Eduardo Chávez Arellano

Expediente 1721/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1721/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
22/10/2015

Partes del expediente

  • Eduardo Chávez Arellano

Actuaciones

  1. Principal

    En veintidós de octubre de dos mil quince, se da cuenta al Juez con un oficio registrado con el número 20909 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de octubre de dos mil quince. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en esta ciudad, al que acompaña copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada por ese Órgano Colegiado, el dieciséis de octubre del año en curso, en la queja civil 99/2015, así como los autos del juicio de amparo 1721/2015; acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, la Superioridad mediante la ejecutoria de cuenta declaró infundado el recurso de queja hecho valer por Eduardo Chávez Arellano, en contra del auto de dieciocho de septiembre del año en curso, dictado por este Juzgado en el que se desechó de plano la demanda de garantías. En consecuencia, en atención a que el proveído de que se trata no requiere ejecución material; con fundamento en el ordinal 214, de la Ley de la Materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la resolución que puso fin al juicio por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales consiguientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm.

  2. Principal

    En cinco de octubre de dos mil quince, se da cuenta al Juez con un oficio registrado con el número 19573.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que comunica que en la queja penal 99/2015-3, se admitió el recurso de queja hecho valer por Eduardo Chávez Arellano, en contra del auto de dieciocho de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes.

  3. Principal

    En veinticuatro de septiembre de dos mil quince, se cuenta al Juez con un escrito registrado con el número 18840.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTICUATRO DE SEPTIEMRE DE DOS MIL QUINCE. Visto el escrito signado por el quejoso EDUARDO CHÁVEZ ARELLANO, del que se advierte que se inconforma en contra del auto de dieciocho de septiembre del año en curso, por el que se desechó su demanda de garantías; por tanto, al estar expresada claramente la causa de pedir; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, 86, 88, 89, y demás relativos de la Ley de Amparo, téngasele por interponiendo recurso de revisión en contra del indicado proveído; y una vez que se encuentren debidamente notificadas las partes, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, debiendo acompañarse el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Bjm.

  4. Principal

    En dieciocho de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el escrito registrado con folio 18560. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de septiembre de dos mil quince. Glósese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el escrito de cuenta, firmado por el quejoso Eduardo Chávez Arellano, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado por auto de once de septiembre del presente año, refiriendo en ese sentido que en la causa penal 5/2014, que le instruye el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, por el delito de secuestro y otro delito en perjuicio de Misael Ramírez Castañeda, no ha sido sentencia definitiva. Bajo esas circunstancias este Tribunal Federal acuerda lo siguiente: A manera de preámbulo, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Pues bien, de un análisis exhaustivo de la demanda de amparo promovida por el peticionario de amparo Eduardo Chávez Arellano, se concluye como procedente desecharla de plano, al considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Con base en las porciones normativas trascritas, contenidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es posible colegir que, contrario a como se establecía en la Ley de Amparo abrogada, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten al quejoso trascendiendo al resultado del fallo, y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, únicamente cuando los actos en el juicio sean de imposible reparación, entendido dicho concepto como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Precisado lo anterior, se tiene que en el presente asunto, de la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado se hace consistir en los siguientes: I.- El cierre de instrucción del proceso penal 5/2014 que se instruye en contra del peticionario de garantías, en su carácter de procesado, por su probable responsabilidad en los ilícitos de secuestro y robo, cometidos en agravio de Misael Ramírez Castañeda, mediante resolución dictada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas; II.- La acusación formal presentada por el Agente del Ministerio Público instructor del proceso en su contra, mediante el cual solicita la aplicación de una pena privativa de libertad de trece años, en relación a los delitos en mención. El desahogo de pruebas mediante el uso de amenazas y tortura física en su contra; y III.- La omisión de desahogar más medios de convicción. Atendiendo a lo anterior, se considera que el presente amparo indirecto es improcedente, en razón de que conforme a la redacción de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo vigente, la totalidad de los actos reclamados no constituyen ni producen en el procedimiento penal 5/2014 alguna repercusión directa sobre la esfera de derechos tutelables del hoy accionante del amparo, que pudiera considerarse como de imposible reparación, por no afectar materialmente sus derechos sustantivos previstos en la Constitución General o en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en los términos destacados por el legislador ordinario, pues sólo constituye una violación procesal que no repercute en dichas prerrogativas. En efecto, conforme a la redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente (a diferencia de la fracción IV del numeral 114 de la Ley de Amparo abrogada), el legislador ordinario dio contenido al concepto denominado "imposible reparación", pues al afecto determinó que por ello debe entenderse como los actos ".que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, bajo la directriz establecida por el constituyente derivado, al darle contenido a ese concepto, se considera que conforme a la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en relación con el artículo 107, fracción V, de la Constitución Federal, los actos aquí reclamados no puede ser considerados como de aquéllos que afecten derechos sustantivos de manera directa, toda vez que todos ellos se tratan de diversos actos y omisiones del juez natural derivados de la aplicación, correcta o incorrecta del norma general adjetiva que rige los actos reclamados, a saber, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, publicado en el Suplemento al Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el diecinueve de julio de mil novecientos sesenta y siete, los cuales en su caso y sin prejuzgar el mérito de las determinaciones de las que derivan, únicamente pudieran producir efectos intraprocesales, esto es, infracciones a las leyes del procedimiento, que pueden o no trascender al resultado del fallo; sin embargo, su análisis en esta vía de control constitucional resulta improcedente. En efecto, pues, como se adelantó, no revisten las características de tratarse de actos de ejecución irreparable, conforme la redacción del citado artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. Máxime que, pudiera presentarse la situación que a pesar de los efectos gravosos ocasionados con motivo del dictado y ejecución de los actos reclamados, si la parte quejosa obtuviera sentencia favorable en el juicio de origen, desaparecerían de una manera total e incondicional; ahora bien, a pesar de que le resultara adverso dicho fallo definitivo, se encuentra en condiciones de combatirlo a través del juicio de amparo, en la vía directa; de manera tal de otorgarle la protección constitucional, quedaría subsanada cualquier violación intraprocesal que se hubiera cometido con motivo de la resolución que en esta instancia combate. Sin que sea obstáculo para concluir lo anterior que el debido proceso pueda considerarse como un derecho sustantivo, pues de así aceptarlo se podría llegar a considerar que cualquier violación procesal afectaría ese derecho y, por ende, sería procedente el juicio de amparo contra cualquier acto intraprocesal que afecte el curso normal del procedimiento, independientemente de la magnitud de la violación procesal de que se trate, dado que ello incide de una u otra forma en su curso normal; extremos que se consideran jurídicamente improcedentes, al tenor del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor que se analiza, que postula que el juicio de control constitucional sólo procede contra actos que afecten derechos sustantivos; de ahí que resulta improcedente contra actos que únicamente tienen efectos intraprocesales, en tanto que sus consecuencias pueden desaparecer con motivo del dictado de una sentencia definitiva favorable en el juicio de origen de que se trate. Para ilustrar lo antes expuesto, se cita la tesis IV.2o.C.5 K (10a.), registro 2005729, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto se lee: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos (sic) Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." De lo hasta aquí expuesto se obtiene que para efectos del juicio de amparo indirecto resulta improcedente para combatir el acto reclamado por la parte quejosa, relatado en líneas precedentes, pues, se insiste, dicho acto impugnado en esta vía constitucional no tiene como consecuencia afectación alguna, ni directa ni inmediata, a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en los términos que se precisan en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, en tanto que sus efectos son sólo intraprocesales y no de imposible reparación, dado que sus posibles resultados pueden ser reparadas mediante la obtención de sentencia favorable, o bien, de serle adversa, tal violación podría quedar subsanada con el eventual cumplimiento que se otorgue a la ejecutoria que se pronuncie en el juicio de amparo directo que contra tal fallo se promueva, en caso de serle favorable. Es aplicable al tema la Jurisprudencia 24/92 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de 1992, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, es aplicable a este proceder, por las razones que la informan, la jurisprudencia 774, consultable en la página 523, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 1995, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado pueden revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva.". En las condiciones apuntadas; atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, los actos reclamados no ocasionan afectación de ejecución irreparable a los derechos sustantivos de la parte quejosa, por entrañar solamente actos intraprocesales o adjetivos, debe concluirse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto deviene notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Eduardo Chávez Arellano. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. ARS

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