Eduardo Ferrer Valle
Expediente 971/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 971/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eduardo Ferrer Valle
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto dictado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó de plano la demanda de amparo presentada por **************, en su carácter de apoderado legal de Claudio y Eduardo ambos de apellidos Ferrer Valle, no fue recurrido dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por ********, que se ostenta como apoderado legal de *********contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), en el entendido de que se encuentra registrado con el número 971/2017. Ahora bien, el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cierto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo Para lo anterior, se hace importante destacar que el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad señaló como acto reclamado la resolución interlocutoria de treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete, dictada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dentro del juicio ****, por la que se declaró incompetente para conocer del juicio laboral intentado por la ahora parte quejosa, declinando en favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, se advierte que opera una causal de improcedencia, cuyo análisis se aborda de oficio, por ser una cuestión de orden público y análisis preferente, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Ello es así, pues se observa que la actuación reclamada, no tiene una ejecución de imposible reparación, toda vez que no afecta materialmente derechos sustantivos del peticionario del amparo tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, puesto que sus efectos son eminentemente intraprocesales. Lo anterior, porque de lo narrado por la parte quejosa en su escrito de demanda, se advierte que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, no se ha pronunciado sobre la competencia que le fue declinada. Es decir, los actos impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Así, del propio precepto legal se desprende que para promover el amparo indirecto contra actos de incompetencia por declinatoria, se tomaron en cuenta dos aspectos: 1.- Que se trate de actos que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. 2.- Que los derechos afectados materialmente sean sustantivos, y no de naturaleza formal o adjetiva", pues en este último caso, la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio, pues sería hasta ese momento procesal que podría consumarse una afectación en forma real. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido son los siguientes: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." (Énfasis añadido) Luego, si en el caso concreto la parte quejosa reclama la resolución emitida el uno de agosto del dos mil diecisiete, dictada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dentro del juicio ****, en la que declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda que el solicitante del amparo promovió contra el Cuerpo de Guardias de Seguridad del Estado de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y contra el Instituto Nacional de Migración Delegación Guanajuato; es incuestionable que el presente juicio constitucional no se ubica en la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, deviene improcedente. Entonces, existe la certeza y los elementos para acreditar que el motivo de improcedencia es manifiesto e indudable, al ser patente que el acto reclamado no es de imposible reparación, y no existir duda, conforme a lo ya expuesto, que contra ese tipo de actos no procede el juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, y conforme a lo dispuesto en el ordinal 63, fracción V, de la citada Ley, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se DESECHA DE PLANO la demanda por lo expuesto anteriormente. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Boulevard ****, de esta ciudad, asimismo, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su escrito en virtud de que resulta ser la parte trabajadora en el juicio de origen. Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Eduardo Daniel López Villegas691/2022
- Eduardo Daniel Lopez Villegas376/2022
- Eduardo Díaz Torres970/2022
- Eduardo Dolores Manzano Lemus525/2023
- Eduardo Dolores Manzano Lemuz839/2022
- Eduardo Duran Elizarraga457/2017
- EDUARDO FLORES CASTRO y Otros.1057/2022
- Eduardo Gutiérrez Gaytan209/2017
- Eduardo Hernández Valadez772/2018
- Eduardo Juárez Gómez275/2019
- Eduardo López Barrientos908/2023
- Eduardo Mandujano Patiño15/2020