Eduardo Adalberto Muro Martínez

Expediente 2047/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2047/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
04/04/2018

Partes del expediente

  • Eduardo Adalberto Muro Martínez
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en la oficialía de partes de este juzgado federal (fojas 91 a 93), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciocho (foja 94), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, en veinte de diciembre del año dos mil diecisiete (fojas 46 a 63), se determinó conceder a Eduardo Alberto Muro Martínez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto siguiente: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los artículos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva al quejoso la cantidad de $11,640.84 (once mil seiscientos cuarenta pesos 84/100 moneda nacional), que pagó el trece de octubre de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "MINISUPER, ABARR, TENDAJONES Y SIM. CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, SUP.NO>A 200M2", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit" (fojas 7 reverso y 44), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil diecisiete, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. (.) Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos), ni el cobro de multa por pago extemporáneo de $1,760.88 (mil setecientos sesenta pesos con ochenta y ocho centavos), que se indicaron en el formato de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual (foja 7), documental que exhibió el quejoso a su demanda de amparo; toda vez que el accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dichos conceptos. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.)". Sentencia que causó ejecutoria el veintinueve de enero de dos mil dieciocho (foja 75). De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexos recibidos en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el seis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 91 a 93), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, copia del cheque con firma de recibido por el quejoso (foja 92), que contienen la suma de la cantidad erogada y su actualización respectivamente, de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $10,301.55 (diez mil trescientos un pesos con cincuenta y cinco centavos moneda nacional), de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en trece de abril de dos mil diecisiete (foja 7 reverso), y que se efectúo la devolución el tres de marzo del año en que se actúa mediante la expedición de un cheque bueno por $10,301.55 (diez mil trescientos un pesos con cincuenta y cinco centavos moneda nacional), correspondiente a la cantidad actualizada al dos de marzo de la presente anualidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de octubre de dos mil diecisiete al mes de marzo de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero del año en curso entre el índice para el mes de septiembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero fue de 131.508 y para el mes de septiembre fue de 127.912, ambos de dos mil diecisiete, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0281. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $9,876.96 (nueve mil ochocientos setenta y seis pesos con noventa y seis centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $10,154.50 (diez mil ciento cincuenta y cuatro pesos con cincuenta centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $277.54 (doscientos setenta y siete pesos con cincuenta centavos moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver al quejoso era de $10,154.50 (diez mil ciento cincuenta y cuatro pesos con cincuenta centavos moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $10,301.55 (diez mil trescientos un pesos con cincuenta y cinco centavos moneda nacional), es decir, reintegró un excedente de $157.05 (ciento cincuenta y siete pesos con cinco centavos moneda nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de obtenerla, así como los que efectué el quejoso, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en la oficialía de partes de este juzgado federal (fojas 91 a 93), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciocho (foja 94), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, en veinte de diciembre del año dos mil diecisiete (fojas 46 a 63), se determinó conceder a Eduardo Alberto Muro Martínez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto siguiente: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los artículos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva al quejoso la cantidad de $11,640.84 (once mil seiscientos cuarenta pesos 84/100 moneda nacional), que pagó el trece de octubre de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "MINISUPER, ABARR, TENDAJONES Y SIM. CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, SUP.NO>A 200M2", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit" (fojas 7 reverso y 44), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil diecisiete, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. (.) Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos), ni el cobro de multa por pago extemporáneo de $1,760.88 (mil setecientos sesenta pesos con ochenta y ocho centavos), que se indicaron en el formato de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual (foja 7), documental que exhibió el quejoso a su demanda de amparo; toda vez que el accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dichos conceptos. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.)". Sentencia que causó ejecutoria el veintinueve de enero de dos mil dieciocho (foja 75). De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexos recibidos en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el seis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 91 a 93), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, copia del cheque con firma de recibido por el quejoso (foja 92), que contienen la suma de la cantidad erogada y su actualización respectivamente, de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $10,301.55 (diez mil trescientos un pesos con cincuenta y cinco centavos moneda nacional), de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en trece de abril de dos mil diecisiete (foja 7 reverso), y que se efectúo la devolución el tres de marzo del año en que se actúa mediante la expedición de un cheque bueno por $10,301.55 (diez mil trescientos un pesos con cincuenta y cinco centavos moneda nacional), correspondiente a la cantidad actualizada al dos de marzo de la presente anualidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de octubre de dos mil diecisiete al mes de marzo de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero del año en curso entre el índice para el mes de septiembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero fue de 131.508 y para el mes de septiembre fue de 127.912, ambos de dos mil diecisiete, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0281. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $9,876.96 (nueve mil ochocientos setenta y seis pesos con noventa y seis centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $10,154.50 (diez mil ciento cincuenta y cuatro pesos con cincuenta centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $277.54 (doscientos setenta y siete pesos con cincuenta centavos moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver al quejoso era de $10,154.50 (diez mil ciento cincuenta y cuatro pesos con cincuenta centavos moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $10,301.55 (diez mil trescientos un pesos con cincuenta y cinco centavos moneda nacional), es decir, reintegró un excedente de $157.05 (ciento cincuenta y siete pesos con cinco centavos moneda nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de obtenerla, así como los que efectué el quejoso, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de representante legal de la autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con la documental que adjunta; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el comunicado y anexos de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que acate la ejecutoria en comento.

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