Edith Paez Vigaud

Expediente 285/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
285/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/04/2022

Partes del expediente

  • Edith Paez Vigaud

Actuaciones

  1. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual rinde informe de suspensión de plano. 1.1 Acuerdo. Sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el cinco de los actuales, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, causando estado y ordenándose el archivo correspondiente.

  2. Principal

    1. Diligenciación. Agréguese a los autos el oficio y anexos que remite el Juez Primero de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 152/2022 (orden 195/2022), del índice de este Juzgado de Distrito, por los motivos que expone. 1.1 Anotaciones. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de que se trata en el libro respectivo, sin que sea necesario acusar recibo a la autoridad oficiante, ya que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes genera el mismo automáticamente. 1.2 Estado procesal. Vista las constancias que acompaña el Juez exhortante, se advierte que al constituirse la Actuaria de su adscripción en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración de esa ciudad, en busca de la quejosa directa ...y la menor de edad de identidad reservada con iniciales M.E.R.P., le informaron que el dos de los actuales, se libraron los oficios de salida del país a favor de las citadas, dado su petición expresa de retornar a su lugar de origen, anexando para tal efecto dichos comunicados, los cuales contienen la firma de las mismas al calce de su nombre; lo que impidió lograr su notificación respecto del auto de dos de abril del año en curso, mediante el cual se concedió la suspensión de plano y se ordenó la ratificación de la demanda. 2. No presentada. En consecuencia, al quedar evidenciada en el párrafo anterior la falta de interés de las quejosas directas para continuar con la tramitación de este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo interpuesta en su nombre, quedando sin efecto las providencias dictadas en este juicio de amparo. 3. Causa estado. En ese contexto, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 Constitucional, de conformidad con el diverso precepto 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo, ha causado estado. 4. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 141 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 5. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se tuvo por no presentada, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General2; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 153 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 6. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 7. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 354 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control. 8. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por el Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual rinde informe de suspensión de plano. 8.1 Acuerdo. Sin que haya lugar a hacer especial pronunciamiento, por los motivos expuestos en líneas que anteceden.

  3. Principal

    1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por Ariel Páez y Sandra Nava Jiménez, en favor de Edith Páez Vigaud y la menor de edad de identidad reservada e iniciales M.E.R.P., contra actos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 285/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Identificación de menor de edad mediante siglas. Dado que se involucran derechos de menores de edad en el presente asunto, se reserva la información de éste en cuanto a su nombre o características, en acatamiento al numeral 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco. Por ello, el nombre de la menor de edad será sustituido por siglas cada vez que se requiera señalarlo, por constituir información que puede conducir a revelar su identidad y con ello trasgredir las citadas reglas. Lo anterior, también en cumplimiento al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de libertad personal, dignidad e integridad física de las agraviadas, se adoptan como medidas urgentes que debe cumplir la autoridad, las siguientes: 4.1 Cese de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 4.2 Si la detención de las quejosas fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora sean puestas en libertad o a disposición de éste último; o Si la detención no tuvo relación con la comisión de un hecho contemplado por la ley como ilícito, sean puestas inmediatamente en libertad. 4.3 Si las quejosas se encuentran a disposición de autoridades del Ministerio Público como probables responsables en la comisión de un delito y por haber sido detenidas en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sean consignadas ante el juez penal correspondiente o puestas en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que las hoy quejosas hayan sido detenidas en flagrancia, el delito que se les atribuya no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad de las quejosas o imponerles una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sean puestas en inmediata libertad. 4.4 Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que las quejosas queden a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar de reclusión correspondiente, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que conozca del procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que las quejosas no sean detenidas, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evadan la acción de la justicia y se presenten al proceso penal para los efectos de su continuación y puedan ser devueltas a la autoridad responsable en caso de que no obtengan la protección de la justicia federal. iii) Cuando las quejosas ya se encuentren materialmente detenidas por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de las imputadas en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando las quejosas estén siendo procesadas o hayan sido sentenciadas previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto i). Si las quejosas incumplen las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 4.5. Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de las personas detenidas; en caso de que las autoridades responsables hayan efectuado la detención o las tengan a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado a las quejosas, desde que fueron detenidas hasta que queden a disposición del representante social. 4.6. No sean exhibidas en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 4.7. Se mantenga a las quejosas en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma. 4.8. Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que sean sometidas. 4.9. Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso a las detenidas; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentren sujetas, pues tampoco pueden ser contactadas en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometidas a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 5. Suspensión de plano relativa a la deportación. El promovente solicita la suspensión del acto reclamado consistente en la deportación o expulsión que las autoridades responsables pretenden ejecutar en contra de las quejosas directas Edith Páez Vigaud y la menor de edad de identidad reservada e iniciales M.E.R.P. Por consiguiente, con fundamento en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 15, 126 y 160 de la Ley de la Materia, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados previamente mencionados en favor de las directas quejosas Edith Páez Vigaud y la menor de edad de identidad reservada e iniciales M.E.R.P., al tratarse de un acto que tiene relación directa y se involucra la libertad personal de las mismos, pues tiene como finalidad la deportación del país, por lo que hace a los efectos y consecuencias, esto es, para efecto de que, no se les obligue a abandonar el país a las quejosas. Es decir, se abstengan las autoridades responsables de deportar a su lugar de origen a las quejosas, quedando en el lugar donde se encuentren a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto reciba notificación de la sentencia ejecutoriada que se dicte en el presente juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido que la suspensión concedida no constituye un obstáculo para que, de ser voluntad expresa de los aquí quejosos, puedan retornar a su país de origen. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia I.3º.A.J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Se previene a las autoridades responsables, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo. 6. Cumplimiento de la suspensión. Con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia precisado en párrafos precedentes, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que en el término de veinticuatro horas, informe todo lo conducente que pueda servir para la localización de las quejosas directas Edith Páez Vigaud y la menor de edad de identidad reservada e iniciales M.E.R.P.; con el apercibimiento que de no hacerlo así o no informar oportunamente la causa legal que se los impida, se les impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 7. Comisión al Actuario de la adscripción. Se comisiona al Actuario de la adscripción, para que se constituya en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. 7.1 Dé fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberá actuar de manera especial, tratándose de menores de edad o algún otro grupo de personas que se ubique en estado de vulnerabilidad. 7.2 Dé fe del estado físico de las quejosas al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlas sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentran y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. 7.3 Dé cuenta de inmediato para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato contra las quejosas. Se hace del conocimiento a las autoridades que están obligadas a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. 7.4 Requiera a las quejosas para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos su notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Se hace saber a las autoridades responsables que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este Juzgado para aplicar medidas de apremio a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se les impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Atento a lo manifestado, se estima innecesario tramitar el incidente de suspensión solicitado en la demanda respecto a los actos reclamados, en razón de que la suspensión de plano concedida es equiparable a la definitiva, de conformidad con lo que determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número P./J. 1/96 (8A). Se autoriza al Actuario de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de la autoridad mencionada en el presente auto y se le proporcione la correcta proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 7.5 Requerimiento a promoventes. Se hace del conocimiento de los promoventes Ariel Páez y Sandra Nava Jiménez, que en términos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo, en caso de que Edith Páez Vigaud y la menor de edad de identidad reservada e iniciales M.E.R.P., no sean encontradas por el personal del juzgado en el lugar que refirió se encuentran detenidas, deberá comunicar a este Juzgado de Distrito si estas fueran puestas en libertad o si tiene algún dato adicional con el que se pueda lograr su paradero, puesto que tal circunstancia pudiera generar una causa de sobreseimiento del asunto. Bajo el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se les impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 8. Atención médica. Una vez que el Actuario tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición a las quejosas y en caso de que así se amerite, habrá de requerirla para que ordene a quien corresponda, se de atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en ellos, debiendo de informar dichas autoridades las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior, en el plazo de veinticuatro horas. Con el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se les impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio del delito en que se pueda incurrir por el desacato a este mandato judicial. 9. Autorizada para oír y recibir notificaciones. Se tiene como autorizada en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a Sandra Nava Jiménez, por no encontrarse inscrita en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. 10. Consulta y notificaciones vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica, así como la práctica de notificaciones subsecuentes, a la solicitante con nombre de usuario "sandranava73". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva y que el usuario proporcionado corresponda efectivamente a la profesionista mencionada en los párrafos que anteceden; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 10.1 Instrucción para Oficial Judicial "A". Se instruye a la Oficial Judicial "A", para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 11. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 12. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído.

  4. Principal

    1. Razón Actuarial. Vista la razón que antecede, se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria de este Juzgado para notificar a la parte quejosa directa ***, toda vez que al constituirse en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, fue informada por el Agente del Instituto de Migración, que fueron trasladadas a la diversa Estación Migratoria de Torreón, Coahuila de Zaragoza. Asimismo, se advierte la imposibilidad de la Actuaria judicial de la adscripción para entregar los oficios 3481/2022, 3482/2022, 3483/2022, 3484/2022 y 3485/2022, dirigidos a las autoridades responsables que los promoventes de amparo denominaron como Dirección General de Control y Verificación Migratoria, Director de Resoluciones Migratorias, Delegado Federal, Dirección de Estación Migratoria en el Estado y Encargada de Representación, todas del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, por el motivo ahí asentado. 1.1 Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a aquélla, dése vista a la parte promovente, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga, en la inteligencia que al no hacer uso de este derecho se dejarán de considerar a las autoridades Dirección General de Control y Verificación Migratoria, Director de Resoluciones Migratorias, Delegado Federal, Dirección de Estación Migratoria en el Estado y Encargada de Representación, todas del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, como responsables y sus actos no serán motivo de estudio en el presente asunto. 1.2 Exhorto. Por tanto, con fundamento en los numerales 298 al 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el capítulo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, gírese atento exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juzgado de Distrito en la Laguna en turno, con residencia en Torreón, Coahuila, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva notificar personalmente a la quejosa directa Edith Páez Vigaud y la menor M.E.R.P., quien presuntamente se encuentran alojadas en la Estación Migratoria de Torreón, Coahuila, el auto emitido en esta misma fecha, así como realizar los requerimientos ahí establecidos; por lo que, se acompaña digitalizado el citado proveído y la demanda de amparo, a efecto que se encuentre en condiciones de cumplir con la encomienda ahí citada. Además, deberá hacerle de su conocimiento la suspensión de plano a la autoridad que tenga bajo su resguardo a las quejosas de referencia, para los efectos legales a que haya a lugar. 1.3 Habilitación de días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario adscrito a dicho juzgado practique la diligencia correspondiente en el presente asunto, a fin de evitar dilaciones en el procedimiento.

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