Edmundo Briones Garcia

Expediente 833/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
833/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
27/07/2022

Partes del expediente

  • Edmundo Briones Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos diversos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Finalmente, tomando en consideración el anexo que fue remitido por la autoridad en atención a los requerimientos efectuados en autos, se ordena la devolución de lo siguiente: 1) A la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, el legajo de pruebas I. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese; electrónicamente al representante especial y cúmplase.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 29 DE JUNIO DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional: Visto el estado procesal y las constancias que obran en autos, se advierte que en el presente asunto se actualiza una causa de improcedencia, tal como se procede a exponer de la siguiente manera. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso concreto, este juzgado federal advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, siendo que tal hipótesis se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En tratándose de actos dictados en un juicio o en un procedimiento seguido en forma de juicio, por regla general, puede actualizarse tal causa de improcedencia cuando, por ejemplo, se promueve un recurso contra el acto intraprocesal reclamado en el juicio de amparo y aquél se resuelve en un sentido determinado o siendo idóneo el recurso es desechado, ya que ese acto intraprocesal primigenio deja de surtir efectos y se substituye procesalmente por la resolución del recurso interpuesto, que por cierto a partir de que se dicta es la que rige la situación procesal específica. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 77/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 841, Libro XIV, Tomo 1, correspondiente a noviembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." Así como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1492, tomo XXX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 2009: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Ahora bien, con el propósito de corroborar la actualización de la causa de improcedencia objeto de estudio, conviene precisar los siguientes antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las constancias y lo narrado por el quejoso en la demanda de amparo: En el mes de agosto de dos mil veintiuno, Claudia Gabriela Candiani Ramos [tercera interesada] y Edmundo Briones García [quejoso] promovieron ante el juez de origen, juicio de guarda y custodia respecto de su menor hijo G.T.B.C. Seguido el trámite procesal correspondiente, el doce de enero de dos mil veintidós, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de recepción de pruebas y alegatos y citación para sentencia, y se señaló fecha para el desahogo de la prueba testimonial, quedando pendiente la pericial en trabajo social y psicología. Mediante diligencia de diez de febrero del año en curso, se tuvo por desahogada la prueba testimonial quedando pendientes las pruebas periciales en trabajo social y psicología. Posteriormente, mediante escrito de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el quejoso solicitó la medida provisional de guarda y custodia respecto de su menor hijo G.T.B.C. Siendo así, por auto del ocho de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable requirió a las partes para que proporcionaran cierta información a fin de proveer sobre la medida provisional de visitas y convivencias entre el menor G.T.B.C. y su progenitor. En ese sentido, mediante escrito presentado el diecisiete de marzo del año en curso, el quejoso presentó la información solicitada, a fin de que el Juez de origen se encontrara en aptitud de fijar la medida provisional de visitas y convivencias. Mediante proveído seis de abril de dos mil veintidós, la autoridad responsable acordó las manifestaciones planteadas por el quejoso haciendo alusión de que serían tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno. Conforme a lo anterior, el quejoso mediante escrito presentado el veintiséis de abril del año en curso, promovió juicio de amparo en contra el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, a quien le reclama la omisión de dictar la medida de protección de visitas y convivencia dentro del expediente 1535/2021, la cual, por turno, le correspondió conocer a este órgano jurisdiccional. Mediante auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se radicó bajo el número 833/2022, del índice de este juzgado, y se admitió a trámite la demanda de amparo. Posteriormente, mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintidós, el quejoso solicitó la suspensión del acto reclamado, por lo que el doce del mismo mes y año se aperturó incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión provisional, y finalmente se concedió la suspensión definitiva los siguientes efectos: "Por tanto, en atención al interés superior del menor y con el propósito de velar por su bienestar físico y mental, resulta procedente conceder la suspensión definitiva para que el juez natural, con libertad de jurisdicción, adopte de inmediato las medidas que estime necesarias a fin de que el menor conviva con su padre, debiendo establecer -bajo su más estricta responsabilidad- los días, horarios, modalidad y lugar en que tendrán verificativo. En el entendido de que, al analizar las constancias que obran en autos, deberá determinar si son o no procedentes las convivencias solicitadas como medida cautelar por la parte quejosa, tomando en consideración que no existan elementos que pongan en evidencia un potencial riesgo que, lejos de beneficiar al menor, puedan causarle una afectación con motivo de esas convivencias, por lo que tendrá que ser acucioso al momento de proveer y, en su caso, establecer la convivencias entre el quejoso y su hijo. Cabe señalar que esa determinación es con libertad de jurisdicción, para que, se insiste, adopte las medidas necesarias a fin de que las partes privilegien la comunicación y convivencia del menor involucrado con su progenitor no custodio -quejoso-, lo que pudiera realizarse incluso a través de los medios de comunicación con que se cuenta actualmente, como son las videollamadas, reuniones virtuales en plataformas electrónicas, u otros similares, lo cual se deberá realizar con la regularidad suficiente, a fin de mantener comunicación continua." En consecuencia, el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, el diecinueve de mayo de dos mil veintidós determinó un régimen provisional de visitas y convivencia entre el quejoso y su menor hijo G.T.B.C. En este orden de ideas, se advierte que el acto reclamado en este juicio, se hace consistir en la omisión de dictar medida de protección de visitas y convivencia dentro del expediente 1535/2021, acto que ha cesado en sus efectos, pues la omisión reclamada desapareció o se destruyó de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, con la determinación de diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Es tan claro que se actualiza la causal de improcedencia, pues el quejoso ya controvirtió la determinación de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, emitida en el juicio 1535/2021, mediante escrito presentado ocho de junio del año en curso como ampliación de demanda, la cual se ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que se registrara como demanda independiente, derivado de que no guarda relación con el acto controvertido primigeniamente En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, se sobresee y, por lo tanto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, tercera interesada y vía electrónica al represente especial del menor.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Valoración del cumplimiento de la sentencia. Vista la certificación de cuenta, el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto del diecisiete de junio de dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito. Por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Así, se tiene que mediante sentencia del quince de julio de dos mil veintiuno, se concedió el fallo constitucional, para los efectos siguientes: *** Inconforme con dicha determinación el Contralor Municipal y Titular del Área de Substanciación y en su caso de Resolución del Órgano Interno de Control, ambos del Ayuntamiento de Atempan, Puebla, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Sexto Circuito, con el número 420/2021 y, en ejecutoria del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, determinó: *** En esa tesitura, se requirió al Titular del Área de Substanciación y Resolución del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Atempan, Puebla, para que diera cumplimiento a la sentencia. Asimismo, se levantó la reserva decretada en el auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, relativa al cumplimiento dado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla, por el cual adjuntó documentales consistentes en copia certificada del memorándum SFPPue-UVSEA-609/2021, del cual se advirtió lo siguiente: Se dejó sin efectos la inscripción de la sanción impuesta al quejoso en resolución de veinte de noviembre de dos mil veinte, en el Sistema Estatal Anticorrupción. Por su parte, el Titular del Área de Substanciación y Resolución del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Atempan, Puebla -por conducto del Contralor Municipal-, en cumplimiento a la ejecutoria, remitió copia certificada del auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, emitido en el expediente ERATMP/OICASR-PRAS-019/2020-RES-01.01-22 de su índice, del cual se advierte que: Dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente ER-ATMP/OIC-ASR-PRAS-019/2020 de su índice, a partir del emplazamiento reclamado y ordenó reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige. Conclusión. En consecuencia, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por las autoridades responsables, se declara que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y correo electrónico oficial a las autoridades responsables.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Fiscalía General del Estado reitera fecha para que perito rinda dictamen- se requiere a diversas instituciones. Agréguese el oficio del Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado el veinte de junio del año en curso, informa que no cuenta con profesional en grafoscopía que pudiera aceptar y protestar el cargo de perito oficial de manera inmediata, y reitera que señala a José Raúl Rafael Lara Taboada, para que funja como perito y que podrá atender el asunto hasta el mes de septiembre del año en curso, dada la carga de trabajo y la agenda con la que cuenta el profesionista designado; se toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. Se requiere perito oficial. En virtud de lo anterior y con la finalidad de agilizar el trámite y la integración de la prueba pericial en grafoscopía ofrecida en autos y, con ello, garantizar a las partes el derecho de acceso a la impartición de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las garantías judiciales y la protección judicial establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ordena girar atento oficio a la Barra de Peritos del Estado de Puebla, asociación civil, y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para que en el plazo de tres días previsto en el numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, proporcionen el nombre de un profesional que pueda fungir como perito oficial de manera gratuita en el presente asunto, en materia de grafoscopía. Con el apercibimiento que de ser omisos o no informar la imposibilidad que tenga sin causa justificada, se les impondrá una multa de 50 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 259 y 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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