Eduardo Carranco Muñiz
Expediente 1121/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1121/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eduardo Carranco Muñiz
Actuaciones
- Principal
En esta fecha, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual una vez concluida en todas sus etapas, se resolvió: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por *** por su propio derecho, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Celaya, Guanajuato; por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución.
- Principal
Visto lo de cuenta, se desprende del sumario que de la fecha de notificación del auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve (f. 25 vta.), en que se recibió el informe justificado de la autoridad responsable Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Celaya, Guanajuato, en relación con la señalada para la celebración de la audiencia constitucional, no ha transcurrido el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe de mérito; en consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Por último, se hace del conocimiento de las partes para los fines conducentes, que a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve, la nueva titular de este Órgano de Control Constitucional es la ***, conforme al oficio SEADS/1412/2019, de trece de noviembre del apuntado año, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos, para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio número 8306/A.I.C./2019, suscrito por el Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Celaya, Guanajuato. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde; con su contenido dése vista a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, contra actos del Juzgado de Oralidad Penal (Sistema Acusatorio) de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad y Juzgado de Oralidad Penal (Sistema Acusatorio) de la Primera Región del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre (autoridades ordenadoras), y Coordinador General de la Unidad de Robo y Recuperación de Vehículos de Motor de la Subprocuraduría de Investigación Especializada, Coordinador General de la Unidad Especializada contra el Secuestro de la Subprocuraduría de Investigación Especializada, SIE, Coordinador General de la Unidad Especializada contra los Delitos Cibernéticos y Extinción de Dominio de la Subprocuraduría de Investigación Especializada, éstos últimos con sede en Guanajuato, Capital, Coordinador de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato perteneciente a la Región C de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato perteneciente a la Región C de la Fiscalía General de Justicia del Estado y Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, estos últimos con sede en esta ciudad (autoridades ejecutoras); por violación a los artículos 14 segundo párrafo, 16 y 20 apartados A y B, de la Constitución Federal. De la demanda de amparo, se desprende, en lo que aquí interesa, que el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, le comentaron sus vecinos, que en varias horas en el transcurso de ese día, personas que dijeron ser Agentes de la Policía Ministerial del Estado, quienes incluso se identificaron como tales, se presentaron en su domicilio, con el argumento que tenían instrucciones de localizarlo y detenerlo; manifestando el quejoso que desconoce el motivo por el cual lo están buscando y tiene temor de ser privado de su libertad personal. Ahora, toda vez que el quejoso señala como autoridades: Juzgado de Oralidad Penal (Sistema Acusatorio) de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad y Juzgado de Oralidad Penal (Sistema Acusatorio) de la Primera Región del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, (autoridades ordenadoras), y Coordinador General de la Unidad de Robo y Recuperación de Vehículos de Motor de la Subprocuraduría de Investigación Especializada, Coordinador General de la Unidad Especializada contra el Secuestro de la Subprocuraduría de Investigación Especializada, SIE, Coordinador General de la Unidad Especializada contra los Delitos Cibernéticos y Extinción de Dominio de la Subprocuraduría de Investigación Especializada, éstos últimos con sede en Guanajuato, Capital, Coordinador de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato perteneciente a la Región C de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato perteneciente a la Región "C" de la Fiscalía General de Justicia del Estado, estos últimos con sede en esta ciudad, dichas autoridades no resultan ser las idóneas y a las que se les confiera la ejecución del acto con el que se le pretende privar de su libertad; por lo que la autoridad que tiene injerencia en el acto que reclama el promovente es el Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado con sede en esta ciudad, por lo tanto, se tiene únicamente a ésta como autoridad responsable; dejándose de tener con dicho carácter a las restantes que señala como autoridades responsables por no tener injerencia en el acto que reclama la parte quejosa. Por otro lado, analizada la demanda en su integridad y de forma destacada lo manifestado por el quejoso en los antecedentes del acto reclamado, se obtiene como acto reclamado una posible privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento judicial, la cual en su caso, puede ser ejecutada por la autoridad denominada Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. Sin perjuicio de que una vez rendido el informe que corresponda a la citada responsable se advierta la participación de diversas autoridades en la emisión o ejecución del acto reclamado, caso en el cual se proveerá lo que en derecho proceda en cuanto a la ampliación de la demanda de amparo. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 1121/2019-V-I, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por *** por su propio derecho, en contra del acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento. Lo anterior, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo y lo establecido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000 estableció la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. Cuyo rubro establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. De dicha jurisprudencia se desprende que la demanda de amparo es un todo por lo que debe interpretarse en su integridad, de ahí que si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del País estableció que el juzgador de amparo debe armonizar la demanda, analizando conjuntamente los datos que emanen del escrito inicial en un sentido congruente con todos los elementos que obran en el expediente, a efecto de desentrañar el pensamiento e intencionalidad del quejoso. Lo expuesto deriva de la tesis P. VI/2004, cuyo rubro es: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable por quien se admitió la demanda, quien de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; sin embargo, deberá de tomar en consideración el artículo 25, 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establece: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, ello en virtud de que las labores del juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se requiere a la autoridad responsable, para que exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; debiendo, en su caso, acompañar el expediente respectivo o bien copia certificada, legible, íntegra y ordenada de las constancias necesarias para apoyar el informe que emitan, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. También, deberán informar a este Juzgado Federal de las resoluciones que se dicten en el juicio de origen, así como de los recursos, o en su caso de distintos juicios de amparo que al efecto se interpongan o se hayan interpuesto. De igual manera, se requiere a la autoridad responsable, para que en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informe de inmediato a este órgano de control constitucional, si durante el trámite del presente juicio de amparo, se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el mismo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se le impondrá a la autoridad que incumpla una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a su costa, expídase al promovente, copia certificada de la constancia que indica, previa toma de razón que por su recibo se agregue al sumario; autorizando para recibirla a cualquiera de la personas que señala en el proemio de la demande que se recibe. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. En ese orden, tomando en consideración que el acto reclamado consiste en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento judicial de ***, actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo; por tanto, de conformidad con el diverso numeral 126 de este último ordenamiento legal SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que ***, no sea detenido con motivo de la orden de privación de la libertad fuera de procedimiento reclamada en esta vía constitucional. La medida cautelar en cita no surtirá efectos en favor de la parte quejosa sí se le sorprende en flagrante delito, o bien, si se trata de cumplimentar una orden de detención, presentación, aprehensión o reaprehensión dictada por autoridad distinta de las señaladas por el peticionario del amparo. Al respecto resulta aplicable la tesis 1a./J. 58/2016 (10a.), que en Contradicción resolviera la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 18 de noviembre de 2016 10:29 h, registro 2013066, cuyo texto y rubro son: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta. Sin que sea necesario fijar garantía alguna para que surta efectos la presente medida cautelar. Por otro lado, dado que resulta un hecho notorio para este Órgano de Control Constitucional, que generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este Juzgado Federal, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes, obstaculizando el manejo físico y estudio de los mismos, y dado que el artículo 28 de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado por los medios correspondientes, o bien a través del funcionario adscrito designado para ello, quien recabará recibo de los mismos, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Luego, a fin de evitar el exceso que se menciona, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que resulta innecesario que informe cada vez que reciba comunicación proveniente de este Tribunal Federal, salvo aquéllos casos en los que de manera expresa le sea solicitado acuse de recibo. Se hace del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. En otro orden, con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados en amplios términos a los licenciados ***, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que los autoriza a ejercer la profesión de abogado; y por no cumplir con dicho requisito, téngase por autorizado únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos al licenciado ***; y como domicilio para tal efecto, el ubicado en *** Celaya, Guanajuato. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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