Eduardo Arredondo Gonzalez
Expediente 827/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 827/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eduardo Arredondo Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que remite la magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo de la diversa misiva 14062/2021, con la que le fue notificado el auto de seis de diciembre actual - determinación en la que se declaró que causó estado el auto de desechamiento- y le fueron devueltas las constancias remitidas por dicha autoridad.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo; sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron exhibidos por las partes. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias que remitieron las autoridades responsables magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato (toca ******************** en dos tomos) y juez Cuarto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato (juicio oral ordinario ********************en cuatro tomos) se ordena su devolución. Solicítense los acuses de recibo correspondientes.
- Principal
Agréguese el oficio con firma electrónica de la actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, a través del cual remite sin diligenciar el exhorto 583/2021 del índice de este tribunal, que se le envió para notificar al quejoso ******, el proveído cinco de los corrientes, por las razones que expone en la constancia respectiva. Dese de baja la comunicación de que se trata y háganse las anotaciones respectivas en el libro y sistema correspondiente. En razón de lo anterior, hágase a la citada parte, la notificación del mencionado auto, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE CINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO. Recepción de incompetencia. Por recibido el oficio de cuenta proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, al que se anexó lo siguiente: 1-4. Cuatro legajos de copias certificadas; 5. Toca ******************** en dos tomos; 6. Oficio ******************** en copia certificada; 7. Oficio ********************; 8. Oficio ********************; 9. Oficio ********************; 10. Oficio ******************** en copia certificada; 11. Legajo de constancias; 12. Escrito de presentación de demanda; y, 13. Demanda, con una copia. Formación de tomos. Dado lo voluminoso de las constancias allegadas y para un mejor manejo del expediente en que se actúa, se ordena formar los tomos del I al VI de pruebas. Competencia de este juzgado para conocer del asunto y acuse de recibo correspondiente. En otro aspecto, se advierte que el tribunal oficiante remitió la demanda de amparo presentada por ********************, al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, y que correspondió conocer a este órgano judicial; al estimar que carece de competencia legal para conocer del mismo. Lo anterior, puesto que la parte quejosa acude a solicitar la protección federal, y reclama la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca ******************** por la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, en la que determinó que es ilegal la recusación interpuesta por el aquí quejoso en contra de la jueza Cuarta Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, en el juicio oral ordinario ********************, sobre rescisión de contrato de compraventa y otras prestaciones; determinación que no constituye sentencia definitiva ni resolución que hubiese puesto fin al juicio de origen; por lo que no se surte competencia legal a su favor, de conformidad con lo establecido en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la materia, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), con el consecutivo 827/2021-4. Acúsese recibo a la superioridad a través del Sistema de Seguimiento de Expedientes y recábese la constancia electrónica que evidencie su envío. Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Causal de improcedencia. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, se advierte la actualización de la causal de improcedencia que deviene de relacionar los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo. Violaciones procesales. Sobre el particular, se impone destacar que del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107 fracción V cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento: ".cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora, debe precisarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: Producir una afectación material a derechos sustantivos; Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Ahora, de los elementos objetivos que derivan del libelo de demanda, vertidos por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierten los siguientes antecedentes: El seis de marzo de dos mil diecinueve, el aquí quejoso y la persona moral ********************, por conducto de su apoderado, celebraron convenio de plan de pagos, el cual fue ratificado y elevado a la categoría de cosa juzgada el seis de marzo de dos mil diecinueve, esto en el expediente número C******************** del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato. El diez de julio de dos mil veinte, la persona moral aludida inició el trámite del incidente de ejecución de convenio, el que fue contestado por el aquí quejoso, procedimiento que se encuentra en período de pruebas. Atento a las consideraciones que estimó pertinentes, el aquí quejoso promovió incidente de recusación en contra de la juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, del cual conoció la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, quien el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en el toca ********************, determinó que es ilegal el mencionado incidente de recusación. Este es el acto reclamado. De lo anterior se desprende que la resolución reclamada no vulnera derechos sustantivos, así mismo, que no es una resolución independiente que pueda ser analizada aisladamente, sino que, en su caso, podrá combatirla conjuntamente con otras violaciones que estime haber sufrido, una vez dictada la última resolución que al efecto se dicte en la etapa de ejecución de sentencia. Aunado a lo anterior, debe destacarse que el controvertido de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, pues en la especie se está tratando de ejecutar el convenio que se elevó a la categoría de cosa juzgada; por tanto, el acto reclamado no es uno cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos consagrados en la ley fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con ello únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales vinculados con la tramitación de la ejecución del aludido convenio iniciado por la contraparte del aquí quejoso y, en su momento, podrá reclamarlo como una violación procesal en el amparo indirecto que se interponga en contra de la última resolución que se dicte en la etapa de ejecución. De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que el acto impugnado, en este momento, no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause al peticionario del amparo un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, en los términos requeridos por la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 108/2006 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 172834, Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, abril de 2007, página 11, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE NO ADMITIR O NO RESOLVER LA RECUSACIÓN FORMULADA CONTRA EL JUEZ EJECUTOR. Del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento); siendo la razón que originó esta regla de procedencia, el impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva; de ahí que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que la interlocutoria que decide no admitir o no resolver la recusación formulada contra el Juez ejecutor, al tratarse de una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de ejecución." De igual forma, lo expuesto encuentra sustento, por las consideraciones que ahí se exponen, en la jurisprudencia 2a./J. 29/2021 (10a.), publicada en julio de dos mil veintiuno, tomo II, página 1770, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación o si se trata de una violación procesal reclamable en amparo directo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación sino que, al constituir una violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo. Justificación: En términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, esta Segunda Sala determina que la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no se trata de un acto de imposible reparación en contra de la cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal." Con lo anterior, se busca evitar la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios, de tal suerte que solo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza, en espera de que esas presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente, en forma simultánea, contra la sentencia de fondo. Esta interpretación es acorde con el texto normativo vigente del citado artículo de la Ley de Amparo, pues, como se dijo, se pretende evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, lo cual no podría cumplimentarse si se estimara que la inadmisión de un recurso pudiera ser combatida a través del juicio de amparo indirecto; por el contrario, la interposición de múltiples juicios de amparo contra actos intraprocesales, lejos de permitir salvaguardar ese derecho, podría traducirse también en una afrenta a la prontitud de la justicia, al retrasar el dictado del fallo definitivo en el juicio ordinario respectivo. En suma, las consecuencias generadas con la emisión del acto reclamado se extinguen en la realidad, sin que en este momento generen alguna afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, por lo que se insiste, no obstante, podrá combatirla como violación procesal al promover el juicio de amparo en contra de la última resolución en etapa de ejecución. De ahí que, en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu; consecuentemente, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Háganse las anotaciones procedentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, los primeros dos dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); sin perjuicio que de acreditar tales extremos, se le autorice en los términos amplios a que alude el mencionado precepto legal; mientras que el resto de ellos por así haberlo solicitado expresamente. Notificación a la parte quejosa. Ahora, de la demanda que se atiende se advierte que la parte quejosa señalo como domicilio procesal el ubicado en ********************. En tal virtud, y de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juzgado de Distrito en el estado de Guanajuato, residente en la ciudad del mismo nombre, en turno, para el efecto de que se sirva ordenar al actuario judicial de su adscripción que se constituya en el domicilio señalado y notifique el presente proveído a la parte quejosa; así mismo, la requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola que de no hacerlo, subsistirá el que actualmente se encuentra señalado, es decir, los estrados de este Juzgado de Distrito, incluso sin ulterior acuerdo. En el entendido que con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que la autoridad exhortada pueda llevar a cabo la notificación de que se trata. Una vez practicada la diligencia encomendada, se solicita que las constancias que así lo acrediten sean remitidas a este juzgado a la brevedad. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
- Principal
Recepción de incompetencia. Por recibido el oficio de cuenta proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, al que se anexó lo siguiente: 1-4. Cuatro legajos de copias certificadas; 5. Toca ******************** en dos tomos; 6. Oficio ******************** en copia certificada; 7. Oficio ********************; 8. Oficio ********************; 9. Oficio ********************; 10. Oficio ******************** en copia certificada; 11. Legajo de constancias; 12. Escrito de presentación de demanda; y, 13. Demanda, con una copia. Formación de tomos. Dado lo voluminoso de las constancias allegadas y para un mejor manejo del expediente en que se actúa, se ordena formar los tomos del I al VI de pruebas. Competencia de este juzgado para conocer del asunto y acuse de recibo correspondiente. En otro aspecto, se advierte que el tribunal oficiante remitió la demanda de amparo presentada por ********************, al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, y que correspondió conocer a este órgano judicial; al estimar que carece de competencia legal para conocer del mismo. Lo anterior, puesto que la parte quejosa acude a solicitar la protección federal, y reclama la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca ******************** por la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, en la que determinó que es ilegal la recusación interpuesta por el aquí quejoso en contra de la jueza Cuarta Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, en el juicio oral ordinario ********************, sobre rescisión de contrato de compraventa y otras prestaciones; determinación que no constituye sentencia definitiva ni resolución que hubiese puesto fin al juicio de origen; por lo que no se surte competencia legal a su favor, de conformidad con lo establecido en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la materia, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), con el consecutivo 827/2021-4. Acúsese recibo a la superioridad a través del Sistema de Seguimiento de Expedientes y recábese la constancia electrónica que evidencie su envío. Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Causal de improcedencia. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, se advierte la actualización de la causal de improcedencia que deviene de relacionar los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo. Violaciones procesales. Sobre el particular, se impone destacar que del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107 fracción V cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento: ".cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora, debe precisarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: Producir una afectación material a derechos sustantivos; Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Ahora, de los elementos objetivos que derivan del libelo de demanda, vertidos por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierten los siguientes antecedentes: El seis de marzo de dos mil diecinueve, el aquí quejoso y la persona moral ********************, por conducto de su apoderado, celebraron convenio de plan de pagos, el cual fue ratificado y elevado a la categoría de cosa juzgada el seis de marzo de dos mil diecinueve, esto en el expediente número C******************** del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato. El diez de julio de dos mil veinte, la persona moral aludida inició el trámite del incidente de ejecución de convenio, el que fue contestado por el aquí quejoso, procedimiento que se encuentra en período de pruebas. Atento a las consideraciones que estimó pertinentes, el aquí quejoso promovió incidente de recusación en contra de la juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, del cual conoció la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, quien el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en el toca ********************, determinó que es ilegal el mencionado incidente de recusación. Este es el acto reclamado. De lo anterior se desprende que la resolución reclamada no vulnera derechos sustantivos, así mismo, que no es una resolución independiente que pueda ser analizada aisladamente, sino que, en su caso, podrá combatirla conjuntamente con otras violaciones que estime haber sufrido, una vez dictada la última resolución que al efecto se dicte en la etapa de ejecución de sentencia. Aunado a lo anterior, debe destacarse que el controvertido de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, pues en la especie se está tratando de ejecutar el convenio que se elevó a la categoría de cosa juzgada; por tanto, el acto reclamado no es uno cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos consagrados en la ley fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con ello únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales vinculados con la tramitación de la ejecución del aludido convenio iniciado por la contraparte del aquí quejoso y, en su momento, podrá reclamarlo como una violación procesal en el amparo indirecto que se interponga en contra de la última resolución que se dicte en la etapa de ejecución. De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que el acto impugnado, en este momento, no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause al peticionario del amparo un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, en los términos requeridos por la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 108/2006 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 172834, Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, abril de 2007, página 11, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE NO ADMITIR O NO RESOLVER LA RECUSACIÓN FORMULADA CONTRA EL JUEZ EJECUTOR. Del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento); siendo la razón que originó esta regla de procedencia, el impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva; de ahí que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que la interlocutoria que decide no admitir o no resolver la recusación formulada contra el Juez ejecutor, al tratarse de una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de ejecución." De igual forma, lo expuesto encuentra sustento, por las consideraciones que ahí se exponen, en la jurisprudencia 2a./J. 29/2021 (10a.), publicada en julio de dos mil veintiuno, tomo II, página 1770, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación o si se trata de una violación procesal reclamable en amparo directo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación sino que, al constituir una violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo. Justificación: En términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, esta Segunda Sala determina que la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no se trata de un acto de imposible reparación en contra de la cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal." Con lo anterior, se busca evitar la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios, de tal suerte que solo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza, en espera de que esas presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente, en forma simultánea, contra la sentencia de fondo. Esta interpretación es acorde con el texto normativo vigente del citado artículo de la Ley de Amparo, pues, como se dijo, se pretende evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, lo cual no podría cumplimentarse si se estimara que la inadmisión de un recurso pudiera ser combatida a través del juicio de amparo indirecto; por el contrario, la interposición de múltiples juicios de amparo contra actos intraprocesales, lejos de permitir salvaguardar ese derecho, podría traducirse también en una afrenta a la prontitud de la justicia, al retrasar el dictado del fallo definitivo en el juicio ordinario respectivo. En suma, las consecuencias generadas con la emisión del acto reclamado se extinguen en la realidad, sin que en este momento generen alguna afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, por lo que se insiste, no obstante, podrá combatirla como violación procesal al promover el juicio de amparo en contra de la última resolución en etapa de ejecución. De ahí que, en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu; consecuentemente, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Háganse las anotaciones procedentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, los primeros dos dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); sin perjuicio que de acreditar tales extremos, se le autorice en los términos amplios a que alude el mencionado precepto legal; mientras que el resto de ellos por así haberlo solicitado expresamente. Notificación a la parte quejosa. Ahora, de la demanda que se atiende se advierte que la parte quejosa señalo como domicilio procesal el ubicado en ********************. En tal virtud, y de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juzgado de Distrito en el estado de Guanajuato, residente en la ciudad del mismo nombre, en turno, para el efecto de que se sirva ordenar al actuario judicial de su adscripción que se constituya en el domicilio señalado y notifique el presente proveído a la parte quejosa; así mismo, la requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola que de no hacerlo, subsistirá el que actualmente se encuentra señalado, es decir, los estrados de este Juzgado de Distrito, incluso sin ulterior acuerdo. En el entendido que con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que la autoridad exhortada pueda llevar a cabo la notificación de que se trata. Una vez practicada la diligencia encomendada, se solicita que las constancias que así lo acrediten sean remitidas a este juzgado a la brevedad. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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