Eduardo Bueno Gamiz
Expediente 601/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 601/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 03/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eduardo Bueno Gamiz
- Juzgado Quinto Civil de Partido En Celaya, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Agréguese a los autos el acta de comparecencia que antecede, de la que se advierte que se devolvió a *********, apoderada del quejoso *********, el billete de depósito ********, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valioso por la cantidad de *********, en cumplimiento a lo ordenado por auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Consecuentemente, dese de baja dicho título valor y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de siete de junio de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha providencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), y 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción y el original del cuaderno incidental susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se sobreseyó en el juicio, mientras que en el incidente de suspensión se concedieron las medidas cautelares provisional y definitiva, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento o incumplimiento. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) de la disposición administrativa en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. De igual forma, acorde con lo previsto en el artículo 21, segundo párrafo, del multicitado acuerdo general del pleno, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger la documental que anexó a su escrito de demanda; apercibida que de no hacerlo, tales documentos serán destruidos. En otro orden de ideas, de la certificación secretarial se advierte que en la caja de valores se encuentra el billete de depósito N******, valioso por la cantidad de cinco mil pesos, moneda nacional, que exhibió para garantizar la suspensión provisional concedida a la parte quejosa en los autos incidentales. Con lo anterior se da vista a las partes, haciéndoles saber que una vez que el tercero interesado, manifieste expresamente que está conforme con su devolución, o que no resintió perjuicios, o bien que transcurra el término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo, el referido billete estará a disposición de la parte depositante y comenzará a computarse el plazo de dos años para que prescriba a favor de la federación, de conformidad con lo previsto en el numeral 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Finalmente, al resultar innecesario retener la prueba documental que la juez Quinto Civil de Partido en esta localidad remitió como sustento de su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio ****** de su índice, en un tomo, se ordena la devolución de la documental en comento; en el entendido que es innecesario requerir el acuse de recibo respectivo al juez civil responsable residente en esta ciudad de Celaya, dado que tal acuse será recabado por conducto del actuario de la adscripción.
- Principal
Agréguese al sumario para que obre como legalmente corresponde, el escrito signado por *** apoderada del quejoso ****, por el que solicita la devolución de las documentales adjuntas a su escrito inicial de demanda, así como del billete de depósito que exhibió para garantizar la suspensión provisional de los actos reclamados, en el incidente de suspensión que derivó del presente asunto. Dígasele que una vez que se declare firme la determinación de siete de junio de dos mil veintiuno, dictada en este sumario, se acordará lo que en derecho proceda con relación a las documentales aludidas.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 601/2020-V; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veinte (fojas 3 a 16), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad -turnado a este juzgado al siguiente día-, ***, por conducto de su apoderada ****, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos de las autoridades que a continuación se transcriben: "IV.- ACTO RECLAMADO: 1.- Se señala como acto reclamado la falta de legal emplazamiento en el juicio que sigue **** en contra de ****, ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Celaya, expediente*** y cuaderno acumulado ***. 2.- También señalo como acto reclamado, la cancelación del embargo efectuado indebidamente por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad de Celaya, Guanajuato, dentro del expediente ****, y en cuaderno acumulado ***, de fecha 21 de marzo de 2019; promovido por *** vs ***, en cumplimiento a lo ordenado por el C. Juez Quinto de lo Civil del partido judicial de Celaya, Guanajuato; inscrito en el folio real ****, día 24 de abril de 2019; en virtud de que a la fecha de inscripción, el inmueble embargado ya había salido del patrimonio de la señorita ***, por compraventa celebrada con el suscrito el día 13 de febrero de 2019". "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES LO SON EN ESTE CASO: a).- Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del partido judicial de Celaya, Estado de Guanajuato. b).- Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, Estado de Guanajuato. c).- Notario Público Titular de la Notaria número 12 doce, del Municipio de San Miguel de Allende, Estado de Guanajuato, señor Licenciado ****. Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en esta localidad; previo cumplimiento con lo prevenido en auto de nueve de noviembre de dos mil veinte (foja 25 a 27 vuelta); por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte (fojas 25 a 27 vuelta), esta potestad federal admitió a trámite la demanda; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; ordenó emplazar a la tercera interesada ****, lo que ocurrió el diez de diciembre de dos mil veinte (foja 58); asimismo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tener del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/20131 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclaman actos atribuidos a autoridades residentes en esta ciudad, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 2 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, página 255. FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados son: i) La falta de emplazamiento al subyacente juicio ordinario civil *** y su acumulado ***, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato; y, ii) El embargo decretado en ese controvertido, respecto los derechos de copropiedad que le corresponden a ***, sobre el inmueble ubicado en calle ** Praderas de la Hacienda, segunda etapa, segunda sección, en esta ciudad; inscrito ante el Registro Público de la Propiedad de Celaya, bajo el número de folio real **. Los anteriores actos se reclaman, en el ámbito de sus atribuciones, a las siguientes entidades: 1. Juez Quinto Civil de Partido en esta ciudad. 2. Titular del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad de Celaya. 3. Actuario Judicial Adscrito a la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común en esta ciudad; y, 4. Titular de la Notaría Pública número 12, con ejercicio y residencia en San Miguel de Allende, Guanajuato. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La juez Quinto Civil de Partido en esta ciudad (fojas 45 y 46), negó la existencia de los actos que le atribuyen; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada, pues la propia autoridad reconoció que no ordenó llamar a juicio al ahora quejoso porque no le asiste carácter de actor ni de demandado; también expresó que en el sumario se decretaron medidas cautelares de embargo, empero que cumplió con los requisitos de ley. Lo anterior pone de manifiesto la existencia de los actos que le reprochan. Lo que se corrobora con la documental pública consistente en Certificado de Historia Registral de uno de diciembre de dos mil veinte (fojas 38 a 42), expedido por el Registró Público de la Propiedad y del Comercio, del que se advierte que ante esa institución registral se inscribió en data cuatro de abril de dos mil diecinueve, una medida de embargo decretada por la juez civil responsable en los autos del juicio ordinario subyacente, respecto del inmueble defendido por la parte quejosa. De ahí que se tengan por ciertos los actos reclamados a la juez civil señalada como responsable. Además, la certeza de los actos debatidos a la juez en cita se robustece con las constancias que acompañó a su informe de ley, consistentes en copias certificadas de algunas actuaciones procesales relativas al juicio ordinario civil *** y su acumulado ***; documental con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones y tratarse de constancias relativas a un procedimiento civil tramitado por y ante autoridad judicial. Por otra parte, el titular del Registro Público de la Propiedad en esta ciudad, aceptó la existencia de los actos que le reclaman; manifestación de la autoridad en cita que conforma una confesión expresa y espontánea con plena eficacia probatoria en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 2783, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual modo, debe indicarse que tanto el actuario judicial adscrito a la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común en esta ciudad, como el titular de la Notaría Pública número 12, con ejercicio y residencia en San Miguel de Allende, Guanajuato, fueron omisos en rendir su respectivo informe de ley; ello a pesar de que fueron legalmente notificados de sendos oficios por los que se les solicitó dicho informe; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de le Ley de Amparo, se tienen por presumiblemente ciertos los actos que de estas entidades se reclaman. 3 Quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia común, página 231. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Ante el Juzgado Quinto Civil de Partido en esta ciudad, se sustanció el juicio ordinario civil ***, sobre saneamiento por evicción y otras prestaciones, promovido por ***, en contra de ** y ***, y su acumulado ***, sobre enriquecimiento ilícito, iniciado por **** en contra de ****(fojas 241 a 250 tomo I de pruebas.) 2. Durante la secuela procedimental, a solicitud de parte interesada, la juez civil responsable decretó medida cautelar de embargo en contra de ****, sobre los derechos de copropiedad que le corresponden respecto el inmueble ubicado en ***, segunda sección, en esta ciudad, lo que se ejecutó el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve. Esta medida cautelar de embargo quedó inscrita ante el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad en data cuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 38 a 42 tomo I cuaderno de pruebas). 3. Luego de la sustanciación del procedimiento se dictó sentencia de primera instancia el uno de junio de dos mil veinte, en la que se determinó que las partes probaron parcialmente sus acciones y excepciones y se condenó a estas al pago de pesos en los términos ahí establecidos. Sentencia que fue modificada por la diversa de segunda instancia dictada en el toca *** de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato (fojas 241 a 277 tomo I cuaderno de pruebas). 4. Por acuerdo de presidencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, admitió a trámite el amparo directo promovido por Ma. Leticia Candelaria Balderas Macías en contra de la resolución de segunda instancia de referencia, bajo el número ***(foja 329 tomo I cuaderno de pruebas). 5. Mediante escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil veinte, ante el juzgado de origen ***, por propio derecho, promovió en la vía incidental especial tercería excluyente de dominio; al respecto señaló: "(.) En ejercicio de la acción personal que me compete y en VÍA INCIDENTAL ESPECIAL, interpongo respecto del bien inmueble que ilegalmente fue señalado como garantía para pago el día 21 de Marzo del año 2019 que describiré más adelante, TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO, proporcionando los domicilios para que sean emplazadas las partes son los siguientes (.) --- PRESTACIONES A).- La declaración judicial de que el promovente es propietario y en pleno dominio, del inmueble TERRENO MARCADO ***, cuyas colindancias son (.). B).- Que por declaración judicial que dicte su señoría se decrete el levantamiento del EMBARGO llevado a cabo en forma indebida por el actor en el presente juicio, con la complacencia de la demandada en el principal; no obstante que en la fecha de realización del mismo ya había salido de la esfera jurídica de la señorita ****; tal y como quedará plenamente demostrado en el presente juicio. C).- Que por declaración judicial se ordene al C. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio la cancelación del embargo indebidamente realizado el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve; ya que a la fecha el inmueble adquirido en copropiedad por la señorita **** ya no le pertenecía en virtud de haber celebrado compraventa con anterioridad a la diligencia llevada a cabo por este H. juzgado por conducto del C. Ejecutor. D).- Que por declaración judicial se condene a la parte responsable, al pago de daños y perjuicios ocasionados a la promovente, por el ilegal embargo trabado sobre el bien de mi propiedad (.)"; (fojas 282 a 286 tomo I cuaderno de pruebas). Destaca que a la esta promoción se anexó el certificado de gravámenes expedido por la institución registral en esta ciudad, en data doce de marzo de dos mil veinte, solicitado por el hoy quejoso. De dicha constancia se advierte el embargo reclamado en este asunto. 6. Auto de veintinueve de junio de dos mil veinte, a través del cual la juez del conocimiento primario implícitamente negó dar trámite a la tercería excluyente de dominio al establecer: "(.) A su expediente el escrito de cuenta que suscribe EDUARDO BUENO GÁMIZ, presentado en la secretaría de este juzgado el día 25 veinticinco de junio del 2020 dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 471 del Código de Procedimientos Civiles, en virtud de haberse pronunciado sentencia en el presente asunto, se deja a salvo el derecho del promovente a efecto de instar lo que a sus intereses convenga en el juicio autónomo correspondiente (.)"; (foja 296 y vuelta tomo I de pruebas). QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 1584, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior integración, del siguiente contenido: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." 4 Quinta Época, del Apéndice de 1985, Parte VIII, página 262. En ese sentido, este juzgado federal estima que en el particular será innecesario abordar el estudio de fondo del asunto, pues se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en razón de que la demanda que hoy se atiende fue presentada de forma extemporánea. Destaca que la parte quejosa se ostenta tercera extraña al procedimiento de donde derivan los actos reclamados. Sin embargo, del sumario emerge que no le reviste tal carácter en tanto que se apersonó al mismo a fin de promover una tercería excluyente de dominio, con lo cual perdió ese carácter -tercera extraña-. De la documental pública que la juez Quinto Civil de Partido en esta ciudad, anexó a su informe de ley, consistente en copias certificadas de algunas actuaciones procesales del juicio civil de origen - probanza debidamente valorada en esta resolución-, se desprende que el agraviado Eduardo Bueno Gámiz tuvo conocimiento del juicio natural, por lo menos desde que presentó promoción con data veinticinco de junio de dos mil veinte (foja 282 a 285 vuelta tomo I de pruebas), a través de la cual se apersonó ante la juez civil del conocimiento primario, promoviendo en la vía incidental especial una tercería excluyente de dominio, relacionada con el inmueble marcado con el número de lote 10, manzana 15, ubicado en calle Circuito Hacienda de la Erre, fraccionamiento Praderas de la Hacienda, segunda etapa, segunda sección -mismo inmueble que defiende en esta instancia constitucional-. A esa promoción, recayó la providencia de veintinueve de junio de dos mil veinte (foja 296 y vuelta tomo I de pruebas), donde el juez natural dejó a salvo el derecho del promovente a efecto de instar lo que a su interés legal conviniere mediante juicio autónomo. Ahora, tales actuaciones procesales (promoción y acuerdo respectivamente) son suficientes para tener por acreditado que el aquí quejoso tuvo intervención en el procedimiento civil subyacente, con conocimiento del juicio y datos de identificación desde el veinticinco de junio de dos mil veinte, cuando se apersonó al controvertido natural. Desde esa perspectiva, se insiste que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de derechos fundamentales fue presentada de forma extemporánea; ello sobre la base de que el quejoso se apersonó al procedimiento civil subyacente como tercerista, con conocimiento del juicio y datos de identificación. Los preceptos legales en cita, prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo (...)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras cuestiones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días. También emerge que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Al caso resulta ilustrativa, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de 2010, página 1931, de la Novena Época, con número de registro 165582, que a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados.". En la especie, cobra aplicación la tercera hipótesis para iniciar el cómputo de los quince días que establece el precitado artículo 17 de la Ley de Amparo. Esto es, el término para la presentación de la demanda de amparo que ahora se examina, se debe computar a partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los actos cuestionados. En tal virtud, si el quejoso se ostentó sabedor de los actos reclamados, por lo menos desde que se apersonó ante la juez civil responsable para promover la referida tercería excluyente de dominio - veinticinco de junio de dos mil veinte-, tal como se desprende de la constancia correspondiente obrante a fojas 282 a 284 tomo I de pruebas; entonces el lapso de quince días para la presentación de la demanda de derechos fundamentales corrió a partir del tres de agosto de dos mil veinte5 y concluyó el día veintiuno del mes y año en comento; sin contar en dicho cómputo los días los días ocho, nueve, quince y dieciséis, todos de agostos de dos mil veinte. Luego, si la demanda constitucional fue presentada el cinco de noviembre de dos mil veinte, como se observa de la papeleta expedida por la Oficialía de 5 Día siguiente hábil al en que se reanudaron plazos y se determinó el regreso escalonado a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acorde a lo establecido en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante la contingencia por el virus COVID-19, que implicó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Partes Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Celaya (foja 1 cuaderno principal), entonces es inconcuso que dicha promoción se hizo con de forma extemporánea, fuera del plazo de quince días que prevén los transcritos numerales -17 y 18- de la Ley de Amparo. Al caso resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito6, cuyo rubro y texto a la letra indican: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En esa tesitura, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 del referido ordenamiento, lo conducente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de la fracción V del ordinal 63 de la citada ley. En el entendido de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, de conformidad con la jurisprudencia 5097, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No 6 Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, junio de 1993, página 235. 7 Séptima Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 335. causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, por conducto de su apoderada respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo; de conformidad con los motivos expuestos en el último punto considerativo.
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