Edmundo Briones Garcia
Expediente 599/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 599/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 07/08/2023
Partes del expediente
- Edmundo Briones Garcia
- Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, el auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no fue recurrido por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno incidental es conservable, por lo que una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción del expediente principal y transferencia del cuaderno incidental, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por las partes, no es necesario requerirlas para que los recojan. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, los anexos de pruebas I y II, que se formó con las constancias que remitió en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de treinta de marzo del presente año, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Litis constitucional. Visto el estado procesal que guardan los autos, de las constancias que obran, se advierten los datos siguientes: Parte quejosa. *** Tercera interesada. *** Autoridades responsables. Juez Quito de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla; y Directora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla. Actos reclamados. La dilación procesal de dar cumplimiento al acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, por el que se fijó un régimen de convivencia y visitas entre el quejoso y su menor hijo C.T.B.C., en la modalidad supervisada y con el acompañamiento del personal especializado del Centro de Convivencia Familiar del Estado, dentro del expediente 1535/2021, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. La omisión de la Directora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, en dar cumplimiento al requerimiento veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez responsable, en el juicio de origen. Sobreseimiento fuera de audiencia Sentado lo anterior, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Bajo esa óptica jurídica, se reitera que en la especie la justiciable reclama lo siguiente: La dilación procesal de dar cumplimiento al acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, por el que se fijó un régimen de convivencia y visitas entre el quejoso y su menor hijo C.T.B.C., en la modalidad supervisada y con el acompañamiento del personal especializado del Centro de Convivencia Familiar del Estado, dentro del expediente 1535/2021, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla; y La omisión de la Directora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, en dar cumplimiento al requerimiento veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez responsable, en el juicio de origen. Cesación de efectos del acto precisado en el inciso a). Ahora bien, de las constancias en copia certificada que remitió el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla al rendir su informe justificado, se advierte que mediante su acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 1535/2021, de su índice, ordenó dar cumplimiento al régimen de convivencia y visitas entre el quejoso y su menor hijo G.T.B.C., en la modalidad supervisada y con el acompañamiento del personal especializado del Centro de Convivencia Familiar del Estado. En ese sentido, de las constancias que remitió el Titular del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se advierte que designó a Francisco Javier Ortega Ricardez, como profesionista encargado de supervisar las referidas visitas, las cuales iniciaron desde el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, conforme a los resultados siguientes: Fecha de la convivencia Resultado 24 de abril de 2023 No se llevan a cabo, solo comparece el quejoso. 26 de abril de 2023 28 de abril de 2023 03 de mayo de 2023 08 de mayo de 2023 12 de mayo de 2023 19 de mayo de 2023 22 de mayo de 2023 05 de junio de 2023 Se llevan a cabo, dado que si comparece el niño G.T.B.C. y convive con su padre no custodio. 07 de junio de 2023 09 de junio de 2023 12 de junio de 2023 No se llevan a cabo, solo comparece el quejoso. 14 de junio de 2023 16 de junio de 2023 21 de junio de 2023 Se llevan a cabo, dado que si comparece el niño G.T.B.C. y convive con su padre no custodio 23 de junio de 2023 26 de junio de 2023 28 de junio de 2023 30 de junio de 2023 En ese orden de ideas, resulta evidente que las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias, han dado cumplimiento al régimen de convivencia y visitas entre el quejoso y su menor hijo C.T.B.C., en la modalidad supervisada y con el acompañamiento del personal especializado del Centro de Convivencia Familiar del Estado, motivo por el cual los efectos de la dilación reclamada. Cesación de efectos del acto precisado en el inciso b). Para corroborar la actualización de la causa de improcedencia invocada respecto del segundo acto reclamado, es importante puntualizar que mediante acuerdo del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez responsable, se requirió al Centro de Convivencia Familiar del Estado lo siguiente: "SEGUNDO.- por lo que respecta a su segunda de sus peticiones dígase que antes de darle tramite a su solicitud se ordena girar atento oficio al DIRECTOR JURIDICO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, para que dentro del término de TRES DÍAS informe a esta autoridad, si las partes del presente juicio dieron cumplimiento y comparecieron a dicho órgano auxiliar a realizar la entrevista psicodiagnostica ordenada en oficio SSF/D/1244/2022 lo anterior para que esta autoridad este en aptitud de proveer lo conducente." Así, el Centro de Convencía Familiar del Estado, al rendir su informe justificado, remitió copia certificada del oficio CCF/DJ/4955/2023, de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, por el cual informó que únicamente compareció Edmundo Briones García a la entrevista psico diagnóstica requerida a fin de estar en aptitud de asignar al profesional que brindará el acompañamiento en las convivencias y visitas decretadas, de ahí que atendió el requerimiento de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez responsable, y consecuentemente, también cesaron los efectos de dicho acto reclamado. En consecuencia, dado que cesaron los actos reclamados, sus efectos desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las trece horas con diez minutos del veinte de julio de dos mil veintitrés. Finalmente, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a la tercera interesada.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de julio de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias. El Titular del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, pues informa que se están llevando a cabo las visitas y convivencias supervisadas que decretó el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla en auto del cinco de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio privilegiado ********************, y que ordenó ejecutar en proveído del veinte de abril de dos mil veintitrés. Asimismo, informa que designó como profesionista encargado de supervisar las referidas visitas a ********************, y remite las constancias que acreditan dicho informe. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba de la responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta, que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Vista con constancias. Con el contenido de lo anterior, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de julio de dos mil veintitrés. Diferimiento audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy; sin embargo, no está en aptitud de celebrarse, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de tres días concedido a las partes para desahogar la vista con las constancias del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, recibidas en acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés. En tales condiciones, y para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan las trece horas con diez minutos del veinte de julio de dos mil veintitrés, para su celebración. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese.
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