Eduardo Cortes Coronado

Expediente 3/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
31/05/2019

Partes del expediente

  • Eduardo Cortes Coronado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Por recibido el escrito de cuenta signado por el licenciado ***, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual aduce solicitar la devolución de los cuatro DVDS que anexó a su escrito registrado con el número 558, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena hacer la devolución de los mismos al promovente, autorizando a las personas que indica para recogerlos, por lo que deberá acudir a este Juzgado, en días y horas hábiles, debidamente identificado con credencial oficial con fotografía.

  2. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que de la certificación que antecede asentada por la secretaria, se advierte que a la fecha ha concluido el término que la Ley concede a las partes para recurrir (sin que lo hayan hecho) el auto emitido en el presente juicio de amparo el veinte de marzo de la anualidad que corre, en el cual se decretó el sobreseimiento, en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, de conformidad con el numeral 2, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio de amparo se sobreseyó, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Ahora bien, en relación al cuaderno original de incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que fue concedida la suspensión provisional del acto reclamado, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. En virtud de lo anterior, devuélvase al Juez responsable, tres DVDS, que anexó a su informe justificado por ser innecesaria su retención.

  3. Principal

    Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto el escrito de cuenta signado por el licenciado ***, en su carácter de autorizado del quejoso ***, por medio del cual manifiesta su imposibilidad para dar cumplimiento, al requerimiento formulado por auto de seis de marzo de la anualidad que corre, en el sentido de acudir ante esta presencia judicial, para recoger los edictos a través de los cuales se ha ordenado el emplazamiento de los terceros interesados ***; aduciendo ser una persona de escasos recursos y estar desempleado, por lo que, solicita se le exima de del pago de la publicación de dichos edictos. En virtud de lo anterior, no ha lugar a acordar de conformidad dicha petición, ello en razón de que no es suficiente la sola manifestación de la parte quejosa, tomando en consideración que el término escasos recursos es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar, es decir, la parte promovente debió acreditar su condición de escasos recursos, a través de los medios de convicción idóneos para demostrar tal condición social. Tiene aplicación a la anterior determinación la Tesis: 1a. CXXIII/2015 (10a.), visible en la página 1110, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Materia Común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del texto y rubro siguiente: PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso. En virtud de lo anterior y vista la certificación que antecede de la cual se advierte que a la fecha el quejoso Eduardo Cortés Coronado, no ha comparecido a este juzgado federal, a recoger los edictos para emplazar a los terceros interesados ***; por tanto, ante el incumplimiento del accionista constitucional, de recoger los edictos para su pago y publicación, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de seis de marzo de la anualidad que corre, y en acatamiento a la Jurisprudencia 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el artículo 63, fracción II, de la Vigente Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b) y 5, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, toda vez que la parte quejosa incumplió con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el suscrito no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 64/2002, visible en la página 211, Tomo: XVI, Julio de 2002, Novena Época, de la Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ello de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes que es del tenor siguiente: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Asimismo, es aplicable al respecto, la Tesis VI.2o.C.176 K, visible en la página 1105, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ello de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes que es del tenor siguiente: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO SI LA QUEJOSA EXHIBE LOS COMPROBANTES DE PAGO DE SU PUBLICACIÓN FUERA DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA ESE EFECTO.- Si la promovente del amparo exhibió los comprobantes de pago de la publicación de los edictos ordenados con el fin de emplazar a la parte tercera perjudicada al juicio constitucional, pero lo hizo fuera del término concedido para ese efecto, debe sobreseerse en el juicio con apoyo en la jurisprudencia 64/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO; lo anterior es así, porque de dicho criterio no se desprende que deba existir un total abandono por parte de la quejosa para emplazar por ese medio al tercero perjudicado para que haya lugar a sobreseer, sino que su aplicación al caso deriva del incumplimiento de la obligación de la quejosa de realizar el pago de los edictos dentro de los plazos que la autoridad judicial determina, lo que provoca el retardo en la impartición de justicia, contraviniendo lo dispuesto por los artículos 17 constitucional y 157 de la Ley de Amparo, pues tomando en consideración la naturaleza del juicio de amparo así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, debe estimarse que el llamamiento al mismo del tercero perjudicado permite tener por válidamente constituida la relación jurídico-procesal y constituye un presupuesto procesal, cuyo incumplimiento atribuible a la quejosa por la falta oportuna de la exhibición del pago de los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de garantías, ya que constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. En la inteligencia de que las Tesis invocadas en el presente asunto son aplicables de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, dado que su contenido no se opone en lo substancial a la nueva ley.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Encargado del Despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores, con sede en la ciudad de Guanajuato, Capital, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de dieciocho de febrero del año en curso, proporciona como domicilio de la tercera interesada *** el ubicado en *** Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que mediante auto de veintiocho de enero del presente, se ordenó el emplazamiento de la referida tercera interesada en el domicilio proporcionado por la autoridad oficiante, sin que se haya logrado su emplazamiento. Ahora bien, tomando en consideración que las autoridades requeridas por auto de dieciocho de febrero del año en curso, INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, con sede en Guanajuato, Capital; GERENTE DE TELÉFONOS DE MÉXICO, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD y JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, todos con residencia en esta ciudad, no proporcionan diverso domicilio de *** (esposa del occiso ***) y víctima directa a ***, ante la imposibilidad de emplazar a los citados terceros interesados, y toda vez que se agotó el procedimiento de investigación respectivo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Nueva Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordena su emplazamiento, por medio de edictos, los que deberán publicarse a costa de la parte quejosa en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la República, concretamente en el periódico llamado "El Universal", por tres veces consecutivas de siete en siete días. Una vez que la parte quejosa recoja el oficio de los edictos respectivos, se fijará en el tablero de avisos de este órgano de control constitucional, copia de la demanda de amparo, del auto admisorio y copia íntegra de este auto, por todo el tiempo del emplazamiento; asimismo, hágase saber a los mencionados terceros interesados que deberán presentarse ante este Juzgado Federal, dentro del término de treinta días, contado a partir del día siguiente al de la última publicación, apercibidos que en caso de no comparecer por sí o por persona que legalmente los represente, las subsecuentes notificaciones, aun aquellas de carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional. En consecuencia, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este auto, se presente debidamente identificada, a recoger los edictos que quedan a su disposición en la Secretaría de este órgano jurisdiccional federal; en la inteligencia que de no hacerlo, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, así como de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, visible en la página 211, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, de la Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Asimismo, cobra aplicación al respecto, con la tesis VI.2o.C.176 K, visible en la página 1105, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO SI LA QUEJOSA EXHIBE LOS COMPROBANTES DE PAGO DE SU PUBLICACIÓN FUERA DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA ESE EFECTO.- Si la promovente del amparo exhibió los comprobantes de pago de la publicación de los edictos ordenados con el fin de emplazar a la parte tercera perjudicada al juicio constitucional, pero lo hizo fuera del término concedido para ese efecto, debe sobreseerse en el juicio con apoyo en la jurisprudencia 64/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO; lo anterior es así, porque de dicho criterio no se desprende que deba existir un total abandono por parte de la quejosa para emplazar por ese medio al tercero perjudicado para que haya lugar a sobreseer, sino que su aplicación al caso deriva del incumplimiento de la obligación de la quejosa de realizar el pago de los edictos dentro de los plazos que la autoridad judicial determina, lo que provoca el retardo en la impartición de justicia, contraviniendo lo dispuesto por los artículos 17 constitucional y 157 de la Ley de Amparo, pues tomando en consideración la naturaleza del juicio de amparo así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, debe estimarse que el llamamiento al mismo del tercero perjudicado permite tener por válidamente constituida la relación jurídico-procesal y constituye un presupuesto procesal, cuyo incumplimiento atribuible a la quejosa por la falta oportuna de la exhibición del pago de los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de garantías, ya que constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. En la inteligencia de que las tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley.

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