EDUARDO FLORES LOPEZ y Otros.
Expediente 528/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 528/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- EDUARDO FLORES LOPEZ y Otros.
- Jorge Flores Lopez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de ocho de mayo de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó de plano la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de Mauricio Pérez Hernández, autorizado del quejoso Gregorio Águila Cortés, en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; por consiguiente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítase dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al que quede debidamente integrado el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, así como el escrito original de expresión de agravios. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios.
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE QUE EN LO CONDUCENTE: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Eduardo Flores López y Jorge Flores López, la que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de conformidad al artículo primero transitorio; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 528/2017-D. Establecido lo anterior, debe precisarse que de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por los promoventes en la presente instancia constitucional, es: (.) V. Reclamamos: Oficio número 14 de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, en la averiguación previa AP/PGRlPUElPUE/-VIII/347B/2015, dictado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Auxiliar habilitado de la Procuradora General de la República, en el cual determina procedente la consulta del no ejercicio de la acción penal. Asimismo, reclamamos la omisión de investigar los hechos delictivos, precisados en nuestro escrito inicial de querella, formulada ante la Procuraduría General de la República, en nuestro escrito de treinta de septiembre de dos mil quince en el cual se ofrecieron diversos medios de prueba. Es así, pues ni siquiera la Agente del Ministerio Público correspondiente acordó desahogar al menos nuestras declaraciones ministeriales, y menos aún solicitó el oficio correspondiente ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estas circunstancias aunadas a los expresados en nuestro escrito inicial de querella, de hechos delictivos de fecha antes señalada, llevan a concluir que las autoridades señaladas como responsables además de omitir desahogar las pruebas que acreditan el delito respecto de los actos que nos dolemos, declaran procedente la consulta del NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, al considerar que la acción penal se encuentra extinguida por el hecho de existir una diversa averiguación previa ya consignada y en la que se ha dictado orden de aprehensión. (.) Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que en el caso, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales que se analiza, de conformidad con las siguientes consideraciones: En primer término, se advierte que, en la especie, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" En principio, debe resaltarse que el precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hecha esta precisión, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente señalar que los quejosos acuden a esta instancia constitucional a reclamar la resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete dictada en la averiguación previa AP/PGRlPUElPUE/-VIII/347B/2015, por el Agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliar, habilitado de la Procuradora General de la República, en la que se determina procedente la consulta del no ejercicio de la acción penal y que efectivamente fue notificada a este Juzgado mediante el oficio 14 de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Sin embargo, es necesario mencionar que la citada determinación se emitió en cumplimiento a la sentencia dictada el seis de enero de dos mil diecisiete dentro del juicio de amparo 1252/2016 de este índice; en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para el efecto de que el fiscal responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la determinación de treinta de junio de dos mil dieciséis (sic), continúe con la investigación de los hechos y se pronuncie sobre el ejercicio o no de la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE/-VIII/347B/2015, es decir, si se acredita alguna conducta delictiva o no." Resolución que en proveído de ocho de febrero de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Auxiliar Habilitado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Puebla. Así, mediante oficio 11/2017 de trece de febrero de dos mil diecisiete, el fiscal responsable remitió diversas constancias dictadas en la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE/-VIII/347B/2015, de las que se advertía que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo había realizado lo siguiente: - En auto de diez de febrero de dos mil diecisiete, dejó sin insubsistente la determinación reclamada en el citado juicio constitucional de treinta de julio de dos mil dieciséis (fecha correcta de la determinación por la cual la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal; y, - En resolución de trece de febrero de dos mil diecisiete, determinó improcedente la consulta de no ejercicio de la acción penal. No obstante, en auto de quince de febrero de dos mil diecisiete, no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ya que el fiscal responsable no determinó si se acredita o no alguna conducta delictiva, como se precisó en la ejecutoria de amparo; y, nuevamente se requirió su cumplimiento. Por lo que, mediante oficio 14 de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, el fiscal responsable remitió nuevamente diversas constancias dictadas en la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE/-VIII/347B/2015, de las que se advertía que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - En auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución de trece de febrero de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; y, - En resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, determinó procedente la consulta de no ejercicio de la acción penal, especificando que sí se acreditaba una conducta delictiva, pero había operado la extinción de la acción penal bajo el argumento vertido en la misma. A pesar de ello, toda vez que la autoridad responsable reiteró las consideraciones relativas a la averiguación previa 872/2012/CENTR/AEDF3 y su acumulada AP-326/2012/SEXTA, respecto de las cuales, en la ejecutoria de amparo se estableció que su existencia no podría tomarse en cuenta, pues de modo alguno implicaba que no pudiera investigar los mismos hechos en la diversas AP/PGR/PUE/PUE-VIII/347B/2015 de la que deriva el acto reclamado, ya que pudiera darse el caso que también se acreditara diversa conducta aun cuando los hechos fueran los mismos. Motivo por el cual, en auto de catorce de marzo de dos mil diecisiete, no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y se solicitó nuevamente su cumplimiento. Así que, mediante oficio 19 de veinte de marzo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable remitió una vez más diversas constancias dictadas en la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE/-VIII/347B/2015, de las que se advertía que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - En auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; la cual, como se dijo, constituye el acto reclamado por los quejosos en esta vía constitucional; y, - En resolución de veinte de marzo de dos mil diecisiete, determinó procedente la consulta de no ejercicio de la acción penal por extinción de la acción penal, especificando que sí se acreditaba una conducta delictiva, pero había operado la extinción de la acción penal. En consecuencia, en el mencionado auto de diecisiete de abril de la anualidad en curso y, en términos del artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo 1252/2016 del índice de este órgano jurisdiccional. En ese orden de ideas, de las copias certificadas derivadas del aludido juicio constitucional 1252/2016, que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veinte de marzo de dos mil diecisiete, el Agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliar, habilitado de la Procuradora General de la República, dictó una resolución en la averiguación previa AP/PGRlPUElPUE/-VIII/347B/2015, en el que dejó sin efecto la diversa de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete emitida en la propia indagatoria, misma que constituye el acto que por esta vía se combate y que fue notificada a esta autoridad mediante el oficio 14 de esa fecha. Es evidente que, al haber dejado sin efectos la determinación que en esta instancia se reclama, se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del quejoso, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo que, al ser un hecho notorio que en este Juzgado de Distrito se tramita el diverso juicio de amparo 1252/2016 que guarda estrecha relación con el diverso en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena extraer copia certificada de las constancias necesarias para resolver este sumario constitucional. En virtud de lo asentado, se advierte que en la especie se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto que aquí se reclama. Ahora bien, por cuanto hace a los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en: "Asimismo, reclamamos la omisión de investigar los hechos delictivos, precisados en nuestro escrito inicial de querella, formulada ante la Procuraduría General de la República, en nuestro escrito de treinta de septiembre de dos mil quince en el cual se ofrecieron diversos medios de prueba. Es así, pues ni siquiera la Agente del Ministerio Público correspondiente acordó desahogar al menos nuestras declaraciones ministeriales, y menos aún solicitó el oficio correspondiente ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estas circunstancias aunadas a los expresados en nuestro escrito inicial de querella, de hechos delictivos de fecha antes señalada, llevan a concluir que las autoridades señaladas como responsables además de omitir desahogar las pruebas que acreditan el delito respecto de los actos que nos dolemos, declaran procedente la consulta del NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, al considerar que la acción penal se encuentra extinguida por el hecho de existir una diversa averiguación previa ya consignada y en la que se ha dictado orden de aprehensión. (.) Debe decirse que se actualiza la causal de improcedencia que dispone la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. (.)" Lo anterior es así, ya que si bien la parte quejosa reclama la omisión de la Representación Social señalada como responsable de desahogar diversos medios de prueba en la indagatoria AP/PGRlPUElPUE/-VIII/347B/2015, también lo es que, dado el estado procesal que guarda dicha averiguación previa, esto es, que el veinte de marzo de dos mil diecisiete se determinó procedente la consulta de no ejercicio de la acción penal por extinción de la acción penal, impide a la suscrita Secretaria encargada del despacho pronunciarse respecto a la admisión y desahogo de las probanzas que aduce la parte quejosa. Consecuentemente, al actualizarse de modo indudable y manifiesto las causas de improcedencia previstas en las fracciones XXI y XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señalan en su demanda de amparo y por autorizadas con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionan, por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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