EDUARDO FLORES LOPEZ y Otros.
Expediente 1252/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 30 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1252/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 22/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- EDUARDO FLORES LOPEZ y Otros.
- Jorge Flores Lopez
- Rafaela Norma Romero
- Delegado Estatal En Puebla de la Procuraduría General de la República
- Eduardo Flores Lopez
- Federico Arturo Libreros Y Veana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticinco de abril al diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Agente del Ministerio Público de la Federación, Auxiliar Habilitado de la Procuradora General de la República en el Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibidas que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 17 DE abril DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de abril de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el seis de enero de dos mil diecisiete (fojas 139 a 149), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el fiscal responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la determinación de treinta de junio de dos mil dieciséis (sic), continúe con la investigación de los hechos y se pronuncie sobre el ejercicio o no de la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE/-VIII/347B/2015, es decir, si se acredita alguna conducta delictiva o no." Resolución que el ocho de febrero de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Auxiliar Habilitado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Puebla (fojas 171 a y 172). Ahora bien, mediante oficio 11/2017 de trece de febrero de dos mil diecisiete (fojas 183 a 195), el fiscal responsable remitió diversos constancias dictadas en la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE/-VIII/347B/2015, de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - En auto de diez de febrero de dos mil diecisiete (foja 184), dejó sin insubsistente la determinación reclamada de treinta de julio de dos mil dieciséis (fecha correcta de la determinación por la cual la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal -foja 3-; y siendo la que se advierte de autos -fojas 708 a 719 del anexo I-). - En resolución de trece de febrero de dos mil diecisiete, determinó improcedente la consulta de no ejercicio de la acción penal (fojas 187 a 195). Sin embargo, en auto de quince de febrero de dos mil diecisiete (fojas 196 a 198), no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ya que el fiscal responsable no determinó si se acredita o no alguna conducta delictiva, como se precisó en la ejecutoria de amparo; por lo que se requirió nuevamente el cumplimiento. Así las cosas, mediante oficio 14 de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete (fojas 209 a 244), el fiscal responsable remitió diversos constancias dictadas en la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE/-VIII/347B/2015, de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - En auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución de trece de febrero de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 210 y 211). - En resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, determina procedente la consulta de no ejercicio de la acción penal, especificando que sí se acredita una conducta delictiva, pero ha operado la extinción de la acción penal bajo el siguiente argumento: "Finalmente esta unidad en debido acatamiento al auto de fecha quince de febrero del año en curso, en la parte conducente que se requirió al suscrito se determinara si procede o no la acción penal, y por ende si se acredita o no alguna conducta delictiva, como se precisó en la ejecutoria de amparo, al respecto debe decir que sí se acredita la conducta delictiva prevista en el artículo 111 en relación con el 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, pero en éste delito opera la extinción de la acción penal prevista en el artículo 118 del Código Penal Federal, en razón de que ya fue investigado y se ejercitó la acción penal y se cuenta con orden de aprehensión en contra de los probables responsables del hecho delictuoso, ejercitar la acción penal nuevamente a criterio de esta unidad resultaría violatorio al artículo 23 Constitucional lo cual tiene íntima relación con lo dispuesto en el artículo 137 fracción IV del Código Federal de Procedimientos Penales." (foja 242). No obstante lo anterior, se advierte que en la mencionada resolución la autoridad responsable reiteró las consideraciones relativas a la averiguación previa 872/2012/CENTR/AEDF3 y su acumulada AP-326/2012/SEXTA, respecto de las cuales, en la ejecutoria de amparo se estableció que su existencia no podría tomarse en cuenta, pues de modo alguno implicaba que no pudiera investigar los mismos hechos en la diversas AP/PGR/PUE/PUE-VIII/347B/2015 de la que deriva el acto reclamado, ya que pudiera darse el caso que también se acreditara diversa conducta aun cuando los hechos fueran los mismos. Motivo por el cual, en auto de catorce de marzo de dos mil diecisiete (fojas 259 a 262), no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, y se solicitó nuevamente su cumplimiento. Así las cosas, mediante oficio 19 de veinte de marzo de dos mil diecisiete (fojas 271 a 310), el fiscal responsable remitió diversas constancias dictadas en la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE/-VIII/347B/2015, de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - En auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 276). - En resolución de veinte de marzo de dos mil diecisiete, determina procedente la consulta de no ejercicio de la acción penal por extinción de la acción penal. Especificando que sí se acredita una conducta delictiva, pero ha operado la extinción de la acción penal bajo el siguiente argumento: "El anterior criterio norma finalmente el hecho de que el delito por el que diera inicio la investigación por parte de esta institución, el previsto en artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el 103 del mismo cuerpo de leyes, es un delito eminentemente continuo y el cual como ya quedó precisado ya fue objeto de investigación y de ejercicio de la acción penal en fecha 24 de noviembre del año 2014, contando con una orden de aprehensión librada por el entonces Juzgados Sexto de Distrito en el Estado de Puebla y en contra de los probables responsables del hecho de haber captado recursos del público sin contar con la autorización de las autoridades correspondientes, de cuya averiguación previa número UEIDFF/FINM09/393/2013 aparecen como "QUERELLANTES" los aquí quejosos, pero además este tipo penal como ya se dijo es continuo y el pasivo del delito resulta ser la sociedad en general y por ende resultaría violatoria al artículo 23 Constitucional ejercitar la acción penal en contra de los mismos activos del delito, encontrando sustente también en los siguientes criterios jurisprudenciales:. (foja 300). Como quedó demostrado en los conceptos y criterios narrados, la unidad delictiva de los probables responsables en el delito especial previsto por la Ley de Instituciones de Crédito, fue la de captar recursos del público, resultando violatorio intentar enjuiciar tantas veces como inversionistas existieran, pues igualmente quedó demostrado que existe diverso tipo penal en agravio de aquellos inversionistas como en la especie acontece con los ahora quejosos, cuyo delito es el de fraude, el cual queda supeditado a los agraviados de aquél quedando a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía correspondiente, pues en la especie el delito especial de Instituciones de Crédito que se ha estudiado ya fue objeto de investigación y de ejercicio de la acción penal en contra de los probables responsables pues hacerlo nuevamente resultaría violatorio al principio constitucional analizado con anterioridad. Finalmente, esta unidad en debido acatamiento al auto de fecha quince de febrero del año en curso, en la parte conducente que se requirió al suscrito se determine si procede o no la acción penal, y por ende si se acredita o no alguna conducta delictiva, como se precisó en la ejecutoria de amparo, al respecto debo decir que sí se acredita la conducta delictiva prevista en el artículo 111 en relación con el 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, es decir, los hechos "querellados" por los aquí denunciantes, sí son constitutivos del delito en cita, pero es éste delito opera la extinción de la acción penal prevista en el artículo 118 del Código Penal Federal, en razón de que ya fue investigado, se ejercitó acción penal y se cuenta con orden de aprehensión en contra de los probables responsables del hecho delictuoso, y del cual los aquí "querellantes" presentaron su correspondiente denuncia y ejercitar la acción penal nuevamente a criterio de esta unidad resultaría violatorio al artículo 23 Constitucional lo cual tiene íntima relación con lo dispuesto en el artículo 137 fracción IV del Código Federal de Procedimientos Penales." (fojas 307). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa con el que se da cuenta, mediante el cual desahoga la vista del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, al referir que la autoridad responsable no da cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, en virtud de que refieren que el fiscal responsable no realizó una adecuada fundamentación y motivación, ya que no hizo un correcto análisis del tipo penal en el que se encuadra la conducta desplegada por los probables responsables; aunado a que, en la ejecutoria de amparo se estableció que la representación social debía continuar con la investigación de los hechos, lo cual no hizo, ni desahogó prueba alguna para determinar la consulta del no ejercicio de la acción penal; pues únicamente se limitó a establecer que existe una orden de aprehensión, de la que refiere la parte quejosa es con motivo de querellas de diversas personas y por ende no son parte y no pueden solicitar la reparación del daño. Agregan los quejosos no se les ha hecho saber con documento legalmente notificado, la investigación que dice realizó la fiscalía federal ante el entonces Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Puebla, así como su supuesta remisión al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, y que actualmente existe una orden de aprehensión contra los supuestos responsables, ya que sólo existe el dicho de la fiscalía investigadora, y que ellos no tienen la forma de constatar dichos datos. Y, en el supuesto de que existiera la orden de aprehensión, la misma lleva más de dos años sin ejecutarse, con lo cual refieren no han obtenido justicia. Manifestaciones que son infundadas, ya que como se estableció anteriormente el fiscal responsable sí da cabal cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo que fueron dejar insubsistente la determinación reclamada de treinta de julio de dos mil dieciséis, así como pronunciarse sobre el ejercicio o no de la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE/-VIII/347B/2015, determinando si se acreditaba alguna conducta delictiva o no. Además de que las manifestaciones de la parte quejosa se refieren a cuestiones de fondo de la nueva resolución con la que da cumplimiento la autoridad responsable, lo cual no es materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, en términos del artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de abril de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el seis de enero de dos mil diecisiete (fojas 139 a 149), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el fiscal responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la determinación de treinta de junio de dos mil dieciséis (sic), continúe con la investigación de los hechos y se pronuncie sobre el ejercicio o no de la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE/-VIII/347B/2015, es decir, si se acredita alguna conducta delictiva o no." Resolución que el ocho de febrero de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Auxiliar Habilitado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Puebla (fojas 171 a y 172). Ahora bien, mediante oficio 11/2017 de trece de febrero de dos mil diecisiete (fojas 183 a 195), el fiscal responsable remitió diversos constancias dictadas en la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE/-VIII/347B/2015, de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - En auto de diez de febrero de dos mil diecisiete (foja 184), dejó sin insubsistente la determinación reclamada de treinta de julio de dos mil dieciséis (fecha correcta de la determinación por la cual la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal -foja 3-; y siendo la que se advierte de autos -fojas 708 a 719 del anexo I-). - En resolución de trece de febrero de dos mil diecisiete, determinó improcedente la consulta de no ejercicio de la acción penal (fojas 187 a 195). Sin embargo, en auto de quince de febrero de dos mil diecisiete (fojas 196 a 198), no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ya que el fiscal responsable no determinó si se acredita o no alguna conducta delictiva, como se precisó en la ejecutoria de amparo; por lo que se requirió nuevamente el cumplimiento. Así las cosas, mediante oficio 14 de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete (fojas 209 a 244), el fiscal responsable remitió diversos constancias dictadas en la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE/-VIII/347B/2015, de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - En auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución de trece de febrero de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 210 y 211). - En resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, determina procedente la consulta de no ejercicio de la acción penal, especificando que sí se acredita una conducta delictiva, pero ha operado la extinción de la acción penal bajo el siguiente argumento: "Finalmente esta unidad en debido acatamiento al auto de fecha quince de febrero del año en curso, en la parte conducente que se requirió al suscrito se determinara si procede o no la acción penal, y por ende si se acredita o no alguna conducta delictiva, como se precisó en la ejecutoria de amparo, al respecto debe decir que sí se acredita la conducta delictiva prevista en el artículo 111 en relación con el 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, pero en éste delito opera la extinción de la acción penal prevista en el artículo 118 del Código Penal Federal, en razón de que ya fue investigado y se ejercitó la acción penal y se cuenta con orden de aprehensión en contra de los probables responsables del hecho delictuoso, ejercitar la acción penal nuevamente a criterio de esta unidad resultaría violatorio al artículo 23 Constitucional lo cual tiene íntima relación con lo dispuesto en el artículo 137 fracción IV del Código Federal de Procedimientos Penales." (foja 242). No obstante lo anterior, se advierte que en la mencionada resolución la autoridad responsable reiteró las consideraciones relativas a la averiguación previa 872/2012/CENTR/AEDF3 y su acumulada AP-326/2012/SEXTA, respecto de las cuales, en la ejecutoria de amparo se estableció que su existencia no podría tomarse en cuenta, pues de modo alguno implicaba que no pudiera investigar los mismos hechos en la diversas AP/PGR/PUE/PUE-VIII/347B/2015 de la que deriva el acto reclamado, ya que pudiera darse el caso que también se acreditara diversa conducta aun cuando los hechos fueran los mismos. Motivo por el cual, en auto de catorce de marzo de dos mil diecisiete (fojas 259 a 262), no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, y se solicitó nuevamente su cumplimiento. Así las cosas, mediante oficio 19 de veinte de marzo de dos mil diecisiete (fojas 271 a 310), el fiscal responsable remitió diversas constancias dictadas en la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE/-VIII/347B/2015, de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - En auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 276). - En resolución de veinte de marzo de dos mil diecisiete, determina procedente la consulta de no ejercicio de la acción penal por extinción de la acción penal. Especificando que sí se acredita una conducta delictiva, pero ha operado la extinción de la acción penal bajo el siguiente argumento: "El anterior criterio norma finalmente el hecho de que el delito por el que diera inicio la investigación por parte de esta institución, el previsto en artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el 103 del mismo cuerpo de leyes, es un delito eminentemente continuo y el cual como ya quedó precisado ya fue objeto de investigación y de ejercicio de la acción penal en fecha 24 de noviembre del año 2014, contando con una orden de aprehensión librada por el entonces Juzgados Sexto de Distrito en el Estado de Puebla y en contra de los probables responsables del hecho de haber captado recursos del público sin contar con la autorización de las autoridades correspondientes, de cuya averiguación previa número UEIDFF/FINM09/393/2013 aparecen como "QUERELLANTES" los aquí quejosos, pero además este tipo penal como ya se dijo es continuo y el pasivo del delito resulta ser la sociedad en general y por ende resultaría violatoria al artículo 23 Constitucional ejercitar la acción penal en contra de los mismos activos del delito, encontrando sustente también en los siguientes criterios jurisprudenciales:. (foja 300). Como quedó demostrado en los conceptos y criterios narrados, la unidad delictiva de los probables responsables en el delito especial previsto por la Ley de Instituciones de Crédito, fue la de captar recursos del público, resultando violatorio intentar enjuiciar tantas veces como inversionistas existieran, pues igualmente quedó demostrado que existe diverso tipo penal en agravio de aquellos inversionistas como en la especie acontece con los ahora quejosos, cuyo delito es el de fraude, el cual queda supeditado a los agraviados de aquél quedando a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía correspondiente, pues en la especie el delito especial de Instituciones de Crédito que se ha estudiado ya fue objeto de investigación y de ejercicio de la acción penal en contra de los probables responsables pues hacerlo nuevamente resultaría violatorio al principio constitucional analizado con anterioridad. Finalmente, esta unidad en debido acatamiento al auto de fecha quince de febrero del año en curso, en la parte conducente que se requirió al suscrito se determine si procede o no la acción penal, y por ende si se acredita o no alguna conducta delictiva, como se precisó en la ejecutoria de amparo, al respecto debo decir que sí se acredita la conducta delictiva prevista en el artículo 111 en relación con el 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, es decir, los hechos "querellados" por los aquí denunciantes, sí son constitutivos del delito en cita, pero es éste delito opera la extinción de la acción penal prevista en el artículo 118 del Código Penal Federal, en razón de que ya fue investigado, se ejercitó acción penal y se cuenta con orden de aprehensión en contra de los probables responsables del hecho delictuoso, y del cual los aquí "querellantes" presentaron su correspondiente denuncia y ejercitar la acción penal nuevamente a criterio de esta unidad resultaría violatorio al artículo 23 Constitucional lo cual tiene íntima relación con lo dispuesto en el artículo 137 fracción IV del Código Federal de Procedimientos Penales." (fojas 307). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa con el que se da cuenta, mediante el cual desahoga la vista del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, al referir que la autoridad responsable no da cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, en virtud de que refieren que el fiscal responsable no realizó una adecuada fundamentación y motivación, ya que no hizo un correcto análisis del tipo penal en el que se encuadra la conducta desplegada por los probables responsables; aunado a que, en la ejecutoria de amparo se estableció que la representación social debía continuar con la investigación de los hechos, lo cual no hizo, ni desahogó prueba alguna para determinar la consulta del no ejercicio de la acción penal; pues únicamente se limitó a establecer que existe una orden de aprehensión, de la que refiere la parte quejosa es con motivo de querellas de diversas personas y por ende no son parte y no pueden solicitar la reparación del daño. Agregan los quejosos no se les ha hecho saber con documento legalmente notificado, la investigación que dice realizó la fiscalía federal ante el entonces Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Puebla, así como su supuesta remisión al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, y que actualmente existe una orden de aprehensión contra los supuestos responsables, ya que sólo existe el dicho de la fiscalía investigadora, y que ellos no tienen la forma de constatar dichos datos. Y, en el supuesto de que existiera la orden de aprehensión, la misma lleva más de dos años sin ejecutarse, con lo cual refieren no han obtenido justicia. Manifestaciones que son infundadas, ya que como se estableció anteriormente el fiscal responsable sí da cabal cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo que fueron dejar insubsistente la determinación reclamada de treinta de julio de dos mil dieciséis, así como pronunciarse sobre el ejercicio o no de la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE/-VIII/347B/2015, determinando si se acreditaba alguna conducta delictiva o no. Además de que las manifestaciones de la parte quejosa se refieren a cuestiones de fondo de la nueva resolución con la que da cumplimiento la autoridad responsable, lo cual no es materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, en términos del artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 24 DE MARZO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliar del Procurador General de la República de la Delegación Estatal Puebla y visto su contenido téngase a la referida autoridad desahogando el requerimiento formulado en auto de catorce de marzo pasado y por ende manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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