Edmundo Mesta Castillo

Expediente 34/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
34/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Edmundo Mesta Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente Edmundo Mesta Castillo y Mario Flores Sánchez interpusiera recurso de queja, en contra del auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo de referencia (1/2009). Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS. Mediante Circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, de treinta de enero y seis de febrero de dos mil veintiuno, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en esas fechas, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado Propuesta de medidas que deben adoptarse del uno al nueve y del diez al quince, todos del mes de febrero de la presente anualidad, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en el que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 -en lo subsecuente AG 13/2020-. Tales medidas implican que se daría trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad; asimismo, que se recibirán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones. De manera que para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales. Las medidas adoptadas en la citada sesión extraordinaria, tendrían vigencia del uno al nueve y del diez al quince, todos del mes de febrero de la presente anualidad. En atención a ello, en el presente asunto se suspendieron los plazos y términos a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno, por la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-COV2 y permanecieron suspendidos hasta el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, ante la imposibilidad de proseguir su tramitación a través de medios electrónicos o a través del esquema de juicio "en línea". Ahora bien, mediante Circular SECNO/10/2021, dirigida al público en general, al personal jurisdiccional y de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, signada electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer que en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, en cumplimiento a lo instruido en la fracción II de dicha Circular, en relación a los Circuitos Judiciales no incluidos en la fracción I, se determinó: 1. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. En ese sentido, como el periodo de suspensión decretado ha fenecido, hágase saber a las partes que a partir de esta fecha queda levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada el uno de febrero de dos mil veintiuno, en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Reitérese a las partes que el levantamiento de la suspensión operará hasta que se notifique a las partes emplazadas el presente acuerdo, por lo que el cómputo de los plazos concedidos a cada una de ellas se reanudará a partir del punto en que quedó pausado y de que surta efectos la notificación de esta determinación. Establecido lo anterior, se acuerda: Vista la certificación secretarial de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha de este proveído, transcurrió el término de cinco días concedido a los quejosos Edmundo Mesta Castillo y Mario Flores Sánchez, para que acatara la prevención que se le formuló en auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno. En consecuencia, al no cumplir con el requerimiento preventivo formulado en autos, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó al promovente en dicho acuerdo y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo con la que se formó este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFICACIÓN PERSONAL A LOS QUEJOSOS. Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique al quejoso en el domicilio convencional indicado en la demanda de amparo, por conducto de su autorizado en términos amplios, el presente auto, para lo cual, el funcionario deberá ceñirse a lo dispuesto en los artículos 2, fracción III, y 23 del Acuerdo General 21/2020. No ha lugar a ordenar la diligencia de notificación en el lugar en donde los quejosos se encuentran privados de su libertad -Centro de Reinserción de la ciudad de Puebla-, pues en el proemio de la demanda de amparo se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran por la vía señalada para tal efecto, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que el personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2020992, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.P.21 K (10a.), Página: 2436)." Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2014483, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, Tesis: VI.2o.P.40 P (10a.), Página: 2986)." Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por conducto de su autorizado procesal.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia ocasionada por la propagación del virus COVID-19, mediante Acuerdo General 8/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal implementó -entre otras cuestiones no menos importantes- un nuevo esquema de operación en el ámbito jurisdiccional, en el que se privilegió la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, a la vez que se inició una primera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional a mayor escala. Esquema de trabajo que se estableció durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Uno de los puntos que se acordaron consistió en el levantamiento de la suspensión de plazos y términos procesales, única y exclusivamente para el trámite, estudio y resolución de aquellos casos que se hubieren tramitado mediante juicio "en línea", derivado del implemento -como eje rector- de la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, considerando que durante la etapa de contingencia se podría actualizar el mayor número de contagios por COVID-19 y, a la vez, el aseguramiento de la existencia de mecanismos de acceso a la justicia ante posibles violaciones de los derechos humanos, en términos de las disposiciones del capítulo III de dicho acuerdo plenario. Asimismo, el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante Acuerdo General 10/2020 de veinticinco de mayo de dos mil veinte, decidió ampliar el plazo de vigencia del citado acuerdo 8/2020 al quince de junio de dos mil veinte, a fin de garantizar la continuidad y mejor funcionamiento del esquema de trabajo implementado y, así, mantener la impartición de justicia a nivel federal dentro de los esquemas efectuados frente a la emergencia sanitaria. Sin embargo, en atención a la continuada prolongación del período de contingencia sanitaria, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 13/2020, a través del cual -entre otras cuestiones no menos trascendentes- fortaleció el nuevo esquema de operación en el ámbito jurisdiccional, manteniendo como eje rector la adopción de medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, pero dando paso a una segunda etapa de restablecimiento de la actividad jurisdiccional a mayor escala, como la nueva posibilidad de recibir asuntos presentados por medios electrónicos. Esquema renovado que se estableció durante el período del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte, que entró en vigor a partir del primer día de dicho período, tal como se desprende de su artículo primero transitorio. Así mismo, el veinticinco de junio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo emitió el Acuerdo General 15/2020, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid 19, en relación con el periodo de vigencia, en donde en el punto único de dicho Acuerdo, artículo 1. Esquema de contingencia se señaló que con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se amplió el período de vigencia al quince de julio de dos mil veinte; que entró en vigor al siguiente día de su aprobación; esto es, el veintiséis de junio de dos mil veinte. Que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid-19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período; Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el veintiuno de octubre de dos mil veinte, se emitió el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Conejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del mismo del tres de agosto de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que mediante circular CAP/3/2020, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, emitida el veinte de diciembre de dos mil veinte, se establece que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos con las salvedades de los asuntos que se califiquen como urgentes, ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Ahora, de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el catorce de enero dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida el día hábil siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de Partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; pero sin que a la fecha se haya remitido el documento físico de la demanda a este juzgado. No obstante lo anterior, de la boleta de turno correspondiente, se advierte que el servidor público responsable de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, asentó que la demanda -con la que se dará cuenta-, fue presentada sin anexos y contiene firma. Atento a lo anterior, si bien este órgano jurisdiccional, a la presente fecha, no ha recibido el documento físico de la demanda de amparo, lo cierto es que se tiene certeza sobre su contenido y que la misma cuenta con firma autógrafa, por lo que, a efecto de no irrogar perjuicio al peticionario de amparo y evitar dilaciones procesales, en observancia a la garantía de pronta y expedita administración de justicia, consagrada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la impresión del archivo digital remitido por la Oficina de Correspondencia Común, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 34/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado; y, en su oportunidad, una vez que sea remitido a este órgano de control constitucional el documento físico de la demanda, intégrese al expediente para que surta los efectos legales conducentes. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracciones III y V, y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes Edmundo Mesta Castillo y Mario Flores Sánchez, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente bajo protesta de decir verdad: PRIMERO. Precise qué jueces de control señala como autoridades responsables, pues la parte quejosa en su demanda de amparo únicamente refirió lo siguiente: "3. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. 4. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA." Así, para estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, debe precisarse su denominación correcta o nombre completo del juez de control responsable, como en el caso ocurre, pues esta autoridad Federal no puede presumirla, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a la autoridad responsable su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales. Lo anterior es así, pues resultan imprecisas las denominaciones señaladas por la parte quejosa, ya que de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para el suscrito juez de Distrito que en las regiones judiciales mencionadas por el quejoso, existen más de un juez de control; por lo que, los quejosos deberán de precisar la denominación correcta y exacta de cada una de las autoridades que pretenden señalar como responsables. Similar criterio sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 123/2019 de su índice. SEGUNDO. Bajo protesta de decir verdad, precisen la fecha en que tuvieron conocimiento de los actos reclamados. Ello es así, pues del contenido integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte promovente, fue omisa en indicar desde qué fecha tuvieron conocimiento de los actos reclamados, pues únicamente refirieron: "(.) sin embargo han llegado a oídos de nuestros familiares, que al momento de ser puestos en libertad "previa audiencia ante el Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla", se presentaran a las afueras del Centro de Justicia de la Ciudad de Puebla, elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para ejecutar sobre nuestras personas, una orden de aprehensión para privarnos de nuestra libertad personal, razón por la cual comparecemos en este acto a fin de solicitar (.)" Sin embargo, no dan certeza de cuándo los quejosos se enteraron de que existe una orden de aprehensión en su contra; lo que hace que ésta sea obscura e imprecisa. En consecuencia, la parte quejosa deberá precisar la fecha en que tuvo conocimiento de lo anterior; resultando indispensable aclarar para proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Esto es así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, pues es obligación de la parte inconforme manifestar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, lo cual debe hacer con sujeción a la verdad sin afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con la demanda de amparo que se estudia. Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Signifíquese a la parte promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él mismo, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO. Toda vez que los quejosos manifestaron estar recluidos en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario. Téngase como domicilio de la parte quejosa, el que refiere en su escrito de demanda para efecto de recibir notificaciones. Sin que haya lugar a tener el correo electrónico ni el número telefónico que proporciona como medios para recibir notificaciones, al no encontrarse previstos en la Ley de Amparo; sin embargo, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con su similar 18/2020 (este último por cuanto hace a su período de vigencia), ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse dichos medios, únicamente para establecer un contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentar promociones ni notificarse por ese medio y solo en casos excepcionales. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Flavio Alberto Carro Poblano, ya que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según se advierte de la página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx. REPRESENTANTE COMÚN. Téngase como representante común de las quejosas a Edmundo Mesta Castillo, por así haberlo designado la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LOS QUEJOSOS. Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique al quejoso en el domicilio convencional indicado en la demanda de amparo, por conducto de su autorizado en términos amplios, el presente auto, para lo cual, el funcionario deberá ceñirse a lo dispuesto en los artículos 2, fracción III, y 23 del Acuerdo General 21/2020. No ha lugar a ordenar la diligencia de notificación en el lugar en donde los quejosos se encuentran privados de su libertad -Centro de Reinserción de la ciudad de Puebla-, pues en el proemio de la demanda de amparo se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran por la vía señalada para tal efecto, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que el personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2020992, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.P.21 K (10a.), Página: 2436)." Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2014483, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, Tesis: VI.2o.P.40 P (10a.), Página: 2986)." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En diverso aspecto, por cuanto hace a la solicitud en el sentido de autorizarle el uso de los medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Así mismo, debe indicarse a la autoridad oficiante, que para la hipótesis de que se solicite copiar a través de los medios citados, sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista, en este caso, a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Cobran aplicación las siguientes tesis: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se requiera la utilización de medios electrónicos autorizados -como acontece en el presente asunto- que requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO EN LÍNEA. Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por conducto de su autorizado procesal.

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