Edith Dumit Suarez

Expediente 1215/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1215/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • Edith Dumit Suarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió documentos originales; con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de esa anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos exhibidos. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil veintidós. Manifestaciones quejoso: Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Fiorela Benítez Sánchez, autorizada de la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación al informe justificado rendido por la autoridad responsable; no obstante, mediante acuerdo del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa, por lo que deberá estarse a lo acordado en dicho acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: RECURSO DE RECLAMACIÓN. EL ACUERDO DE TRÁMITE QUE ORDENA AL PROMOVENTE ESTAR A LO ACORDADO EN UNA PROVIDENCIA ANTERIOR, NO INFRINGE LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. El hecho de que en un acuerdo de trámite el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordene al promovente estar a lo decidido en diversa providencia respecto de su petición, sin citar precepto legal alguno ni consignar las razones que justifiquen esa remisión, no viola los principios de fundamentación y motivación, ya que no está resolviendo algún planteamiento jurídico, sino que se trata de una mera cuestión informativa que no requiere mayores formalidades, además de que se está en presencia de una excepción a la regla general de que la fundamentación y motivación deben constar en el cuerpo de la resolución y no en documento distinto, pues por constituir determinaciones vinculadas, la remisión ordenada está prácticamente haciendo suyos los razonamientos y fundamentos del auto anterior, supuesto en el cual no es requisito indispensable que el acuerdo reclamado reproduzca literalmente los motivos y fundamentos que condujeron a la conclusión tomada con anterioridad, siendo suficiente con que se haga remisión a lo ahí acordado. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por los Magistrados y Actuario del Tribunal de Arbitraje del Estado, por medio del cual remiten copia certificada del acuse de recibo del oficio por el que se remitió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, el expediente laboral D-128/2020; esto, en virtud de la competencia que declinaron. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional: Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia en el juicio tal como se procede a explicar. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Al respecto, este juzgado federal encuentra que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. En principio, es preciso recordar que la parte quejosa reclamó la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral D-128/2020, del índice del Tribunal responsable. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la omisión de dictar laudo en el procedimiento dentro del juicio laboral de origen, esto es, el acto reclamado derivado de un procedimiento jurisdiccional. En relación con el supuesto previsto en el inciso b), del informe justificado rendido por el Tribunal de Arbitraje del Estado, se advierte que a la fecha de presentación de demanda, no había realizado acto alguno a fin de dar impulso al procedimiento dentro del citado juicio laboral; no obstante, mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós declinó competencia en favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla para que se avocara al conocimiento del expediente laboral D-128/2020. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, recibió los autos del juicio laboral D-128/2020, tal como se advierte del acuse de recibo que remitió la autoridad responsable. De lo anterior, se advierte que en el juicio laboral en mención, el Tribunal de Arbitraje del Estado, por acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, declinó competencia en favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla para que se avocara al conocimiento del expediente laboral D-128/2020; lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la omisión reclamada, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, la legal incompetencia decretada por el tribunal responsable de conocer del expediente laboral D-128/2020 de su índice. Finalmente, el requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio laboral de origen, que consiste en el auto de diez de agosto de dos mil veintidós, en el que declinó competencia en favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla para que se avoque al conocimiento del expediente laboral D-128/2020 de su índice. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva situación jurídica, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda. No pasa inadvertido que la autoridad responsable no exhibió la constancia de notificación realizada a la parte quejosa respecto del auto de diez de agosto de dos mil veintidós; sin embargo, esa circunstancia no impide actualizar la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo, la parte quejosa tendrá conocimiento del mismo, pues se le correrá traslado con copia certificada de dicho proveído al momento de la notificación de esta determinación. En conclusión, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo y, por lo tanto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada en el presente asunto. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, a la presente data aún se encuentra transcurriendo la vista de ocho días ordenada en auto de doce de agosto de dos mil veintidós con el informe justificado rendido por los Magistrados y Actuario del Tribunal de Arbitraje del Estado; por lo que las partes aún no han tenido conocimiento de su contenido con la anticipación debida en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional y se fijan para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.

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