Eduardo Chávez Santos
Expediente 598/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eduardo Chávez Santos
- Catalina Gómez Muñoz
Actuaciones
- Principal
Recepción de testimonio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que suscribe la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al que anexa testimonio de la resolución pronunciada el doce de marzo de dos mil veintiuno, en el recurso de queja administrativa número ***, cuyos puntos resolutivos establecen: «Primero. Es infundado el presente recurso de queja. Segundo. Se confirma el acuerdo pronunciado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, el doce de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual desechó la demanda de amparo registrada con el número de expediente 598/2020-II promovida por **** y ****, contra el acto y la autoridad precisados en el resultado primero y segundo de esta resolución. Lo anterior, por los razonamientos jurídicos vertidos en el considerando quinto del presente fallo.» Acúsese recibo a la superioridad por vía electrónica, háganse las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno relativo como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Asimismo, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el legajo de copias certificadas del expediente en que se actúa, que fue remitido por la alzada, deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude tal punto; mientras acontece lo anterior, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. III. Devolución de documentos y constancias. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, al no haberse exhibido en autos. No obstante, se deja a disposición de la parte quejosa las copias certificadas de los documentos que allegó con su demanda, previa razón que se deje asentada en autos. En la inteligencia de que, para poder ingresar a este órgano jurisdiccional, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de Federación,(https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y acudir en un horario de trece a dieciocho horas. Medidas que se adoptan de forma temporal, ante las restricciones generadas con motivo de la contingencia de salud, derivadas del virus SARS-CoV-2, comúnmente conocido como COVID-19.
- Principal
Recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos xxxxxxxxx; atento a su contenido, se les tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, que desechó su demanda de amparo; ello de conformidad con el artículo 97, fracción I inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe materia de la queja y remítase escrito original de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en turno, para la sustanciación del recurso de que se trata, así como copia certificada del presente juicio de amparo.
- Principal
Visto el escrito signado por los quejosos Eduardo Chávez Santos y Catalina Gómez Muñoz, por medio del cual desahogan la prevención formulada mediante auto de seis de noviembre de dos mil veinte y en atención a ello manifiestan: - Que en contra de la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veinte, no se interpuso medio ordinario de defensa; - Asimismo, que no se le atribuye ningún acto en concreto al Hospital General zona 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 26/03/21 10:19:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.57 LUZ MARIA MARTINEZ VEGA Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, se entiende por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En tal virtud, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprende que el acto reclamado consiste en: ? La determinación tomada en auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su titular de la jefatura jurídica del órgano desconcentrado estatal en Guanajuato del propio instituto, dentro del expediente de reclamación por responsabilidad patrimonial número 005/2020, en el que resuelve desechar la reclamación solicitada. Al respecto, del escrito de aclaratorio se desprende que los promoventes no han interpuesto recurso alguno en contra del auto del auto de veintidós de septiembre del presente año. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que 26/03/21 10:19:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.57 LUZ MARIA MARTINEZ VEGA haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]" La disposición transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos distintos de los emitidos por tribunales judiciales que deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, y no se hubiere agotado antes de promover aquél. El principio de definitividad rector del juicio constitucional encuentra su justificación en que al tratarse de un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe acudir a las instancias ordinarias que produzcan la insubsistencia del acto de autoridad antes de promover el amparo. Ahora bien, se destaca que en contra el acto reclamado procede el juicio contencioso administrativo, en términos del artículo 3º, fracción XII, en relación con la fracción XIX del citado numeral, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través del cual podía ser nulificada. Ello, pues el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que los consignados en los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo; y, no se surte la excepción prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación, toda vez que, en la demanda de amparo la parte quejosa adjuntó copia simple de la resolución reclamada, de las que se advierte que la autoridad responsable citó la normatividad en la que fundó su determinación, así como los motivos por los cuales se adecua al caso concreto. En ese tenor, el artículo 3º, fracciones XII y XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prevé: 26/03/21 10:19:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.57 LUZ MARIA MARTINEZ VEGA "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativa que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (.) XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa". Del contenido de la porción normativa transcrita se obtiene que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el juicio contencioso administrativo, conocerá de las resoluciones definitivas dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; asimismo, que se consideran resoluciones definitivas aquellas que no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su titular de la jefatura jurídica del órgano desconcentrado estatal en Guanajuato del propio instituto, dentro del expediente de reclamación por responsabilidad patrimonial número 005/2020, en el que resuelve desechar la reclamación solicitada por los aquí quejosos. Dicho acto, constituye una resolución definitiva para efectos de la promoción del juicio contencioso administrativo, acorde a la interpretación armónica de los artículos 5º de la Ley del Seguro Social; 1º, y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,1 dado que fue dictado por una autoridad 1 "Artículo 5. La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón 26/03/21 10:19:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.57 LUZ MARIA MARTINEZ VEGA administrativa que puso fin a una instancia. En esas condiciones, el acto reclamado se ubica dentro del supuesto de procedencia previsto en el artículo 3º, fracción XII, en relación con la diversa fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que desechó la reclamación por responsabilidad patrimonial número 005/2020, incoada por los aquí quejosos. Luego, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de acuerdo al precepto legal transcrito, tiene competencia para conocer de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; entonces, es válido sostener que contra del acuerdo reclamado, procede antes de promover el juicio de amparo, el juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través del cual la determinación reclamada es susceptible de ser modificada, revocada o nulificada. Sin que se actualice alguna causa de excepción al principio de definitividad que rige el acto reclamado, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.2 de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo". "Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas.". "Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.". 2 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) 26/03/21 10:19:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.57 LUZ MARIA MARTINEZ VEGA En principio, porque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo sí prevé la suspensión del acto reclamado, y no exige mayores requisitos para la suspensión del acto reclamado, que aquellos que prevé la Ley de Amparo, para ese efecto. Se afirma lo anterior, porque de la interpretación armónica de los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo3 y 128, 130, 132, 135 y 139 de la XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. (.)". 3 "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado presentado, por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. 26/03/21 10:19:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.57 LUZ MARIA MARTINEZ VEGA Ley de Amparo, se observa que en relación con los requisitos para el otorgamiento de la suspensión, en ambos casos, basta solicitar la medida cautelar ante la autoridad competente en cualquier etapa del juicio, sin exigir que la medida cautelar se circunscriba a que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución del acto, y no la condiciona al ofrecimiento de las pruebas que acrediten esos supuestos. Además, la medida solicitada durante la sustanciación del juicio conforme a los dos ordenamientos tiene efectos hasta que se dicte sentencia definitiva que lo resuelva. Tampoco se condiciona el otorgamiento a la exposición de las razones para solicitarla ni a la explicación de los perjuicios que se causarían. Asimismo, se observa que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no establece obligaciones adicionales a las previstas en la Ley de Amparo para solicitar y obtener la suspensión del acto reclamado, que giran en torno a tres aspectos fundamentales: que la solicite el agraviado, con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y los daños y perjuicios que se puedan causar con la ejecución del acto sean de difícil reparación. Por último, en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad". 26/03/21 10:19:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.57 LUZ MARIA MARTINEZ VEGA interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero la medida cautelar se concede fijándose la garantía de manera discrecional, y si pudieran causar daños o perjuicios a terceros, se otorgará garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. Lo expuesto es congruente con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 164/2013 de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.) de rubro: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO".4 No es obstáculo a la aplicabilidad de la jurisprudencia al caso, que se refiera a la Ley de Amparo abrogada, pues la legislación vigente actualmente establece esencialmente los mismos requisitos para otorgar la suspensión del acto que los establecidos en aquella normativa; por ende, conforme al artículo sexto transitorio aquella jurisprudencia sigue teniendo vigencia, por no oponerse a la nueva ley. 4 "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa". Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 2, página 1446, registro: 2004553. 26/03/21 10:19:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.57 LUZ MARIA MARTINEZ VEGA Además, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal en la diversa jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), 5 determinó que la suspensión prevista en el juicio contencioso federal, no preveía menores alcances ni establecía mayores requisitos que los referidos en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión del acto impugnado, por lo que, era necesario agotarlo previamente al juicio de control constitucional, en cumplimiento al principio de definitividad. Tampoco se actualiza la excepción prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación. Ello es así, dado que los quejosos adjuntaron a su demanda de amparo copia simple del acuerdo reclamado en esta instancia constitucional, de la que se advierte que la autoridad responsable indicó los preceptos legales, así como las razones del porqué llegó a la conclusión a la que arribó. Máxime, si se toma en consideración de que la parte quejosa, en los conceptos de violación expresa argumentos encaminados a controvertir la valoración de los documentos a 5 "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1194, registro: 2011289. 26/03/21 10:19:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.57 LUZ MARIA MARTINEZ VEGA través de los cuales refieren acreditar la legitimación para incoar la reclamación por daño patrimonial; de ahí que, en la demanda de amparo, no solamente se plantearon violaciones directas a la Constitución Federal, sino también se involucraron aspectos de legalidad. Por tanto, no se actualiza la excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esto es, que no es necesario agotar los recursos ordinarios que establezca la ley que rige el acto reclamado, cuando únicamente se aducen violaciones directas a la Constitución Federal, como el hecho de que el acto reclamado carezca de fundamentación. Es ilustrativa por las razones que contiene la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN".6 Así como la jurisprudencia 2ª./J.19/2015 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)".7 En ese contexto, se concluye que si el acto reclamado puede ser combatido mediante el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con 6 Localizable en la página 119, Volumen 175-180, Tercera Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con número de registro 237480. Materia Común. 7 Localizable en la página 783, del Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, con número de registro 2008808, Materia Administrativa. base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a accionar a este órgano de control constitucional debió agotar el juicio contencioso, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Por tanto, al actualizarse de forma notoria e indudable la causal de improcedencia ya detallada, se desecha de plano la demanda, promovida por Eduardo Chávez Santos y Catalina Gómez Muñoz, conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento
- Principal
Vista la demanda formulada por xxxxxxxx en contra de actos del Hospital general zona 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad y titular de la Jefatura Jurídica del órgano de operación administrativa desconcentrada estatal de Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad, fórmese el expediente físico y digital bajo el número 598/2020-II. b) Designación de representante común. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Eduardo Chávez Santos, sin perjuicio de que con posterioridad, los propios quejosos hagan la designación correspondiente. c) Prevención Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, aclaren su demanda, la subsanen y bajo protesta de decir verdad: 1. Señalen si en contra del acto que aquí reclaman (resolución de veintidós de septiembre de dos mil veinte emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su titular de la jefatura jurídica del órgano desconcentrado estatal en Guanajuato del propio instituto, dentro del expediente de reclamación por responsabilidad patrimonial número 005/2020, en el que resuelve desechar la reclamación solicitada), promovieron algún medio ordinario de defensa, de ser el caso, indiquen el número de expediente, ante qué autoridad lo tramitaron y la etapa procesal en que se encuentra. 2. Qué acto en concreto le reclaman al Hospital General zona 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que el acto reclamado lo emitió el titular de la jefatura jurídica del órgano desconcentrado estatal en Guanajuato del propio instituto; por lo que deberán, especificar en forma precisa y exacta el acto que le atribuyen. Puntos que necesitan ser aclarados para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo y fijar adecuadamente la litis constitucional. En la inteligencia que esta prevención deberá ser desahogada por los propios quejosos, no así por los profesionistas que autorizan en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que les incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." De igual forma, deberán exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio y anexos, para correr traslado a cada una de las partes, de conformidad con el artículo 110, de la ley de la materia; es decir, una para cada una de las autoridades responsables que aclare, dos para los terceros interesados, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y dos para el incidente de suspensión. Apercibidos los quejosos que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Relativo a lo anterior, se aplica la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." d) Autorizados Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fabiola Zamudio López, toda vez que de la certificación de cuenta, se desprende que tiene inscrita su cédula profesional federal en el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a la restante persona que señalan en términos restringidos del citado precepto, por así haberlo solicitado expresamente. Sin que haya lugar a tenerlos designado representante común los autorizados, en virtud, que dicha figura solo opera para los directos quejosos. e) Consulta de expediente electrónico y domicilio para recibir notificaciones. Se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario "xxxxx"; en el entendido que desde ahora se tiene como sitio para recibir notificaciones personales, en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, en razón de que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico y constituye una opción para recibir notificaciones. La analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, deberá habilitar los usuarios de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En el entendido, que si su alta o datos proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno; y las notificaciones se le efectuaran por medio de lista. De igual forma, se les tiene proporcionando un correo electrónico para establecer un medio de contacto, de actuaciones no procesales. f) Habilitación de días y horas para notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. g) Transparencia Finalmente, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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