Eduardo Adalberto Muro Martínez
Expediente 1092/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1092/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 27/08/2021
Partes del expediente
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
- Eduardo Adalberto Muro Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este juzgado federal el veintidós de julio de dos mil veintiuno, el Delegado del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia emitida dentro del presente sumario constitucional, el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.]1. Los artículos 24, fracción VII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa, determinadas en la impresión de determinación de pago exhibida por la quejosa previstas en el artículo 24, fracción VII, de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. . Sin que sea necesario requerir a las autoridades responsables por la devolución del concepto "comisión bancaria", en razón de que éste, así como el precepto normativo que lo sustenta no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa. [.]". En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, mediante la cual confirmó la sentencia de amparo; por lo cual, se requirió por el cumplimiento a la misma. En ese sentido, el veintidós de julio de dos mil veintiuno, el Delegado del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que se había desincorporado de la esfera jurídica del quejoso los preceptos 24, fracción VII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; además, dicho delegado acreditó la transferencia efectuada al justiciable, de la que se advierte que devolvió la cantidad de $21,618.68 (veintiún mil seiscientos dieciocho pesos 68/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $19,796.44 (diecinueve mil setecientos noventa y seis pesos 44/100 moneda nacional); sin embargo, a ésta cantidad debe descontarse $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), relativos a la comisión bancaria, que no fue motivo de la concesión del amparo; sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta de abril de dos mil diecinueve y el veinte de julio del año que transcurre, se realizó la transferencia bancaria a la parte quejosa. Por lo que, el período de actualización comprende del mes de marzo de dos mil diecinueve al mes de junio de esta anualidad. Por tanto, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de junio del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo del año próximo pasado fue de 103.476; y para el mes de junio de este año de 113.018. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.092214619815223. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $19,793.44 (diecinueve mil setecientos noventa y tres pesos 44/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $21,618.68 (veintiún mil seiscientos dieciocho pesos 68/100 moneda nacional); se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $1,825.24 (un mil ochocientos veinticinco pesos 24/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $21,618.68 (veintiún mil seiscientos dieciocho pesos 68/100 moneda nacional). Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección federal, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este juzgado federal el veintidós de julio de dos mil veintiuno, el Delegado del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia emitida dentro del presente sumario constitucional, el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.]1. Los artículos 24, fracción VII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa, determinadas en la impresión de determinación de pago exhibida por la quejosa previstas en el artículo 24, fracción VII, de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. . Sin que sea necesario requerir a las autoridades responsables por la devolución del concepto "comisión bancaria", en razón de que éste, así como el precepto normativo que lo sustenta no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa. [.]". En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, mediante la cual confirmó la sentencia de amparo; por lo cual, se requirió por el cumplimiento a la misma. En ese sentido, el veintidós de julio de dos mil veintiuno, el Delegado del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que se había desincorporado de la esfera jurídica del quejoso los preceptos 24, fracción VII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; además, dicho delegado acreditó la transferencia efectuada al justiciable, de la que se advierte que devolvió la cantidad de $21,618.68 (veintiún mil seiscientos dieciocho pesos 68/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $19,796.44 (diecinueve mil setecientos noventa y seis pesos 44/100 moneda nacional); sin embargo, a ésta cantidad debe descontarse $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), relativos a la comisión bancaria, que no fue motivo de la concesión del amparo; sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta de abril de dos mil diecinueve y el veinte de julio del año que transcurre, se realizó la transferencia bancaria a la parte quejosa. Por lo que, el período de actualización comprende del mes de marzo de dos mil diecinueve al mes de junio de esta anualidad. Por tanto, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de junio del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo del año próximo pasado fue de 103.476; y para el mes de junio de este año de 113.018. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.092214619815223. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $19,793.44 (diecinueve mil setecientos noventa y tres pesos 44/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $21,618.68 (veintiún mil seiscientos dieciocho pesos 68/100 moneda nacional); se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $1,825.24 (un mil ochocientos veinticinco pesos 24/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $21,618.68 (veintiún mil seiscientos dieciocho pesos 68/100 moneda nacional). Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección federal, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio signado por el delegado de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte promovente del amparo con el oficio y anexos de cuenta, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio constitucional, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. NOTIFÍQUESE Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio signado por el delegado de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte promovente del amparo con el oficio y anexos de cuenta, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio constitucional, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. NOTIFÍQUESE Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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