Eduardo Díaz Torres
Expediente 970/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 970/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eduardo Díaz Torres
Actuaciones
- Principal
Glósense sin mayor proveído las misivas que, en atención al auto inicial, suscriben los fiscales regionales "B" y "C" con residencia en Irapuato y Celaya, Guanajuato, respectivamente; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado el once de octubre pasado. Finalmente, se destaca que las misivas fueron recibidas en el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto.
- Principal
Glósense sin mayor proveído las misivas que suscriben el fiscal Regional "D" en San Miguel de Allende, Guanajuato y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado el once de octubre pasado. Finalmente, se destaca que la misiva con folio 14555 fue recibida al correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto.
- Principal
Por recibido el oficio que remite el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato (ISAPEG por sus siglas); con el cual, en atención a la suspensión de plano concedida, informa que los menores de edad de identidad reservada de iniciales S.E.T.T. y B.V.T.T., deberán acudir a las ocho horas del día doce de octubre de dos mil veintidós, al Hospital Materno Infantil de Irapuato, ubicado en vialidad interior, Malvas 367, colonia Revolución en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna PfizerBioNTech. Por tanto, se estima necesario hacer del conocimiento de la parte promovente del amparo lo señalado por la autoridad oficiante, por lo que deberá acudir a la cita señalada en compañía de los menores quejosos, y exhibir los siguientes documentos: 1. Auto donde se concedió la suspensión de plano. 2. Original de la aplicación de la primera dosis. 3. Identificación oficial vigente del padre, tutor o representante de los infantes. En tal virtud, sin perjuicio de la notificación personal que se practique, se ordena a la sección de Actuaría que, en caso de que en autos se haya proporcionado un correo electrónico o número telefónico (whatsapp) para entablar comunicación con la parte quejosa, también lo haga por estos medios al promovente o a sus autorizados (deberá realizar todos los actos necesarios para que se practique con la mayor premura posible). Lo anterior, en el entendido de que deberá levantar constancia del resultado de la encomienda. Finalmente, se destaca que la misiva fue recibida al correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto.
- Principal
Recepción y admisión de demanda. Por recibida la demanda signada **********, a favor de **********; en contra de actos de las siguientes autoridades: "GUARDIA NACIONAL MINISTERIO PUBLICO DE FUERO COMUN CON SEDE EN MOROLEON, YURIRIA, URIANGATO Y CELAYA, GUANAJUATO, POLICIAS IDENTICADOS COMO GERIS Y LOS AIC." De quienes reclama: "La desaparición forzada, incomunicación, privación ilegal de la libertad y tortura de **********." Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 5, 6, 14, 15, 17, fracción IV, 20, 24, 35, 107, 108, 109, 112, segundo párrafo, 115, de la Ley de Amparo fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 970/2022-7. Con sustento en lo dispuesto por los artículos 1, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115 y 109 de la Ley de Amparo, así como en el Manual sobre desaparición de personas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se admite la demanda de amparo planteada. Esto es así, dado que en el caso se tiene como acto reclamado, entre otros, la desaparición forzada del directo agraviado, por lo cual, atento al contenido del Manual sobre desaparición de personas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 (página 383 en adelante y especialmente la foja 391), resulta innecesaria su ratificación previo a su admisión, pues sería ilógico requerir la ratificación de la demanda de amparo a una persona desaparecida, ya que el juicio de amparo se convertiría en un recurso inefectivo, en contravención al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos2. Se insiste, requerir la ratificación de la demanda cuando se reclama la desaparición forzada del directo agraviado, sería una petición de principio3 pues este sujeto está impedido en el goce y ejercicio de sus derechos. Intervención del fiscal adscrito. Dese la intervención que corresponda al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien, en atención al proveído de catorce de enero de dos mil veintidós, pronunciado en el cuaderno de varios administrativo de la sección de amparo que se lleva en este juzgado federal, está autorizado para consultar el presente expediente judicial vía electrónica con el nombre de usuario "FRANCISCOGOCE". Sin perjuicio de las medidas adoptadas en líneas subsecuentes, a fin de salvaguardar la integridad del directo quejoso y prevenir la eventual comisión de delitos en contra de él, dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que proceda conforme a sus atribuciones legales, a fin de lograr la comparecencia de los citados agraviados; en la inteligencia de que deberá informar a este juzgado las gestiones que realizó para tal efecto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que sea notificado de este auto. Requerimiento de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, con el que deberá remitir, en su caso, copia certificada legible de las constancias que tomaron en cuenta para emitir los actos reclamados, lo que deberán hacer dentro del término de quince días. Sin embargo, deben tomar en consideración el artículo 17 constitucional, así como el diverso 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos4; por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, en atención a la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor relacionada con la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) emitida por el Consejo de Salubridad General, así como al acuerdo emitido por el Secretario de Salud en el que se establecen medidas extraordinarias para atender dicha emergencia, deberán realizar lo siguiente: 1. Rendir su informe vía electrónica al correo institucional 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, el cual se confirmará por la misma vía, salvo que por lo voluminoso de las constancias sea necesario remitirlo de manera tradicional; y, 2. Señalar un correo electrónico y un número telefónico, para que este órgano jurisdiccional pueda entablar comunicación y establecer una línea de coordinación relacionada con el presente asunto. Las anteriores determinaciones son tomadas con la finalidad de salvaguardar la salud del personal de este órgano jurisdiccional, así como del personal perteneciente a las autoridades responsables; además de que se pretende evitar la propagación del virus. Apercibidas, que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá, a la que incumpla, una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con treinta y tres minutos del catorce de noviembre próximo, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos solo de trámite, podrán consultarlo en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://dpepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_iniasp5. Causales de sobreseimiento. Con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a treinta días, en términos de los artículos 251 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que adjuntó la promovente a su escrito de demanda -una unidad de almacenamiento USB que contiene un video fechado el nueve de octubre pasado, del que se desprende la detención de una persona, sin tener la certeza de que se trate del aquí quejoso directo-, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza; lo anterior, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia respectiva. Se ordena su resguardo en sobre cerrado y glosado a los presentes autos; y se deja a disposición de las partes para su consulta. Como lo solicita la promovente, y de conformidad con el Manual sobre desaparición de personas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requiérase a las direcciones de seguridad pública de Uriangato, Guanajuato y Moroleón, Guanajuato, para que dentro del improrrogable plazo de tres días contado a partir del cocimiento de este auto, proporcionen las videograbaciones de las cámaras del C4 sobre el recorrido de las unidades del municipio de Uriangato a Moroleón, Guanajuato, durante la temporalidad cercana a la fecha y hora que dice fue detenido el directo agraviado, esto es, aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos del nueve de octubre de dos mil veintidós, a la altura de la calle Hidalgo, número 37, zona centro de Moroleón, Guanajuato. Asimismo, requiérase al apoderado legal de la Concesionaria Autopista Morelia-Salamanca S.A. de C.V. (CAMSSA), para que en el mismo plazo, proporcione las videograbaciones del "camino de desde el entronque Yuriria hacia donde se dirigieron las unidades", relacionadas con la fecha y hora citadas en el párrafo que antecede. Apercibidas que de no hacerlo, o de hacerlo de forma inexacta, se le impondrá al que incumpla, una multa de cincuenta veces, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En seguimiento a lo anterior, se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado federal, para que entreguen los oficios que deriven del presente proveído conjuntamente con la copia de la demanda a las autoridades precitadas ya sea vía electrónica o mensajería rápida. Ahora, por cuanto a la Concesionaria Autopista Morelia-Salamanca S.A. de C.V. (CAMSSA), se ordena su notificación por conducto del actuario de la adscripción, vía el correo electrónico que aparece en su página oficial6 (contacto@camssa.com.mx); por lo que deberá levantar acta pormenorizada de su proceder y recabar el acuse de recibo respectivo. Por cuanto a la petición de la localización geográfica de los números telefónicos a que hace mención, provéase lo conducente en el momento procesal oportuno. Misma suerte corre la petición relacionada con que el quejoso directo sea inscrito en el "Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas" a que hace referencia la promovente. Suspensión de plano y efectos Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo y el Manual sobre desaparición de personas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este juzgado estima pertinente adoptar diversas medidas a efecto de localizar al directo quejoso. A fin de justificar lo anterior, resulta importante establecer el marco teórico que obliga a esta juzgadora a ejercer facultades de investigación. El numeral 15 de la Ley de Amparo señala que en los casos de que se trate de incomunicación y una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juzgado de distrito tiene un término de veinticuatro horas para tramitar la demanda de amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima; además, en este supuesto, ninguna autoridad podrá negarse a practicar las diligencias que se solicitan o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la obligación de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contenida en su artículo 1, punto 1, se cumple de diferentes maneras en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección, lo que implica el deber del Estado de organizar todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público que fueren necesarias para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicho compromiso, debe investigar seriamente, con los medios a su alcance, las violaciones que se cometan dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, imponerles las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación. En ese sentido, uno de los objetivos de la desaparición forzada de personas es impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, es fundamental que sus familiares (o personas allegadas) puedan acceder a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces, como medio para determinar su paradero; por ello, en este delito, el juicio de amparo implica la posibilidad de que el Poder Judicial haga efectivo el recurso para determinar el destino de la víctima, erigiéndose como el medio idóneo para establecer si se ha incurrido en una grave violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla, ya que como instrumento protector, está estrechamente vinculado con el principio general relativo a la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales en la materia. Ello implica que, sin invadir las facultades concedidas al órgano persecutor ni sustituirlo en sus funciones, por la potestad del amparo y acorde con el mandato constitucional previsto en el artículo 1o. de la Constitución, en el ámbito de su competencia, el juzgador de amparo tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento la protección más amplia de las personas frente a los actos de autoridad que puedan vulnerar derechos humanos, y toda vez que tratándose del delito de desaparición forzada el legislador enfatizó que se requerirá a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de las víctimas, no se requiere de una ley adjetiva para investigar violaciones graves a derechos humanos tratándose de tal delito, pues basta que el órgano de control constitucional asuma su posición de garante de los derechos fundamentales y prevea las medidas conducentes para que las autoridades señaladas como responsables se avoquen a la búsqueda y localización de las víctimas e identificar a los responsables. Asimismo, el acuerdo SNBP/002/2020 por el que se aprueba el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil veinte, califica a los Juzgados Federales que conocen de esta clase de demandas, como autoridades primarias que deben actuar, de inmediato, en el ejercicio de las atribuciones que les reconoce el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Manual sobre desaparición de personas, señaló que la suspensión en amparo contra desapariciones forzadas debe dictarse de oficio y de plano, y en ella deben ordenarse acciones de búsqueda, en la que agregó que las acciones de búsqueda del juzgado consisten en dictar todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, tales como ordenar que el personal a su cargo se traslade a los lugares donde pudiera encontrarse la presunta víctima de desaparición forzada, entre otros, centros penitenciarios, separos de la policía municipal, de la policía estatal, de agencias del Ministerio Público o fiscalías locales o federales, instalaciones militares, instalaciones de la Guardia Nacional, o cualquier otro centro de detención administrativa donde existan indicios de que pueda hallarse la persona desaparecida. Sentado lo anterior, se precisa que la promovente refiere que el directo quejoso Eduardo Diaz Torres, fue detenido aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos del nueve de octubre de dos mil veintidós, a la altura de la calle Hidalgo, número 37, zona centro de Moroleón, Guanajuato, por elementos de la "GUARDIA NACIONAL Y DEMÁS ELEMENTOS GUBERNAMENTALES". Agregando: "[.] Declaro bajo protesta de decir verdad de que nos dimos cuenta de que se encuentra en Celaya por una tercera persona y posteriormente se trasladó un abogado a hablar con ellos el lunes 10 de octubre de 2022 sin que se le brindara más información sobre su detención en su lugar de resguardo. Mi hijo ********** le refirió al Licenciado en Derecho ********** que estuvo incomunicado hasta pasada las 20:00 horas cuando pudo hablarme y decirme que estaba detenido en Celaya sin conocer su paradero toda vez que no se le brindo esa información. De igual manera refirió que los elementos que lo trasladaron loS [sic] golpearon e interrogaron bajo tortura, refiriendo en repetidas ocasiones de que los agentes les habían plantado narcóticos y ya se los había cargado la verga, desconociendo de que hablaban por no haber cometido ningún delito. [.]" Por ende, con apoyo en el numeral 126, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, a efecto de que de inmediato: 1. Cese la incomunicación, así como la posible desaparición forzada, tortura física o psicológica de que sea objeto. 2. Cese o se abstengan de efectuar cualquiera de los actos prohibidos previstos en el ordinal 22, de nuestra carta magna, por lo cual quedan en cuanto a su persona, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. 3. Informen dentro del término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento que se dé a este mandato judicial. Ahora bien, si los actos reclamados se tratan de la privación de la libertad fuera de procedimiento, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 164 y 165, se concede también la SUSPENSIÓN DE PLANO para los siguientes efectos: En caso de que la privación de libertad del directo quejoso sea por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, los efectos de la presente medida son para que sin demora lo pongan de inmediato a disposición del Ministerio Público, o bien, en caso de que la detención no tenga relación con la comisión de un delito, la presente medida tiene por efecto que el directo quejoso sea puesto en libertad (artículo 164). Además de lo anterior, y a fin de cumplir cabalmente con los dispositivos en cita, se precisa que si la detención deriva de una orden emitida por el Ministerio Público y se encuentra a su disposición, la medida cautelar tendrá como efecto que el fiscal, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contado a partir del momento de la detención, debe consignar al directo agraviado ante el juez penal correspondiente, o ponerlo en libertad (artículo 165, primer párrafo). En el entendido de que, si la detención fue por flagrancia y se encuentra a disposición del Ministerio Público, el plazo se contará a partir de que sea puestos a su disposición (artículo 165, segundo párrafo). En cualquier caso, distinto de los anteriores, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del agraviado directo, la suspensión se concederá para el efecto de que, de inmediato, sea puesto en inmediata libertad o consignado al juez respectivo (artículo 165, tercer párrafo). Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que en atención a la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor relacionada con la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) emitida por el Consejo de Salubridad General, así como al acuerdo emitido por el Secretario de Salud en el que se establecen medidas extraordinarias para atender dicha emergencia, deberán realizar lo siguiente: 1. Rendir su informe vía electrónica al correo institucional 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, el cual se confirmará y acusará recibo por la misma vía. 2. Señalar un correo electrónico y un número telefónico, para que este órgano jurisdiccional pueda entablar comunicación y establecer una línea de coordinación relacionada con el presente asunto. Las anteriores determinaciones son tomadas con la finalidad de salvaguardar la salud del personal de este órgano jurisdiccional, así como del personal perteneciente a las autoridades responsables; además de que se pretende evitar la propagación del virus. Se apercibe a las responsables que de no cumplir con lo antes determinado, se harán acreedoras, las que incumplan, a una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cincuenta veces, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como las sanciones de prisión, destitución e inhabilitación con motivo de la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción II de la ley de la materia. En seguimiento a lo anterior, se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado federal, para que entreguen los oficios que deriven del presente proveído conjuntamente con la copia de la demanda a las autoridades responsables residentes en esta ciudad: o Guardia Nacional. o Agente del Ministerio Público. o Policías identificados como "GERIS" y "AIC". Además, deberán remitir vía correo electrónico y estafeta según sea el caso, las misivas correspondientes dirigidas a las autoridades foráneas. o Guardia Nacional. o Agente del Ministerio Público investigador. o Policías Identificados como "GERIS" y "AIC". Con residencia en Moroleón, Yuriria y Uriangato, todas del estado de Guanajuato. Para lo cual deberán levantar acta pormenorizada de su proceder y dar cuenta oportunamente con ella. Para lo cual, el actuario que practique lo anterior hará saber a las autoridades respectivas que, dada la modificación constante en las denominaciones de las autoridades que conforman el organigrama de la Fiscalía del Estado y diversas dependencias y, al tratarse de un asunto urgente y de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República, de no ser la denominación correcta, deberá recibir la comunicación y rendir el informe bajo la denominación que corresponde o bien, manifestar el impedimento que se tuviere; deberá apercibirlo que de negarse a recibir el oficio, se harán acreedoras a una multa de mil veces, conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero y 259 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que puedan ocurrir. Encomienda a los actuarios de la adscripción Con fundamento en el artículo 1 constitucional, que impone a todas las autoridades del Estado Mexicano el deber de realizar en el ámbito de sus competencias, todos los actos necesarios para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos; en el numeral 15 de la Ley de Amparo (que sujeta a los tribunales de amparo, a que dicten todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado) y como autoridades primarias acorde con el protocolo nacional de búsqueda de personas, se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado federal, para que procedan a la búsqueda y localización del directo quejoso Eduardo Diaz Torres, en las instalaciones policiales, de detención y de investigación que existen en este municipio, es decir, en las diferentes corporaciones policiales, en donde existan separos o celdas, así como en centros de reclusión, instancias gubernamentales (autoridades: federales, estatales y municipales), instalaciones de la Guardia Nacional, o cualquier otro centro de detención administrativa donde existan indicios de que pueda hallarse la persona desaparecida, y en caso de que no lo encuentren en alguno de esos lugares, preguntar si estuvo; en su caso, la causa de ingreso, la fecha y motivo del egreso, las autoridades ante la cual estuvo a disposición; para lo cual se les faculta para que hagan uso de los medios de apremio correspondientes previstos en la Ley de Amparo. En la inteligencia de que en el acto de la diligencia deberán realizar lo siguiente: 1. Con las seguridades debidas para evitar el contagio del virus SARS CoV2 (COVID 19), se constituyan de manera física y personal en los correspondientes domicilios y solicite que le permitan el ingreso. 2. Vocear y llamar al agraviado Eduardo Diaz Torres, para verificar si se encuentran. 3. En caso de encontrarlo, deberán notificarle el presente auto, y requerirlo para que, de ser el caso, manifieste si es su deseo continuar con el trámite de la demanda previamente admitida. Ello, previa explicación de las consecuencias que llevaría su respuesta en sentido negativo, pues se equipararía al desistimiento de este juicio de tutela de derechos. 4. Den fe del estado físico en el que se encuentra el directo agraviado; 5. Analizar el libro de registro de entrada para verificar cuándo ingresaron las personas buscadas; y en específico, el momento preciso de su arribo y de ser posible, el motivo y fundamento de su ingreso, a cargo de qué autoridad se encuentra y a disposición de quién por cuanto a su libertad; 6. Ratificarle a la autoridad ante quien esté detenido el quejoso directo, la suspensión de plano decretada por esta potestad, respecto del acto reclamado consistente en la incomunicación, desaparición forzada y tortura de que se dice está siendo objeto el agraviado de referencia, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, suspensión concedida para el efecto de que cesen de inmediato aquellos o cualquier otro que afecten o puedan afectar la integridad personal del quejoso directo, debiendo acatar esa orden las autoridades e informar en el improrrogable término de veinticuatro horas sobre el cumplimiento dado a la suspensión otorgada. 7. Prevenir a las responsables, para que de inmediato se abstengan de ejecutar cualquiera de los actos antes mencionados en contra de los directos quejosos, debiendo informar de inmediato el cumplimiento que den a dicha determinación. 8. Levantar un acta pormenorizada de todo lo anterior. 9. En caso contrario, deberán indagar si estuvo interno o detenido; en su caso, la causa, fecha y motivo del egreso, para lo cual se les faculta para que haga uso de los medios de apremio correspondientes, previstos en la Ley de Amparo, de igual modo habrán de indagar mediante información que le proporcionen los funcionarios de las dependencias en las que se presente, el lugar en el que podrían localizarse los quejosos. 10. Además, harán saber a las autoridades ante quienes se presenten que, dada la modificación constante en las denominaciones de las autoridades que conforman el organigrama de las Fiscalías tanto General de la República como del Estado y, al tratarse de un asunto urgente y de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República, de no ser la denominación correcta, deberán recibir la comunicación y rendir el informe bajo la denominación que corresponde o bien, manifestar el impedimento que se tuviere; deberá apercibirlos que de negarse a recibir el oficio, se harán acreedoras a una multa de MIL DÍAS, conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero y 259 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que puedan ocurrir. Esto es así, dado que la promovente da noticia de que se encuentra detenido en esta ciudad, al señalar: "[.] Declaro bajo protesta de decir verdad de que nos dimos cuenta de que se encuentra en Celaya por una tercera persona [.]" Por lo que, por el momento, resulta innecesario solicitar el auxilio de diversos juzgados de distrito en la búsqueda del accionante directo. Misivas. Además de lo anterior, gírese oficio al fiscal de justicia Región "C" en esta ciudad o a la Agencia del Ministerio Público o Fiscalía que se encuentre de turno, de la Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato, para que, en el improrrogable plazo de veinticuatro horas informe a este tribunal, si dentro del territorio que abarca su competencia se llevó a cabo alguna detención, indagatoria, consignación o acto en el que se encuentre involucrada la libertad de **********. Para los mismos efectos, a fin de cubrir la totalidad de la jurisdicción de este tribunal7, gírense atentos oficios a los fiscales de justicia de las regiones B y D, de la Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato, a efecto de que en el improrrogable plazo de veinticuatro horas informen a este tribunal, si dentro del territorio que abarca su competencia, y de ser posible si en el territorio que abarca el estado de Guanajuato, se llevó a cabo alguna detención, indagatoria, consignación o acto en el que se encuentre involucrada la libertad de **********. En la inteligencia que deberán rendir su informe vía electrónica al correo institucional 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx y el cual se confirmará por la misma vía, previa comunicación al número telefónico 461 191 0258. Agotadas las diligencias anteriores, y de no localizarse al directo agraviado, provéase lo conducente a las diversas providencias que puedan ser útiles para lograr su comparecencia. Incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión, en virtud de que los actos reclamados encuadran en la suspensión de plano tal como fue otorgada en párrafos precedentes. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte promovente el ubicado en calle Paseo del Bosque, número 1508, colonia Villas de los Sauces de esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículos 12 de la Ley de Amparo, a **********, quien -como se advierte de la certificación de cuenta- cuenta con su cédula registrada en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en tanto que, en términos restringidos de dicho numeral, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a **********, por no encontrarse en ese supuesto. Habilitación de días y horas Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que, en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada. Juicio en línea. Con apego en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, modificando únicamente en cuanto su vigencia por el diverso acuerdo general 22/2022, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
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