Eduardo Cruz Sanchez
Expediente 1168/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1168/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eduardo Cruz Sanchez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que haya sido recurrida la resolución pronunciada el ´doce de enero de dos mil dieciocho, en que se SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA. Comuníquese lo anterior a las partes; y en razón de que la resolución emitida no requiere ejecución material, se ordena el ARCHIVO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de relevancia documental.
- Principal
En esta fecha se celebró la audiencia constitucional en la cual se resolvió: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra los actos y la autoridad que precisada quedó en el considerando Segundo de esta resolución, por las razones y evidencias ahí apuntadas.
- Principal
RECEPCIÓN DE INFORME JUSTIFICADO. Por recibidos los oficios signados por el Jefe de Grupo de la Policía Mini9sterial de esta ciudad, mediante los cuales rinden informes de suspensión de plano e informe justificado, en atención a sus contenidos, con fundamento en los artículos 126 y 117 de la Ley de Amparo, respectivamente, se tienen por rendidos dichos informes; en consecuencia dese vista a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la Audiencia Constitucional.
- Principal
Vista la demanda de amparo, promovida por el quejoso, JEFE DE GRUPO DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, GRUPO CELAYA, GUANAJUATO., mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común de las Agencia del Ministerio Público número I a la XXIV; Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a la Mujer y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato, todos con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; los cuales estima violatorios de los derechos fundamentales que se encuentran reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SE ORDENA FORMAR EXPEDIENTE. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1168/2017-VI.1. Anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atentas al trámite del expediente. ADMISIÓN. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, SE ADMITE la demanda de amparo promovida por el quejoso ***, únicamente por lo que ve la autoridad que denominó como ejecutora Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad, que es la que en su caso tiene intervención en el acto reclamado. NO SE RECONOCE EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES. Con fundamento en los artículos 5º, fracción II, en relación con el 108, fracción III de la Ley de Amparo, no se tiene como responsables a los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común de las Agencias I a la XXIV, así como al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a la Mujer, todos con domicilio en esta ciudad, ello en virtud de que no son autoridades con facultades para emitir ordenes de aprehensión, presentación, detención, arresto y cualquier otra que prive de la libertad al quejoso; por lo que en todo caso el acto en concreto que se reclama y por la autoridad que refiere como responsable ejecutora, se trata de una posible privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento. Además de que de llamarlas a juicio, se retrasaría la integración del presente asunto y, dado que el artículo 17 Constitucional, obliga a que la Justicia debe ser pronta y expedita, a efecto de saber qué autoridad emitió la orden con el fin de privarlo de su libertad personal fuera de procedimiento únicamente se tiene por el momento como autoridad responsable al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integra de la demanda de cuenta, se tiene como acto reclamado la posible privación de libertad fuera de procedimiento de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo. Ello en virtud de que en el capítulo respectivo el quejoso manifestó como tales: IV.- ACTO RECLAMADO: De las responsables ordenadoras se reclama la posible e ilegal orden de, aprehensión, inminente orden de presentación y/o de detención y/o arresto ilegal dictados en mi contra con el objeto de molestarme en mi libre tránsito o bien hasta llegar a privarme de mi libertad. De la responsable ejecutora, se reclama la inminente ejecución y/o cumplimentación de la orden de aprehensión y/o presentación y/o arresto o inminente privación de mi libertad dictada por las autoridades ordenadoras. Lo anterior atendiendo a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000 estableció la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para la anterior determinación, que una vez rendido el informe que corresponda a la autoridad citada como responsable, se advierta la participación de alguna otra en la emisión o ejecución del acto reclamado, caso en que se proveerá lo que en derecho sea procedente en cuanto a la ampliación de la demanda de amparo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; sin embargo, deberá de tomar en consideración el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establece: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Apercibida que de ser omisa en rendirlo, se le impondrá multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la citada Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, para la audiencia constitucional. Lo anterior en virtud de que las labores del juzgado así lo permiten y a fin de favorecer la pronta impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término que se le concede para rendir su informe justificado, remita copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias que tomó en consideración para la emisión del acto reclamado, o bien, manifieste el impedimento que tenga para ello, apercibida que de no hacer manifestación alguna se le impondrá una multa en términos del numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Además, se requiere a la autoridad responsable para que exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; debiendo, en su caso, acompañar el expediente respectivo o bien copia certificada, legible, íntegra y ordenada de las constancias necesarias para apoyar el informe que emita, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. De igual forma, también deberá informar a este Juzgado de las resoluciones que se dicten en el juicio de origen, así como de los recursos, o en su caso de distintos juicios de amparo que al efecto se interpongan o se hayan interpuesto. REQUERIMIENTOS A LAS PARTES. De igual manera se requiere a las partes, para que conforme a lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informe de inmediato a este Órgano de Control Constitucional, si durante el trámite del Juicio de origen se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal; bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, de ser el caso a la autoridad que no lo haga se le impondrá una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. RESERVA DE TERCEROS INTERESADOS. Ahora bien, no obstante que el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no existe tercero interesado en el presente juicio, de conformidad con el artículo 5, fracción III, de la ley de la materia, se reserva reconocer dicho carácter en este expediente, hasta una vez que obre el informe justificado, a fin de determinar a quién o quiénes les resulta dicho carácter. Así como a lo citado por la Jurisprudencia 114/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción de tesis, de la que se advierte que los ofendidos dentro de una causa penal pueden apersonarse al juicio de amparo para hacer valer sus derechos, ello para el efecto de que no sea nugatoria la posibilidad de resarcírseles el daño que les fue causado. La jurisprudencia en cita es del rubro siguiente: OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE EN LOS HECHOS A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, AUNQUE NO SE REFIERA DIRECTAMENTE A ELLA. Sin que haya necesidad de acordar proveído alguno, en caso de que no haya terceros interesados en el presente juicio de amparo. AUTORIZACIÓN DE LAS PARTES PARA LA REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO, QUIENES PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Previa autorización verbal por parte del secretario encargado del presente expediente. Es aplicable a lo anterior la tesis: I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1830 del libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el número de registro: 2008986, Materia común del rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). SUSPENSIÓN DE PLANO. Tomando en consideración que los actos reclamados consisten en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento judicial del quejoso, actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en el artículo 126 de este último ordenamiento legal SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que ***, no sea detenido con motivo de la orden de privación de la libertad fuera de procedimiento reclamada en esta vía constitucional. Debiendo informar la autoridad responsable, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, sobre el cumplimiento que dé a este mandato judicial, acompañando copia certificada de las constancias que lo acrediten. Apercibida que de no cumplir con lo antes determinado, se hará acreedora a una multa por el equivalente a quinientas Unidades de Medida y Actualización, así como, en su caso, a las sanciones de prisión, destitución e inhabilitación establecidas en el artículo 262 de la Ley de Amparo. Igualmente, hágase del conocimiento a la autoridad responsable que el informe que deberá rendir con relación al cumplimiento a la suspensión de plano, es independiente del que en su momento rinda con relación al informe justificado, por lo que deberá rendirlo en forma separada, a fin de verificar el acatamiento a la medida cautelar otorgada a la parte quejosa. Al respecto resulta aplicable por lo que transmite la tesis 58/2016 (10a.), que en Contradicción resolviera la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2013066 , cuyo texto y rubro son: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta. La medida cautelar en cita no surtirá efectos en favor del quejoso sí se le sorprende en flagrante delito, o bien, si se trata de cumplimentar una orden de detención, presentación, aprehensión o reaprehensión dictada por autoridad distinta de las señaladas por el peticionario del amparo. NO SE FIJA GARANTÍA. Sin que sea necesario fijar garantía alguna para que surta efectos la presente medida cautelar, en atención a que no se advierte, de momento, la participación de algún tercero interesado. SIN INCIDENTE. En virtud de lo anterior, no se tramita el incidente de suspensión en cuerda por separado. VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponda. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, QUE NO ACUSEN RECIBO, SALVO AQUÉLLOS CASOS EN LOS QUE DE MANERA EXPRESA LES SEA SOLICITADO. Ahora bien, dado que resulta un hecho notorio para este Órgano de Control Constitucional, que generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este Juzgado Federal, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes, obstaculizando el manejo físico y estudio de los mismos, y dado que el artículo 28 de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado por los medios correspondientes, o bien a través del funcionario adscrito designado para ello, quien recabará recibo de los mismos, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Luego, a fin de evitar el exceso que se menciona, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y/o terceras interesadas, que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este Tribunal Federal, salvo aquéllos casos en los que de manera expresa les sea solicitado acuse de recibo. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, vigente, una vez que lo permitan las labores de este Juzgado Federal, expídale a la quejosa las copias certificadas que peticiona, previa identificación y constancia que por su entrega se glose en autos. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *** de esta ciudad; y como autorizados de su parte en TÉRMINOS AMPLIOS del citado artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ***, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, como autorizados en TÉRMINOS RESTRINGIDOS del citado artículo a ***, en virtud de que no tiene registrada su cédula profesional en la base de datos antes referida. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.
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