Eduardo de Leon Galeano
Expediente 841/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Eduardo de Leon Galeano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que hasta la presente fecha no obra en autos el acuse de recibo de los anexos I y II, consistentes en el original de la causa penal 224/2012, que le fueron devueltos por auto de tres de marzo del actual, a la autoridad responsable: 2. Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla; en consecuencia, requiérase a la anterior para que dentro del plazo de veinticuatro horas legalmente contadas, acuse recibo de la referida documental, apercibida que de no hacerlo, se le hará efectiva la multa con que se le conminó en dicho proveído. Notifíquese por oficio a la referida autoridad responsable y cúmplase.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. JMM En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de marzo de dos mil veintiuno. I. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Que atento a la Circular SECNO/8/2021 de treinta de enero de dos mil veintiuno, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020), esto implica que se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia; Que esta medida tendría vigencia del 1 al 9 de febrero de 2021; período durante el cual se suspendieron los plazos y términos, con las salvedades ya indicadas. Que atento a la Circular SECNO/9/2021, de seis de febrero de dos mil veintiuno, se prorrogó esa suspensión de plazos y términos procesales del 10 al 15 de febrero de 2021, siendo aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Así mismo, que atento al punto II de la Circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, el 16 y 17 de febrero de 2021, se declararon inhábiles pero laborales, en los cuales sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del AG 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, periodo durante el cual, se suspendieron los plazos y términos procesales, y a partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 -reactivación de plazos y términos procesales-. Y, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. En consecuencia, como el periodo de suspensión decretado ha fenecido, hágase saber a las partes que a partir de esta fecha queda levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. SENTENCIA CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. III. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En diverso aspecto, devuélvanse las documentales exhibidas por la autoridad responsable: 2. Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, consistentes en el original de la causa penal 224/2012 de su índice (Anexos I y II). Asimismo, se solicita a la autoridad responsable en cita a efecto de que acuse el recibo correspondiente respecto a la recepción de las citadas constancias. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a este requerimiento, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables; y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Isaac* En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
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V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 841/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Eduardo de León Galeno; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado mediante buzón judicial el veintinueve de octubre de dos mil veinte, y remitida en archivo digital a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; Eduardo de León Galeno solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros -en su denominación correcta-, y otras autoridades. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto de radicación y admisión. Por acuerdo dictado el treinta de octubre de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 841/2020; asimismo, admitió a trámite la demanda -con incidente de suspensión-, requirió los informes justificados y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Suspensión por contingencia sanitaria. Mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial comunicó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en el que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, lo cual implicó: ( El trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, así como el seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. ( El trámite de casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio "en línea", con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones personales. ( De manera que para los casos restantes a los anteriores -como el presente-, se suspendieron los plazos y términos procesales del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Cuarto. Reanudación del procedimiento. 1. Mediante Circular SECNO/1/2021, dirigida al público en general, al personal jurisdiccional y de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, signada electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer que en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19" del 12 al 18 de enero de 2021; y, en cumplimiento a lo instruido en la fracción II de dicha Circular, en relación a los Circuitos Judiciales diversos al Primero, Segundo, Decimoctavo y Decimoquinto, se determinó: ( Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órgano jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, ( Que como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. 2. En ese sentido, el doce de enero de dos mil veintiuno, en atención al levantamiento de la suspensión de plazos y términos procesales, se ordenó notificar la citada reanudación a las partes. Quinto. Cita para audiencia. En acuerdo de dieciocho de enero del actual, se señalaron las once horas con diez minutos del veinticinco de enero de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados y sus anexos, se advierte que el quejoso Eduardo de León Galeno reclama: 1. La orden de aprehensión (en general); 2. La orden de aprehensión dictada el diecisiete de diciembre de dos mil catorce, dentro de la causa penal 224/2012 del índice del Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla; y, 3 La ejecución de dicha orden. Tercero. Exclusión de autoridades de la litis. Mediante proveídos de catorce de diciembre de dos mil veinte y de veinte de enero de dos mil veintiuno, se tuvieron como inexistentes a las autoridades que el quejoso denominó como: "3. Jefe de la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla" y "4. Jefe de la Unidad de Investigación con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla"; en razón de que no precisó su denominación correcta dentro del plazo que se le concedió para tal efecto. En consecuencia, las referidas autoridades responsables se excluyen de la materia de este juicio de amparo. Cuarto. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe 1 1. Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros -en su denominación correcta-. Niega. 2 2. Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla. Acepta. Tabla única. Apartado A. Inexistencia de los actos reclamados y sobreseimiento. 1. Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur del Estado de Puebla, con sede en Izúcar de Matamoros -en su denominación correcta-, negó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la emisión de la orden de aprehensión (en general), sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dicha negativa. Consecuentemente, al no existir el acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio, respecto de dicha autoridad responsable ordenadora y el acto que se le atribuyó. Apartado B. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable 2. Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial Izúcar de Matamoros, Puebla convino en la existencia de la orden aprehensión de veintidós de enero de dos mil catorce, dictada en contra del quejoso dentro de la causa penal 224/2012, de su índice, y su ejecución, la cual se dejó insubsistente y se sustituyó por la diversa librada el diecisiete de diciembre de dos mil catorce, en cumplimiento a la ejecutoria del entonces Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, emitida en el juicio de amparo 979/2014. Certeza que se corrobora con el original del citado proceso penal y con la copia certificada de las diversas actuaciones derivadas del juicio de amparo 489/2019, de la estadística del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentales públicas. Finalmente, cabe agregar que el citado juez responsable aclaró que el mandamiento de captura de diecisiete de diciembre de dos mil catorce no se ha ejecutado en contra del quejoso Eduardo de León Galeano. Quinto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La causa penal de la que deriva el acto reclamado -existente-, se tramita conforme al anterior sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que no le son aplicables las disposiciones que regulan el nuevo sistema penal acusatorio. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad de los actos reclamados se debe atender al texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Sexto. Procedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. A mayor abundamiento, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Por ende, este juzgado procede al estudio de la causal de improcedencia que se advierte de oficio. * Cosa juzgada. En ese sentido, el suscrito estima que respecto de la orden de aprehensión de diecisiete de diciembre de dos mil catorce, dictada en contra del quejoso dentro de la causa penal 224/2012 del índice del Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, se actualiza la causal de improcedencia que resulta del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Se explica. Conforme al precepto señalado, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas. Figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional. Lo anterior, es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. Sentado lo anterior, de la causa penal de origen y de las actuaciones derivadas del juicio de amparo 489/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se advierten -en lo que interesa- los siguientes datos: ( El nueve de abril de dos mil doce, dentro de la averiguación previa AP-1409/2011/IZMAT, la autoridad ministerial ejerció acción penal en contra de Eduardo de León Galeano (quejoso) y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ataques a las vías de comunicación y seguridad de los medios de transporte, así como el diverso de atraco, en agravio de la sociedad, Javier Miranda Galeno y Salvador Cervantes Toscano. ( El dieciocho de diciembre de dos mil doce, el Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla radicó la causa penal 224/2012 y negó la orden de aprehensión solicitada al considerar no reunidos los requisitos del artículo 16 Constitucional. ( El veintidós de junio de dos mil trece, la autoridad ministerial ejerció nuevamente acción penal en contra de Eduardo de León Galeano (quejoso) y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ataques a las vías de comunicación y seguridad de los medios de transporte, así como el diverso de atraco, en agravio de la sociedad, Javier Miranda Galeno y Salvador Cervantes Toscano. ( El veintidós de enero de dos mil catorce, el juez de la causa libró orden de aprehensión en contra de Eduardo de León Galeano (quejoso) y otros, dentro de la causa penal 224/2012, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ataques a las vías de comunicación y seguridad de los medios de transporte, así como el diverso de atraco, en agravio de la sociedad, Javier Miranda Galeno y Salvador Cervantes Toscano. ( En contra de la citada orden aprehensión, el quejoso Eduardo de León Galeano promovió juicio de amparo, el cual fue del conocimiento del entonces Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla dentro del expediente 979/2014, en donde mediante sentencia dictada el siete de noviembre de dos mil catorce, en el cuaderno auxiliar 497/2014, el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en Puebla, Puebla concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: "(.) En consecuencia, se decide conceder la protección constitucional solicitada para que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado sólo por cuanto hace al hoy quejoso y, en su lugar, emita otra resolución, en la cual con base en lo expuesto en el presente apartado: A. Realice un análisis por separado y particularizado de cada uno de los elementos integrantes del cuerpo de los delitos imputados de mérito; así como exponga el por qué y con base en qué medios de pruebas se acredita -en su caso- cada uno de los elementos integrantes del cuerpo de los delitos de ataques a las vías de comunicación, a la seguridad de los medios de transportes y atraco. En ese mismo orden de ideas, realice un examen y análisis razonado, por separado y particularizado de cada uno de los testimonios de cargo, a fin de exponer si resultaron idóneos tales atestes para alcanzar el fin que pretende. Sin perder de vista que para ello, debe exponer a su vez los razonamientos lógico-jurídicos para motivar su decisión, así como citar de manera específica los preceptos legales y las fracciones en donde se apoyara para ello, relativos a la valoración de las probanzas con las cuales estimara acreditado cada uno de los elementos del cuerpo del ilícito en mención. Esto, en la medida que se establezca conforme a lo expuesto a lo largo de este penúltimo apartado, una motivación suficiente mediante la cual se deje constancia de los actos de prueba producidos, de los criterios de valoración utilizados y del resultado de esa valoración, tanto en lo individual como en su conjunto. B. Haga un examen y análisis razonado para determinar el por qué se incurrió en cada una de las conductas reprochadas, ya sea por tratarse de delitos autónomos, o bien, si en su caso, uno o algunos de los delitos imputados se subsumen a los otros. C. En lo tocante al estudio de la probable responsabilidad atribuida al impetrante del amparo, y en particular, a su forma de intervención en la realización de los ilícitos atribuidos, examine por separado la específica participación del ahora quejoso, si ésta se encuentra acreditada, así como con base en qué medios de convicción se demuestra dicho extremo. D. Sin olvidar que deberá precisar las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución en que tuvieron verificativo los hechos ilícitos cuya comisión se atribuye en grado probable al aquí quejoso. E. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción determine lo procedente en derecho. Cabe hacer la precisión de que los efectos sobre los cuales versa la decretada concesión de la protección constitucional solicitada, no producen el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ahora quejoso, ni el de anular actuaciones posteriores; por el contrario, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y conforme a los lineamientos expuestos en este fallo, así como con libertad de jurisdicción dicte una determinación. (.)" ( El nueve de diciembre de dos mil catorce, dicho fallo causó ejecutoria y, por ende, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento del mismo. ( El diecisiete de diciembre de dos mil catorce, el juez de origen, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos la orden de aprehensión de veintidós de enero de dos mil catorce y de nueva cuenta libró orden de aprehensión en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ataques a las vías de comunicación y seguridad de los medios de transporte, así como el diverso de atraco, en agravio de la sociedad, Javier Miranda Galeno y Salvador Cervantes Toscano. ( El trece de enero de dos mil quince, se declaró cumplida la citada ejecutoria de amparo. ( El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, el juez de la causa declaró la prescripción de la acción penal respecto del quejoso Eduardo de León Galeano, como probable responsable en la comisión del delito de ataques a las vías de comunicación y seguridad de los medios de transporte, subsistiendo el mandato de captura de diecisiete de diciembre de dos mil catorce, por cuanto al delito de atraco. ( En contra de la orden aprehensión dictada el diecisiete de diciembre de dos mil catorce -acto ahora reclamado-, el quejoso promovió juicio de amparo, el cual fue del conocimiento del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Penal en el Estado de Puebla, dentro expediente 489/2019, en donde mediante sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil diecinueve se resolvió sobreseer al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo (consentimiento tácito del acto por no reclamarse dentro del plazo de 15 días establecido en el artículo 17 de la ley de la materia). ( Inconforme con dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del expediente 273/2019, quien en ejecutoria pronunciada el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, confirmó el fallo recurrido. Por tanto, se colige que si en el presente asunto el referido quejoso reclama la orden de aprehensión de diecisiete de diciembre de dos mil catorce, librada en su contra dentro de la causa penal 224/2012, y el aludido quejoso también promovió ante el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el juicio de amparo indirecto 489/2019, en el que se combatió la misma orden, se decretó el sobreseimiento porque la acción constitucional se promovió de manera extemporánea y, por ende, se concluyó que consintió tácitamente la orden de captura y sus efectos, se concluye que opera la causa de improcedencia de cosa juzgada, prevista en el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo. Luego, si los efectos de la referida ejecutoria son que el quejoso consintió el referido mandamiento de captura, es claro que, conforme al principio de cosa juzgada, la orden de aprehensión decretada en su contra ya no puede ser analizada en el juicio de amparo en que se actúa, al haber adquirido firmeza, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. Por regla general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una resolución de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general. Asimismo, ha establecido que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, en tanto no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también con motivo del desechamiento de una demanda o el sobreseimiento en el juicio cuando se ha determinado la inatacabilidad de los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición de que tal determinación obedezca a razones o circunstancias que hagan efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Como ocurre -dedujo- cuando en una sentencia de amparo se declara que el acto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que -consideró- dicha situación no podía desconocerse en un nuevo juicio de amparo promovido contra el mismo acto. De ahí que procediera sobreseer en el nuevo juicio por la actualización de la causal de improcedencia relativa a la cosa juzgada. En consecuencia, se estima procedente sobreseer el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la referida causa de inviabilidad. Sobreseimiento que se hace extensivo a la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, ya que no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de tal orden de captura materia del sobreseimiento. Atento a lo considerado, el suscrito juzgador Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación formulados en contra del acto reclamado, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide un pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Finalmente, el suscrito no soslaya que no se emplazó a la parte ofendida del delito ni al fiscal interviniente en la causa penal de origen, en su carácter de parte tercera interesada; sin embargo, tomando en consideración el sentido de esta resolución, no resulta necesario que obre en el expediente la constancia de emplazamiento respectiva, por no irrogar algún perjuicio a dicha parte; además, de esperar su llamamiento a juicio, en nada cambiaría el sentido de la sentencia, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita que establece el artículo 17 Constitucional. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 61, 63 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Esta sentencia no se ocupa de las autoridades que se tuvieron por inexistentes, en términos del considerando tercero de esta resolución. Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Eduardo de León Galeano, contra los actos, autoridades y por los motivos precisados en los considerandos segundo, cuarto, apartado A, y sexto de esta sentencia. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista al quejoso; y, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que la vista otorgada a la parte quejosa en proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, para que en el plazo de tres días, computado legalmente, precisara la denominación correcta y completa de la autoridad denominada como "3. Jefe de la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla", con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por inexistente. En ese sentido, de la certificación secretarial que antecede, se advierte dicho plazo ha fenecido, en virtud de que dicho proveído se notificó a la parte quejosa el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, surtió efectos hasta el doce de enero del año en curso -debido a la suspensión de plazos decretada del veintiuno de diciembre al once de enero de dos mil veintiuno- y, por ende, el aludido plazo transcurrió del quince al diecinueve de enero de dos mil veintiuno, tomando en consideración que el acuerdo de reactivación de plazos en el presente juicio -de doce de enero de dos mil veintiuno- se notificó por lista a las partes el trece de enero del actual y surtió efectos al siguiente día y, con fundamento en el artículo 2, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órgano jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos procesales operaría hasta que se notificara a las partes la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se tiene por inexistente a la citada autoridad señalada como responsable, por lo que se ordena suspender cualquier comunicación procesal con ella. Notifíquese por lista a las partes...
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