Edson Rivelino Pérez Salas y Otros.
Expediente 1014/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1014/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Edson Rivelino Pérez Salas y Otros.
Actuaciones
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; siete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente expediente diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese personalmente....; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Edson Rivelino Pérez Salas, Andrés Flores Medina y Pedro Nava Arredondo, por su propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1014/2019, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA. La parte quejosa, señala como acto reclamado: ".La omisión de dar respuesta a la petición que les formulamos mediante escrito de fecha 11 de septiembre del año que transcurre, mediante el cual solicitamos el pago de las quincenas devengadas a partir de la primera quincena del mes de octubre de 2018 hasta la fecha, dado que somos empleados de base de dicho ayuntamiento y hemos laborado interrumpidamente desde la fecha en la cual se nos retuvo nuestro salario." De los antecedentes narrados, bajo protesta de decir verdad, por los promoventes del amparo, se obtiene que: (uno) se desempeñan en las áreas de la Regiduría y la Dirección de Catastro del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero y (dos) que mediante petición formulada por escrito de once de septiembre del año en curso, solicitaron el pago de las quincenas devengadas a partir de la primera quincena del mes de octubre de dos mil dieciocho, hasta la fecha en que se presentó dicho escrito; lo cual se corrobora del contenido de dicho ocurso. De lo anterior, se advierte que entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, existe una relación laboral, por lo cual el juicio de amparo que se intenta es improcedente debido a que el acto reclamado no puede concebirse como de autoridad para efectos del juicio de amparo. En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual resulta necesario indicar lo siguiente: El derecho de petición, como derecho público subjetivo consagrado como garantía constitucional, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las norma legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación, para que surja el derecho público del quejoso a que se le dé contestación y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión a ese derecho. De lo cual, se destaca que para la procedencia del juicio de amparo, cuando se reclame violación al derecho de petición, es condición necesaria que aquélla (petición) se eleve al servidor público en su calidad de autoridad. Por su parte, los artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la propia ley y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Del primero de los dispositivos transcritos, se advierte que la Ley de Amparo prevé una hipótesis de improcedencia que no se limita a las veintidós fracciones que establece en forma específica dicho numeral, sino que es aplicable cuando la improcedencia del juicio resulte con motivo de la aplicación de diversa disposición de la propia ley o de la Constitución. Por su parte el segundo de los numerales revela entonces que en tratándose de actos provenientes de entidades estaduales o incluso provenientes de quienes carecen formalmente de tal naturaleza, para ser considerados como provenientes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, no solamente debe verificarse si al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, violen los derechos fundamentales constitucional y convencionalmente protegidos, sino también habrá de confirmarse si las funciones que despliega al realizar tales conductas están determinadas por una norma general. Como se advierte de este precepto, el legislador enumeró descriptivamente los actos que puede realizar una autoridad, pero no precisó las características que deben reunir para que sean susceptibles de un control de la constitucionalidad a través del juicio de amparo. Sin embargo, si destacó como nota distintiva que dicho juicio procede contra actos de autoridades, de tal suerte que, de no ubicarse el acto reclamado en alguna de las hipótesis ahí previstas daría lugar, a que resulte improcedente el juicio por no colmarse el requisito básico de existencia de acto de autoridad. Dicha causa de improcedencia encuentra plena justificación, en razón de que el juicio de amparo, como medio de control constitucional, fue creado para que los tribunales federales verifiquen, a instancia de parte, la conformidad de los actos de autoridad (ahora llevados a cabo por particulares o autoridades en sentido material), con los parámetros y lineamientos establecidos en la Constitución Federal, siendo materia de los juicios ordinarios, las controversias que se susciten entre particulares, o bien, entre éstos y organismos públicos que actúan en un plano de igualdad. Por ello, el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal dispone que el juicio de amparo procede solo contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, se puede decir que tendrá el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, aquel ente de hecho o de derecho, que con apoyo en una norma jurídica emita actos unilaterales que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que incidan la esfera jurídica del gobernado, dentro de una relación de supra a subordinación. Bajo ese contexto, como se adelantó, el acto reclamado no encuadra en dicho supuesto; porque, si bien el acto reclamado lo hace consistir en la falta de contestación a un escrito, lo cual, afirma es violatorio del derecho de petición, de los antecedentes, así como del contenido del referido ocurso, se obtiene que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, ya que, la posición de los peticionarios de amparo frente a las autoridades municipales, no es la de unos gobernados, aun cuando en esta instancia se haga valer una violación al derecho de petición ante la falta de respuesta a su solicitud, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, ya que aquél no emerge del impero que corresponde a aquellos como parte de la administración pública municipal en la prestación de un servicio a cargo del Estado, sino que su origen, como quedó demostrado, deriva se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a recibir su salario, es decir, tiene su origen en una relación laboral. Sin que pueda determinarse que se trata de un acto autoritario en el que el patrón actuó con la potestad que le otorga la ley, puesto que el Municipio, representado por el Ayuntamiento, comparte una doble personalidad, como persona de derecho público en donde asume las funciones propias de autoridad y como persona moral oficial de derecho privado, en tanto, que es el depositario, administrador o representante de los intereses que constituyen parte del patrimonio municipal y con este carácter puede entablar relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación, quedando entonces sus actos comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejerce o ejecuta, ya que en tales relaciones el Municipio también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. En consecuencia, congruente con esa doble personalidad, se concluye que solo podrá ser legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado actuando con el imperio que le otorga su investidura pública, es decir, cuando su actuación tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo, se insiste, es conocido como supra a subordinación. De ahí que, si en el caso que se analiza los quejosos al servicio del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, reclaman la omisión de dar contestación a su escrito de petición, por el cual solicita el pago de salarios devengados, resulta improcedente el juicio de amparo, al no plantearse en el caso un acto de autoridad que vulnere o restrinja en forma directa algún derecho sustantivo protegido por la norma Constitucional. Sirve de apoyo por las razones que informan, la Tesis VII.2o.T.9 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 3436 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. La omisión de un funcionario de una dependencia como la Secretaría de Educación de Veracruz, de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre el pago de diferencias de aguinaldo, no puede ser violatoria del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición del quejoso frente a la autoridad educativa no es la de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde a la secretaría como parte de la administración pública local en la prestación de un servicio a cargo del Estado, como lo es la educación pública, sino que su origen se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a recibir su aguinaldo completo, conforme a la ley que rige este tipo de relaciones laborales, es decir, el reclamo surge con base en las fracciones IV y VI del apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con el diverso 87 de la Ley Federal del Trabajo (el derecho al aguinaldo), lo cual debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo". Por lo expuesto, se tiene que en el caso en estudio se surte la causa de improcedencia que se analiza; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Jesús Carranza número 3, Despacho 34, colonia Centro , en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Juan Salado Lorenzo y Jaime Enrique Molina Ruiz, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Seth de Jesús Bello Carballo, por no cumplir con el requisito anterior, así como a Nidia Karen Méndez Nava y Aida Liliana Molina Panchi, por así solicitarlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN Por otra parte, tomando en consideración que los promoventes del amparo no señalaron representante común, de conformidad con el diverso numeral 13 de la citada legislación, se tiene con dicho carácter al señalado en primer término, sin perjuicio de que con posterioridad sea sustituido. .... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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