Eduardo Alvarez García
Expediente 916/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 916/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Eduardo Alvarez García
- Juez Tercero de Primera Instancia En Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Acapulco, Guerrero, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión del acto reclamado, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, primer párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido; por lo que, se ordena glosar los mismos al cuaderno principal. Hágase constar lo anterior, tanto en su caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, dado que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado las copias certificadas del juicio ordinario civil 755-2/2008, remitidas por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, como apoyo a su informe justificado, constantes de un tomo, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.
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NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 916/2018. RESULTANDO: PRIMERO...se: R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 916/2018, promovido por Eduardo Álvarez García, por las consideraciones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
CITATORIOS.- SE NOTIFICAN POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMA QUE DICE... Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 916/2018. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido al siguiente día hábil por razón de turno, a este Juzgado Octavo, Eduardo Álvarez García, por conducto de su representante legal Francisco Cirilo Santana, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisa: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: ".Reclamo de la autoridad responsable, el acuerdo de fecha cinco de octubre de los corrientes y publicado el día ocho de octubre del dos mil dieciocho, según obra en el expediente número 755-2/2008, por medio del cual se niega al quejoso el derecho de petición en el cual solicita al C. Juez cumplir sus determinaciones contenida en la sentencia de alzada. Es decir, consta en autos que el órgano jurisdiccional entregó materialmente el bien inmueble objeto de la controversia, de acuerdo a la razón asentada por el actuario del juzgado. Sin embargo, la parte demandada aun no abandona el bien inmueble que le fue ganado en juicio, por lo que la parte actora, hoy quejosa, solicito nuevamente que el actuario se constituyera en el domicilio donde se ubica el bien inmueble con la fuerza pública y que nuevamente se le entregara materialmente el inmueble ubicado en con domicilio en lote número 28, manzana 01 fraccionamiento el Quemado, en esta ciudad y puerto de Acapulco de Juárez. A tal petición recayó acuerdo de que no es posible cumplir tal petición debido a que el juez ya cumplió con la entrega del bien inmueble a la parte actora, por lo que se le pide al actor hoy quejoso, proceder por la vía legal que considere conveniente." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, la demanda de amparo quedó registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 916/2018 y previo desahogo de la prevención formada, por diverso de veintiuno del mismo mes y año, se admitió la demanda de amparo; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto emitido dentro de juicio por una autoridad judicial con sede en esta ciudad, que tiene ejecución de imposible reparación porque afecta derechos sustantivos. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama el acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil 755-2/2008, de su índice. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, al rendir su informe justificado reconoció el acto reclamado; lo que además se corrobora con la copia certificada del juicio ordinario civil 755-2/2008, que allegó como complemento a su informe justificado, a la cual se otorga valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º. CUARTO. Causal de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, se procede a analizar las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Como antecedentes del acto reclamado, se citan los siguientes: Por escrito de veintisiete de noviembre de dos mil ocho, el quejoso Eduardo Álvarez García, por conducto de su representante legal Francisco Cirilo Santana, demando vía ordinaria civil acción reivindicatoria en contra de Emilia Soto Loyo, demanda que por turno le toco conocer al Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, la cual quedo registrada con el número 755-2/2008. Seguido el juicio en todas sus etapas, el nueve de diciembre de dos mil once, se emitió la sentencia correspondiente, la cual mediante ocurso de nueve de agosto de dos mil doce, el actor en dicho asunto interpuso el recurso de apelación en contra de la citada determinación, misma que le toco conocer a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, registrado bajo el toca civil 308/2012. Mediante resolución de veintitrés de noviembre de dos mil doce, los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, resolvieron el toca civil antes mencionado, en el cual entre diversos resolutivos modificaron la sentencia recurrida y declararon procedente la acción reivindicatoria. Por escrito de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el quejoso solicitó a la autoridad responsable, que ordenara a la parte demanda hacer entrega del física del terreno objeto de controversia a su representante legal Francisco Cirilo Santana o a su abogado patrono, en razón de que dicho inmueble aún sigue ocupado por dicha parte procesal, así como también que gire los oficios correspondientes a la fuerza pública municipal para que acompañen al actuario a ese domicilio y ordene romper candados, abrir puertas y todo lo necesaria para la entrega del bien inmueble, a dicha petición le recayó el acuerdo de veintitrés de agosto del año pasado, mismo que fue notificado el veinticuatro de dicho mes y año, que en la parte que interesa textualmente dice: ".no ha lugar a acordar de conformidad la solicitud por notoriamente frívola e improcedente, en virtud de que de autos se desprende que mediante diligencia de fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce, se puso en posesión física y material del bien inmueble consistente en el lote veintiocho manzana uno, de la unidad habitacional el Quemado, a la parte actora, advirtiéndose que en dicha diligencia de igual forma compareció el promovente quien, manifestó estar de acuerdo con la posesión efectuada a su representado." Por escrito presentado el uno de octubre, el autorizado de la parte quejosa, solicitó de nueva cuenta el auxilio de la fuerza pública para con apoyo del actuario le hagan entrega física del bien inmueble en controversia, recayéndole el proveído reclamado, el cual remite al diverso de veintitrés de agosto del año pasado. Una vez confrontado el acto reclamado con los antecedentes del mismo, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, y con la jurisprudencia 17, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a foja 12, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo epígrafe y tenor es: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son, sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." En efecto, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 217 de la ley de la materia señala: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Lo anterior es así, ya que de los antecedentes del juicio de donde deriva el acto reclamado, se desprende que el acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciocho, remite al diverso de veintitrés de agosto pasado, en el cual se determinó no acordar favorable su petición en virtud de que en diligencia de veintinueve de agosto de dos mil catorce, se puso en posesión física y material del bien inmueble consistente en el lote veintiocho manzana uno, de la unidad habitacional el Quemado, en la que compareció el promovente quien manifestó estar de acuerdo con la posesión efectuada a su representado; acuerdo, éste último que fue tácitamente aceptado por la parte quejosa al no haber interpuesto algún medio de defensa en su contra. En efecto, del contenido de ese proveído se desprende, mismo que fue notificado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, que desde ese momento la responsable se pronunció respecto de la petición formulada por la parte quejosa; de ahí que, desde ese momento estuvo en aptitud de inconformarse con la misma, pues pudo acudir al juicio de amparo a deducir sus derechos; circunstancia que no aconteció. Luego, es inconcuso, que el auto que hoy reclama de cinco de octubre de dos mis dieciocho, deriva del diverso de veintitrés de agosto de dicho año, que se estima como consentido, al no haber interpuesto la quejosa medio de defensa correspondiente, en torno a la determinación de no acordar favorable su petición de enviar oficio a las autoridades municipales a fin de que acompañaran al actuario para que le hagan entrega del inmueble consistente en el lote veintiocho manzana uno, de la unidad habitacional el Quemado, mediante el uso de la fuerza pública; respecto del cual la parte quejosa no se inconformó, de ahí que no se pueda analizar la legalidad del acuerdo anotado al inicio de este acuerdo, porque cualquier decisión que se tomara en cuanto hace al fondo del asunto impactaría directamente en la decisión de aquél. Consecuentemente, es innegable que en el caso se actualiza a su respecto la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 17, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a fojas 12 del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son, sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Orientan dicha conclusión, los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicados a fojas 52 y 582, del Semanario Judicial de la Federación, Tomos I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 y III, Mayo de 1996, de la Octava y Novena Época, respectivamente, que son del siguiente tenor literal: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA"." "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la tesis de jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente, máxime que la redacción de la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo abrogada, se trasladó a la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Por lo expuesto, fundado, motivado y, además, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 916/2018, promovido por Eduardo Álvarez García, por las consideraciones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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