Eduardo Alberto Benítez de la Garza

Expediente 1158/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1158/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
19/12/2016

Partes del expediente

  • Eduardo Alberto Benítez de la Garza

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, dado que resulta innecesario que continúe a disposición de este juzgado el original del expediente mercantil 281-3/2003, formado en tres tomos del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, enviado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en Chilpancingo, Guerrero, mediante oficio 693/2016 de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, con motivo de incompetencia planteada; en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; dos de diciembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, turnado a este órgano jurisdiccional a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta Ciudad, mediante el cual remite por incompetencia copia certificada del amparo directo civil 859/2016 de su índice, así como las demás constancias que se detallan en la cuenta secretarial. Precisado lo anterior, regístrese en el libro de gobierno con el número 1158/2016; y fórmese expediente. Este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento del asunto; infórmese esta decisión al Tribunal oficiante. Acúsese recibo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En razón de lo anterior, se hacen las siguientes precisiones: La parte quejosa reclama en esta instancia: 1. El auto de catorce de abril de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ordinario mercantil 281-3/2003, en el que la juez de origen no acordó favorable lo peticionado en su escrito presentado ante esa autoridad el doce de abril de este año, mediante el cual solicitó la nulidad absoluta de la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen; y, 2. La orden de escrituración decretada por el juez de origen, derivada de la sentencia definitiva emitida en el juicio ordinario mercantil 281-3/2003 de diecisiete de octubre de dos mil trece. De las constancias que integran el juicio mercantil 281-3/2003, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares; a las cuales se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2, se destaca lo siguiente: 1. El quince de septiembre de dos mil cinco, se dictó sentencia definitiva; la cual fue confirmada al resolver el recurso de apelación el veintiuno de febrero de dos mil seis. 2. Por acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil once, se ordenó requerir personalmente a Eduardo Alberto Benítez de la Garza, para que dentro del término de tres días otorgara la escritura de adjudicación correspondiente a favor de los actores Jorge Antonio Alarcón Rentería y Félix Bustos Magallón, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho lapso, el Juez civil lo haría en su rebeldía. 3. En contra de dicho auto, el aquí quejoso presentó recurso de apelación, mismo que fue admitido por el juez responsable el dos de agosto de ese mismo año. 4. Mediante resolución de trece de enero de dos mil doce, dictada en el toca civil de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, confirmó el auto recurrido. 5. Llegados los autos del tribunal de alzada al citado juzgado civil, y notificadas que fueron las partes de la resolución de apelación; por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil trece se tuvo por acusada la rebeldía al demandado Eduardo Alberto Benítez de la Garza, por no haber comparecido ante el Notario Público número cinco del Distrito Judicial de Tabares, a otorgar a los demandantes Jorge Antonio Alarcón Rentería y Félix Bustos Magallón, la firma de escritura de la adjudicación, respecto de los bienes inmuebles adjudicados, por lo cual se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintitrés de mayo de dos mil once y se decretó que el juez responsable otorgara la firma de la escritura en rebeldía de la parte demandada. 6. El catorce de abril de dos mil dieciséis, la responsable no acordó de conformidad lo solicitado en escrito de doce de ese mes, en el sentido de que declara la nulidad absoluta de la sentencia definitiva. Las actuaciones señaladas en los puntos 5 y 6, constituyen los actos que en esta vía se reclaman. En relación con el primero de ellos, se tiene que en este asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso concreto, por derivar el acto reclamado de un procedimiento judicial, el auto recurrido al emitirse dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, debe impugnarse a través del recurso de apelación. Primeramente, el procedimiento que rige al juicio de origen, de acuerdo a su auto de radicación de doce de junio de dos mil tres, es el previsto en el Código de Comercio anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis. Precisado lo anterior, los artículos 1336, 1339, 1340 y 1341 del citado Código de Comercio establecen: "Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme ó revoque la sentencia del inferior." "Artículo 1339. En los juicios mercantiles, tanto ordinarios como ejecutivos, procederá la apelación en ambos efectos: I. Respecto de sentencias definitivas; II. Respecto de sentencias interlocutorias que resuelvan sobre personalidad, competencia ó incompetencia de jurisdicción, denegación de prueba ó recusación interpuesta. En cualquiera otra resolución, que sea apelable, la alzada sólo se admitirá en el efecto devolutivo." "Artículo 1340. La apelación sólo procede en juicios mercantiles cuando su interés exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento". "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." De lo dispositivos legales antes transcritos se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código de Comercio vigente en la época del negocio, se encuentra el de apelación, el cual procede en asuntos cuando su interés exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición o si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone. En el presente caso, se actualizan dichas hipótesis, dado que la cuantía del asunto excede de aquella cantidad, en el caso, se demandó el pago de $945,773.49 (novecientos cuarenta y cinco mil setecientos setenta y tres pesos 49/100 moneda nacional); porque no existe posibilidad jurídica y material de que el auto reclamado se revise en la sentencia, pues el mismo se dictó en la etapa de ejecución de la misma; además el gravamen que causa no puede repararse puesto que lo pretendido es la modificación de la sentencia definitiva; de lo cual se concluye que el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo, era susceptible de ser controvertido a través del recurso de apelación, pues tal medio de impugnación tiene por objeto que el tribunal de alzada, a la luz de los agravios planteados, confirme, revoque o modifique total o parcialmente la resolución que aquí combate, y al no hacerlo incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 13/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 112, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época, Materia Civil, del rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL, RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN. El artículo 1341 del Código de Comercio, no distingue para efectos de procedencia del recurso de apelación, que se trate de resoluciones o autos emitidos antes de que se dicte sentencia definitiva, antes bien, la interpretación lógica y jurídica de dicho precepto debe ser en el sentido de que los pronunciados en ejecución de sentencia, al no existir posibilidad jurídica y material de que se revisen en la sentencia definitiva porque ésta ya se dictó, deben ser recurribles en apelación, a condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución y de que el interés del asunto exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento, de conformidad con el diverso artículo 1340 del propio ordenamiento legal". Máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, primeramente, porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, pues el propio quejoso compareció como parte demandada en el juicio de origen, aunado a que dicha resolución no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal. Más aún, que el quejoso conoce la legislación aplicable al juicio ordinario mercantil, que es el Código de Comercio anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, el que rige dicho procedimiento. De ahí que es dable estimar que la procedencia del recurso o medio de defensa no debe sujetarse a una interpretación adicional, ni su fundamento es insuficiente para determinarla, para que éste, en caso contrario quedara en libertad de interponerlos. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para el ahora agraviado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia . Resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Mayo de 2002, página 902, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por tanto, aun cuando la resolución que ponga fin a la etapa de ejecución de sentencia, es susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, esta acción es factible una vez que se hayan agotado los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado, exigencia que debe ser cumplida aun cuando se trate de un acto de ejecución irreparable, o carezca de fundamentación, por derivar de un procedimiento judicial, al no encontrarse dentro de los supuestos previstos por la fracción XVIII, del artículo 61, de la ley de la materia como excepciones al principio de definitividad. Por tal motivo, es aplicable el criterio jurisprudencial 44/2012 (10a.), emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 729, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época, Materia(s): Común, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Ello es así, pues si bien los citados criterios fueron integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada y de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen al texto vigente. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo por lo que respecta al acto señalado con el número 1. En relación con el acto precisado en el inciso b), relativo a la orden de escrituración decretada por el juez de origen, derivada de la sentencia decretada por el juez de origen, derivada de la sentencia definitiva emitida en el juicio ordinario mercantil 231-3/2003, tal como se advierte del proveído de diecisiete de octubre de dos mil trece, en el que la autoridad responsable acusó la rebeldía al quejoso, por no haber comparecido ante el Notario Público número 5, del Distrito Judicial de Tabares, a otorgar a los demandantes la firma de la escritura de adjudicación, respecto de los bienes que se les adjudicaron en audiencia de remate de veintinueve de enero de dos mil ocho; es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 17, primer párrafo, y 18, de la citada ley de la materia, en virtud de que la promoción de la demanda de amparo debió efectuarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que el peticionario tuvo conocimiento respecto de tales actos. Los citados numerales prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los dispositivos antes transcritos se advierte con toda claridad, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos en contra de los cuales no se promueva el amparo dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del término de quince días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto, luego, si no obstante el conocimiento que tiene de la existencia de un acto afectatorio, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la Ley de Amparo, tal conducta debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. Ahora, el cómputo de quince días para la promoción del juicio empezó a correr a partir del día siguiente a aquél en el que surtió efectos la notificación del auto de diecisiete de octubre de dos mil trece, la cual se efectuó por lista el dieciocho de ese mes y año (foja 1325, tomo III); de ahí que, el término para instar el juicio de amparo le transcurrió del veintiocho de octubre de dos mil trece; por lo que, es indudable que a la fecha de presentación de la demanda (dieciocho de abril de dos mil dieciséis, como consta en el sello de su recepción) ya había fenecido el plazo que otorgan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo; y por ende, fueron consentidos tácitamente por la parte quejosa. En tal virtud, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa al actualizarse la causal de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.

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