Eduardo Adalberto Muro Martínez
Expediente 1404/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 22 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1404/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 06/05/2019
Partes del expediente
- Eduardo Adalberto Muro Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, por conducto de su delegada (fojas 133 a 135) manifestó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de trece de marzo próximo pasado (folio 136), se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en los presentes autos (fojas 54 a la 79), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, para que se le desincorporara la obligación tributaria de los numerales destacados de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, asimismo, se le devolvieran las cantidades que superaron el monto mínimo, respecto del recibo oficial de pago 021430052018002805, esto es, que del recibo fiscal que pagó correspondiente a la cantidad de $3,195.52 (tres mil ciento noventa y cinco pesos 52/100 moneda nacional), restarle las cantidades de $1,857.13 (mil ochocientos cincuenta y siete pesos con trece centavos moneda nacional), $146.43 (ciento cuarenta y seis pesos 43/100 moneda nacional), $36.05 (treinta y seis pesos 05/100 moneda nacional) y 466.44 (cuatrocientos sesenta y seis pesos 44/100 moneda nacional), del impuesto a la Universidad Autónoma de Nayarit, en relación a lo cual resulta la cantidad de $689.47 (seiscientos ochenta y nueve pesos, con cuarenta y siete centavos moneda nacional), y eso debía devolverlo debidamente actualizado. Por su parte, la autoridad devolvió mediante cheques las cantidades de $698.40 (seiscientos noventa y ocho pesos 40/100 moneda nacional) y de $230.60 (doscientos treinta pesos con sesenta centavos moneda nacional), a favor de la parte quejosa, con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio, cuya suma arroja el numerario de $929.000 (novecientos veintinueve pesos moneda nacional). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite origen del acto reclamado, una vez descartadas las cantidades de previa cita, erogó la cantidad de $689.47 (seiscientos ochenta y nueve pesos con cuarenta y siete centavos moneda nacional), sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en el mes de mayo de dos mil dieciocho, y en el mes de noviembre del año próximo pasado, se efectúo la devolución mediante cheque otorgado a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil dieciocho a octubre del mismo año; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de febrero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril del dos mil dieciocho el índice para el mes de octubre de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil dieciocho fue de 99.154; y para el mes de octubre de dos mil dieciocho de 101.440. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.023055045686508. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $689.47 (seiscientos ochenta y nueve pesos con cuarenta y siete centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $705.36 (setecientos cinco pesos, con treinta y seis centavos moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad $929.00 (novecientos veintinueve pesos moneda nacional), por concepto de la devolución materia del presente juicio y su debida actualización. Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó el monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad mayor, en virtud de que le fueron entregados $223.64 (doscientos veintitrés pesos con sesenta y cuatro centavos moneda nacional) de más, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de los entes responsables para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, por conducto de su delegada (fojas 133 a 135) manifestó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de trece de marzo próximo pasado (folio 136), se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en los presentes autos (fojas 54 a la 79), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, para que se le desincorporara la obligación tributaria de los numerales destacados de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, asimismo, se le devolvieran las cantidades que superaron el monto mínimo, respecto del recibo oficial de pago 021430052018002805, esto es, que del recibo fiscal que pagó correspondiente a la cantidad de $3,195.52 (tres mil ciento noventa y cinco pesos 52/100 moneda nacional), restarle las cantidades de $1,857.13 (mil ochocientos cincuenta y siete pesos con trece centavos moneda nacional), $146.43 (ciento cuarenta y seis pesos 43/100 moneda nacional), $36.05 (treinta y seis pesos 05/100 moneda nacional) y 466.44 (cuatrocientos sesenta y seis pesos 44/100 moneda nacional), del impuesto a la Universidad Autónoma de Nayarit, en relación a lo cual resulta la cantidad de $689.47 (seiscientos ochenta y nueve pesos, con cuarenta y siete centavos moneda nacional), y eso debía devolverlo debidamente actualizado. Por su parte, la autoridad devolvió mediante cheques las cantidades de $698.40 (seiscientos noventa y ocho pesos 40/100 moneda nacional) y de $230.60 (doscientos treinta pesos con sesenta centavos moneda nacional), a favor de la parte quejosa, con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio, cuya suma arroja el numerario de $929.000 (novecientos veintinueve pesos moneda nacional). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite origen del acto reclamado, una vez descartadas las cantidades de previa cita, erogó la cantidad de $689.47 (seiscientos ochenta y nueve pesos con cuarenta y siete centavos moneda nacional), sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en el mes de mayo de dos mil dieciocho, y en el mes de noviembre del año próximo pasado, se efectúo la devolución mediante cheque otorgado a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil dieciocho a octubre del mismo año; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de febrero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril del dos mil dieciocho el índice para el mes de octubre de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil dieciocho fue de 99.154; y para el mes de octubre de dos mil dieciocho de 101.440. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.023055045686508. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $689.47 (seiscientos ochenta y nueve pesos con cuarenta y siete centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $705.36 (setecientos cinco pesos, con treinta y seis centavos moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad $929.00 (novecientos veintinueve pesos moneda nacional), por concepto de la devolución materia del presente juicio y su debida actualización. Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó el monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad mayor, en virtud de que le fueron entregados $223.64 (doscientos veintitrés pesos con sesenta y cuatro centavos moneda nacional) de más, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de los entes responsables para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el escrito de cuenta presentado por el Presidente Municipal y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, por conducto de su delegada, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo, informa las operaciones aritméticas y los elementos utilizados para determinar la cantidad a devuelta a la parte quejosa; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte gestionante del amparo, con el escrito de cuenta y anexo, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, por conducto de su delegada (fojas 103 a la 105 y 120 a la 122), manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veintinueve del mes inmediato pasado (folio 123), se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en los presentes autos (fojas 54 a la 79), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, para que se le desincorporara la obligación tributaria de los numerales destacados de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, asimismo, se le devolvieran las cantidades que superaron el monto mínimo, respecto del recibo oficial de pago 021430052018002805, esto es, que del recibo fiscal que pagó correspondiente a la cantidad de $3,195.52 (tres mil ciento noventa y cinco pesos 52/100 moneda nacional), restarle las cantidades de $2,100.00 (dos mil cien pesos moneda nacional), $146.43 (cientos cuarenta y seis pesos 43/100 moneda nacional) y $36.05 (treinta y seis pesos 05/100 moneda nacional) y eso debía devolverlo debidamente actualizado. Luego, la autoridad devolvió mediante cheques las cantidades de $698.40 (seiscientos noventa y ocho pesos 40/100 moneda nacional) $230.60 (doscientos treinta pesos con sesenta centavos moneda nacional), a favor de la parte quejosa, con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio. Sin embargo, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Tesorero Municipal y Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento del Municipio de Tepic, Nayarit, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio de notificación correspondiente, remitan las constancias relativas a acreditar el cumplimiento al fallo protector, esto es, indiquen la mecánica, operaciones aritméticas y cualquier elemento que hubieran utilizado para determinar la cantidad a devolver a la parte quejosa y su debida actualización, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados; esto es, deberán indicar el procedimiento que se llevó a cabo para determinar la suma a devolver al solicitante del amparo. Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá a cada una de ellas una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE.
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