Edisson Xavier Lizano Criollo
Expediente 1400/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1400/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Edisson Xavier Lizano Criollo
Actuaciones
- Principal
1. Diligenciación de exhorto. Glósese al sumario el oficio remitido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, mediante el cual devuelve el exhorto 432/2022, número de orden 612/2022, de la estadística de este Juzgado, mismo que fue enviado a fin de localizar al quejoso ********************. 1.1 Anotaciones. Dese de baja la comunicación oficial de que se trata en el libro respectivo. 1.2 Acuerdo. En atención a su contenido, concretamente de la razón actuarial de trece de diciembre del año en curso, se advierte que ******************** Agente Federal de Migración "B", de la estación migratoria de San Luis Potosí, informo al Actuario Judicial que el quejoso directo ********************, no se encuentra alojado en dicha estación, sino que el mismo fue puesto en libertad el nueve de diciembre del año en curso, lo que corroboró en el libro de gobierno de la estación migratoria en mención. 2. No presentada. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo interpuesta en su nombre, quedando sin efecto las providencias dictadas en este juicio de amparo. 3. Causa estado. En ese contexto, resulta claro que el citado quejoso no recurrirá el presente auto; por ello, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 Constitucional, de conformidad con la fracción III del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo, ha causado estado. 4. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 5. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se tuvo por no presentada, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso b) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 6. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 7. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Informe de suspensión de plano. Agréguese a los autos el oficio signado por la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe de suspensión de plano. 1.1 Acuerdo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. 1.2 Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe la autoridad responsable en cita, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional.
- Principal
1. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad del Actuario Judicial adscrito para notificar al quejoso directo ...., al haber sido informado por ...., Subdelegada Local del Instituto Local de Migración, en esta ciudad, que fue trasladado el siete de diciembre de este año, al Instituto Nacional de Migración, con sede de San Luis Potosí. 1.1 Exhorto. Atento a lo anterior, con fundamento en los numerales 298 al 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el capítulo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, gírese atento exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva notificar personalmente al quejoso directo E...., el proveído de nueve de diciembre del año que transcurre, cumpliendo con la encomienda ahí establecida, para lo cual se anexa copia digitalizada de la demanda de amparo y del auto referido. En la inteligencia de que el quejoso pudiera encontrarse en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, con sede en dicha localidad, de acuerdo a la información proporcionada por la autoridad migratoria de esta ciudad. Asimismo, deberá hacerle del conocimiento la suspensión de plano a la autoridad que tenga bajo su resguardo al citado quejoso para los efectos legales a que haya lugar. 1.2 Habilitación de días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el actuario adscrito a dicho juzgado practique la diligencia correspondiente en este asunto, para el efecto de evitar dilaciones en el procedimiento.
- Principal
1. Demanda. Visto el escrito de demanda presentado por el licenciado Sandro Jiménez Gallardo, en representación de ...contra actos del Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1400/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Autoridad responsable llamada a juicio. Se tiene como autoridad responsable al Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, toda vez que es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito que es esta la autoridad encargada de las cuestiones migratorias en esta ciudad. 3.1 Autoridades que no tienen carácter de responsables. En relación a las autoridades migratorias restantes que describe la parte promovente en la demanda de amparo; este órgano de justicia considera ocioso incorporarla con ese carácter para efectos del trámite del juicio de amparo en cumplimiento al deber de justicia pronta contenida en el artículo 17 constitucional, en virtud que de acuerdo a la labor propia de este juzgado, corresponden únicamente al Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, las cuestiones migratorias en esta ciudad. De ahí que, este órgano de justicia actuando en beneficio de la parte quejosa, considera idóneo desvincular a las diversas autoridades migratorias para efectos del trámite del presente juicio de amparo, sin perjuicio que de resultar necesario, de manera oficiosa este órgano de control constitucional, en suplencia total de la queja en favor de los quejosos en su calidad de migrantes, realice la incorporación de alguna autoridad distinta que pudiera tener intervención en los actos reclamados. 4. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de la libertad personal, dignidad e integridad física del agraviado, se adoptan como medidas urgentes que deben cumplir las autoridades, las siguientes: 4.1 Cese de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 4.2 Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas, esto es, policiales o de seguridad pública, en relación con la comisión de un delito, sin demora sea puesto en libertad o a disposición de la Fiscalía competente. 4.3 Si el quejoso se encuentra a disposición de autoridades del Ministerio Público como probable responsable en la comisión de un delito y por haber sido detenido en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sea consignado ante el juez penal correspondiente o puesto en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que el hoy quejoso haya sido detenido en flagrancia, el delito que se le atribuye no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad del quejoso o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sea puesto en inmediata libertad. 4.4 Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que se señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sean detenido, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el quejoso esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto I. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 4.5 Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de la persona detenida; en caso de que la autoridad responsable haya efectuado la detención o lo tenga a su disposición. Para ello, deberá dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado a los quejoso, desde que fue detenido hasta que fue puesto a disposición del representante social. 4.6 No sea exhibido en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 4.7 Se mantenga al quejoso en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma y acorde a la edad de la misma. 4.8 Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que éste sea sometido. 4.9 Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso al detenido; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentre sujeto, pues tampoco puede ser contactado en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometido a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 4.10 Libertad de entrar y viajar en territorio de México. En observancia de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo primero, de la Constitución General de la República, el derecho de entrar y viajar por el territorio mexicano está subordinado a las facultades de la autoridad administrativa donde se regulen limitaciones a esos derechos que impongan las leyes sobre inmigración. Por consiguiente, esta suspensión de plano está sujeta a dichas modalidades constitucionales (no violatorias de derechos humanos) y serán autoridades administrativas quienes decidirán acerca de los derechos identificados en dicho artículo constitucional. 5. Suspensión de plano relativa a la deportación. La parte promovente solicita la suspensión del acto reclamado consistente en la deportación, expulsión o repatriación que las autoridades responsables pretenden ejecutar en contra del quejoso directo Edisson Xavier Lizano Criollo. Con fundamento en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 15, 126 y 160 de la Ley de la Materia, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados previamente mencionados en favor del quejoso directo Edisson Xavier Lizano Criollo, al tratarse de un acto que tiene relación directa y se involucra la libertad personal de la misma, pues tiene como finalidad la deportación del país, por lo que hace a los efectos y consecuencias, esto es, para efecto de que, no se les obligue a abandonar el país al quejoso. Es decir, se abstenga la autoridad responsable de deportar a su lugar de origen al quejoso, debiendo quedar en el lugar donde se encuentre a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto reciba notificación de la sentencia ejecutoriada que se dicte en el presente juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido que la suspensión concedida no constituye un obstáculo para que, de ser voluntad expresa del aquí quejoso, pueda retornar a su país de origen. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia I.3º.A.J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Se previene a la autoridad responsable, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo. 6. Cumplimiento de la suspensión. Comuníquese de inmediato esta determinación a las autoridades responsables, a fin de que den pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. Con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia precisado en párrafos precedentes, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que en el término de veinticuatro horas, informen todo lo conducente que pueda servir para la localización del quejoso directo Edisson Xavier Lizano Criollo; con el apercibimiento que de no hacerlo así o no informar oportunamente la causa legal que se lo impida, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 7. Comisión al Actuario de la adscripción. Se comisiona al Actuario de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; una vez localizado, se encomienda al funcionario adscrito a realizar de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, y conforme a los artículos 107 y 109 de la Ley de Migración lo siguiente: 7.1 Dé fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberá actuar de manera especial, tratándose de una menor de edad o que se ubique en estado de vulnerabilidad. 7.2 Dé fe del estado físico del quejoso directo al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlo sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentra y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. 7.3 Dé cuenta de inmediato para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato contra el quejoso. Se hace del conocimiento a la autoridad que está obligada a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. 7.4 Requiera al quejoso para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos su notificación, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Se hace saber a la autoridad responsable que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este Juzgado para aplicar medidas de apremio a fin de que se cumpla sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se le impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se autoriza al Actuario de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de la autoridad mencionada en el presente auto y se le proporcione la correcta proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 7.5 Requerimiento al promovente. Se hace del conocimiento del promovente Sandro Jiménez Gallardo, que en términos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo, en caso de que Edisson Xavier Lizano Criollo, no sea encontrado por el personal del juzgado en el lugar que refirió se encuentra retenido, deberá comunicar a este Juzgado de Distrito si éste fue puesto en libertad o si tiene algún dato adicional con el que se pueda lograr su paradero, puesto que tal circunstancia pudiera generar una causa de sobreseimiento del asunto. Bajo el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 8. Atención médica. Una vez que el Actuario adscrito tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición a la parte quejosa, y en caso de que así se amerite, habrá de requerirlo para que ordene a quien corresponda, se de atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se advierta en el, debiendo de informar dicha autoridad las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior, en el plazo de veinticuatro horas. Con el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio del delito en que se pueda incurrir por el desacato a este mandato judicial. 9. Autorizado para notificaciones. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Sandro Jiménez Gallardo, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 10. Consulta y notificaciones vía electrónica. A su vez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y notificaciones vía electrónica, al solicitante con nombre de usuario "SANDRO75". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva y que el usuario proporcionado corresponda efectivamente al profesionista mencionado en los párrafos que anteceden; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 10.1 Instrucción a oficial judicial A. Se instruye a la oficial judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 11. Correo electrónico y número telefónico. Se tiene al promovente proporcionando como correo electrónico y número telefónico los que señala en su escrito, en el entendido de que se establecerán para comunicaciones no procesales. 12. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 13. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 14. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.
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