resolución, se ordenó dar vista a la partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente la sentencia constitutiva del acto reclamado dictada el veinticuatro de abril del dos mil dieciocho, dentro del toca penal I-10/2018; y en su lugar, emitir otra con fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, a través de la cual, expuso de manera fundada y motivada, si cada una de las pruebas ordenadas desahogar conforme al protocolo de Estambul dentro de proceso 64/2014-I, en la persona de EDUARDO EMMER CRUZ, se realizaron o no conforme a los lineamientos que para la investigación de la tortura establece dicho Protocolo, concluyendo que tienen valor probatorio al cumplir con las exigencias de los artículos 289, 290, 296, 302 y 333 del Código de Procedimientos Penales del Estado, pero que no eran suficientes para acreditar la tortura alegada por Eduardo Emmert Cruz, ya que no existe correspondencia entre la historia que narró el presunto torturado al médico, a la psicóloga y al psiquiatra y lo que declaró en vía preparatoria y en sus ampliaciones posteriores, señalando en que consistieron esas discrepancias y por lo cual, no concuerdan con la verdad histórica del proceso; y con la plenitud de jurisdicción que le fue reservada, declaró infundados los agravios vertidos por la defensa, advirtiendo la necesidad de suplir su deficiencia, por cuanto ve al capítulo de la individualización de la pena y por tanto, modificó la sentencia condenatoria dictada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, para ahora disminuir la pena impuesta al acusado en primera instancia; con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse solicitado la medida suspensiva y por ende, no haberse formado incidentes de suspensión. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Por lista notifico a la parte tercero interesada C. D. G. C. el siguiente auto: Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y tercero interesada, para que manifestaran lo que sus intereses conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector, sin que hayan hecho manifestación alguna. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Efectos de la concesión En sentencia dictada el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a EDUARDO EMMERT CRUZ, para el efecto de que el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1.- El Magistrado responsable deje insubsistente la sentencia constitutiva del acto reclamado dictada el veinticuatro de abril del dos mil dieciocho dentro del toca penal I-10/2018; y 2.- Con plenitud de jurisdicción dicte otra resolución, que incluso puede ser en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales que la afectan, motivando los siguientes aspectos: a) Exponga de manera fundada y motivada, si en efecto como lo afirma la Juez de primer grado, cada una de las pruebas ordenadas desahogar conforme al protocolo de Estambul dentro de proceso 64/2014-I, en la persona de EDUARDO EMMER CRUZ, se realizaron o no conforme a los lineamientos que para la investigación de la tortura establece dicho Protocolo; b) De llegar a la conclusión que las aludidas pruebas no se desahogaron conforme a dicho Protocolo, precise cuáles de los requisitos previstos por el mismo se dejaron de observar para su desahogo y analice si en realidad ello impide en efecto otorgarles valor y eficacia a las conclusiones; de manera que de no ser así, proceda como en derecho corresponda; haciendo el estudio respectivo; o, c) Si considerara que la ineficacia de tales experticias deriva de la discrepancia de las versiones que el propio inculpado comunicó a los expertos, así como con sus declaraciones emitidas en la causa penal de origen, de manera que dicha ineficacia sólo fuera atribuible al inculpado; la responsable deberá desestimar los dictámenes respectivos y examinar el resto de las pruebas y los agravios hechos valer por las partes". Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, mediante proveído de diez de diciembre de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y se requirió al magistrado responsable, para que cumpliera con el fallo protector. Mediante oficio presentado el doce de diciembre de dos mil dieciocho, el magistrado responsable informó que en acuerdo de once de ese mismo mes y año, dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de abril de ese año, dictada en el toca de apelación número I-10/2018. Por auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, atendiendo la solicitud formulada por el magistrado responsable, se remitieron los tres tomos del duplicado de la causa penal de origen y por tal motivo, se amplió el término concedido para cumplir con el fallo protector Mediante oficio presentado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución de esa propia fecha, dictada en el toca de apelación número I-10/2018, de la que se advierte que, para cumplir con el fallo protector, realizó lo siguiente: 1) Procedió a analizar los dictámenes médico, psicológico y psiquiátrico practicados al aquí quejoso Eduardo Emmert Cruz. 2) Señaló que dichos dictámenes, no obstante que no se ajustan a la totalidad de los artículos 74 al 140, 163, 212, 214, 240, 252, 253 al 309 y relativos del Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), cumplen con las exigencias de los artículos 289, 290, 296, 302 y 333 del Código de Procedimientos Penales del Estado, al haber sido emitidos por personas con conocimientos especiales en la materia en que cada uno versa, además que el doctor Leni Reyes Durán es perito oficial, por laborar en el Departamento Médico de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado; carácter que también tiene la psicóloga Susana Tapia Ramírez, al laborar en el Centro Michoacano de Salud, en tanto que, el psiquiatra Álvaro Castillo Navarro, no tiene ese carácter oficial, por haber sido propuesto por la defensa. 3) Sin embargo, pese al valor probatorio de los referidos dictámenes, estimo que no son suficientes para acreditar la tortura alegada por Eduardo Emmert Cruz, ya que no existe correspondencia entre la historia que narró el presunto torturado al médico, a la psicóloga y al psiquiatra y lo que declaró en vía preparatoria y en sus ampliaciones posteriores, señalando en que consistieron esas discrepancias y por lo cual, no concuerdan con la verdad histórica; aunado a que de los certificados médicos practicados al quejoso no se encontraron lesiones externas o golpes al momento en que rindió su declaración. 4) Consecuentemente, desestimó tales dictámenes al ser ineficaces para acreditar los actos de tortura que dice sufrió el quejoso, por parte de sus captores, motivo por el cual, procedió a examinar el resto de las pruebas y los agravios hechos valer. 5) Hecho lo anterior, con la plenitud de jurisdicción que le fue reservada, declaró infundados los agravios vertidos por la defensa, advirtiendo la necesidad de suplir su deficiencia, por cuanto ve al capítulo de la individualización de la pena y por tanto, modificó la sentencia condenatoria dictada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, para ahora disminuir la pena impuesta al acusado en primera instancia, para fijarle veintiséis años de prisión, una multa y el tiempo de suspensión de sus derechos políticos, por igual lapso que la nueve pena corporal. Con dicha resolución, se ordenó dar vista a la partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente la sentencia constitutiva del acto reclamado dictada el veinticuatro de abril del dos mil dieciocho, dentro del toca penal I-10/2018; y en su lugar, emitir otra con fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, a través de la cual, expuso de manera fundada y motivada, si cada una de las pruebas ordenadas desahogar conforme al protocolo de Estambul dentro de proceso 64/2014-I, en la persona de EDUARDO EMMER CRUZ, se realizaron o no conforme a los lineamientos que para la investigación de la tortura establece dicho Protocolo, concluyendo que tienen valor probatorio al cumplir con las exigencias de los artículos 289, 290, 296, 302 y 333 del Código de Procedimientos Penales del Estado, pero que no eran suficientes para acreditar la tortura alegada por Eduardo Emmert Cruz, ya que no existe correspondencia entre la historia que narró el presunto torturado al médico, a la psicóloga y al psiquiatra y lo que declaró en vía preparatoria y en sus ampliaciones posteriores, señalando en que consistieron esas discrepancias y por lo cual, no concuerdan con la verdad histórica del proceso; y con la plenitud de jurisdicción que le fue reservada, declaró infundados los agravios vertidos por la defensa, advirtiendo la necesidad de suplir su deficiencia, por cuanto ve al capítulo de la individualización de la pena y por tanto, modificó la sentencia condenatoria dictada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, para ahora disminuir la pena impuesta al acusado en primera instancia; con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse solicitado la medida suspensiva y por ende, no haberse formado incidentes de suspensión. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil diecinueve. Autoridad responsable acusa recibo Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, la comunicación signada por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo de la copia certificada del toca número I-10/2018, misma que le fuera devuelta por parte de este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de enero de dos mil diecinueve. Juzgado federal remite constancias Visto el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, virtud al avocamiento del juicio de amparo en que se actúa, realizado por este órgano jurisdiccional, remite copia certificada del toca I-10/2018, que fuera exhibido por el magistrado responsable. Devolución de constancias En consecuencia, como en los presentes autos ya obra sentencia ejecutoria y se encuentra en etapa de ejecución, se estiman innecesarias las constancias de mérito y por tanto, se ordena devolver al magistrado responsable el legajo de copias certificadas del toca número I-10/2018, que acompañó a su respectivo informe justificado, solicitándole acuse el recibo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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