Edmundo Tiro Moranchel
Expediente 482/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 482/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Edmundo Tiro Moranchel
- HEBER GUTIERREZ MORALES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, trascurrió del catorce de noviembre al cinco de diciembre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea el caso requerir a las partes para que recojan documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en apoyo a sus informes justificados, devuélvanseles los anexos I y II, y requiéraseles para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO Heber Gutiérrez Morales, Inés Ortíz Olguín y Julio César Cazarez Gutiérrez, por conducto de la Asesora Jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de la República (Licenciada María Janet De la Cruz García)LA RESOLUCIÓN DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el catorce de julio de dos mil diecisiete (fojas 111 a 144), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: "DÉCIMO PRIMERO. Efectos de la concesión. Procede conceder el amparo al quejoso Edmundo Tiro Moranchel, para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: * Deje insubsistente la orden de aprehensión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en la causa penal 8/2015, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso EDMUNDO TIRO MORANCHEL, y con libertad de jurisdicción, emita otra resolución en la que funde y motive su competencia y, realice lo siguiente: a) Pronuncie una nueva resolución en la que, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, establezca que en el caso y atento las consideraciones expuestas, únicamente por lo que respecta al ahora quejoso EDMUNDO TIRO MORANCHEL, se actualiza la figura jurídica de la prescripción penal, y proceda a negar la orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público, sólo por lo que hace a los agraviados Hebert Gutiérrez Morales y Julio César Cazarez Gutiérrez (ÚNICAMENTE RESPECTO A LOS CONTRATOS CITADOS EN EL CONSIDERANDO NOVENO DE ESTE FALLO, esto es, respecto de Hebert Gutiérrez Morales, el contrato de ocho de enero de dos mil nueve, y de Julio César Cazarez Gutiérrez, en lo referente a los contratos de veintiséis de marzo y veintisiete de mayo, ambos de dos mil ocho, y sus respectivas renovaciones en caso de que hubiere), pues respecto de ellos ha prescrito su derecho a querellarse. Asimismo, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada emita otra resolución en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: b) Deberá realizar el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico, ya que se trata de un tipo penal complejo que comprende varias hipótesis normativas que son excluyentes en su integración, por lo que precisará en concreto cuál es la hipótesis que en sí se demuestra, esto es, si el activo engañó al pasivo o se aprovechó del error en que este se encontraba; y si el inculpado se hizo ilícitamente de alguna cosa, es decir, de bienes muebles corporales, de naturaleza física, o si alcanzó un lucro indebido, esto es, cualquier ilícito benéfico, utilidad o ganancia económicas; y estudiar todo el caudal probatorio, para establecer con qué medios de prueba se acreditan cada uno de los elementos materiales constitutivos del cuerpo del delito; c) Especificará las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció el ilícito que se incrimina al quejoso, esto es, el delito de fraude genérico, ya que no precisó como es que aconteció respecto de cada uno de los agraviados, pues es evidente que cada uno de ellos realizó su inversión de dinero en diferentes fechas y respecto de distintos montos, por lo que el juez penal deberá especificar las fechas precisas en que se realizó la inversión y el monto total de lo invertido, por cada uno de los querellantes, tomando en consideración que el derecho de los agraviados Hebert Gutiérrez Morales y Julio César Cazarez Gutiérrez a querellarse prescribió (sólo respecto a algunos contratos y sus renovaciones); d) Explicará de manera fundada y motivada a cuánto asciende el salario mínimo vigente en la época y lugar de los hechos imputados al quejoso, lo cual resulta importante para, en su caso, poder encuadrar su conducta en lo dispuesto en las diversas fracciones del artículo 403 del Código Penal para el Estado de Puebla; además, deberá tomar en consideración que el derecho de los agraviados Hebert Gutiérrez Morales y Julio César Cazarez Gutiérrez a querellarse prescribió (sólo respecto a algunos contratos y sus renovaciones), por lo que es inconcuso que el monto de lo defraudado sufrirá una variación considerable; y, e) Establecerá cuál es el grado de participación del ahora quejoso en la comisión del delito imputado (como podría ser autor material, copartícipe, auxiliador, entre otros supuestos), es decir, cuál es la conducta en concreto que realizó el aquí quejoso, y de qué manera contribuyó para la actualización del ilícito, ya que no resulta suficiente que haya citado en la resolución reclamada de manera genérica lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla. (.) Asimismo, debe decirse que se reserva plenitud de jurisdicción al juez penal responsable para que, en su caso, si fuere procedente, reclasifique el delito por el cual se ejerció la acción penal, sin alterar los hechos materia de la consignación, y se continúe la instrucción, ya que como se analizó, operó la prescripción penal respecto a algunos querellantes (sólo respecto a algunos contratos), lo que evidentemente trae consigo que la conducta del quejoso pueda ubicarse en una diversa fracción del artículo 403 del Código Penal del Estado, a la inicialmente considerada. (.) Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida." Determinación que en auto de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete causó ejecutoria (fojas 172 a 174), por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable. Ahora bien, mediante oficio 7246 de uno de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 181 a 190), el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal 08/2015 de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, únicamente por cuanto hace al quejoso Edmundo Tiro Moranchel. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, y siguiendo los lineamientos establecidos de la ejecutoria de amparo, estableció que se actualiza la figura de la prescripción penal, y procedió a negar la orden de aprehensión solicitada por el representante social sólo por cuanto hace a los agraviados Hebert Gutiérrez Morales y Julio César Cazarez Gutiérrez (respecto de Hebert Gutiérrez Morales, el contrato de ocho de enero de dos mil nueve, y de Julio César Cazarez Gutiérrez, en lo referente a los contratos de veintiséis de marzo y veintisiete de mayo, ambos de dos mil ocho, y sus respectivas renovaciones en caso de que hubiere), pues respecto de ellos ha prescrito su derecho a querellarse. - Asimismo, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a librar orden de aprehensión contra el quejoso Edmundo Tiro Moranchel, en su carácter de socio y accionista fundador, de la persona moral denominada "Servicios Inmobiliarios y de Computación", Sociedad Anónima de Capital Variable, conocida como "GRUPO SITMA", respecto del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción II, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Julio César Cázarez Gutiérrez; fraude genérico previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción III, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Inés Ortiz Olguín; respecto del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Hebert Gutiérrez Morales. Determinación en la cual, desglosó los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico, estableciendo los medios de prueba con los cuales se acredita cada uno, precisando la hipótesis que refiere se acredita, esto es, que el activo se aprovechó del error en que se encontraba el sujeto pasivo; así como que el inculpado se hizo ilícitamente de alguna cosa, es decir, alcanzó un lucro indebido. De igual forma, especificó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció el ilícito que se incrimina al quejoso, respecto de cada uno de los agraviados. Explicó a cuánto ascendía el salario mínimo vigente en la época y lugar de los hechos imputados al quejoso, encuadrando la conducta del amparista en lo dispuesto en las diversas fracciones del artículo 403 del Código Penal para el Estado de Puebla. Estableció el grado de participación del ahora quejoso en la comisión del delito imputado, así como la conducta en concreto que realizó, al ser socio y accionista fundador de la empresa afecta, y haber intervenido en la realización del delito de fraude genérico que se le imputa, esto al tener conocimiento de que la empresa no regresaría el numerario invertido por los pasivos, y al dar instrucciones a los empleados de la empresa que tenían contacto directo con el público de convencerlos de investir su dinero; encuadrando dicha conducta en términos del artículo 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla. Por otro lado, en proveído de uno de septiembre de dos mil diecisiete (foja 180), se tuvo a la Directora de Mandamientos Judiciales en representación del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, informando que dejó sin efectos la orden de aprehensión reclama de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, librada en la causa penal 08/2015 del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el catorce de julio de dos mil diecisiete (fojas 111 a 144), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: "DÉCIMO PRIMERO. Efectos de la concesión. Procede conceder el amparo al quejoso Edmundo Tiro Moranchel, para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: * Deje insubsistente la orden de aprehensión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en la causa penal 8/2015, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso EDMUNDO TIRO MORANCHEL, y con libertad de jurisdicción, emita otra resolución en la que funde y motive su competencia y, realice lo siguiente: a) Pronuncie una nueva resolución en la que, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, establezca que en el caso y atento las consideraciones expuestas, únicamente por lo que respecta al ahora quejoso EDMUNDO TIRO MORANCHEL, se actualiza la figura jurídica de la prescripción penal, y proceda a negar la orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público, sólo por lo que hace a los agraviados Hebert Gutiérrez Morales y Julio César Cazarez Gutiérrez (ÚNICAMENTE RESPECTO A LOS CONTRATOS CITADOS EN EL CONSIDERANDO NOVENO DE ESTE FALLO, esto es, respecto de Hebert Gutiérrez Morales, el contrato de ocho de enero de dos mil nueve, y de Julio César Cazarez Gutiérrez, en lo referente a los contratos de veintiséis de marzo y veintisiete de mayo, ambos de dos mil ocho, y sus respectivas renovaciones en caso de que hubiere), pues respecto de ellos ha prescrito su derecho a querellarse. Asimismo, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada emita otra resolución en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: b) Deberá realizar el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico, ya que se trata de un tipo penal complejo que comprende varias hipótesis normativas que son excluyentes en su integración, por lo que precisará en concreto cuál es la hipótesis que en sí se demuestra, esto es, si el activo engañó al pasivo o se aprovechó del error en que este se encontraba; y si el inculpado se hizo ilícitamente de alguna cosa, es decir, de bienes muebles corporales, de naturaleza física, o si alcanzó un lucro indebido, esto es, cualquier ilícito benéfico, utilidad o ganancia económicas; y estudiar todo el caudal probatorio, para establecer con qué medios de prueba se acreditan cada uno de los elementos materiales constitutivos del cuerpo del delito; c) Especificará las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció el ilícito que se incrimina al quejoso, esto es, el delito de fraude genérico, ya que no precisó como es que aconteció respecto de cada uno de los agraviados, pues es evidente que cada uno de ellos realizó su inversión de dinero en diferentes fechas y respecto de distintos montos, por lo que el juez penal deberá especificar las fechas precisas en que se realizó la inversión y el monto total de lo invertido, por cada uno de los querellantes, tomando en consideración que el derecho de los agraviados Hebert Gutiérrez Morales y Julio César Cazarez Gutiérrez a querellarse prescribió (sólo respecto a algunos contratos y sus renovaciones); d) Explicará de manera fundada y motivada a cuánto asciende el salario mínimo vigente en la época y lugar de los hechos imputados al quejoso, lo cual resulta importante para, en su caso, poder encuadrar su conducta en lo dispuesto en las diversas fracciones del artículo 403 del Código Penal para el Estado de Puebla; además, deberá tomar en consideración que el derecho de los agraviados Hebert Gutiérrez Morales y Julio César Cazarez Gutiérrez a querellarse prescribió (sólo respecto a algunos contratos y sus renovaciones), por lo que es inconcuso que el monto de lo defraudado sufrirá una variación considerable; y, e) Establecerá cuál es el grado de participación del ahora quejoso en la comisión del delito imputado (como podría ser autor material, copartícipe, auxiliador, entre otros supuestos), es decir, cuál es la conducta en concreto que realizó el aquí quejoso, y de qué manera contribuyó para la actualización del ilícito, ya que no resulta suficiente que haya citado en la resolución reclamada de manera genérica lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla. (.) Asimismo, debe decirse que se reserva plenitud de jurisdicción al juez penal responsable para que, en su caso, si fuere procedente, reclasifique el delito por el cual se ejerció la acción penal, sin alterar los hechos materia de la consignación, y se continúe la instrucción, ya que como se analizó, operó la prescripción penal respecto a algunos querellantes (sólo respecto a algunos contratos), lo que evidentemente trae consigo que la conducta del quejoso pueda ubicarse en una diversa fracción del artículo 403 del Código Penal del Estado, a la inicialmente considerada. (.) Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida." Determinación que en auto de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete causó ejecutoria (fojas 172 a 174), por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable. Ahora bien, mediante oficio 7246 de uno de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 181 a 190), el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal 08/2015 de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, únicamente por cuanto hace al quejoso Edmundo Tiro Moranchel. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, y siguiendo los lineamientos establecidos de la ejecutoria de amparo, estableció que se actualiza la figura de la prescripción penal, y procedió a negar la orden de aprehensión solicitada por el representante social sólo por cuanto hace a los agraviados Hebert Gutiérrez Morales y Julio César Cazarez Gutiérrez (respecto de Hebert Gutiérrez Morales, el contrato de ocho de enero de dos mil nueve, y de Julio César Cazarez Gutiérrez, en lo referente a los contratos de veintiséis de marzo y veintisiete de mayo, ambos de dos mil ocho, y sus respectivas renovaciones en caso de que hubiere), pues respecto de ellos ha prescrito su derecho a querellarse. - Asimismo, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a librar orden de aprehensión contra el quejoso Edmundo Tiro Moranchel, en su carácter de socio y accionista fundador, de la persona moral denominada "Servicios Inmobiliarios y de Computación", Sociedad Anónima de Capital Variable, conocida como "GRUPO SITMA", respecto del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción II, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Julio César Cázarez Gutiérrez; fraude genérico previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción III, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Inés Ortiz Olguín; respecto del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Hebert Gutiérrez Morales. Determinación en la cual, desglosó los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico, estableciendo los medios de prueba con los cuales se acredita cada uno, precisando la hipótesis que refiere se acredita, esto es, que el activo se aprovechó del error en que se encontraba el sujeto pasivo; así como que el inculpado se hizo ilícitamente de alguna cosa, es decir, alcanzó un lucro indebido. De igual forma, especificó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció el ilícito que se incrimina al quejoso, respecto de cada uno de los agraviados. Explicó a cuánto ascendía el salario mínimo vigente en la época y lugar de los hechos imputados al quejoso, encuadrando la conducta del amparista en lo dispuesto en las diversas fracciones del artículo 403 del Código Penal para el Estado de Puebla. Estableció el grado de participación del ahora quejoso en la comisión del delito imputado, así como la conducta en concreto que realizó, al ser socio y accionista fundador de la empresa afecta, y haber intervenido en la realización del delito de fraude genérico que se le imputa, esto al tener conocimiento de que la empresa no regresaría el numerario invertido por los pasivos, y al dar instrucciones a los empleados de la empresa que tenían contacto directo con el público de convencerlos de investir su dinero; encuadrando dicha conducta en términos del artículo 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla. Por otro lado, en proveído de uno de septiembre de dos mil diecisiete (foja 180), se tuvo a la Directora de Mandamientos Judiciales en representación del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, informando que dejó sin efectos la orden de aprehensión reclama de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, librada en la causa penal 08/2015 del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de veintinueve de agosto pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Edmundo Jesus Ramirez Sanchez23/2021
- Edmundo Mesta Castillo34/2021
- Edmundo Morales Vega1701/2016
- Edmundo Tiro Moranchel481/2017
- Edmundo Tiro Moranchel480/2017
- Edmundo Tiro Moranchel483/2017
- Edson Saul Altamirano Gutierrez991/2021
- Edtna Lizbeth Roldan Salamanca872/2022
- Eduarda Benavides Soto201/2021
- EDUARDA RODRIGUEZ GOMEZ y Otros.1464/2016
- EDUARDO AGUIRRE SANCHEZ y Otros.1806/2016
- Eduardo Antonio Perez Balbuena1233/2015