Eduardo Chávez Arellano
Expediente 307/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 307/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Eduardo Chávez Arellano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las nueve horas del veintiocho de junio de dos mil diecisiete, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el presente juicio de amparo, en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa con la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin la comparecencia de alguna de las partes. Abierta la audiencia. La secretaria da lectura a la demanda de amparo, al informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (foja 33) y a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que la juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar y por emplazado al tercero interesado agente del Ministerio Público adscrito a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (foja 54). En el periodo de pruebas. La secretaria da cuenta a con la documental que el quejoso adjuntó a su escrito de demanda, así como con la diversa que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación, consistente en copia certificada de diversas constancias emitidas dentro del proceso penal 5/2014 del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas. A lo que la juez provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas por las partes procesales citadas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de la Materia, se tienen a la vista los formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en sus pedimentos números 223/2017 y 377/2017 registrados con el número de folio 5366 y 6600 (fojas 46-47 y 191-192) así como con las diversas manifestaciones realizadas por el tercero interesado agente del Ministerio Público adscrito a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en su oficio registrado con el número de folio 7875 (foja 201). A lo que la Juez determina: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte el fiscal federal de la adscripción, así como el tercero interesado en cita; luego, al no haber más alegatos que tener por reproducidos, se declara cerrada la presente etapa; y al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del numeral en cita y se procede a emitir la siguiente resolución. VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 307/2017, promovido por Eduardo Chávez Arellano; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, turnado al día siguiente a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacateas (fojas 2-3), Eduardo Chávez Arrellano demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades que enseguida se describen. Autoridades responsables: - Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Ambos con residencia en Zacatecas, Zacatecas. Acto reclamado. "El estar en completo estado de indefensión, y que el presidente Magistrado del H. Tribunal Superior de Justicia en auto del día 16 de Marzo de 2017 me niega el derecho a que realice apelación sentencia emitida en mi contra el día 20 de Febrero de 2017 y que me notificaron el día 13 de marzo de 2017, en el cereso varonil de cieneguillas, argumentando que la sentencia fue emitida en el tribunal Superior de Justicia por el Juzgado de Primera Instancia de Miguel Auza, Zacatecas y que debía de enviarla a Miguel Auza posteriormente al tribunal de alzada.". Acto que, a su parecer, es violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8 y 118 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó su registro bajo el consecutivo 307/2017; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado considera carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. El citado artículo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)" Del contenido del precepto legal transcrito, se desprende que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, se declarará incompetente y la mandará remitir al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Por su parte, el artículo 170 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.". De los preceptos transcritos se desprende que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o durante el procedimiento, y con ello se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. De lo anterior se destaca que el amparo directo puede promoverse contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. Así, la determinación que desecha el recurso de apelación intentado contra una sentencia definitiva constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo. Cobra aplicación al respecto, por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia 1ª/J.97/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 50, tomo XXVIII, Diciembre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).Conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por los tribunales judiciales que pongan fin al juicio y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan modificarse o revocarse; asimismo, los artículos 44 y 46 de la Ley citada señalan que puede promoverse amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio, precisando que éstas son las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario. En congruencia con lo anterior, se concluye que la determinación que desecha o declara infundado el recurso de denegada apelación y deja firme el desechamiento de la apelación intentada contra una sentencia definitiva constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, pues al dejar intocada la sentencia de primera instancia que resolvió el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio, además de que tanto los artículos 307 y 308 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, como los diversos 435 a 442 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal que aluden al indicado recurso, no prevén algún medio de defensa en su contra." Lo anterior, toda vez que, como se dijo, el juicio de amparo directo procede, entre otras, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, es decir, las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Entonces, dentro de estas determinaciones que ponen fin al procedimiento se encuentra el auto por el que se desecha el recurso de apelación, pues, dada su naturaleza y los efectos que produce, pone fin al juicio, ya que sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 51/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 21, tomo XX, Agosto de 2004, , Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido y rubro siguiente: APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural. Lo anterior, en virtud de que el proveído por el que se desecha el recurso de apelación, se insiste, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues éste se equipara a la sentencia de fondo dictada en el recurso de apelación, toda vez que deja firme la sentencia de primer instancia, lo que constituye un signo inequívoco de conclusión del juicio. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VIII.1o.(X Región) J/2, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, consultable en la página 735, Tomo XXXI, Junio de 2010, , Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido y rubro siguiente: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA, NO ADMITE O TIENE POR NO INTERPUESTO EL RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE RESUELVE EL FONDO DEL ASUNTO, PUES CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE AQUÉLLA SE HUBIERE ESTIMADO IRRECURRIBLE DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA. De conformidad con los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 1a./J. 51/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de 2004, página 21, de rubro: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.", el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de sentencias definitivas, o bien, de resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal, respecto de las cuales las leyes no concedan recurso ordinario alguno en su contra, esto en virtud de que en las distintas etapas de los procedimientos ante los tribunales judiciales, puede suceder que no concluyan con la sentencia que dirime el asunto en lo principal, y que previo a su dictado se emita una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dé por concluido impidiendo el dictado de la sentencia, por lo que al finalizar la instancia judicial de esa manera se actualizará el segundo supuesto de procedencia previsto por la Ley de Amparo respecto de aquellas resoluciones que pongan fin al juicio; igualmente, en caso de que posteriormente a la sentencia que dirime el juicio en lo principal se emita una resolución contra la cual no proceda recurso alguno, que surja con motivo de la presentación de un instrumento que de conformidad con su naturaleza sea apto para modificarla, revocarla o nulificarla también se actualizará el supuesto de ser una resolución que pone fin al juicio para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo. Este último supuesto se actualiza si se interpone el recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia que resuelve el fondo del asunto, y éste es desechado, no admitido o se tiene por no interpuesto por estimarse improcedente por irrecurrible de acuerdo con la legislación de la materia, pues independientemente de la procedencia del recurso, lo cierto es que al haberse interpuesto un instrumento que resulta apto, por su naturaleza, para modificar, revocar o nulificar la sentencia que resuelve el asunto en lo principal, la resolución que en definitiva lo desecha o lo tiene por no admitido constituye una resolución que pone fin al juicio, no obstante que haya resultado improcedente. Esto es así, pues ese proveído se equipara a la sentencia de fondo dictada en el recurso de apelación, pues deja firme la sentencia de primer grado, lo que constituye un signo inequívoco de conclusión del juicio. Es decir, debido a que la relación procesal en el procedimiento judicial no se encuentra finalizada con la sentencia de primera instancia, ésta no tiene la firmeza que requiere una sentencia definitiva al encontrarse sub júdice el medio de impugnación intentado, así como la resolución que lo tuvo por no admitido. Cabe resaltar, además, que la naturaleza del amparo directo no permite que puedan coexistir en el mismo juicio una sentencia definitiva y una resolución que ponga fin al juicio respecto de las cuales, en ambos casos, proceda el juicio de garantías uniinstancial, pues por su naturaleza y porque éste deriva del recurso de casación, únicamente analiza los procedimientos una vez que se encuentran concluidos de manera definitiva. En consecuencia, será la resolución que en definitiva desecha o tiene por no admitido el recurso de apelación la que pone fin al juicio para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo." Ahora, del análisis del escrito de demanda, así como de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierten los siguientes antecedentes: Ante el Juzgado de Primera Instancia y del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, se tramitó el proceso penal 5/2014 instruido contra Eduardo Chávez Arrellano, por los delitos de robo simple y secuestro exprés cometidos en agravio de Misael Ramírez Castañeda. El veinte de febrero de dos mil diecisiete (fojas 63-88), se dictó sentencia definitiva en la cual, entre otras cuestiones, se determinó que se acreditaban los elementos del cuerpo de los delitos referidos, así como la responsabilidad penal del indiciado Eduardo Chávez Arrellano, por lo que se dictó sentencia condenatoria en su contra. Inconforme con dicha resolución, mediante escrito de catorce de marzo de la presente anualidad (fojas 34-39) el sentenciado de mérito interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. En proveído de diecisiete de marzo de la presente anualidad (foja 43), el magistrado responsable tuvo por recibido el escrito remitido por la parte inconforme, por medio del cual pretendía interponer el referido recurso de apelación y lo determinó inadmisible, bajo el argumento de que el citado medio de impugnación debía ser presentado ante el juzgado que hubiera dictado la resolución recurrida. Esta es la determinación reclamada en el presente juicio de amparo. De lo anterior se colige que el acto reclamado es una determinación que puso fin al proceso natural dado que no dio trámite al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen, es decir, lo desechó, por tanto, ésta quedó intocada, dando por concluido el procedimiento judicial de origen. En esa línea, se reitera que dicha decisión constituye una que pone fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese contexto, se concluye que el acto reclamado es la resolución que concluyó con el procedimiento de origen sin resolver favorablemente la pretensión deducida por el quejoso; esto es, la determinación de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. No obstante, como se analizó, la resolución aludida desechó el recurso de apelación, por tanto, constituye una determinación que puso fin al procedimiento penal sin decidirlo en lo principal y lo dio por concluido para todos los efectos legales, pues impide su prosecución o continuación y, por tanto, contra ésta procede juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin que en el caso sea necesario analizar si contra dicha determinación que puso fin al procedimiento de origen, la ley del acto prevé medio ordinario de defensa que el quejoso tuviera que agotar previamente a ejercer la acción constitucional. En efecto, el artículo 170, fracción I, párrafos segundo y tercero de la ley de la materia establecen que las sentencias definitivas son aquellas que deciden el juicio en lo principal y que las resoluciones que ponen fin al juicio son las que sin decidir esa cuestión, lo dan por concluido; en ambos casos, siempre que contra éstas no exista un recurso por el que pudieran ser revocadas o modificadas y que la ley que rija la materia lo contemple como un medio de defensa opcional. Conforme a la citada legislación, la condición para que las sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al procedimiento sean consideradas como tales, es que contra éstas no exista medio ordinario de defensa, por lo que para determinar la competencia en relación con la demanda de amparo promovida en contra de la sentencia definitiva o la resolución que concluía con el procedimiento, es necesario analizar si contra éstas existe medio ordinario de defensa, porque es un requisito explícito para que sean objeto del juicio de amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito. Por tanto, la definitividad es un aspecto que debe tomarse en consideración para determinar la procedencia del juicio de amparo directo, no para fijar la competencia del órgano judicial que debe conocer de ella. De ahí que se estima que en el caso es innecesario verificar si en contra de la resolución que puso fin al procedimiento de origen, existe un medio ordinario de defensa, a fin de determinar la competencia del órgano judicial competente, toda vez que la definitividad es un aspecto que debe abordar el Tribunal Colegiado de Circuito que resulte competente para conocer del asunto, al verificar la procedencia de la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo argumentado, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 95 del Libro 17, Abril de 2015, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En consecuencia, la competencia para conocer del presente juicio se surte en favor del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, salvo que dicha Superioridad determine lo contrario; por tanto, con fundamento en el citado artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo y se ordena remitirlo al Tribunal Colegiado de mérito, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes que con copia del líbelo se deje en este juzgado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este juzgado es legalmente incompetente para resolver en el presente juicio de amparo promovido por Eduardo Chávez Arellano contra el acto que reclamó del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en el proveído de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, por las razones precisadas en el considerando único de la presente resolución. SEGUNDO. Remítase este expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, quien se estima competente para conocer del asunto. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, mediante oficio a la autoridad responsable y tercero interesado, así como por lista al agente del Ministerio Público de la adscripción. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
El doce de junio de dos mil diecisiete, la Secretaria da cuenta a la Juez con un oficio registrado con el folio 7875. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos, con los que se ordena dar nueva cuenta en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Laura Elvia Villegas Tapia, Secretaria que autoriza.- DOY FE. Cecy*
- Principal
El cinco de junio de dos mil diecisiete, la Secretaria da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado de que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio 9839/2017 se ordenó emplazar al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Consecuentemente, dese vista al mismo con el contenido del informe justificado que obra en autos para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifieste lo que a su interés convenga. Notifíquese; mediante oficio al tercero interesado aludido. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Laura Elvia Villegas Tapia, Secretaria que autoriza y da fe. Cecy*
- Principal
El licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas con veinte minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Doy fe. Lic. Jorge Martín Zamora González. En la misma fecha, se da cuenta a la secretaria encargada del despacho con la certificación que antecede, el estado que guardan los presentes autos y con el pedimento registrado con el folio 6600. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el dieciséis de los corrientes se ordenó dar vista a las partes con las copias certificadas de la sentencia definitiva de veinte de febrero pasado y de las demás constancias dictadas con posterioridad a ésta dentro del proceso penal 5/2014 del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Miguel Auza, Zacatecas. Ahora, vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con veinte minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, sin embargo, a fin de dar oportunidad a que las partes se imponga del contenido de las constancias de que se habla en el párrafo que antecede y dar oportunidad a que transcurra el término que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las nueve horas del veintiocho de junio de dos mil diecisiete, para su verificativo. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el pedimento de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y tercero interesado y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/0506/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Cecy*
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