Eduardo Castillo Perales

Expediente 850/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
850/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
23/09/2015

Partes del expediente

  • Eduardo Castillo Perales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    En veintitrés de septiembre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martin Zamora González , Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para las partes del ocho al veintidós de septiembre de la presente anualidad, con exclusión de tres días por ser inhábiles, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el tres de septiembre de dos mil quince, dentro del juicio de amparo .- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día tres de septiembre de dos mil quince, en la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvanse a la autoridad responsable Secretario de la Función Pública del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, las copias certificadas que adjuntó en apoyo a su informe justificado. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Asimismo, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, atendiendo a que en el mismo por una parte se negó al quejoso la suspensión definitiva de los actos reclamados y por otra se concedió dicho medida suspensional; luego, deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Respecto al CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, es también SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martin Zamora González.- DOY FE *FHuizar

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 850/2015; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veinte de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, EDUARDO CASTILLO PERALES, por su propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Legislatura del Estado de Zacatecas. Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. Secretario General del Gobierno del Estado de Zacatecas Administrador del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Secretario de la Función Pública del Estado de Zacatecas, anteriormente llamado Contralor Interno del Gobierno del Estado de Zacatecas. Auditor Especial "B" de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas. Oficial Notificador adscrito a la Dirección de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas. "IV. ACTOS RECLAMADOS: De todas las autoridades responsables, a excepción de las últimas tres de las señaladas, en el ámbito de sus facultades, reclamo la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación en fecha 08 de septiembre del año 2001, del decreto número 339, relativo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. DEL AUDITOR ESPECIAL "B" DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, reclamo: El escrito de denuncia para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas enderezadas en contra de Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, en el Ejercicio Fiscal 2012, el cual consta en el oficio UAJ/DCA/003/2015 de fecha 23 de enero de 2015 y presentado ante la Secretaría de la Función Pública en fecha 30 de enero de 2015. Del SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, anteriormente llamado CONTRALOR INTERNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, reclamo: La falta de refrendo del decreto 339 relativo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, publicado el 08 de septiembre del año 2001. El auto de radicación pronunciado en fecha 03 de febrero de 2015, dentro del expediente de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa marcada con el número DJ/12/QD/2015 iniciado en mi perjuicio. El acta de emplazamiento de fecha 28 de abril de 2015, por medio del cual se me notificó el contenido del auto de radicación pronunciado en fecha 03 de febrero de 2015, dentro del expediente de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa marcado con el número DJ/12/QD/2015, iniciado en mi perjuicio. Del NOTIFICADOR ADSRITO A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, reclamo: El acta de fecha 28 de abril de 2015 por medio del cual se me notificó del contenido del Acuerdo de Radicación del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas pronunciadas en fecha 03 de febrero de 2015, dentro del expediente de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa marcado con el número DJ/12/QD/2015, iniciado en mi perjuicio, en relación a sus apercibimientos. SEGUNDO. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales transgredidos, los contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el veintidós de mayo de dos mil quince, en que ordenó su registro bajo el expediente 850/2015, admitió la demanda de garantías y ordenó pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que el quejoso EDUARDO CASTILLO PERALES, reclama del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; Gobernador Constitucional; Secretario General de Gobierno y Administrador del Periódico Oficial, todos del Gobierno del Estado de Zacatecas, en el ámbito de sus atribuciones: La aprobación, expedición promulgación, refrendo y publicación del decreto 339 por el que se expidió la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. Mientras que del SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA y del NOTIFICADOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, en el ámbito de sus atribuciones, reclama: La falta de refrendo del decreto 339 relativo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, publicado el ocho de septiembre de dos mil uno; así como el auto de radicación pronunciado el tres de febrero de dos mil quince, dentro del expediente de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa marcada con el número DJ/12/QD/2015 iniciado en mi perjuicio. Así como el acta de emplazamiento de veintiocho de abril de dos mil quince, por medio del cual se le notificó el contenido del auto de radicación pronunciado el tres de febrero de dos mil quince, dentro del expediente de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa marcado con el número DJ/12/QD/2015, iniciado en mi perjuicio. II.3. Certeza de Actos. Son ciertos los actos consistentes en el proceso legislativo del decreto 339 por el que se expidió la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, pues al margen del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades que participaron en el proceso legislativo, su notoria existencia no está sujeta a prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y atento al contenido de la Jurisprudencia que se cita: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". III. Análisis sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Los dispositivos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5° y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;...". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". En interpretación del interés a que aluden los dos primeros preceptos invocados, se cita la siguiente Jurisprudencia que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". También es ilustrativa la Jurisprudencia que expresa: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa". De ahí se sigue que el juicio de amparo es un medio de control de la regularidad de los actos de las autoridades que se caracteriza por el principio de instancia de parte agraviada, reglamentado en el artículo 5 de la Ley de Amparo, que se traduce en que el juicio únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o el acto que se reclame. Por tanto, para que el gobernado esté en aptitud de acudir a la justicia federal a plantear la defensa de un derecho, es presupuesto indispensable que sea titular de esa prerrogativa y que ésta esté legítimamente tutelada por el orden normativo vigente, además de que precisamente ese derecho haya sido trastocado por el acto de autoridad. De lo expuesto se obtiene, que los presupuestos que integran el interés necesario para instar la acción de amparo resultan ser: a) La existencia y titularidad de un derecho. b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un ente autoritario. Así que el interés para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta de autoridad, deviene del perjuicio que ésta ocasione en uno o varios derechos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Por eso, si el acto autoritario no afecta los intereses del accionante del amparo, el juicio que promueva será improcedente, según lo previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Pues bien, el quejoso reclama la falta de refrendo del decreto 339 relativo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, publicado el ocho de septiembre de dos mil uno, ley que dice, fue aplicada por el Secretario de la Función Pública al emitir el auto de radicación de tres de febrero de dos mil quince, dentro del procedimiento administrativo número DJ/12/QD/2015, iniciado contra el quejoso. Sin embargo, no aportó al presente asunto prueba alguna que acredite que le fue aplicado el decreto 339 relativo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, publicado el ocho de septiembre de dos mil uno, pues contrariamente a lo por él señalado, si bien el tres de febrero de dos mil quince, al emitir la Secretaría de la Función Pública en el Estado de Zacatecas, el auto de radicación del expediente DJ/12/QD/2015, se aplicó la citada Ley Especial en cita, ésta fue la publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, el seis de febrero de dos mil trece y que entró en vigor al siguiente día, decreto que le correspondió el número 462; de manera que no demuestra un interés para instar el presente amparo con relación al acto que reclama. Argumento que pone de relieve que el decreto 339 relativo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, publicado el ocho de septiembre de dos mil uno, impugnado no fue aplicado en perjuicio del peticionario del amparo. En ese orden de ideas, se considera que el impetrante de garantías carece de interés jurídico para reclamar la aprobación, promulgación, refrendo y orden de publicación del decreto 339 relativo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, publicado el ocho de septiembre de dos mil uno, por lo que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo expuesto en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia. Robustece tal determinación, las jurisprudencias de rubros y textos siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ESTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si este no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio." Asimismo, es aplicable por analogía la Jurisprudencia de rubro y texto: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 850/2015, promovido por EDUARDO CASTILLO PERALES, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables. Notifíquese vía oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Juan García Trejo, Secretario con quien actúa y da fe hasta hoy tres de septiembre de dos mil quince, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.-

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de junio de dos mil quince. Agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan los oficios de cuenta; y con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo vigente, ténganse por rendidos los INFORMES JUSTIFICADOS de las autoridades responsables Sexagésima Primera Legislatura del Estado, a través de la Presidenta de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales de la misma, Secretario de la Función Pública y Oficial Notificador adscrito a la Dirección Jurídica y de Responsabilidades de la propia Secretaría, todos con sede en esta ciudad; con su contenido, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga; hasta antes de la audiencia constitucional. Por otra parte, en relación a las constancias que se adjuntan por las dos primeras citadas autoridades, relativas a copia certificada del Periódico Oficial, tomo CXI, número 72, en que se contiene el decreto 339 relativo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, y legajo de copias certificadas de las constancias que integran el procedimiento de responsabilidad administrativa número DJ/12/QD/2015; con apoyo en lo establecido por el numeral 119, de la Ley de Amparo en vigor, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en la audiencia respectiva, y en atención al volumen de la segunda de dichas documentales, guárdese por separado a fin de facilitar el manejo del expediente en que se actúa. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo en vigor, ténganse como delegados de la aludida responsable a las personas que se mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que igualmente señalan. Finalmente, visto el estado que guardan los presentes de los que se advierte que en esta fecha se agrega el informe justificado de las autoridades antes mencionadas; en consecuencia, a efecto de que las partes tengan oportunidad de imponerse del contenido de dichos informes; SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para esta fecha, para que tenga verificativo a las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSALES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En ocho de junio de dos mil quince, se da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de junio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no obra en el sumario constancia alguna en la que se acredite que la autoridad responsable haya devuelto a la parte quejosa la totalidad de las cantidades que hubiera pagado por el concepto derecho de alumbrado pública (DAP) en el ejercicio fiscal dos mil quince. En consecuencia, mediante oficio que derive de este proveído, solicítese al Superintendente de Zona Zacatecas, de la División de Distribución Bajío de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días siguientes a la legal notificación de este auto, remita el historial de pago respecto del servicio número 122 070 855 885, relativo al Derecho de Alumbrado Público correspondiente al ejercicio fiscal dos mil quince, que a la fecha hubiera erogado Jorge Flores Medina; a fin de estar en condiciones de que la autoridad responsable Tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas, dé cumplimiento a la ejecutoria protectora dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, requiérase al citado Superintendente, para que se abstenga de realizar el cobro del concepto de derecho de alumbrado público, respecto del servicio arriba señalado, e informe de su cumplimiento dentro del término de tres días, contados a partir de que tenga conocimiento del presente acuerdo, adjuntado las constancias que justifiquen su cumplimiento. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.- Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe

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