Edson Saul Altamirano Gutierrez
Expediente 991/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 991/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 25/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Edson Saul Altamirano Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
S E N T E N C I A: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 991/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Edson Saúl Altamirano Gutiérrez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito recibido el doce de octubre de dos mil veintiuno -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y que cuenta con la evidencia criptográfica del promovente, que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y previo desahogo de prevención; Edson Saúl Altamirano Gutiérrez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos de 1. Francisco Marroquín Arredondo, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Del Centro Penal Federal en el Estado de Puebla y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías, violados, los contenidos en los artículos 1, 11, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución General de la República; así como los artículos 3, 9, 11, 12 y 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 2, 9, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los consagrados en los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno (fojas 8 a 15), la demanda promovida por Edson Saúl Altamirano Gutiérrez, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 991/2021 y se previno al quejoso para que precisara lo siguiente: ... Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Esta sentencia no se ocupa de las autoridades que se tuvieron por inexistentes, en términos del considerando tercero. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Edson Saúl Altamirano Gutiérrez, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando cuarto del propio fallo. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, once de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos, intégrense a los autos las copias para conocimiento de los oficios signados por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de la que se aprecia que envió los comunicados 1312-29 y 1350-29, al Coordinador General de Asuntos Jurídicos de esa institución, para que se imponga de su contenido; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. I. INFORME JUSTIFICADO. Intégrese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: 7. Juez de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las regiones judiciales del Estado de Puebla, Daniel Iván Cruz Luna, por sí y en representación de las diversas autoridades: 8 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, 9. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, Enrique López Criollo, 10. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, Aarón Hernández Chino, 11. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, Rosalva Elena Zárate Herrera, 12. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, Javier Vázquez Fernández, 13. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, Idalia Arciniega Arias, 14. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, Rosa Aurora Espejel Prado, 15. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, María Guadalupe Muñoz Pérez, 16. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, Mirian Huerta Lechuga, 17. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, Magally Escamilla Rodríguez, 18. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, Ana Alicia Ponce Frías, 19. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, José Álvaro Sarmiento Márquez, y 20. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, Karla Ivonne Munguía Olmos; asimismo del 21. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla, David Rodríguez González; y, 22. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla, Karla Patricia Ambrocio Vargas; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente durante el desahogo de la audiencia constitucional. II. AUTORIDAD INEXISTENTE. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado al quejoso Edson Saúl Altamirano Gutiérrez, en proveído de veintisiete de octubre del año en curso para que manifestara lo que a su interés considerara conveniente respecto de la autoridad que denominó: 34. Titular de la Unidad de Investigación Complejo Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Puebla; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y se tiene por inexistente a la misma, por lo que se excluye de la materia de este juicio de amparo. En consecuencia, se ordena suspender cualquier comunicación procesal con la misma. III. DIFERIMIENTO ANTICIPADO. Finalmente, toda vez que la audiencia constitucional en este juicio de amparo se encuentra señalada para las nueve horas con treinta y ocho minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, resulta evidente que no habrán transcurrido los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada a las partes en este asunto con el informe de cuenta conforme lo prevé el propio ordinal 117 de la Ley de la materia. En tales condiciones, la audiencia constitucional se difiere anticipadamente, y en su lugar se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante, se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten.". Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes...
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo promovida por Edson Saúl Altamirano Gutiérrez, así como el auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno (suspensión provisional), e informes previos de las autoridades responsables que así lo hicieron. Y da cuenta, con el estado procesal que guardan las presentes actuaciones. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Asimismo, del estado procesal de autos, se colige que mediante proveídos de veinticinco, veintiséis y veintisiete, todos de octubre del actual, se reservó proveer respecto de las razones asentadas por los actuarios judiciales de la adscripción, hasta la fecha de la celebración de la audiencia incidental; por lo que cumplida dicha condición, se provee: En tales condiciones, se tienen por inexistentes a las autoridades responsables siguientes: "25. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, 26. TITULAR DE LA FISCALÍA METROPOLITANA CENTRO NORTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, 27. TITULAR DE LA FISCALÍA METROPOLITANA CENTRO SUR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, 28. TITULAR DE LA FISCALÍA METROPOLITANA CENTRO PONIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, 32. TITULAR DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN INMEDIATA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, 33. TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO E INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, 34. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN COMPLEJO METROPOLITANO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, 36. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA y 42. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA" Por lo que, se ordena suspender cualquier comunicación oficial con ellas; sin perjuicio de lo que se acuerde en el expediente principal del que deriva la presente incidencia. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; a lo anterior el Juez de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. A lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Finalmente, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 991/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Edson Saúl Altamirano Gutiérrez; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Edson Saúl Altamirano Gutiérrez, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previa reserva, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: - La orden de detención, aprehensión, arraigo o arresto, librada en contra de la aquí peticionaria de amparo; y, - Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. Oficio Autoridad responsable. Sentido del informe. 1. FRANCISCO MARROQUÍN ARREDONDO, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA NIEGA 2. MARCELA ELIZABHET GARCÍA CANTE, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA NIEGA 3. MARCO ANTONIO MENESES AGUILAR, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA NIEGA 4. LUIS EDUARDO JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA NIEGA 5. MILTON MOCTEZUMA VEGA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA NIEGA 6. FRANCISCO RUBÉN MARTÍNEZ IÑIGUEZ, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA NIEGA 7. DANIEL IVÁN CRUZ LUNA, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DE TODAS LAS REGIONES JUDICIAL DEL ESTADO. NIEGA 8. ADRIANA DE LOURDES MARTÍNEZ JIMÉNEZ; JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA NIEGA 9. ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA NIEGA 10. AARÓN HERNÁNDEZ CHINO; JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA NIEGA 11. ROSALVA ELENA ZÁRATE HERRERA; JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. NIEGA 12. JAVIER VÁZQUEZ FERNÁNDEZ; JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. NIEGA 13. IDALIA ARCINIEGA ARIAS, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. NIEGA 14. ROSA AURORA ESPEJEL PRADO, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA NIEGA 15. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ PÉREZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. NIEGA 16. MIRIAN HUERTA LECHUGA, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. NIEGA 17. MAGALLY ESCAMILLA RODRÍGUEZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. NIEGA 18. ANA ALICIA PONCE FRÍAS, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. NIEGA 19. JOSÉ ALVARADO SARMIENTO MÁRQUEZ; JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. NIEGA 20. KARLA IVONNE MUNGUÍA OLMOS, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. NIEGA 21. DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA. NIEGA 22. KARLA PATRICIA AMBROCIO VARGAS, JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA. NIEGA 23. DELEGADO ESTATAL EN PUEBLA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NIEGA 24. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA NIEGA 29. TITULAR DE LA FISCALÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA NIEGA 30. TITULAR DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA NIEGA 31. TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA NIEGA 35. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CENTRO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA NIEGA 37. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NORTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA NIEGA 38. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN SUR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA NIEGA 39. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PONIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA NIEGA 40. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA NIEGA 41. UNIDAD DE ORIENTACIÓN, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN INMEDIATA DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA NIEGA 43. DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. NIEGA 44. DIRECTOR DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA NIEGA CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Del cuadro precedente se advierte que las autoridades responsables al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Edson Saúl Altamirano Gutiérrez, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA; Y, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, ASÍ COMO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.
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